Con los recientes cambios en el organismo, a cargo de Andrés Vázquez, se aceleró la pesquisa sobre Pablo Otero, el polémico dueño de Tabacalera Sarandí, que evitó el pago de millonarias sumas en impuestos en base a medidas cautelares
En el marco de los cambios llevados a cabo en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el proceso de reestructuración que dejó atrás a la ex AFIP, la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Andrés Vázquez, aceleró la resonante investigación sobre Tabacalera Sarandí y su polémico dueño, el empresario Pablo Otero, por evasión fiscal, que todavía atraviesa instancias judiciales.
Según detallaron fuentes de la investigación a Infobae, el monto adeudado ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año. Desde el Gobierno estiman que, según las cotizaciones promedio de esos años, la cifra dolarizada rondaría los USD 1.300 millones. Con todo, es una cifra “viva”, que se incrementa día a día, en medio de amparos judiciales. “Es un monto enorme, pero es lo de menos porque crece todos los días. Lo importante es desenmascarar los delitos y la evasión”, le explicaron a Infobae fuentes oficiales que siguen el caso desde muy cerca.
Vázquez llegó al cargo en 26 de octubre y de inmediato realizó una serie de movimientos internos para apuntalar la investigación contra la tabacalera de Otero, por lejos el mayor desafío que se fijó el organismo. Así, fueron desplazados de sus cargos cuatro funcionarios: Leonardo Arizmendi, que controlaba grandes contribuyentes nacionales; Adrián Facchin, director de Control; Pablo Meléndez; ex jefe de división, y Gustavo Pandazi, ex supervisor.
En los principales lugares de control, Vázquez nombró a dos hombres de su confianza, ambos con décadas de experiencia en el organismo. Marcelo Lafont, reemplazó a Arizmendi como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; y Claudio Castagnola llegó en lugar de Facchín.
En ARCA están seguros de que los cambios “pusieron nervioso a Otero”. Como muestra de ello, señalan una reciente entrevista que dio el sospechado empresario. “Habló 45 minutos en radio. Nunca hizo nada parecido. Sabe que los que lo controlan no tiene caras de buenos amigos. Lo van a controlar, que es lo que hay que hacer”, aseguran.
La AFIP dejó de existir y fue reemplazada por la ARCA
Vázquez busca ajustar los mecanismos y que funcionen, como es debido, dos grandes grupos de control y fiscalización sobre el sector tabacalero en general y sobre Sarandí en particular:
Tareas habituales de control de Impuestos Internos en las plantas de las empresas. Una parte de esas tareas tienen que ver con inspecciones físicas a las instalaciones de las tabacaleras. La otra, con los instrumentos fiscales de control, las estampillas que llevan los paquetes. Esta gestión cambió la forma de control que estaba vigente desde diciembre de 2023, sobre todo fijando nuevos criterios para entregar las estampillas (no solo son físicas, también tiene un componente digital que, se sospecha, en algunos casos es alterado).
Tareas de fiscalización para detectar la omisión de impuestos, o evasión. En este sentido, hay dos fiscalizaciones en curso. Se auditan los canales de ventas para identificar falsificaciones. Además, y esta es la parte más delicada de los controles, se trabaja en calcular omisiones al Impuesto Interno. En el caso de Sarandí, ARCA cree que entre marzo de 2018 y junio de 2024 la deuda total acumulada es la mencionada: casi $200.000 millones.
Vásquez, dicen fuentes del gobierno nacional, tiene la misión de fiscalizar y recaudar, en medio de dudas que se plantearon sobre los esquemas que se usaron con antelación. “Sarandí tendrá que bajar su nivel de indisciplina. Y deberá pagar lo que debe. Se acabó la fiesta“, prometen.
De perfil técnico, con más de 30 años de trayectoria en el Estado y con formación desarrollada en el exterior, Vázquez inició su gestión con el foco puesto en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la detección de casos de evasión de peso, tal como podría tratarse el de Tabacalera Sarandí en base a lo que tramita en la Justicia.
El funcionario cuenta con una preparación internacional, que incluyó múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.
