Se trata de SanCor, Los Grobo, Agrofina y Red Surcos. Afrontan una compleja situación financiera, con importantes deudas con bancos, productores y proveedores. Buscan reestructurar sus pasivos y evitar la quiebra

Cuatro empresas del sector agroindustrial argentino solicitaron la apertura de concurso de acreedores en las últimas semanas, con deudas que superan los USD 650 millones. Se trata de SanCor, Los Grobo, Agrofina y Red Surcos, compañías de diferentes rubros dentro del agro que enfrentan serias dificultades financieras y buscan reestructurar sus pasivos para evitar la quiebra.

Desde el Gobierno, sin embargo, niegan que se trate de una crisis estructural del sector agropecuario y aseguran que estos casos responden a decisiones internas de las empresas y no a un problema generalizado en el agro. Aun así, la situación genera preocupación entre productores y proveedores, muchos de los cuales tienen créditos y compromisos financieros con estas compañías.

• Deuda total: en el mercado se menciona una deuda principalmente al fisco y laboral que ascendería a USD 400 millones.
• Motivo de la crisis: problemas financieros desde 2017, caída en las ventas y pérdida de mercados.

Desde 2017, SanCor intentó, sin éxito, distintos planes de reestructuración, incluyendo la venta de activos y la reducción de personal

En estos años cedió varios de sus principales negocios, como la marca Tres Niñas a manos de Adecoagro o las leches infantiles. En el último tiempo, la empresa cerró varias de sus plantas y redujo su producción, perdiendo participación en el mercado local. El concurso de acreedores busca ordenar sus finanzas y evitar la quiebra, aunque su futuro es incierto.

• Deuda total: USD 200 millones.
• Motivo de la crisis: problemas de financiamiento y acumulación de deudas.

El Grupo Los Grobo, uno de los principales actores del agro argentino, enfrenta serios problemas financieros. En febrero de 2025, dos de sus empresas clave, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, solicitaron el concurso de acreedores tras entrar en cesación de pagos en diciembre de 2024.

El grupo arrastra un pasivo de más de USD 200 millones, mientras que sus cheques rechazados superan los $3.700 millones. La empresa aseguró que su prioridad es reestructurar sus deudas sin afectar la producción, aunque su situación sigue siendo delicada.

Tal como publicó Infobae, la deuda en mora de ambas empresas del Grupo Los Grobo -uno de los mayores productores y comercializadores de granos de Argentina- asciende a unos USD 10 millones y fue contraída por medio de pagarés bursátiles.

Las dos empresas habían notificado en diciembre pasado sus problemas para hacer frente a esos pagarés bursátiles por “una situación de iliquidez transitoria” en el contexto “de un mercado con una retracción desafiante”.

• Deuda total: USD 50 millones.
• Motivo de la crisis: caída en la demanda y dificultades para acceder a crédito.

La empresa Red Surcos, dedicada a la producción y comercialización de insumos agrícolas, también enfrenta dificultades financieras. Con una deuda de USD 50 millones, la firma reconoció problemas de iliquidez que la llevaron a incumplir pagos de $9.300 millones en pagarés bursátiles con vencimientos entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

La caída de la demanda en el sector agropecuario, sumada a restricciones para acceder al crédito, complicaron aún más su situación. La empresa busca una reestructuración ordenada para evitar el colapso financiero.

La empresa anunció este lunes a los mercados que se presentará ante la Justicia para pedir la apertura del concurso preventivo con el objetivo de “lograr la sustentabilidad” de su deuda “tanto en términos de volumen como de costo y, de este modo, continuar con las operaciones”.

Si bien el sector agropecuario enfrenta desafíos económicos, el Gobierno sostiene que estos casos no reflejan una crisis generalizada, sino malas decisiones empresariales y estrategias fallidas de expansión.

El desenlace de estos concursos de acreedores dependerá de la capacidad de cada empresa para alcanzar acuerdos con sus acreedores y reorganizar sus finanzas. Mientras tanto, productores y proveedores afectados siguen de cerca la evolución de estos procesos, que podrían impactar en toda la cadena de valor del agro argentino.

Según cifras que maneja las autoridades, la primera aerolínea de bajo costo del país tiene un promedio de incumplimiento con sus pasajeros de 27% en lo que va del año. Podrían quitarle el CESA, el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, que es el permiso para operar

“Ojalá no pase, pero se puede dar en las próximas horas. El Gobierno se hartó de los incumplimientos Flybondi”, le dijo este sábado una alta fuente del Gobierno de Javier Milei a Infobae.

