Es un gran acto de hipocresía de la oposición que hoy argumenten en contra de algo de lo cual hicieron uso y abuso por no tener acceso al mercado.
En este artículo me propongo mostrarles en detalle y con información precisa en qué consiste la discusión sobre el DNU 846/2024 y poner blanco sobre negro, contrastando con los argumentos que brinda la oposición para rechazarlo.
Es increíble el conjunto de falacias e hipocresías que esgrimen, sobre todo del kirchnerismo. Solo se explican por la desesperación ante el nuevo rumbo que Argentina ha tomado desde el 10 de diciembre de 2023, que está funcionando y que da una luz de esperanza a los argentinos que estamos pudiendo dejar atrás el sombrío panorama político que nos pintan quienes se oponen a ciegas y malas artes a este cambio.
Además, quiero alertar a los argentinos sobre lo que significa el rechazo al DNU por parte de la oposición.
Si se rechaza el DNU 846/2024, se producirá un quebranto en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) que destruirá las jubilaciones que supuestamente tanto preocupan a la oposición y quedará instalada como verdadera la burda mentira opositora de que este gobierno, para reestructurar deuda, quiere saltear al Congreso, cosa insólita porque tiene déficit 0, que es el verdadero antídoto para los endeudamientos insostenibles.
El DNU 846/2024 tiene dos artículos sustantivos. El 1, sobre los límites en títulos públicos que puede tener el FGS y el 2, sobre los valores de los bonos para los canjes de deuda pública (Parte 1) y las vicisitudes alrededor del Art 65 de la ley 24.146 (Parte 2).
1) El Art 1 del DNU 846/2024 sustituye el 2do párrafo del inciso a) del Art 74 de la ley 24.241
La Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 24.241 (23-9-1993) en su Art 74 inciso a) estableció un límite máximo del 50% para los títulos públicos en el FGS.
Luego, en la Ley de Reparación Histórica a Jubilados 27.260 (29-6-2016), en su Art 29 se estableció que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) tendría un plazo máximo de cuatro (4) años para readecuar sus inversiones a los nuevos topes previstos en cada inciso del artículo 74 de la ley 24.241, modificado en los términos de la presente ley.
La Ley de Emergencia de Alberto Fernández 27.541 (20-12-2019), en su Art 57 sustituyó con nuevo texto el inciso a) del artículo 74 de la ley 24.241 y además le agregó un 2do párrafo que dice: “Transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2023, podrá mantenerse hasta el setenta por ciento (70%) de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino en títulos públicos…”
Luego la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino 27.574 (30-10-2020), en su Art 3 extendió por el término de cuatro (4) años (desde el 19-11-2020 al 19-11-2024), contados desde la fecha de su vigencia (19-11-2020), el plazo para la adecuación de los topes de las inversiones del inciso a) del Art 74 de la Ley 24.241.
Posteriormente el Decreto 280/2024 (26-3-2024) en su Art 13 suspende la aplicación del segundo párrafo del inciso a) del artículo 74 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones hasta el día 31 de diciembre de 2024 sin perjuicio de la subsistencia de lo indicado en el considerando precedente.
Este derrotero de modificaciones hizo necesario una norma que clarifique. Por eso: Art. 1° del Decreto 846 dice “Sustitúyese el 2do párrafo del inciso a) del artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 y sus modificaciones, que quedará redactado de la siguiente forma: “Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2027, podrá mantenerse hasta el setenta por ciento (70 %) de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) en títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de esos activos a los límites establecidos en el párrafo precedente”.
El Gobierno logró dejar sin quórum la sesión para rechazar el DNU 846
Según el último informe del ANSES, el FGS al 30-9-2024, era de 51.330 millones de dólares, de los cuales, el 61.7% eran títulos públicos nacionales, o sea, 31.670 millones de dólares. Bajar ese porcentaje un 11.7% de 61.7% a 50%, implicaría que el stock de títulos públicos nacionales debería pasar a 25.665 millones de dólares, 6.000 millones de dólares menos. Esto derrumbaría el precio de los bonos, subiría violentamente la tasa de interés y traería un gigantesco encarecimiento del crédito para empresas y familias. Además, al desprenderse el FGS de deuda pública, estaríamos transfiriendo deuda intra sector público por deuda a privados, aumentando el stock de deuda neta como % de PBI. Dado que la deuda intrasector público se asume que tiene refinanciación automática, es por eso que como los K no tienen acceso al mercado llenan al FGS de títulos necesitados de esta excepción con vencimiento y dejando a quien venga luego el “regalito” para que lo resuelva.
El proceso de venta entonces debería de ser pausado en el tiempo y podría llevar hasta 2 años terminarlo.
No se entiende más que como una gran hipocresía de la oposición que hoy argumenten en contra de algo de lo cual hicieron uso y abuso por no tener acceso al mercado por ser impresentables, pero que en manos de un gobierno como el del presidente Milei que ha hecho del déficit 0 su columna vertebral, es para proteger el valor de los fondos ahorrados por los actuales jubilados (con todos los aportes) cuando eran activos.