La DGI investiga a Otero por un monto adeudado que ronda los $200.000 millones, entre marzo de 2018 y mediados de este año
Deuda multimillonaria
Como se dijo, parte de la deuda de Tabacalera Sarandí está judicializada y hay una serie de amparos que demoran la resolución del caso, mientras se discute, por pedido de Otero, la constitucionalidad del Impuesto Interno, el esquema fiscal que rige para el sector del tabaco y otros.
La deuda se generó entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del pago de ese tributo. Desde ARCA –que sigue comandada por Florencia Mizrahi–explicaron que el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otras manufacturas de tabaco se encuentra alcanzado por ese gravamen, que incide en una sola etapa de la circulación del producto. “Se considera expendio a la primera transferencia a cualquier título, entendiéndose como tal a la salida de fábrica o depósito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados”, señalan desde el organismo.
No se trata de un caso menor, ya que se estima que Tabacalera Sarandí vende 40 millones de atados de cigarrillos al mes, además de haber ganado una importante porción del mercado tabacalero en virtud de su controversial situación impositiva. Su principal marca es Red Point. “No paran de facturar, venden volúmenes grandísimos. Hasta por unidad, en el Conurbano. Por eso es tan difícil de controlar. Venden atados al doble del valor que declaran ante el fisco”, explican las autoridades.
A partir de marzo de 2018 se estableció que los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributen sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta por ciento (70%). Con la Ley 27.742 el gravamen subió al 73% en julio de 2024.
La empresa de Otero, a quién el Presidente Javier Milei lo nombró en distintas ocasiones como el “Señor del Tabaco”, resistió (por vía judicial) la obligación del pago sobre los atados vendidos cigarrillos al público, lo que le valió una ventaja en la competencia contra otras firmas grandes del sector, y razón por la cual consiguió ampliar su participación en el mercado, pasando del 5% al 40% en sólo diez años.
Mientras tanto, la Corte Suprema aún tiene pendiente de definición si ese impuesto cuestionado por la empresa de Otero es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo. No obstante eso, la nueva gestión de la DGI decidió seguir adelante con la investigación contra la polémica empresa tabacalera.
Recientemente, la tabacalera blanqueó dólares por USD 60 millones, en el esquema que propuso el ministro de Economía, Luis Caputo. Es una cifra que las autoridades nacionales creen que podría alcanzar para cubrir parte de la deuda hasta diciembre de 2023. El volumen de todo este año sería muchísimo más grande.
El 23 de marzo marca el vencimiento de la moratoria previsional que permitió a millones acceder a una jubilación sin haber alcanzado los 30 años de aportes. ¿Qué pasará con aquellos que no logren cumplir este requisito y qué alternativas existen para quienes no puedan jubilarse?
A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación, ya que ese día vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, que estuvo vigente desde marzo de 2023. Esta medida, decidida por el gobierno de Javier Milei, no será extendida, y no se habilitarán nuevas moratorias ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.
Este vencimiento de la moratoria traerá consigo importantes cambios para el sistema previsional, afectando a miles de adultos mayores que, hasta el momento, habían podido jubilarse a través de este mecanismo. Se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por medio de la moratoria vigente. En el caso de las mujeres, el impacto será aún mayor, ya que 9 de cada 10 mujeres utilizan la moratoria para jubilarse, de acuerdo con especialistas.
El fin de esta moratoria deja a muchos trabajadores y trabajadoras sin la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio, a menos que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema previsional. Aquellos que no alcancen los 30 años de aportes deberán esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si logran cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.
Aquellos que no cumplan los 30 años de aportes podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor si cumplen con los requisitos socioeconómicos (NA)
Alternativa: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Para aquellos que no puedan acceder a una jubilación, el gobierno ofrece la PUAM, una pensión no contributiva que pueden solicitar las personas mayores de 65 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, este beneficio está restringido a aquellos que puedan demostrar dicha vulnerabilidad mediante la presentación de declaraciones juradas. No cualquier persona podrá acceder a esta pensión, ya que el gobierno ha establecido diversos parámetros socioeconómicos para definir quiénes pueden acceder a ella. Es importante destacar que la PUAM no es un derecho universal, sino que depende de las condiciones económicas del solicitante.
