Lo decidió el juez Julián Ercolini. Más temprano, el ex presidente también había solicitado la nulidad del llamado a indagatoria. Además hay otras 38 declaraciones pendientes
El juez federal Julián Ercolini rechazó este lunes una presentación realizada por Alberto Fernández para suspender su indagatoria en la causa de los seguros. El ex presidente había reclamado la nulidad de la citación y que se postergue la fecha hasta que se resuelva el planteo. Para el magistrado, se trató de una “maniobra dilatoria”.
“No puede dejar de señalarse que el planteo impetrado, con la pretensión de lograr la suspensión de la declaración indagatoria de Fernández (y por añadidura a los restantes imputados), es efectuado a casi un mes de que se notificara el decreto objeto de agravios, y sólo cuarenta y ocho horas antes de la audiencia fijada, circunstancia que denota su finalidad dilatoria”, respondió Ercolini en una breve resolución.
Y agregó: “Las discrepancias y desacuerdos expresados por la parte sobre la imputación de la que será impuesto Fernández en su declaración indagatoria, podrán ser objeto de análisis en etapas posteriores, pero exceden ampliamente la cuestión sobre la validez formal de la convocatoria a lo que, en definitiva, es nada menos que su acto de defensa”.
Esta mañana, la abogada de Fernández en esta causa, Mariana Barbitta, había solicitado la nulidad del llamado a indagatoria y la suspensión de la misma. Si no hay sorpresas, la declaración finalmente se haría este miércoles a las 10 de la mañana.
Entre otros argumentos, la abogada defensora había planteado que “el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”. Ocurre que Ercolini fue recusado al comienzo del expediente y según la defensa de Fernández esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema.
Además, en un escrito de 34 carillas al que tuvo acceso Infobae, Barbitta planteó “falta de claridad y precisión” de la imputación contra el ex presidente. “Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal sino también en la totalidad de la imputación. En primer lugar, V.S habla de una supuesta “maniobra mancomunada, coordinada y funcional, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos”, sin explicar como sostiene esa afirmación, cuando mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte “imputación”, agrega la presentación.
El juez Julián Ercolini debe decidir el envío a juicio de la ex Presidente
Fernández tendría que presentarse en Comodoro Py el miércoles 27 de noviembre. En ese momento, conocerá la imputación concreta y las pruebas en su contra.
En realidad, la declaración estaba prevista para el 20 pero se pasó por un pedido de la Fiscalía. Al día siguiente están citados el broker Héctor Martínez Sosa y su mujer María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente.
La extensa lista de indagatorias incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. De esa manera, las designaciones por parte de los organismos públicos eran, en muchos casos, una pantalla.
El juez acusó a Fernández de tener el control de toda la maniobra, al margen del decreto 823/21, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
Toda esa maniobra benefició a un grupo reducido de empresas.
Alberto Fernández junto a Martínez Sosa y LItto Nebbia.
La causa de los seguros comenzó a fines de febrero, tras un artículo publicado por el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa. En marzo, el juez Ercolini realizó decenas de allanamientos en los domicilios de los principales imputados y en más de 100 organismos. En esos operativos, se secuestraron varios celulares y se analizó su contenido. De esa manera se encontraron los mensajes y las fotos que le había mandado Fabiola Yañez a Cantero en 2023.
Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.
Luego de los primeros allanamientos ordenados por el juez, Nación Seguros echó al entonces gerente general Mauro Tanos, al gerente de compras Marcos Eufemio, y al gerente del área comercial, Matías Caselli. Semanas después, también fue apartado D’Angelo Campos de la ANSES.
El viernes pasado, por la cercanía con la fecha de las indagatorias, aparecieron nuevos chats en el expediente. En uno de esos intercambios, entre Cantero y su hermana, aparecieron varias fotos. La imagen más impactante, al menos para el avance de la causa de los seguros, fue tomada dentro de la Quinta de Olivos, en julio de 2021. A la izquierda se ve al ex presidente y a la derecha el que gesticula es el broker. La escena fue retratada en el despacho del intendente de la quinta de Olivos, Daniel “El Gordo” Rodríguez, un hombre de estrecha confianza de los dos protagonistas que ya declaró como testigo en la causa que se inició por las fotos que le mandó Fabiola Yañez a Cantero.
También se encontró una foto donde se ve al empresario posando con una remera blanca que tiene una foto vieja de Alberto Fernández y la leyenda “Mi ídolo”.
En otro de los chats, entre Alberto Pagliano y Sebastián Diaz Bancalari (ex director de Nación Seguros) apareció una amenaza que había recibido el titular de la empresa: “Como esta señor Pagliano, solo a modo de aviso, un director de su empresa (Gustavo Carlos García Argibay) estaría realizando negociaciones incompatibles con su función. Reuniones e intercambios improcedentes con aseguradoras”. El mensaje, según reveló este domingo Infobae, provenía de un contacto desconocido, identificado como “M”, y le llegó a través de la red Telegram. En ese momento, García Argibay era uno de los directores de Nación Seguros. Ahora es uno de los imputados en la causa de los seguros y uno de los primeros citados a indagatoria.
Otro de los nuevos chats, entre Pagliano y una persona identificada como Federico Sánchez, vuelve a exponer las negociaciones que hubo al comienzo del gobierno de Alberto Fernández por la composición del directorio de Nación Seguros. Pagliano quería imponer a Alfonso Dima: “Hablé con Vitobello quien habló con Cafiero y le dijo que lo iba a ver”.
En medio de esa charla, apareció el nombre del hermano del entonces presidente.
– Pagliano: Que venga un tipo honesto sin compromisos ….
– Sánchez: Hay alguno? jjajajaja!
– Pagliano: Seguramente … el hermano de AF … no puede por el dto. De los familiares? (sic)
– Sánchez: Creo que no puede
– Pagliano: Si está (Raúl) Garré con este tema proponele Carlos Crosetto, que trabajo con el en la súper y yo lo tengo pensado traer de asesor mío.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.