2) El artículo 2 del DNU 846/2024 sustituya el artículo 11 del DNU 331/2022
El artículo 11. DNU 331 del 16-6-2022 (su Art 26 incorpora al Art 11 a la ley 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto (t.o. 2014)- Tiene dos partes. Parte 1: Dispone que las futuras suscripciones de títulos públicos cuya moneda de pago sea pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública con igual moneda de pago. Tales instrumentos serán tomados al valor técnico calculado a la fecha de liquidación de cada una de las colocaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas por la Resolución Conjunta N° 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex-Ministerio de Hacienda y sus modificatorias y conforme lo determinen ambas secretarías. PARTE 2: Dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.
Artículo 2° DNU 846 del 20-9-2024.- Sustituye el artículo 11 del Decreto N° 331 del 16-6-2022, incorporado a la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), mediante el artículo 26 de ese decreto, que quedará redactado de la siguiente forma: PARTE 1: “ARTÍCULO 11.- Dispone que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública cualquiera sea su moneda de pago. Los precios de los instrumentos serán fijados teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados para cada una de las operaciones que se realicen en el marco de las normas de procedimientos aprobadas por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex-Ministerio de Hacienda, N° 9 del 24 de enero de 2019 y sus modificatorias, y conforme lo determinen ambas Secretarías. PARTE 2: Dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”.
Artículo 65 (original del 30-9-1992).- Dice que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (el famoso “2 de 3”).
Artículo 65 (Artículo sustituido por art. 58 de la Ley N° 26.337 B.O. 28/12/2007)
Menciona que el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (el famoso “2 de 3”). Para el caso de deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, a los que resulte de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el Poder Ejecutivo podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación.
La parte 1) del Decreto 846 del 20-9-2024 corrige la aberración del artículo11 del Decreto 331 del 16-6-2022 que dice que las colocaciones de deuda pública en pesos se deben hacer a valor técnico, cuando el ex Ministro de Economía Martín Guzmán colocaba bonos en pesos y dólares con paridades de mercado por debajo del valor técnico pero pagando el valor técnico. O sea pagando entonces 100 lo que por mercado valía menos. Se ve que pagar sobreprecios es una pulsión en el kirchnerismo.
En efecto, en un Informe de Deuda de la Secretaría de Finanzas – Mayo 2020 el kirchnerismo reconoce que no puede hacer canjes de deuda a valor de mercado cuando dice textualmente “dado el bajo nivel de paridades… las futuras integraciones serían consideradas a valor técnico”. ¡Dieron a los acreedores más dinero que lo que decían los precios de mercado! Por eso necesitaron explícitamente en sus 3 decretos y en la ley modificatoria del presupuesto 2020 saltear el Art 65 de la 24.156, la Ley de Administración Financiera (“…Dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”) porque si no, esos canjes eran ilegales. El kirchnerismo lo necesitó. No nosotros.
Y esto ocurrió por algo muy simple. Como no son confiables, no pueden colocar deuda a precios de mercado razonables y recurren al alambique de “suscripciones de deuda a valor técnico”. Claro, cuando viene un gobierno confiable, que puede hacer administración de pasivos o colocaciones de deuda a precios de mercado razonables, seguir el mandato de los decretos kirchneristas es un chino que el Decreto 846 del 20-9-2024 viene a solucionar.
El DNU 846/2024 también agrega un texto de que los canjes pueden ser con cualquier cruce de monedas en general en lugar de hacer un decreto para cada moneda como la oposición hizo con los 3 DNU y la ley mencionada antes. La parte 2) del DNU 846/2024 y el artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público.
La oposición nos dice que el DNU 846/2024 “busca SALTEAR al Congreso” para hacer operaciones de deuda pública en una clara referencia a que buscamos saltear al artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público sancionada el 30-9-1992 SIN pasar (o sea salteando) al Congreso.
El artículo 65 de la 24.156 está escrito para reestructuraciones de deuda, cosa que ocurre luego de un default, luego de una quiebra. Así que mientras la reestructuración de deuda cumpla con los requisitos del Art 65 de la 24.156 no hace falta que un gobierno vaya al Congreso para reestructurar deuda. Mucho menos para hacer un canje de deuda.
Y menos todavía para operaciones de administración de pasivos como las que hace nuestro gobierno donde lo único que se busca es mejorar su liquidez y alargar plazos. Lejos de canjes de deuda y mucho menos de reestructuraciones de deuda.
Así que nuestro gobierno cumple el Art 65 de la 24.156 cuando no viene al Congreso a pedir autorización para emitir deuda porque solo administramos pasivos. Estamos a años luz de hacer operaciones de deuda que queden dentro del marco del Art 65 de la 24.156 porque tenemos déficit 0 que es la clave para evitar un default.