La empresa fue intimada, pero como el plan de contingencia que presentó el viernes no convenció a nadie, de continuar las irregularidades, el Gobierno analiza un esquema de multas de no menos de $200 millones cada una y suspenderle rutas. No sólo eso, podrían también dar un paso y quitarle el CESA, Certificado de Explotador de Servicios Aéreos; básicamente, la habilitación de la empresa para volar.

“Les perdonamos la vida en los primeros meses porque era muy complicado traer repuestos, se habían quedado con poca caja y por la situación general. Bajaron frecuencias y suspendieron vuelos, y los esperamos. Los dejamos operar con tripulación extranjera y traer aviones de Lituania y España. Empezaron a vender a lo loco, pero no normalizaron nada. Hay decenas de actas de infracción, pero se judicializan y todo se demora. Les dimos todo y no resolvieron nada. Noviembre fue un desastre”, resumen desde el Gobierno.

“Es un desastre, no se puede creer. Nunca lo vi”. La escena, a los gritos, en un español no perfecto, pero entendible, se dio semanas atrás en Aeroparque.

El turista, que estaba con su pareja, no podía creer que le suspendieran –aparentemente, otra vez– el vuelo que había sacado por Fybondi para un destino turístico del interior del país. Y no le paraba de gritar a una empleada de la empresa en medio de la sala de preembarque donde le había comunicado, con las valijas ya despachadas, que otra vez habría problemas con su vuelo.

El Gobierno autorizó a Flybondi a dar servicios de rampa, y luego desreguló el sector

La primera low cost argentina, que empezó a operar en el país en 2018, en medio de la “revolución de los aviones” que prometió Mauricio Macri, parece estar en crisis permanente con vuelos que se modifican –incluidas cancelaciones– a un ritmo poco frecuente en el mercado aerocomercial global y que el Gobierno estima que podría superar al 45% este mes. O sea, de los casi 3.000 vuelos que se aprobaron para la empresa del logo amarillo para diciembre, casi la mitad sufriría cambios.

La estimación oficial, a la que accedió Infobae, está hecha en base a los datos de todo año: a lo largo de 2024, el promedio de “modificaciones” de la empresa es de 26,92%, según estadísticas de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, el regulador del sector, y la secretaría de Transporte. En julio, septiembre y octubre, por caso, los vuelos “cancelados/reprogramados/alternos”, de la empresa fueron más del 40 por ciento. El mes pasado, de 2.238 viajes aprobados, 750 (33%) tuvieron incumplimiento.

El extranjero indignado siguió gritando por un rato, pero la empleada de la empresa, de pantalón y camisa gris con detalles amarillos, se mostró impasible. “No tengo respuesta”, repetía una y otra vez. A pocos metros, un hombre de traje le dijo a su acompañante: “Si necesito llegar a un lugar, un día a una hora puntual, no voy en Flybondi. Ya me clavé muchas veces”.

Los rankings de servicios, como el de Flight Ware, por caso, la ubican entre las peores del mundo. A fines de noviembre, en solo dos días, al menos 12 servicios fueron cancelados, según pudo relevar este medio por testimonios de usuarios.

Días atrás, la Secretaría de Transporte intimó a la línea aérea a que presente un plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que afectan diariamente a miles de pasajeros. ”La medida surge tras el elevado número de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos por parte de la compañía low cost”, detalló ANAC.

Además, agregaron, con tono de advertencia: “La desregulación de los cielos y la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional tiene como objetivo promover una mayor eficiencia en el sector aéreo, sin afectar el derecho de los pasajeros a recibir servicios de calidad, con el cumplimiento de los horarios y operaciones. El Gobierno Nacional no permitirá la prestación de servicios que perjudiquen a los usuarios”.

El director general de Flybondi, Mauricio Sana (EFE/ André Borges)

“Respondieron que va a poner un backup, un avión español o lituano, para cubrir baches, y que el 13 de diciembre van a tener un flujo de packs de repuestos para reparaciones. La queja permanente es que no puede operar con el cepo… con Alberto tenían 90% de cumplimiento”, dicen en la Casa Rosada.

Luego del conflicto con Intercargo y el anuncio de desregulación total para ese sector –conocido como handling o rampa– Flybondi fue la primera empresa autorizada a darle esos servicios a terceros. Se anunció con bombos y platillos, tanto por el Gobierno como por la empresa, pero las cosas no salieron como se esperaba, o al menos no como lo querían las autoridades. “Aún no invirtieron en equipos y sólo tienen alquilado un tractor y una linga de arrastre”, se quejaron allegados a la secretaría de Transporte, un organismo que encabeza el cordobés Franco Mogetta y que depende de Luis Caputo, ministro de Economía.

No sólo eso, hay más cuestionamientos y algunos de ellos son más graves, como los relacionados con la seguridad operacional. “Le suspendieron su taller de Ezeiza y ante la duda que pudieran haber seguido operando, se le pedirá la recertificación de las aeronaves que habrían reparado allí. También hubo incidentes graves como, por ejemplo, la declaración de emergencia en vuelo, disparo del sistema TICAS, para evitar colisiones de aeronaves y una cuasi incursión de pista, mientras despegaba otra aeronave”, le detallaron a este medio fuentes al tanto de la situación.

Según describieron, la Junta de Seguridad en el Transporte investiga esos incidentes. En el sector aseguran que hay divisiones internas en la compañía, sobre todo entre las áreas operativas y la gerencia general.

Julian Cook, fundador y primer CEO de Flybondi

Una reciente acta de ANAC, a la que accedió este medio, detalla la situación de los aviones matrícula LV-KEH, LV-KCE, LV-KEF y LV-KDR para los que se pide “aumentar los esfuerzos destinados a implementar las acciones correctivas necesarias, con el objetivo de prevenir errores y omisiones en los registros de mantenimiento” y se hace foco en el “tenor y la cantidad de observaciones, errores, carencias, omisiones” de esos registros.

Otro anexo de un informe de ANAC detalló que había instalaciones de mantenimiento de la empresa en Ezeiza con productos que no cumplían los estándares de “control de trazabilidad de consumibles, almacenamiento de herramental con requerimientos de calibración, control de temperatura y humedad, y preservación de productos hallándose desviaciones importantes a tales aspectos, como así también un significativo nivel de desorden en el almacenamiento de materiales, partes y herramientas”. Entre los incumplimientos se detalló que “los depósitos tenían partes aeronáuticas apoyadas en el piso o apiladas en sus estanterías con sus cajas rotas y estantes colapsados”.

Como se dijo, Flybondi comenzó a operar en 2018 en el país. Sus principales dueños son tres fondos de inversión: el estadounidense Cartesian; Yamasa, con accionistas franceses y japoneses; y Givin Capital, dueño en Turquía de la aerolínea Pegasus.

En marzo, cuando aún era ministro del Interior, Guillermo Francos se reunió con Peter Yu, managing partner de Cartesian, el principal accionista de este fondo que también invirtió en Viva, una low cost que opera en Perú y Colombia.

Tiene una flota de 17 aviones y vuela a 19 destinos domésticos y tres internacionales en Brasil. Su CEO es el colombiano Mauricio Sana. El primer número uno local de la compañía, y también fundador, Julian Cook, fue echado en 2019 en medio de un escándalo. Luego de la derrota del macrismo en las presidenciales, Cook escribió en el grupo de chat empresarial Nuestra Voz, que “el peronismo es un cáncer que destruye el país poco a poco”.

“Decidí mudarme acá de Londres en 2016 y levanté USD 75 millones para lanzar Flybondi. Hemos transportado dos millones de pasajeros, 400.000 viajaron por primera vez en su vida en avión. El camino fue difícil, con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares”, señaló en lo que creyó era un comentario privado. El mensaje se filtró en pocos minutos y el alma mater de la compañía –quien la había ideado junto al emprendedor Gastón Parisier, quien nunca fue ejecutivo ni figura como accionista, al menos públicamente– salió eyectado de conducción de la low cost.

Ahora, el Gobierno de Milei la tiene en la mira por sus constantes incumplimientos.

A partir de las 00 hs de este martes 1 de octubre, los precios de la nafta y el gasoil de YPF tendrán una baja del 1 y 2%, respectivamente. Así lo confirmó el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien detalló que la medida se da en consonancia con la “caída de la cotización internacional del crudo Brent que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial”. Por el momento, el resto de las empresas no informó si se plegará a la medida.

Según informó YPF en un comunicado, desde la medianoche de este martes “el precio de las naftas bajará un 4% y el gasoil un 5% promedio en todo el país”. De todos modos, el impacto de esta rebaja en los surtidores será menor: será del 1% para la nafta y del 2% par el gasoil.