Policiales
Andrés Rodríguez justificó la tregua de la CGT: “No hay clima para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito”
El líder de UPCN explicó a Infobae por qué la mesa chica cegetista descartó otra protesta contra el Gobierno, reveló cuál es el principal problema para dialogar con la Casa Rosada y aseguró que Hugo Moyano no comparte la postura intransigente de su hijo Pablo
Un dialoguista de pura cepa. Así podría definirse a Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y líder de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), un dirigente del sector mayoritario en la central obrera que, en una reunión de mesa chica, impuso su idea de no hacer nuevos paros y de apostar al diálogo con el Gobierno, en medio de las presiones internas para protestar contra Javier Milei.
¿Qué pasa por la cabeza de un sindicalista que está en las antípodas de la actitud de confrontación permanente de colegas como Pablo Moyano? A diferencia del dirigente de Camioneros, el jefe del gremio estatal más numeroso destacó en diálogo con Infobae que “en este momento no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito”, por más que reconoció que “no se nota” una reactivación económica ni una mejora en las fuentes de trabajo.
“El sindicalismo no puede embanderarse en una lucha sin cuartel”, definió Rodríguez, para quien el endurecimiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro sindicato estatal de impronta ultraopositora, no trajo resultados positivos para los trabajadores: “Logramos mucho más nosotros con planteos sectoriales y luego negociación más que con un conflicto generalizado”.
El gremialista, además, criticó la postura autónoma de Pablo Moyano (”las manifestaciones unilaterales, cuando se hacen públicas, no favorecen a nadie del movimiento obrero”) y aseguró que su propuesta de un nuevo paro general no es compartida por su padre y líder de Camioneros, Hugo Moyano.
— La mesa chica de la CGT acaba de descartar la realización de una medida de fuerza como quería Pablo Moyano. ¿Por qué llegaron a esta decisión?
— Porque realmente no es el momento. Una medida de fuerza nunca se descarta, por supuesto, y puede darse más adelante, pero no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito. De última, la idiosincrasia del movimiento obrero es que frente a una medida de fuerza luego se negocia algo favorable para los trabajadores. Pero ese clima no está. Incluso los sectores que estaban en conflicto, como el aeronáutico, terminaron cerrando un acuerdo, al igual que la UTA. Indudablemente estamos en un momento donde tenemos que medir cada paso que se da.
— Algunos dirigentes sindicales admiten que hay signos de reactivación económica. ¿Es así?
— En el mundo del trabajo, tanto en el sector privado como en el estatal, no se nota. Por lo menos, no llegó. Si hay alguna reactivación en alguna actividad muy particular, de poca mano de obra, podrá ser, no lo vamos a discutir, pero en el grueso de los trabajadores no ha llegado ninguna mejora.
— ¿Tampoco hay mejoras en materia de creación de fuentes de trabajo?
— Al contrario. Todavía hay expulsión de mano de obra, aunque debo reconocer que en el Estado se ha parado bastante. No estamos en el primer semestre, que fue bastante más duro. Pero de cualquier manera hay casos como, por ejemplo, el sector de la construcción, con la clausura de las obras públicas del interior, que ha ocasionado indudablemente pérdida de fuentes de trabajo.
— Usted asegura que no es el momento para hacer una medida de fuerza, pero está describiendo una situación económica y laboral que no mejora. ¿No es contradictorio?
— Bueno, hay que analizar la coyuntura por un montón de factores porque cualquiera de estas situaciones tiene su correlato en la organización de la política y hoy el oficialismo, que se protege con la conducción del gobierno nacional, también tiene muchísimas internas y el resto de los partidos opositores están bastante fragmentados. Tampoco el sindicalismo puede embanderarse en una lucha sin cuartel, donde en algún momento tiene que descansar en un espacio político. En este momento es inexistente. Por eso no se puede llevar la situación a que la cuerda se corte.
— Mientras UPCN tiene una actitud moderada ante las reformas del Estado, el otro sindicato estatal, ATE, impulsa una política muy activa contra el Gobierno con paros y movilizaciones.
— Y no mueve el amperímetro. Ninguna de esas medidas tuvieron resultados porque lo ideal hubiera sido, en todo caso, que se negociaran mejores salarios o la reincorporación de varios compañeros que fueron expulsados de algunos organismos públicos. Eso no se logró. Logramos mucho más nosotros con planteos sectoriales y luego negociación más que con un conflicto generalizado.
— ¿Quiere decir que, pese a las reformas y los ajustes, en el Estado tampoco están las condiciones dadas para que su sindicato tenga una política de confrontación?
— Totalmente. En este momento, no.
— En la CGT renovaron la decisión de dialogar con el Gobierno y este jueves hubo una primera señal en ese sentido con una reunión tripartita por el sistema de riesgos laborales. ¿Habrá otras convocatorias oficiales para negociar otros temas?
— La pelota está en el campo del Gobierno en este momento. En la última reunión institucional que tuvimos le propusimos el diálogo. Ellos, por lo menos en teoría, aceptaron. Estamos esperando esa respuesta. De cualquier manera, este es un gobierno con el que es difícil generar un diálogo propositivo porque hay muchas diferencias entre los propios funcionarios. Es complicado que el Gobierno se ordene para llegar a un acuerdo concreto con nosotros y con el sector empresario.
— ¿Qué debería suceder ante esta instancia de diálogo tripartito que va a comenzar para que la CGT siga manteniendo una actitud de negociación?
— En la medida en que haya acuerdos en puntos concretos, en una negociación lo importante es que se efectivicen. Si terminan solamente en una foto no sirve para nada. Pero si hay un consenso en algunos temas concretos que involucran tanto a la representación de los trabajadores como a la representación empresaria, donde el Gobierno arbitra los mecanismos para que se ejecute también de común acuerdo, esos son resultados concretos. No sirve si todo termina en reuniones teóricas.
— ¿Es un problema para ustedes Pablo Moyano, que mientras ustedes decidieron no protestar está organizando un paro con movilización para el 5 de diciembre?
— No, no es un problema. La CGT, por suerte, más allá de los matices, tiene un criterio de defender la unidad de la institución y hasta ahora se está manteniendo como Dios manda. Pero a veces habría que conversar un poco más. Estas manifestaciones unilaterales, cuando se hacen públicas, no favorecen a nadie del movimiento obrero, ni a los que quieren hacer algo ni a los que no quieren hacer nada, ni los duros ni los blandos, como se los llama. Es una manera incorrecta de tratar cualquier pensamiento y acción de la CGT. Lo correcto es reunirse y debatir cualquier tema y tratar de acordarlo, tanto sea para un conflicto como para una negociación de común acuerdo.
— No es la primera vez que Pablo Moyano tiene diferencias con los dialoguistas de la CGT. ¿Por qué hasta ahora no pudieron llegar a un acuerdo con él?
— El secretario general de Camioneros es Hugo Moyano. Y cuando hay algún inconveniente como este tema, nosotros hablamos con el secretario general.
— ¿Le consta que Hugo Moyano tiene una postura distinta a la de Pablo?
— Sí, nos consta. Nos lo dijo claramente. Avaló un planteo lógico porque el gremio de Camioneros tiene un montón de responsabilidades. Tiene que negociar sus propias paritarias y sus realidades.
— ¿Hugo Moyano avaló el planteo de la CGT de no hacer medidas de fuerza por ahora?
— Sí, exactamente. El gremio no ha tenido interés en sumarse a este tipo de cosas.
— El proyecto de Democracia Sindical no avanzó en Diputados porque a la UCR y el PRO les faltó solo un voto para aprobar el dictamen, pero lo novedoso es que esta vez los representantes de La Libertad Avanza votaron a favor. ¿Por qué se produjo este giro del oficialismo?
— Es por el mismo desorden que acabo de puntualizar. En algún momento se abstuvieron y ahora aparecen sumándose a este planteo que, por suerte, tampoco pudo prosperar porque lo perdieron por un voto. Otros bloques de diputados jugaron con mucha más coherencia, como el que preside el compañero (Miguel Angel) Pichetto, que fue coherente porque nos dio el respaldo.
— Su sindicato inaugurará un sanatorio en Zárate, con una superficie construida de casi 10.000 metros cuadrados y que generará 500 nuevos puestos de trabajo. ¿Para qué lo hicieron?
— Nosotros tenemos una red de sanatorios propios, construidos y dotados de toda la tecnología médica, con los propios recursos de la obra social y de la organización sindical. No contratamos sanatorios externos. Para nosotros, esta obra es parte de una estrategia: cubríamos la ciudad de Buenos Aires, la zona sur con el sanatorio de Avellaneda y la zona oeste con el de San Martín, pero nos faltaba uno en la zona norte. Descubrimos hace dos años un principio de desarrollo en unos terrenos que eran del municipio en la zona de Zárate Chico, los adquirimos y en dos años y unos meses levantamos este sanatorio. No hay nada de esta calidad asistencial en 200 kilómetros a la redonda. Es una zona de muchas fábricas y con trabajadores nuestros que están en diferentes organismos de ese municipio y de los alrededores. Es un aporte importante para brindar salud de calidad a la región.
— ¿Qué representa esta obra en medio de la enorme crisis del sector de salud?
— Que la administración correcta de los recursos de los compañeros puede dar como resultado obras concretas en un momento muy complejo. Porque indudablemente hay una realidad en la que existen muchas dificultades en el sistema de salud en general. Por eso es un orgullo para el gremio demostrar también que con organización y una administración correcta se pueden hacer obras.
— ¿Cómo califica la política de salud del Gobierno? Porque las obras sociales siguen en crisis.
— En este momento se está intentando reordenar el sector. Algunas cosas que está haciendo el actual ministro de Salud (Mario Lugones) no son negativas; al contrario. En la medida en haya resultados positivos, por supuesto que lo vamos a acompañar. Nos parece que es importantísimo optimizar el sistema de salud porque es un salario indirecto para la familia de un trabajador. Si hay una calidad prestacional, eso alivia su economía y le da un servicio. Entonces todo lo que significa desarrollo e inversión genuina, y donde haya tecnología incorporada, es muy bueno para la sociedad en general.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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