A diciembre de 2024, alrededor de 194.000 personas cobraron la PUAM, según datos de la Anses. Esta pensión equivale al 80% de la jubilación mínima, que en marzo de 2025 será de $223.297,36. Además, se incluye un bono de $70.000, que se mantiene desde el año pasado y que eleva el total que perciben los beneficiarios a $293.297,36.
Es relevante mencionar que aquellos que ya perciben esta pensión no podrán heredarla. Es decir, una persona casada con alguien que recibe la PUAM no podrá continuar cobrando esta pensión tras el fallecimiento del beneficiario.
Impacto en los adultos mayores
Según la abogada previsional Andrea Falcone, el fin de la moratoria previsional tendrá un gran impacto, ya que 7 de cada 10 personas acceden a la jubilación a través de este mecanismo. En el caso de las mujeres, esta cifra asciende a 9 de cada 10. Falcone explica que, a partir del 23 de marzo, aquellas personas que no puedan cumplir con los 30 años de aportes no podrán jubilarse, sino que deberán esperar hasta los 65 años y, en algunos casos, pasar por un proceso administrativo para demostrar su vulnerabilidad económica y acceder a la PUAM.
El gobierno sigue trabajando en una reforma integral al sistema previsional, pero aún no se han definido cambios concretos (Reuters)
Por otro lado, desde el gobierno sostienen que la moratoria era un mecanismo “injusto” frente a aquellos que cumplieron con los años de aportes requeridos. La moratoria implicaba un gasto para el sistema previsional, ya que permitía a personas con pocos aportes acceder a la jubilación. En cambio, la PUAM está dirigida a las personas que realmente necesitan el apoyo económico, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
A pesar de que se desestimó la posibilidad de extender la moratoria, el gobierno también contemplaba la posibilidad de realizar una reforma más amplia al sistema previsional. Sin embargo, esta reforma sigue en proceso y aún no se ha implementado una medida de reemplazo que resuelva el problema de fondo relacionado con la falta de aportes previsionales por parte de muchos trabajadores.
Oportunidad hasta fin de año para regularizar los aportes
A quienes aún no hayan alcanzado los 30 años de aportes, el gobierno les otorga la posibilidad de saldar la deuda previsional hasta fin de año. Si bien el vencimiento de la moratoria no permitirá nuevos ingresos a este mecanismo, aquellos que deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante un pago único al contado, lo que les permitirá acceder a la jubilación. Sin embargo, esta opción no estará disponible para quienes no cumplan con los requisitos establecidos.
En ese sentido, Adrián Troccoli, abogado especializado en el tema previsional, criticó que la moratoria no haya resuelto el problema de fondo del sistema previsional, que es la falta de trabajo formal con aportes. Según el experto, la jubilación debería ser el derecho de aquellos que han trabajado durante los años requeridos, y el concepto de jubilación se ha desvirtuado al permitir que personas con pocos aportes accedan a este beneficio.
El sistema previsional enfrenta una situación compleja debido al número creciente de personas que no cumplen con los 30 años de aportes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones. El gobierno se ha comprometido a seguir trabajando en una reforma integral, aunque aún no se han presentado propuestas concretas que puedan reemplazar la moratoria.
Los próximos pasos en la reforma previsional
El gobierno de Javier Milei sigue trabajando en la reforma previsional, que podría contemplar cambios importantes en la forma en que se gestionan las jubilaciones en el país. Sin embargo, el tema de los aportes no ha sido resuelto de manera efectiva, y es probable que las reformas en el sistema previsional continúen siendo debatidas en el futuro cercano.
Además, aunque se ha descartado la posibilidad de subir la edad jubilatoria, el actual titular de la Anses, Fernando Bearzi, reemplazó a Mariano de los Heros, quien había planteado la posibilidad de una reforma en este sentido. Milei se mostró en desacuerdo con la propuesta de subir la edad jubilatoria antes de abordar una reforma laboral que incentive la formalización del empleo.
El futuro del sistema previsional argentino sigue siendo incierto, con una importante transición hacia la PUAM para aquellos que no logren alcanzar los 30 años de aportes. La moratoria previsional, que permitió a millones acceder a su jubilación, llega a su fin, y con ella, las posibilidades de regularizar deudas previsionales mediante un plan de pagos.
