Tras el paro salvaje de la empresa Intercargo en Aeroparque y Ezeiza, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos, por tal motivo, las empresas privadas podrán operar allí. Con la firma del Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 49/2024 donde se aprobó en el artículo uno el “Proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”.
En el considerando de la resolución, el gobierno planteó que “la ley 17.285 (Código Aeronáutico) establece que los servicios aeroportuarios serán regulados y fiscalizados por la autoridad aeronáutica bajo los principios de garantía de la seguridad, libre competencia y acceso a los mercados”.
Además, se remarcó que “se deben desregular las tarifas impuestas por el Estado Nacional, dictadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dejando sin efecto los actos administrativos que las imponen y permitiendo que el mercado, en sana competencia, pueda arbitrar libremente los precios” y “que el rol del operador aeroportuario y del transportista aéreo resultan esenciales para el éxito y la agilidad del sistema”.
Por tal motivo, con el objetivo de garantizar el servicio, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos y estableció que “toda autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general tendrá una duración de 15 (quince) años, desde su emisión y deberá ser renovada automáticamente si se cumpliesen los estándares de seguridad operacional”.
La medida se tomó un día después del paro salvaje realizado por Intercargo a causa de un despido (Foto: Jaime Olivos)
En lo que refiere a aeródromos, se especificó que se dispone que todo explotador “siempre que se garantice la factibilidad operativa conforme su Manual de Aeródromo y cumplidos los estándares de seguridad operacional, deberá autorizar toda base de operaciones y escalas solicitada por los explotadores de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”.
Y se aclaró que en aquellos aeródromos donde la demanda de prestadores supere la oferta de espacios y recursos aeroportuarios disponibles, “la autoridad de aplicación aprobará el método de asignación de los mismos preservando los criterios de la sana competencia”, detalla la resolución.
El Gobierno también definió un artículo en relación al incumplimiento de las Normas Reglamentarias Técnicas Aeronáuticas. En caso de que no se lleve a cabo la actividad “por parte del explotador de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, podrá configurarse como causal de la suspensión temporaria o definitiva de la autorización”.
Asimismo, se indicó que los explotadores de servicios aeroportuariosoperacionales y de rampa en general, tendrán la posibilidad de “negociar libremente sus permisos y habilitaciones entre sí, respetando las condiciones de seguridad, las regulaciones técnicas aeronáuticas y comunicando a las autoridades competentes cuando dicha negociación importe la creación o extinción de un derecho”. Por tal motivo, se indicó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) podrá emitir el Certificado Digital de Explotador de Servicios Aeroportuarios Operacionales y de Rampa a toda persona física o jurídica que lo hubiera solicitado en cumplimiento de los requisitos técnicos.
En cuanto al rol del ANAC, también se remarcó que dicho organismo deberá “elaborar y publicar digitalmente, en su sitio de internet, los modelos de Manuales de Procedimientos Operativos y de Gestión de la Seguridad Operacional y/o cualquier otro documento, requeridos para que el usuario acceda y pueda mantener vigente el Certificado Digital de Explotador de Servicios Aeroportuarios operacionales y de rampa”.
Luego de las severas medidas de fuerza por parte de los gremios que generaron caos en Aeroparque y Ezeiza, el gobierno aclaró que ante una posible ausencia en la prestación de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, serán las “Fuerzas de Seguridad, previa instrucción del Ministerio de Seguridad, podrán explotar de manera temporal y excepcional dichos servicios”.
Manuel Adorni aseguró que la desregulación del servicio “es el fin de Intercargo tal como lo conocemos”
Este martes por la tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado la medida de desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos y aseguró “es el fin de Intercargo tal como lo conocemos”.
“Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros en 10 aviones”, dijo Adorni.
El Gobierno anunció que se desregula el servicio de rampa en los aeropuertos – Intercargo
El vocero fue enfático al describir el rumbo que tiene decidido el Gobierno para ordenar el funcionamiento aerocomercial en el país. “A esta gestión no le tiembla el pulso, no le tembló para sacarle los privilegios al sindicato de Biró y no le tiembla para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, manifestó Adorni.
