El Ejecutivo se mantiene inflexible ante las demandas provinciales sobre recursos y obras, pero no demorará el giro al Congreso del proyecto para eliminar las PASO, a pesar de que no tendría respaldo suficiente. Los gobernadores de JXC presionan y exigirán un encuentro con Francos, Santiago Caputo y Luis Caputo.
“No hay ninguna reunión prevista con gobernadores en los próximos días”, dijeron esta tarde, tajantes, en la Casa Rosada, mientras corren los últimos días de las sesiones ordinarias -cierran el 30 de noviembre-. Luego de la caída de la reunión de comisión para sacar dictamen por la falta de acuerdo con las provincias, el Gobierno se muestra implacable en su negativa a responder a sus reclamos sobre fondos coparticipables, impuestos y asignaciones específicas, y los Aportes del Tesoro Nacional, además de ciertas obras públicas. Sin embargo, no descarta llamar a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de reforma electoral que impulsa Santiago Caputo. Mientras tanto, los jefes provinciales buscarán tener una reunión con Guillermo Francos y el asesor todotereno de Milei para encontrar una salida.
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Anoche estuvieron reunidos durante unos 45 minutos los gobernadores de Juntos por el Cambio y decidieron que buscarán rechazar el DNU de la deuda para forzar a Milei a negociar el Presupuesto. Habían hecho ese intento la semana pasada, pero el oficialismo los había convencido para que sus diputados se ausentaran para evitar que se lograra el quórum. La sesión se cayó, pero ahora el freno que impuso el Ejecutivo a las negociaciones por el Presupuesto los llevó a reflotar esa carta bajo la manga.
Mientras tanto, en Balcarce 50 están a la espera de que, en todo caso, los mandatarios provinciales les envíen un plan que detalle las áreas donde les parecería adecuado sacrificar fondos, incluidas las pocas obras públicas que están pautadas o en marcha. O bien, que se muestren dispuestos a apoyar el proyecto de reforma electoral que redactó la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal –por orden del asesor presidencial-, que fue anunciada el viernes formalmente, pero aún no entró a la Secretaría de Legal y Técnica, el paso previo a que se gire al Congreso. Según dicen cerca del Presidente, entre la eliminación de las PASO y el fin de los aportes extraordinarios a los partidos políticos en la campaña el Estado lograría un ahorro de 3700 millones de pesos, lo cual ayudaría -aunque no bastaría, ni de cerca- para satisfacer las exigencias de las provincias.
En un inicio, el impulso para esa iniciativa estuvo atado al nivel de consenso sobre la ley de leyes. “Si hay Extraordinarias, es para tratar el Presupuesto”, decretaban en el Gobierno. Pero ayer por la tarde un altísimo funcionario deslizó que no se descarta llamar a sesiones extraordinarias para tratar sólo la reforma electoral. Como sea, tienen previsto enviar esta semana “sin falta” el proyecto al Congreso. Incluso si se vieran forzados a tratarlo el año que viene, cuando estarán a la vuelta de la esquina las elecciones legislativas
En el interior del país los mandatarios de distintos colores políticos evalúan qué hacer, en privado y en conjunto. Paradójicamente, también ellos esperan una señal del Gobierno con una contraoferta, luego de que LLA hiciera caer el encuentro que estaba previsto para mañana para firmar dictamen. “Parece que no quieren el Presupuesto. Está todo muy tranquilo”, deslizó un cacique dialoguista a Infobae, esta tarde, con cierta desazón. Poco después, se generó el encuentro por videoconferencia entre gobernadores dialoguistas y jefes de bloque, de PRO, el radicalismo y Encuentro Federal donde acordaron, entre cierto “desconcierto y malestar”, realizar la maniobra sobre el canje de deuda para forzar al Gobierno a negociar.
Además, pedirán una charla con los máximos exponentes por debajo de Milei. “Intentaremos una reunión con los Caputo y Francos para ver si arreglamos algo del presupuesto”, dijo uno de los mandatarios.
Desde que se planteó esta distancia entre el poder central y el de las provincias sólo hubo un encuentro con gobernadores. El ministro de Hacienda, Luis Caputo, recibió al radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el peronista anti kirchnerista Martín Yaryora (Córdoba), en la sede de Economía para avanzar en el préstamo de 100 millones de dólares que otorgará el Fondo Saudí para la ejecución de los bloques B y C del Acueducto Biprovincial.
La Cámara de Diputados
Los mandatarios son pesos pesados en el mapa político, que presionan particularmente por las cajas jubilatorias y el primero por el impuesto a los combustibles. No obstante, tanto en el Gobierno como en los distritos dijeron que la reunión no se usó para negociar el proyecto que contiene el plan económico de los libertarios para 2025. “No había margen para traerlo (a colación). Sólo se habló del Fondo Saudí”, acotaron.
El Presidente, que acaba de regresar de Río de Janeiro, sigue ocupado, entretanto, con temas de la agenda internacional. Este mediodía recibió largamente en el Salón Blanco a la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y luego ambos brindaron una declaración conjunta. Pero no intervino directamente en las recientes conversaciones con los jefes provinciales.
Sus últimos contactos políticos domésticos tuvieron lugar durante las últimas semanas, cuando los recibió en tandas por partido. Aunque en esos encuentros, según pudo reconstruir Infobae, Milei sólo escuchó reclamos y delineó su plan económico, sin prometer ni responder pedidos específicos. Tampoco se expidió públicamente sobre las dificultades que atraviesa en el Congreso, donde quienes manejan los tiempos y conversaciones son el titular de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert.
El jefe de Estado delegó este tramo de las conversaciones en su asesor, Santiago Caputo, que ordenó mantener una postura dura frente a las demandas que llegan a la administración central. “Que digan ellos de dónde quieren sacar la plata”, dijeron en su entorno.
Además de la reforma electoral, la falta de acuerdo por el Presupuesto hizo caer otras iniciativas que estaban pendientes en el Congreso, como el proyecto de Democracia Sindical, de la UCR; y el de Ficha Limpia, de PRO. Y ayer se venció el plazo para dictaminar otras iniciativas. “Sólo les habíamos prometido votarlo, no conseguir los votos para que lo saquen. Era un mal momento para pedir por otra cosa que no fuera el Presupuesto”, justificaron sobre este último tema, luego de que se cayera la sesión especial que se había pedido la semana pasada, a la que Martín Menem había convocado el martes. En el partido de Mauricio Macri estaban incómodos con el escaso respaldo político que recibieron para poder avanzar con su proyecto insignia.
Menem lleva las negociaciones en el Congreso
Espert dijo en su conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento, anteayer, que seguirían negociando, y dejó abierta la puerta a un llamado a sesiones extraordinarias si hay cierto grado de consenso. Y si bien sólo pasaron 24 horas, el ánimo del Gobierno no era de apuro, sino lo contrario. “No hay nada previsto. Lo más probable es que tengamos que prorrogar el Presupuesto de 2022″, dijo un funcionario.
Sin embargo, algunos aún no se dan por vencidos. Señalan que el principal problema de ese escenario irregular de “prórroga de la prórroga” es que el año que viene se verían forzados a debatir en el Congreso algunos de los eventuales cambios, ampliaciones e incorporaciones de partidas, aún en minoría. Más que el mensaje de falta de institucionalidad hacia los mercados que implicaría no tener aprobado un nuevo presupuesto, los preocupa tener lidiar con estas dificultades en el año electoral, cuando el grado de agilidad del plan económico será vital para un oficialismo necesitado de mostrar resultados para ampliar, a través de las urnas, su presencia en las dos Cámaras.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes