Un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial modificó la Ley de Ministerios para pasar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. La noticia se conoció mientras avanza el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi y en medio de fuerte preocupación entre trabajadores del área por contratos que vencen el último día del año y no están siendo renovados. Fuego y despidos.
En el texto del decreto se argumenta que “con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil resulta necesario que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego forme parte del mismo” y se establece la creación del “Sistema Federal de Manejo del Fuego en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que estará integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dependiente de la Autoridad Nacional de Aplicación de esta ley, la Administración de Parques Nacionales, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que determinen”.
“Un retroceso enorme”
Para el abogado ambientalista Enrique Viale, el pase de Ambiente a Seguridad implica “un retroceso enorme” y está “en concordancia con la mirada negacionista de la cuestión climática y ecológica que tiene el Gobierno Nacional”.
“Claramente la cuestión de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva ambiental. Por las características que tienen los incendios forestales, que están tanto relacionados con los territorios y los ambientes donde se producen, como con la variable cambio climático: mayor ocurrencia entre sequías, tormentas eléctricas que favorecen los incendios. Cambiarlo a seguridad es perder la perspectiva territorial. Es perder la perspectiva de prevención”, lamentó el letrado, en diálogo con Tiempo. Y advirtió que al abordar el tema desde Seguridad “se va a basar solamente en una vez ocurridos los incendios, que las destrucciones son totales y es bastante poco lo que se puede hacer. Es un retroceso enorme”.
Hernán Mondino, delegado en Alerces, señaló que el traspaso vuelve la situación a un escenario similar al macrismo y añadió: “Implicaría responder más bien a intereses de seguridad, no dando tanto peso a lo ambiental, y habría que ver cuál es la situación del fideicomiso para el fondo de manejo del fuego, que podría ser una cuestión económica a tener en cuenta”. De todos modos, apuntó que el cambio es muy reciente para saber qué conllevará en concreto y resaltó que “hoy la preocupación de todos los brigadistas pasa por la renovación o no de los contratos, y por cuánto tiempo”.
Desde sus primeros días la gestión de Javier Milei apuntó contra la ley de Manejo del Fuego tal como regía hasta ahora. Incluso se refirió a su modificación en cadena nacional, aunque luego ese ítem no formó parte del mega DNU con el que estrenó su gobierno. Más recientemente, el Senado emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por el senador Alfredo De Angelis para derogar la ley 27.604, sancionada en 2020. Esa norma modificó la 26.815 para prohibir que las áreas afectadas por incendios forestales sean utilizadas para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios.
“Están diezmando al organismo”
La publicación del decreto 1136/2024 en el Boletín Oficial coincidió con un reporte de Parques Nacionales que confirmó que ya se consumieron más de 1800 hectáreas por el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que comenzó hace cinco días y se habría desatado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, según consignó la agencia NA.
Más de 60 brigadistas y técnicos trabajan en la zona, además de personal de Gendarmería, Ejército, Prefectura y bomberos voluntarios. Pero quienes actúan por parte de Parques Nacionales lo hacen bajo la incertidumbre sobre su continuidad laboral. No les confirmaron aún si serán renovados los contratos que vencen el último día de 2024, mientras ya fueron notificados más de 20 despidos a personal de Parques en distintos puntos del país.
“Así como durante el resto del año tuvimos cada tres meses tandas de despedidos, estamos teniendo otra nuevamente ahora. El viernes nos enteramos de poco más de 20 despidos, no sabemos si hoy se van a sumar más. No tenemos novedad de la renovación de todos los contratos”, dijo el delegado de ATE en el parque Nacional Nahuel Huapi, Marcelo Rojas.
Una fuente del Gobierno admitió que hay “bajas” en Parques Nacionales y dio un número muy superior: 43. Argumentó que se trata de “bajas por causas de incumplimiento de las funciones propias de sus puestos de trabajo o producto de inconductas. De esas no renovaciones, 10 fueron nombrados bajo la denominación de brigadistas pero no cumplían correctamente con sus tareas”.
“En Parques la mitad del personal es contratado. Tanto profesionales técnicos administrativos como brigadistas de incendios forestales. Estamos hablando de unos mil contratos. De los cuales ya tenemos la novedad de que poco más de 20 no se van a renovar. Son despidos para nosotros, porque son trabajadores con labores permanentes y con contratos precarios. Algo que le venimos reclamando a todas las gestiones que se revierta. Esta gestión lo profundizó haciéndonos contratos trimestrales”, cuestionó Rojas. Y alertó que “la situación que se está dando en Parques a nivel nacional, con tandas de despidos continuadas, está diezmando al organismo en cuanto a su capacidad operativa”.
Tras los despidos, el sector expresó: «Hoy somos 410 los/as brigadistas que, mientras combatimos incendios, realizamos rescates y calculamos el riesgo de incendio en las Áreas protegidas, no sabemos qué será de nuestro futuro porque no firmamos los contratos 2025 ni nos aseguran la continuidad. Cabe destacar que esta cifra es insuficiente y además menor a la cantidad con la cual empezamos el año (hubo 40 renuncias sin reemplazo). Ante esta situación ambiental y laboral crítica, la respuesta es despidos».
La lógica de la desregulación
Para el delegado en el Parque Nahuel Huapi, las medidas que toma el Gobierno en el sector tienen que ver con “una lógica de gestión que busca el desguace del organismo o remitirlo simplemente a alguna que otra fiscalización en terreno, sin muchos análisis preliminares técnicos que vayan en contra del uso público indiscriminado”. Aclaró que quienes trabajan en el territorio defienden el “disfrute sostenible” de estos espacios, pero con “un criterio técnico fuerte y previendo cualquier tipo de impacto negativo que se pueda tener”.
“El tema es que el planteo de la gestión acá tiene que ver con flexibilizar normativa, desregular el organismo, ir achicando cada vez más las áreas protegidas y los sectores técnicos, y ahí tenemos un problema enorme. El panorama es ese. Estamos viendo cómo se están llevando puestos nuevamente contratos de profesionales, técnicos y brigadistas en algunos lugares del país (…) ¿Por qué estamos a 30 de diciembre sin saber a quién van a despedir y a quién no, con rumores de despidos en cada una de las áreas protegidos? Las autoridades están teniendo no solo una visión errada del organismo, de las misiones y funciones, sino que se están portando muy mal con sus propios trabajadores”.
A través de un comunicado, la Coordinación Nacional de ATE en Parques Nacionales expresó: «Las políticas de la actual gestión conducida por Cristian Larsen (imputado en una causa abierta por la oficina anticorrupción por el delito de falta de ética pública) buscan vaciar el organismo, destruir su historia, desconocer la importancia y necesidad de la planificación a largo plazo y dejar en la calle a trabajadores/as con experiencia, capacitación, compromiso y multiplicidad de funciones y tareas en pos de la conservación».
