Le envió un oficio al juez de garantías Edwin Bastián de esa ciudad entrerriana, en la que el fiscal José Arias investiga el aumento patrimonial del ex senador. Si no hay acuerdo entre los magistrados sobre la competencia, deberá resolver la Corte Suprema
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado le pidió a la Justicia de Concordia que se inhiba en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider y que el expediente que tramita en esa ciudad entrerriana pase a su Juzgado en San Isidro, por considerar que los delitos investigados son competencia de la Justicia Federal. Actualmente hay dos causas en las que se investiga al ex legislador, quien perdió sus fueros tras ser expulsado de la Cámara baja el jueves pasado, y se encuentra en prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay.
Una está a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, quien le requirió a la magistrada que pida la inhibitoria de la Justicia entrerriana. La otra está en la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, y la impulsa el fiscal provincial José Arias. Interviene el juez de garantías Edwin Leonardo Bastián, destinatario del oficio que salió ayer del despacho de Arroyo Salgado.
El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad –Eliseo Blanco– presentada el 16 junio pasado, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el ex senador tenía tres departamentos en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad – Betail SA – que habría usado como pantalla. La denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Martín Nuñez, pero pasó 40 días casi sin movimiento. Esto derivó en que fuera transferida a su colega Arias, quien tomó intervención y abrió formalmente la investigación el 30 de julio.
La causa por enriquecimiento ilícito en el Juzgado de Arroyo Salgado se inició el 2 de julio último, a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a esa misma publicación y otra nota del sitio elentrerios.com, que hacían referencia a esos departamentos en el edificio Live en Santiago del Estero 511 que había comprado Kueider.
El edifico donde Kueider y Claudio Tortul, procesado en la causa Securitas, tienen departamentos
La propiedad de los tres departamentos y las dos cocheras salió a la luz porque, como titular de las expensas figuraba hasta mayo pasado, Betail SA, la empresa a la que había entrado como accionista Kueider en diciembre de 2019. Llamativamente, al mes siguiente, las unidades aparecieron a nombre de Iara Guinsel Costa, la acompañante de Kueider cuando fue detenido en Ciudad del Este, con USD 200.000 al ingresar a Paraguay desde Brasil. En ese momento, la joven – con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva – estaba designada en el despacho del entonces senador en la Cámara alta.
La denuncia original pedía que se investiguen, además, otros posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos. Incluía por este último delito y el de asociación ilícita a Betail SA y a los otros dos socios de Kueider en esa firma, Javier Rubel y Rodolfo Daniel González; a la otra empresa de Kueider, Edekom SA, creada en diciembre de 2022, en sociedad con su hijo Haidar Iván; y a Guinsel Costa. Ambas firmas declararon domicilios falsos en la Ciudad de Buenos Aires. Guinsel Costa, González y Rubel están sospechados de haber actuado como testaferros de Kueider.
La sede declarada por Betail SA en Ercilla 6288, CABA es el domicilio de una familia del barrio de Liniers que no tiene relación con la empresa
La causa de enriquecimiento está vinculada a otra anterior -originada en 2020- que tramita en el mismo Juzgado de Arroyo Salgado en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a distintos organismos públicos nacionales y provinciales de distintas jurisdicciones del país. Entre ellos, la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA. Los pagos ilegales tuvieron lugar entre principios de 2017 y abril de 2019, para mantener los contratos de seguridad. Ese período coincide parcialmente con la época en que Kuieder fue secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa, y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. La jueza dispuso la conexidad de ambas causas – la de Securitas y la de enriquecimiento – el 8 de octubre pasado tras un pedido en ese sentido de Domínguez.
La doctrina vigente prohíbe investigar a una persona por una misma conducta en dos dos expedientes que tramiten en su contra en forma simultánea, lo que exige definir qué Juzgado y qué fuero tienen la competencia para llevar adelante la investigación. En este caso, coinciden el principal acusado y el resto de los investigados (Guinsel Costa, González, Rubel y las dos empresas de Kueider), y uno de los delitos que se le imputa al ex senador, el de enriquecimiento ilícito.
Los argumentos de Arroyo Salgado
Entre los argumentos de la jueza para solicitar la inhibitoria de la Justicia de Concordia figuran que “los hechos investigados se engarzan en una aceitada matriz de corrupción de mayor envergadura”, en referencia a la causa Securitas, y que su Juzgado interviene en ese expediente desde 2020, mucho antes que la causa abierta en Concordia, y que investiga delitos de mayor gravedad.
La jueza Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la causa Securitas y el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider
Para Arroyo Salgado, mientras que la Justicia de Concordia está focalizada sólo en el enriquecimiento ilícito de Kueider, en su Juzgado se están investigando hechos previos que explicarían el aumento patrimonial del ex senador, o sea, el delito precedente al posible lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno, consumado con la compra de propiedades o inversiones en Paraguay. En ese caso, sostiene una fuente judicial, el lavado de activos es competencia federal.