El Banco Central mantiene poder para seguir ofreciendo divisas y que no se amplíe la brecha, al menos hasta las elecciones legislativas. Por ahora no hay fecha de aprobación por parte del staff técnico del organismo
Aunque aún resta despejar muchas incógnitas sobre el acuerdo que se está negociando con el FMI, el DNU que el Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial y será discutido en el Congreso trae algunos datos importantes. Uno de los más relevantes es que los desembolsos no serían en principio de “libre disponibilidad”, sino que tendrán una asignación específica.
Concretamente, el texto del DNU indica de manera explícita que los recursos que desembolsará el organismo pueden tener dos destinos: la cancelación de deuda del Tesoro con el Central o bien el repago al propio FMI.
Sin embargo, aquí es cuando empiezan las especulaciones. El economista Fernando Marull, por ejemplo, sostiene que el dinero fresco que aportará el Fondo irá en parte a cancelar deudas intransferibles del Tesoro en el BCRA, tal como señala el DNU. “Pero una vez que entró en las reservas a cambio de las Letras ya el Central podría hacer lo que quiere. Sin embargo, aún no hay claridad sobre este asunto”.
En el mercado nadie duda que el Gobierno seguirá interviniendo para evitar las presiones cambiarias, sobre todo en los meses previos a las elecciones. Se mantendrá el ajuste del dólar oficial de 1% por mes y el objetivo es que la brecha cambiaria no se amplíe de los actuales niveles, ubicándose en un nivel cercano al 10%. Para eso tiene reservas líquidas que le permiten mantener poder de fuego en los próximos meses.
El ministro de Economía, Luis Caputo, asegura que el acuerdo con el FMI se aprobará en el primer cuatrimestre, aunque aún no hay una fecha definida (Reuters)
Por ahora lo único que se conoce del acuerdo es el texto del DNU, que en líneas generales fue bien recibido por el mercado aún cuando falta mucha información. Por ejemplo, el staff técnico del FMI no aprobó el acuerdo y no hay fecha cierta para que lo haga. El ministro de Economía, Luis Caputo, insiste que será dentro del primer cuatrimestre.
Quedó algo confusa la referencia a los cuatro años de gracia, aunque luego se aclaró que solo vale para la “nueva deuda” que le dará el FMI a la Argentina. Sin embargo, no se modifican los cronogramas de vencimiento de los desembolsos ya otorgados.
Por otra parte, hay dudas respecto a cuál será finalmente el desembolso del Fondo para que el Gobierno pueda cancelarle la deuda al propio organismo en los próximos años. Sucede que entre 2025 y 2027 hay vencimientos de capital con el organismo por alrededor de USD 5.500 millones. Sin embargo, es aún más abultada la cuenta de intereses:más de USD 8.700 millones. La lógica indicaría que el organismo le prestará a la Argentina para al menos cubrir la mayor parte de ambos conceptos, que suman un total de USD 14.200 millonespara los próximos tres años.
Mientras tanto, el Central sigue con dificultades para acumular reservas. Ayer fue otra jornada de fuertes compras en el mercado oficial (USD 268 millones), pero sin embargo hubo una caída del stock del orden de los USD 50 millones, finalizando en USD 27.685 millones.
El debate sobre el DNU en el Congreso será clave para definir el alcance del acuerdo con el FMI y las medidas económicas que deberá adoptar el Gobierno (AFP)
Aunque el Gobierno mostró dar una señal de avance respecto al acuerdo, los tiempos se siguen estirando. Muchas de la información a medias que brinda el Gobierno tiene que ver con los problemas para llegar a un texto final con el FMI. No solo pasa por el dinero nuevo que recibirá la Argentina, sino además por las condicionalidades que se incluirán.
El DNU no dice una sola palabra sobre posibles reformas estructurales que el Gobierno podría encarar, como la laboral y la tributaria. Sin embargo, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el Presidente reconoció que será muy difícil avanzar antes del 10 de diciembre, que mostraría una mayor presencia de La Libertad Avanza en el Congreso. Tampoco habla sobre el régimen cambiario que mantendrá el equipo económico en los próximos meses, aunque sí se menciona que el objetivo es salir del cepo con el objetivo de atraer inversiones.