De otra manera: como nuestro gobierno solo hace operaciones de administración de pasivos, no necesita ninguna excepción al Art 65 de la 24.156. Mantiene ese párrafo del DNU 331/2022 para evitar eventuales problemas legales que puedan surgir para los que cuestionan el no recurrir al Congreso para hacer simples operaciones de administración de pasivos que no requieren de intervención del Congreso.
Los que sí la necesitaron fueron los mismos que quieren rechazar el DNU 846/2024, o sea la oposición kirchnerista.
Javier Milei y José Luis Espert
En efecto. Son ellos, los kirchneristas los que lo han hecho 4 veces durante el gobierno de Alberto Fernández: con 3 DNUs (Art 8 DNU 193 del 27-2-2020, Art 4 DNU 141 del 11-2-2020-141-APN-PTE y Art 11 DNU 331/2022) y luego por la ley 27.561 del 13-8-2020 modificatoria de la Ley de Presupuesto 2020 (Arts. 7 y 8) que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso y éste sancionó y le permitió hacer colocaciones de deuda en dólares al 16% de TIR salteando el Art 65 de la Ley 24.156. En los 4 casos se aclaró al final de cada norma que no eran aplicables las disposiciones del Art 65 de la 24.156.
¿Por qué el kirchnerismo cuando gobernó hizo uso de una excepción al artículo 65 de la 24.156 haciendo canjes y no reestructuraciones de deuda?
Porque como las hicieron pagando más (valor técnico) que lo que decía el mercado, en una clara y grosera violación del espíritu del Art 65 de la 24.156 quedaron al borde de la administración fraudulenta o incumpliendo los deberes de funcionario público. Necesitaban una norma legal que de alguna manera los exculpara anticipadamente.
Además, si este Congreso rechaza el DNU 846/2024 NO se regresa al Art 65 de la ley 24.156 como dicen algunos, sino al DNU 331/2022 bajo el cual 1) los canjes de la deuda en pesos se realizan a valor técnico y 2) además, en términos del discurso opositor, sigue “salteando” el Art 65 la ley de Administración Financiera como el DNU 846/2024.
Si, como dicen algunos, el DNU 846/2024 viola la Ley de Administración Financiera, la violaban también los 3 DNU del gobierno de Alberto Fernández.
Así que el discurso opositor de que el Poder Ejecutivo, dictó el DNU 846/2024 para saltear al Congreso es hipócrita. Se quejan de que nosotros queremos hacer algo que no hacemos cuando los que lo hicieron fueron ellos: saltear al Congreso para sus colocaciones de deuda a valor técnico por 3 decretos y una ley 4 veces. Discutamos ahora lo anacrónico del artículo 65 de la 24.156.
Este dice que para hacer una reestructuración (convocatoria, Chapter Eleven de la Ley de Quiebras en EE.UU.) de pasivos, tenés que mejorar dos de tres condiciones, monto, plazo o tasa, lo cual da 3 posibles resultados para poder realizar una reestructuración de deuda pública: tenés que mejorar monto y plazo, tenés que mejorar monto y tasa, tenés que mejorar plazo y tasa. El famoso “2 de 3”.
Pero en la práctica, es absolutamente imposible ejecutar cualquier tipo de reestructuración de pasivos que cumpla con esa regla. Porque en una reestructuración es difícil que no te aumente la deuda, es difícil extender plazos y es difícil bajar tasas. Además, si decís “bajo tasas” ¿tasas de qué? ¿Tasa es el cupón? ¿Tasa es el rendimiento? ¿Plazo es la duración? ¿plazo es el término? Entonces entras en una situación así, que es de una manera algo anacrónica, no llegas a terminar de definirlo y terminas que no podés hacer nada.
De hecho, las reestructuraciones que se han hecho en Argentina desde la crisis de 2001 a hoy fueron a través de nuevas leyes (distintas al Art 65 de la 24.156): la ley de 2005 canje (reestructuración) de Lavagna, la ley de 2010 del canje (reestructuración) que hizo Amado Boudou, la ley de Macri de 2016 de pago (reestructuración) a los holdouts. Todos para saltear el Art 65 de la LAF. Ningún funcionario puede hacer reestructuraciones de deuda cumpliendo el Art 65 de la 24.156 porque el “2 de 3” es imposible de cumplir.
Por eso, es que cuando se discutió la primera versión de la Ley Bases, tratamos (infructuosamente) de eliminar la mención al Art 65 de la 24.156 en el Art 55 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto.
Por eso no nos engañemos más. Es importante a esta altura de los acontecimientos, desarmar las mentiras que una y otra vez se tejen, ya casi por costumbre, desde la oposición. Es una discusión que vale la pena dar frente a una oposición hipócrita y mentirosa. Debatamos en serio, basta de relatos, basta de palos en la rueda, dejen de crear problemas para ocultar su ignorancia o mala fe.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