Luego de la introducción del vocero, tomó la palabra el ministro de Modernización Federico Sturzenegger: “Esto está enmarcado en un proceso de desregulación que empezó el año pasado, empezó con una desregulación de precios ya que teníamos una regulación que impedía bajar los precios a los aerolíneas, no se podía cobrar más barato, y (desregulamos) rutas, habilitando la posibilidad de que muchas más aerolíneas puedan volar libremente por el país”, describió el funcionario.
“Ese proceso culmina hoy con esta norma, que es la desregulación del servicio de rampas”, sintetizó.
Pasajeros de Flybondi que quedaron varados arriba de aviones por una medida gremial
Luego fue el turno del secretario de Transporte, Franco Mogetta: “Es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular”, dijo el funcionario. Mogetta destacó que la medida traerá soluciones al sistema: “no era tanto el problema de habilitar las rutas, porque las aerolíneas no contaban con la posibilidad de tener servicios de rampas. Acá habilitamos a que nuevos actores puedan incorporarse para prestar ese servicio”, explicó.
En esa línea Mogetta anticipó algo que también explicarían sus pares, el servicio de rampa, a partir de ahora, podrá ser brindado por nuevas empresas, aunque no formen parte de las aerolíneas. “Autorizamos a empresas aunque no sean líneas aéreas. Estos servicios eran un cepo más del sistema macabro que se había creado en Argentina”.
A su turno, Patricia Bullrich anunció que el Ministerio de Seguridad habilitará a las fuerzas federales a intervenir en caso de que los gremialistas no quieran operar. Esa medida entro en vigencia en la protesta de hoy, pero será una forma de proceder de acá en adelante, de acuerdo a lo expresado por la ministra. “Estoy instruyendo a la PSA y al resto de las fuerzas federales a descargar de manera inmediata el equipaje detenido en Aeroparque mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga salvaje de Intercargo. En pocos minutos estarán descargando el equipaje que está en las aeronaves. Si esto sucediera en otros aeropuertos se procederá de la misma manera. Vamos a trabajar rápido para que la gente pueda salir”, indicó sobre la protesta de hoy.
“Ayer fue uno de los peores días de la historia aeroportuaria del país. Bajamos 18 personas en ambulancias con ataques de nervios, desmayos, hipertensión, enfermos de leucemia con crisis nerviosa. Fue absolutamente extremo. Abandonaron a las personas con un calor extremo, gente que sufrió situaciones terribles”, agregó.
“46 millones de argentinos pagan los sueldos de empleados de Intercargo que le hacen la vida imposible. Se acabó”, enfatizó Bullrich.
Luego de la conferencia, la ministra de Seguridad publicó un mensaje en sus redes sociales
Sobre la actuación de la PSA durante el miércoles, la ministra de Seguridad detalló: “PSA bajó ayer a 1500 pasajeros, habilitó todas las ambulancias, 18 tuvieron que usar los servicios de sanidad, demoró muy poco, pero demoró hasta que se consiguieron escaleras para bajarlos. Estaba secuestrado el material. Había 10 aviones 6 en Ezeiza y 4 en Aeroparque. Todos fueron bajados por PSA. En el último, cuando se dieron cuenta de que íbamos por todo, Intercargo puso la escalera en el avión. Tuvieron abandonadas a las personas, no podían bajar y había gente con ataque de pánico. El trabajo fue impresionante”.
Una de las consultas a Sturzenegger fue cómo se aplicará este protocolo en los aeropuertos del país que sean más chicos que Ezeiza o Aeroparque: “En los aeropuertos pequeños será el propio operador y autoridades del autódromo el que va a definir qué necesitan para operar. Eso va a permitir que incluso estos servicios de rampas los ofrezcan empresas locales. En Villa María, por ejemplo, pueden aparecer ofertas de servicios locales. Estoy seguro de que van a aparecer muchas empresas”.
La exposición de los funcionarios nacionales se extendió por casi media hora. Las medidas anunciadas serán publicadas en el Boletín Oficial.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes