Con los recientes cambios en el organismo, a cargo de Andrés Vázquez, se aceleró la pesquisa sobre Pablo Otero, el polémico dueño de Tabacalera Sarandí, que evitó el pago de millonarias sumas en impuestos en base a medidas cautelares
En el marco de los cambios llevados a cabo en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el proceso de reestructuración que dejó atrás a la ex AFIP, la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Andrés Vázquez, aceleró la resonante investigación sobre Tabacalera Sarandí y su polémico dueño, el empresario Pablo Otero, por evasión fiscal, que todavía atraviesa instancias judiciales.
Según detallaron fuentes de la investigación a Infobae, el monto adeudado ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año. Desde el Gobierno estiman que, según las cotizaciones promedio de esos años, la cifra dolarizada rondaría los USD 1.300 millones. Con todo, es una cifra “viva”, que se incrementa día a día, en medio de amparos judiciales. “Es un monto enorme, pero es lo de menos porque crece todos los días. Lo importante es desenmascarar los delitos y la evasión”, le explicaron a Infobae fuentes oficiales que siguen el caso desde muy cerca.
Vázquez llegó al cargo en 26 de octubre y de inmediato realizó una serie de movimientos internos para apuntalar la investigación contra la tabacalera de Otero, por lejos el mayor desafío que se fijó el organismo. Así, fueron desplazados de sus cargos cuatro funcionarios: Leonardo Arizmendi, que controlaba grandes contribuyentes nacionales; Adrián Facchin, director de Control; Pablo Meléndez; ex jefe de división, y Gustavo Pandazi, ex supervisor.
En los principales lugares de control, Vázquez nombró a dos hombres de su confianza, ambos con décadas de experiencia en el organismo. Marcelo Lafont, reemplazó a Arizmendi como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; y Claudio Castagnola llegó en lugar de Facchín.
En ARCA están seguros de que los cambios “pusieron nervioso a Otero”. Como muestra de ello, señalan una reciente entrevista que dio el sospechado empresario. “Habló 45 minutos en radio. Nunca hizo nada parecido. Sabe que los que lo controlan no tiene caras de buenos amigos. Lo van a controlar, que es lo que hay que hacer”, aseguran.
La AFIP dejó de existir y fue reemplazada por la ARCA
Vázquez busca ajustar los mecanismos y que funcionen, como es debido, dos grandes grupos de control y fiscalización sobre el sector tabacalero en general y sobre Sarandí en particular:
Tareas habituales de control de Impuestos Internos en las plantas de las empresas. Una parte de esas tareas tienen que ver con inspecciones físicas a las instalaciones de las tabacaleras. La otra, con los instrumentos fiscales de control, las estampillas que llevan los paquetes. Esta gestión cambió la forma de control que estaba vigente desde diciembre de 2023, sobre todo fijando nuevos criterios para entregar las estampillas (no solo son físicas, también tiene un componente digital que, se sospecha, en algunos casos es alterado).
Tareas de fiscalización para detectar la omisión de impuestos, o evasión. En este sentido, hay dos fiscalizaciones en curso. Se auditan los canales de ventas para identificar falsificaciones. Además, y esta es la parte más delicada de los controles, se trabaja en calcular omisiones al Impuesto Interno. En el caso de Sarandí, ARCA cree que entre marzo de 2018 y junio de 2024 la deuda total acumulada es la mencionada: casi $200.000 millones.
Vásquez, dicen fuentes del gobierno nacional, tiene la misión de fiscalizar y recaudar, en medio de dudas que se plantearon sobre los esquemas que se usaron con antelación. “Sarandí tendrá que bajar su nivel de indisciplina. Y deberá pagar lo que debe. Se acabó la fiesta“, prometen.
De perfil técnico, con más de 30 años de trayectoria en el Estado y con formación desarrollada en el exterior, Vázquez inició su gestión con el foco puesto en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la detección de casos de evasión de peso, tal como podría tratarse el de Tabacalera Sarandí en base a lo que tramita en la Justicia.
El funcionario cuenta con una preparación internacional, que incluyó múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.
La DGI investiga a Otero por un monto adeudado que ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año
Deuda multimillonaria
Como se dijo, parte de la deuda de Tabacalera Sarandí está judicializada y hay una serie de amparos que demoran la resolución del caso, mientras se discute, por pedido de Otero, la constitucionalidad del Impuesto Interno, el esquema fiscal que rige para el sector del tabaco y otros.
