La primera etapa del programa económico estuvo marcado por la necesidad de estabilizar la economía y bajar rápidamente la inflación. Las próximas medidas y el nuevo paisaje productivo al que apunta el modelo libertario son los interrogantes para el año próximo

El primer aniversario del plan económico del gobierno de Javier Milei transcurrirá en el medio de un contexto de calma cambiaria y euforia en los mercados instalada hace meses, un ritmo de inflación marcadamente en desaceleración y que tiene sus índices mensuales más bajos en tres años, una actividad económica y salarios con mejoras recientes pero aún con un trecho a recuperar, y un manojo de preguntas sobre lo que viene, en especial sobre si habrá un reajuste en el armazón de política cambiaria que diseñó el Gobierno para blindar su plan económico y dejarlo menos expuesto a los vaivenes el humor financiero.

Ese manual libertario propició, de arranque, un salto del tipo de cambio más elevado que lo esperado por el mercado, de casi 120%, y un programa de tasas de interés negativas del Banco Central que licuó stocks en pesos y desplomó el peso de los intereses de la deuda remunerada de la autoridad monetaria. En simultáneo, el Gobierno ejecutó un ampuloso ajuste fiscal para conseguir superávit desde los primeros meses de mandato y dar una señal a los mercados sobre la vocación de ahorro y de solvencia para el pago de la deuda.

Sobre mitad de año, una baja de la tasa de interés de referencia más rápida de lo que esperaba el mercado y una caída de reservas provocó un alza en los dólares financieros y de la brecha que obligó al Poder Ejecutivo a pasar de página e inaugurar una segunda fase del plan económico, con un torniquete monetario más potente y una inyección aún mayor de oferta al contado con liquidación para aplacar la presión cambiaria.

El Gobierno comenzó su mandato con una idea primigenia, que fue equilibrar las cuentas públicas a manera de shock, sin ningún tipo de gradualismo. Un informe de Romano Group puso de manifiesto cuál fue, a un año de gestión, la importancia de esa primera medida.

“El oficialismo logró, a base de resultados, convencer al mercado que el superávit fiscal era innegociable y uno de sus pilares de su programa económico. Recordemos que 2023 culminó con un déficit primario de 2,6% del PIB. Ello significa que la gestión revirtió 5 puntos de resultado fiscal, algo que no se presentaba desde hace más de 40 años”, plantearon.

Puesto en otros números, en los primeros diez meses de mandato -último dato disponible- el superávit primario acumulado supera los 13,4 billones de pesos, y al suma en la cuenta los intereses de deuda, ese número sigue siendo superavitario hasta los 3,8 billones. Casi mitad del ajuste fiscal estuvo sostenida en el recorte a jubilaciones y pensiones (24,2% del total) y en obra pública (23,6%), de acuerdo a datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Tras la devaluación inicial, el ancla cambiaria fue inflexible y el Banco Central permitió una actualización mensual de 2%, de manera sistemática por debajo de la inflación, lo que provocó un paulatino atraso cambiario. Es una noción discutida por el Gobierno al considerar que la economía a la que apunta La Libertad Avanza implica la convivencia con un tipo de cambio históricamente bajo. Sectores productivos como la industria se preguntan si ese modelo tendrá consecuencias negativas y por eso piden que el Gobierno acelere en la baja de impuestos.

De acuerdo a estimaciones de la consultora LCG, la última foto muestra que “en términos de la metodología del Fondo Monetario Internacional, las reservas netas se ubicaron en USD -5.159 millones, acumulando un incremento de USD 6.000 millones respecto a diciembre pasado, lejos de la meta comprometida con el FMI para este año (USD 9.700 millones prevista para fines de diciembre)”, consideraron.

El equipo económico decidió reservarse cualquier tipo de gradualismo para el cepo cambiario. Así, prefirió establecer primero un esquema de administración de pago de importaciones luego de eliminar la discrecionalidad de las SIRAs, y eliminar controles paulatinamente. De todas formas, quedan fuertes restricciones, entre ellas la prohibición para las empresas para operar con dólar oficial y paralelos -solo puede escoger uno de los dos mercados-, el giro de dividendos y el atesoramiento limitado para personas y compañías.

La Casa Rosada buscó, desde el inicio del mandato, privilegiar la baja de la inflación para poder mostrar un resultado concreto de gestión y subsumió todos las decisiones de la política economía en función de esa meta.

El primer año de mandato terminará con una caída marcada en el ritmo de inflación. El IPC, que tras la devaluación de diciembre escaló a 25% mensual, cayó hasta un nivel por debajo del 3% en octubre y, avizora el mercado, continuará con esa tendencia en los próximos meses.

“La caída en el dato mensual del IPC por debajo del 3% se dio en simultáneo a un cambio abrupto en los precios relativos: en promedio las tarifas subieron 70 puntos porcentuales por encima de la inflación, los precios de los transables (fundamentalmente bienes) subieron casi 20 puntos por debajo y los no transables (fundamentalmente servicios asociados a la dinámica de los ingresos) lo hicieron 10 puntos por debajo adicional al deterioro que ya traían”, aseveró un informe de EcoGo.

Respecto a la marcha de la actividad, el tercer trimestre del año comenzó con menos impulso en comparación con el que parecía reflejar el segundo trimestre. “Luego de dos meses de crecimiento de actividad económica (+2,7% y +0,9% en julio y agosto, respectivamente), septiembre volvió a mostrar un valor negativo (-0,3%) y continúan las dudas respecto de si es factible que la recuperación se consolide cada vez con mayor vigor, y no tan selectiva en cuanto a sectores beneficiados”, indicó un informe de LCG.

“Octubre y noviembre muestran varios indicadores de consumo y actividad con valores positivos, pero no tan concluyentes. Es evidente que cierta recuperación del salario real y el mayor crédito están permitiendo un dinamismo algo más vigoroso, pero por ahora resulta insuficiente para que mejoren sustancialmente las expectativas de mayores ventas y márgenes futuros”, consideraron.

El segundo año de desarrollo del plan económico estará marcado por una serie de interrogantes que se abren tras el ensayo de estabilización que hizo, por el momento exitosamente, el Gobierno de Milei. En ese sentido, planteos como cuál es la sostenibilidad del tipo de cambio real, cómo recuperará reservas para salir del terreno negativo, qué consecuencias tendrá la apertura importadora en el tejido productivo, si los salarios y la actividad pueden recuperarse con mayor vigor, si comenzará la prometida baja de impuestos -además del impuesto PAIS que vence a fin de año- y cuál es el timing que elegirá el Poder Ejecutivo para salir del cepo.

• Déficit externo: Para EcoGo, “Argentina se volvió cara en dólares y el aumento de la productividad sistémica que se intenta vía desregulación, no compensa. La normalización financiera empieza a impactar en las decisiones de las familias y las empresas que deben adaptarse a un agresivo cambio de régimen que se extiende”. Según esta consultora, el frente externo pasaría en 2025 de un superávit de 0,3% del PBI a un déficit general de 0,7% del Producto. En ese sentido, la consultora Vectorial apuntó que “pese al abultado saldo comercial positivo que se registró en el año, el pago de intereses y la importación de servicios (principalmente turismo, devaluación del Real mediante) refuerzan la necesidad de dólares frescos para el año que viene”.

• Cepo y FMI: el Gobierno pareciera dirigirse hacia un terreno en el que la salida del cepo estaría coordinada con la concreción de un acuerdo con el FMI que refuerce las reservas. Si hay dólares extra, acelera el desarme. Pero en caso de que ese programa no tenga lugar, el gradualismo continuará. “Creemos que el oficialismo se encamina a un proceso de desarme del cepo gradual y no intempestivo, priorizando la baja inflación. Si bien en el mercado se menciona una posible salida post-elecciones de medio término, a nuestro entender, esto puede resultar en un arma de doble filo”, alertó Romano Group.
• Rebote económico: Para 2025, el Gobierno proyecta un crecimiento económico de 5%, mientras que el mercado estima una expansión menor, de 3,6%. Analistas señalan que el arrastre estadístico derivado de la reciente recuperación garantiza un “piso” de crecimiento de 2% para el próximo año. El equipo económico indica que, en el tercer trimestre, con los datos mensuales del EMAE de julio, agosto y septiembre, el PBI creció 3,4% de manera anualizada, y desde el piso de actividad en abril, la recuperación alcanzó cerca de 4 por ciento.
• Inflación y salarios: con el ancla fiscal que se sostendrá, asegura el Gobierno, de manera innegociable, resta ver cuál será la velocidad a la que ceda terreno la inflación en los próximos meses. Y si una salida del cepo, eventualmente, pueda interrumpir la desaceleración, aunque sea de manera temporal. “El 193% de inflación interanual de octubre, se reduce a 167% en noviembre y a 119% en diciembre. En marzo, con nuestra proyección de desinflación, el aumento interanual se derrite al 54% y a mediados de año cae al 37 por ciento. El fin de año va a depender de cómo se avance de desarme del cepo, que no luce ocurra antes de las elecciones”, proyecta la consultora EcoGo.
• Baja de impuestos: aún con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, por lo cual los ingresos tributarios seguirán siendo indispensables, el Gobierno anticipó que espera iniciar un camino de baja de impuestos que tiene a los derechos de exportación y el impuesto al cheque como los primeros apuntados. “En un 2025 electoral, las autoridades no seguirán con el ajuste el próximo año, aunque sostendrán el fuerte recorte del 2024. Así, con ingresos que se verán exigidos frente a tributos que no estarán vigentes, no parece haber demasiado margen para una reducción de la presión tributaria en el corto plazo. Hacia delante, parece quedar pendiente un ajuste fiscal adicional, que permita alcanzar un equilibrio fiscal financiero que no genere dudas y que habilite una reducción de la presión impositiva, clave en materia de competitividad. En definitiva, los avances en materia fiscal son enormes, pero aún resta un camino desafiante por recorrer”, concluyó un informe de Fundación Capital.