La creciente demanda de electricidad podría superar la capacidad de generación a nivel global, según advirtió el empresario. El impacto del auge de la Inteligencia Artificial y la falta de infraestructura adecuada preocupan a la comunidad tecnológica
El empresario Elon Musk, fundador de Tesla, propietario de X (antes Twitter) y director ejecutivo de SpaceX, alertó sobre un posible colapso energético global debido a una crisis sin precedentes en el suministro de electricidad. Durante el evento Bosch Connected World, explicó que la demanda de tecnología está aumentando de manera acelerada y que las infraestructuras actuales no están preparadas para soportar este crecimiento.
El crecimiento del consumo eléctrico
Musk señaló que el consumo energético está experimentando un crecimiento exponencial, en gran parte debido al avance de la Inteligencia Artificial. Explicó que la demanda de este tipo de tecnología se multiplica por diez cada seis meses, lo que genera una presión sin precedentes sobre la red eléctrica global.
Según el empresario, este fenómeno podría derivar en una “sequía eléctrica”, un término que utilizó para describir una situación en la que la oferta de energía no alcanza a cubrir el consumo necesario para mantener las actividades diarias de la sociedad y la industria.
La expansión de la Inteligencia Artificial es uno de los factores que más presión ejercen sobre la infraestructura energética (iStock)
Dependencia total de la electricidad
El empresario explicó que la electricidad es fundamental para la vida moderna y que su escasez afectaría todas las áreas de la sociedad. Desde el funcionamiento de dispositivos electrónicos hasta la continuidad de las operaciones industriales y comerciales, cada sector depende de una infraestructura estable de generación y distribución de energía.
Musk destacó que el avance de la tecnología ha incrementado el uso de microchips y sistemas computacionales que requieren cada vez más electricidad. Expresó su preocupación por la escasez de transformadores de potencia y reductores de tensión, componentes esenciales en la transmisión de energía.
Riesgos para el desarrollo tecnológico
La advertencia de Musk no solo apunta a la posibilidad de cortes masivos de electricidad, sino también a un impacto directo sobre el desarrollo tecnológico. El empresario explicó que, si no se encuentra una solución, la crisis energética podría ralentizar o incluso detener el progreso de la Inteligencia Artificial y otros avances científicos.
Además, indicó que la falta de energía podría afectar el funcionamiento de infraestructuras esenciales como hospitales, sistemas de comunicación y transporte. Mencionó que una crisis de esta magnitud no solo tendría consecuencias económicas, sino que podría comprometer la seguridad y el bienestar de la población.
Las grandes empresas buscan soluciones
Ante esta situación, Microsoft, Google y Amazon han comenzado a desarrollar estrategias para garantizar su abastecimiento de electricidad. Las compañías están invirtiendo en nuevas infraestructuras y en la diversificación de fuentes de energía para mitigar los efectos de una posible crisis.
Empresas como Microsoft, Google y Amazon buscan soluciones para garantizar el suministro eléctrico en el futuro
Sin embargo, Musk afirmó que estos esfuerzos no son suficientes, ya que el problema no se limita a una cuestión empresarial, sino que representa un desafío global que requiere la cooperación de gobiernos, organizaciones y la sociedad en su conjunto.
Alternativas energéticas y el futuro del suministro eléctrico
Elon Musk mencionó que las energías renovables, como la solar y la eólica, están ayudando a diversificar la generación eléctrica, pero advirtió que podrían no ser suficientes para cubrir la creciente demanda. Subrayó la importancia de continuar explorando nuevas fuentes de energía y desarrollar tecnologías más eficientes en el consumo eléctrico.
Los expertos en el sector energético coinciden en que la modernización de la infraestructura eléctrica es clave para evitar el colapso. La necesidad de nuevas inversiones en redes de distribución y almacenamiento de electricidad es un tema central en los debates sobre el futuro de la energía a nivel global.
Musk insistió en la importancia de tomar medidas de manera inmediata para evitar que la “sequía eléctrica” se convierta en una crisis permanente. Expresó que, si no se implementan soluciones efectivas, la humanidad podría enfrentar uno de los desafíos más graves en términos de sustentabilidad energética.