La deuda se generó entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del pago de ese tributo. Desde ARCA –que sigue comandada por Florencia Mizrahi–explicaron que el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otras manufacturas de tabaco se encuentra alcanzado por ese gravamen, que incide en una sola etapa de la circulación del producto. “Se considera expendio a la primera transferencia a cualquier título, entendiéndose como tal a la salida de fábrica o depósito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados”, señalan desde el organismo.
No se trata de un caso menor, ya que se estima que Tabacalera Sarandí vende 40 millones de atados de cigarrillos al mes, además de haber ganado una importante porción del mercado tabacalero en virtud de su controversial situación impositiva. Su principal marca es Red Point. “No paran de facturar, venden volúmenes grandísimos. Hasta por unidad, en el Conurbano. Por eso es tan difícil de controlar. Venden atados al doble del valor que declaran ante el fisco”, explican las autoridades.
A partir de marzo de 2018 se estableció que los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributen sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta por ciento (70%). Con la Ley 27.742 el gravamen subió al 73% en julio de 2024.
La empresa de Otero, a quién el Presidente Javier Milei lo nombró en distintas ocasiones como el “Señor del Tabaco”, resistió (por vía judicial) la obligación del pago sobre los atados vendidos cigarrillos al público, lo que le valió una ventaja en la competencia contra otras firmas grandes del sector, y razón por la cual consiguió ampliar su participación en el mercado, pasando del 5% al 40% en sólo diez años.
Mientras tanto, la Corte Suprema aún tiene pendiente de definición si ese impuesto cuestionado por la empresa de Otero es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo. No obstante eso, la nueva gestión de la DGI decidió seguir adelante con la investigación contra la polémica empresa tabacalera.
Recientemente, la tabacalera blanqueó dólares por USD 60 millones, en el esquema que propuso el ministro de Economía, Luis Caputo. Es una cifra que las autoridades nacionales creen que podría alcanzar para cubrir parte de la deuda hasta diciembre de 2023. El volumen de todo este año sería muchísimo más grande.
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
El objetivo cada vez más explícito del Gobierno es mostrar el éxito alcanzado en la lucha contra la inflación. Y sobre todo transmitir que el ajuste fiscal y el control del gasto público finalmente tienen su premio.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
Aún con todo lo positivo, el dato de mayo tuvo algunas señales amarillas. Por un lado, la fuerte desaceleración en alimentos se explicó por fuertes caídas de precios en frutas y verduras, algo que difícilmente se repita hacia adelante. Por otra parte, la inflación núcleo -que excluye productos regulados y estacionales- se mantuvo bastante más arriba, arrojando un 2,2%.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Con estos datos, la pregunta razonable es si semejante caída de la inflación es sostenible en los próximos cuatro meses, es decir en la previa electoral.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
Se trata de una planta cuya principal actividad es la producción de líquidos derivados del gas natural —etano, propano, butano y gasolina natural— con una capacidad anual superior a 1.050.000 toneladas. “Además, allí, se realiza el fraccionamiento y envío de estos líquidos por ductos hacia la Planta Galván, también de tgs, donde se almacenan antes de su despacho al mercado local y regional”, explicaron desde la empresa cuyo 51% pertenece en partes iguales a Pampa Energía y a un grupo de inversores liderado por la familia Sielecki.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
“A pesar de la magnitud del evento climático y del hecho de que el complejo alberga dos plantas compresoras esenciales para el sistema de transporte de gas natural, TGS nunca interrumpió la provisión del servicio. Gracias a una rápida respuesta operativa y a la implementación de maniobras extraordinarias, la compañía logró mantener la continuidad del suministro con los más altos estándares de seguridad, garantizando así el abastecimiento de gas natural en todo momento”, cerró el comunicado de TGS.
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
El presidente del organismo, Roberto Silva, indicó que esta medida se enmarca en una política general de remoción de trabas al funcionamiento del mercado de capitales. Según el comunicado oficial, la CNV buscó avanzar con la normalización de operaciones y acompañar la estrategia general del Ejecutivo nacional, que prioriza el financiamiento en moneda extranjera sin intervención directa del Banco Central.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
El Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.