Arroyo Salgado recuerda, además, que la causa “madre” de Securitas se encuentra en un estadio procesal más avanzado, ya que se dictaron 17 procesamientos, de los cuales 11 fueron confirmados por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Entre ellos, figuran directivos de la empresa de seguridad; los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, a cargo de la Regional Litoral de Securitas y acusados de haber pagados coimas a funcionarios de la ENERSA, y un ex gerente de Logística de la empresa provincial, Alejandro Javier Cis.
Los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tortul, procesados por la jueza Arroyo Salgado por el pago de coimas a ENERSA
Menciona, además, que en su causa se recopilaron elementos de prueba en los allanamientos recientemente realizados en los domicilios particulares de los principales investigados, por Kueider y Guinsel Costa.
También hace referencia a que en su Juzgado se investiga a funcionarios y empleados del Poder Legislativo nacional (Guinsel Costa estuvo nombrada en el despacho de Kueider entre febrero y agosto de este año, y González es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004), y son de competencia de la justicia federal “todos aquellos casos en los que no pueda descartarse un obstáculo al normal funcionamiento de instituciones o que se haya corrompido la prestación de servicios nacionales”.
La magistrada mencionó, asimismo, que el Código Procesal Penal de la Nación dispone, en su artículo 18, que corresponde a la competencia federal, “los delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo”.
En este sentido, Arroyo Salgado recordó que el jueves pasado exhortó a la autoridad judicial de Paraguay a “proceder a la identificación, detección y el embargo preventivo o la incautación con miras a un eventual decomiso sobre todos los bienes inmuebles, muebles y productos financieros” que registren Kueider y Guinsel Costa, así como toda participación que posean en sociedades a su nombre en ese país. Sumado a esto, dispuso ordenar la inmediata detención de ambos y su captura nacional e internacional. Como reveló ayer Infobae, la magistrada ya envió a Cancillería el exhorto para pedir la extradición de ambos al país.
Para la jueza, “la unificación de los procesos en un solo tribunal aparece como aconsejable, si se tiene en cuenta que así se logrará una mejor y más pronta administración de justicia, sumado a la circunstancia de que implicará también evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”. En ese sentido, mencionó que “tanto funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina, como así también otros designados al efecto por el Magistrado de Concordia, se encuentran investigando los mismos hechos, lo que importa un innecesario dispendio de recursos humanos para esas fuerzas e incluso una posible colisión y/o entorpecimiento en la labor de cada una”.
Y agregó en el oficio que envió a su colega Bastián: “La acumulación de los expedientes ante un mismo Juez, permitirá que este cuente con la totalidad de los elementos incorporados en cada una de las investigaciones, pudiendo de tal modo proveer lo necesario en el sentido de determinar fehacientemente la concurrencia de los hechos pesquisados y, eventualmente la responsabilidad de los autores y la calificación final que en definitiva podría caberles en esta etapa instructoria”.
“Demás está señalar que de no procederse favorablemente a la petición de inhibitoria que aquí habré de resolver, a futuro podría traer aparejado el riesgo de arribar a decisiones jurisdiccionales contradictorias”, concluyó.
La disputa por la competencia provincial
Fuentes de la Fiscalía de Concordia a cargo de Arias advirtieron que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que viene llevando adelante la Justicia provincial comprende el período 1999-2019, en el que Kueider ocupó cargos en el Municipio de Concordia y la Gobernación de Entre Ríos. Y recordaron que el artículo 268 del Código Penal menciona que ese delito puede imputarse a la persona en el ejercicio de la función, que no pueda justificar “la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
El fiscal de Concordia José Arias investiga el presunto enriquecimiento de Kueider por sus cargos en la Provincia (Crédito: Cuestión de fondo)
En ese sentido, mencionaron que Kueider asumió como senador el 10 de diciembre de 2019, y seis días después entró como accionista de Betail SA, cuando aún no había cobrado su primer sueldo como senador. Y recordaron que, a través de esta empresa, compró los departamentos en agosto de 2021, cuando aún no se habían cumplido dos años desde que dejó su cargo de secretario general de la Gobernación.
A su vez, argumentaron que el pago de coimas que podrían ser el origen de su aumento patrimonial fueron a ENERSA, una empresa provincial, mientras él ocupaba ese cargo en el gobierno de Bordet.
Qué puede pasar
El pedido de inhibición enviado por Arroyo Sagrado al Juzgado de Concordia, será girado por el juez Bastián al fiscal Arias, que deberá dictaminar. Si éste se opone a enviarle el expediente a la Justicia Federal – como todo indica que sucederá -, Bastian deberá resolver.
Si lo hace a favor de la postura de Arroyo Salgado, Arias podrá apelar ante la Cámara de Casación de Concordia. Si el juez Bastián se opone al pedido de la magistrada federal, podrá solicitarle que revea su postura y, en ese caso, deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, superior común de ambos juzgados.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
