Se trata de trece tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentran el 80 por ciento del tránsito. Hoy están en manos de una empresa estatal. El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral. No habrá canon pero tampoco subsidios
El Gobierno de Javier Milei espera poner en marcha en diciembre su plan de dos etapas para tener listas las concesionesa mediados de 2025 más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas de la Argentina. Se trata de 13 corredores que actualmente están administrados por el Estado a través de la empresa pública Corredores Viales S.A., otras que se le vencen a la privada Caminos del Río Uruguay S.A. y tramos nuevos que aún se encuentran sin adjudicar. La proyección es de un ahorro equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años, según detallaron a Infobae fuentes oficiales.
El sistema “Red Federal de Concesiones” contempla un proceso de licitación pública nacional e internacional bajo el régimen de la Ley N°17.520, de concesiones, y que fue modificada por la Ley N° 27.742 o “Ley Bases”. El procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, y por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. No se trata de un modelo de construcción de nuevas rutas y/o autopistas.
Vialidad Nacional
La primera etapa está integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Rosario-Victoria. La convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, con adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda, compuesta por los tramos I al X y algunas de las principales rutas nacionales del país, se licitará en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.
Al momento de adjudicar se elegirá la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, pero no habrá ningún canon al Estado pero tampoco subsidios para las compañías. Sin embargo, los precios de los peajes continuarán siendo los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se garanticen las condiciones óptimas de transitabilidad de los corredores: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical, al igual que iluminación.
El Estado definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, que estará especificado en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se indexarán según fórmulas prefijadas que contemplan diversos índices del Indec, aunque no hubo más precisiones.
Vialidad Nacional
El sistema “Red Federal de Concesiones” fue presentado el 29 de octubre por el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, y contó con la asistencia Caputo y el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, y de otras autoridades nacionales. Además, participaron representantes de sectores empresarios, organismos y bancos multilaterales como como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), YPF y el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto a cámaras empresariales y asociaciones del ámbito vial, del transporte y del comercio.
Primera etapa: el Corredor 18 y las rutas del noreste
El proyecto comenzará con la concesión de dos tramos del Corredor 18, cuya concesión vence en abril de 2025 y que incluye la Ruta Nacional 12, la Ruta Nacional 14 y el Puente Rosario-Victoria. Este corredor atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y representa una vía de conexión clave entre el centro y el noreste del país.
El Gobierno convocará a la licitación en diciembre de 2024, con el objetivo de adjudicar el tramo en abril de 2025, lo que permitirá que las empresas concesionarias se hagan cargo de la infraestructura de inmediato. Este corredor es estratégico por la intensidad del tránsito que soporta, tanto para transporte de carga como para vehículos particulares. Según el proyecto, se espera que la empresa que obtenga la concesión garantice una serie de condiciones en la infraestructura antes de aplicar las tarifas acordadas.
Segunda etapa: expansión de la concesión a 8.470 kilómetros adicionales
La segunda fase del proyecto de concesión abarca una porción mayor de la red vial nacional, sumando 8.470 kilómetros de rutas, la mayoría de los cuales están actualmente gestionados por Corredores Viales S.A.. En esta fase se incluyen rutas que anteriormente no estaban concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y un tramo de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. Esta etapa se dividirá en once tramos, y el proceso de licitación se abrirá en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio.
Este conjunto de rutas representa el 20 por ciento de la red vial nacional pero concentra el 80 por ciento del tránsito de la red, lo que implica que su mantenimiento es crítico para la economía y la logística nacional. Al otorgar la concesión de estas rutas, el Gobierno espera reducir los gastos de mantenimiento y liberar recursos para otras áreas prioritarias, garantizando que los concesionarios cumplan con estándares de calidad específicos.
Estructura del nuevo sistema de concesiones
El esquema de concesiones propuesto introduce varias características que buscan mejorar la gestión de las rutas y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Entre los elementos clave del proyecto se incluye la concesión autosustentable. Según los términos, las empresas que resulten concesionarias no pagarán un canon al Estado y se financiarán exclusivamente con la recaudación de peajes. “Este modelo autosustentable reduce la dependencia de fondos públicos, asegurando que las concesionarias sean responsables de su solvencia financiera”, explicó el Gobierno.
Además, el sistema implementará un criterio de “mejor tarifa ofertada” para adjudicar los tramos. Bajo esta premisa, se seleccionará la oferta con la menor tarifa de peaje para el usuario, en un intento por reducir el costo directo de los servicios de infraestructura en comparación con los sistemas de concesión anteriores. Las tarifas estarán sujetas a una actualización trimestral mediante fórmulas prefijadas que tomarán en cuenta diversos índices económicos del INDEC.
Para mejorar la transparencia y garantizar la competencia, el proceso de adjudicación estará abierto a la participación de actores no solo del ámbito de la construcción vial, sino también de otros sectores del ámbito privado, lo que podría incluir empresas de tecnología y transporte, entre otros. Esto, afirman las autoridades, busca generar un ambiente de competencia donde se beneficien tanto los usuarios como el Estado.
Cronograma del proceso de licitación
Condiciones de transitabilidad y actualización de tarifas
Uno de los requisitos específicos que deberán cumplir las concesionarias es mantener las rutas en condiciones óptimas antes de aplicar tarifas nuevas. Esto implica que, antes de poder ajustar las tarifas, las empresas tendrán que asegurar bacheo, mantenimiento de banquinas, señalización y iluminación en el tramo concesionado. Esta medida pretende asegurar la calidad de la infraestructura y evitar situaciones de abandono o deterioro que afecten a los usuarios.
En cuanto a las tarifas, cada pliego de licitación establecerá un tope tarifario que las concesionarias podrán cobrar, y este valor se actualizará trimestralmente. La fórmula de actualización tomará en cuenta indicadores de costos e inflación publicados por el INDEC, lo que permitirá a las empresas ajustar las tarifas sin afectar bruscamente a los usuarios.
Incorporación de tecnología y pesaje dinámico
El nuevo esquema de concesión también busca actualizar los sistemas de pesaje para controlar la carga de los vehículos, evitando el deterioro prematuro de las rutas causado por exceso de peso. En este sentido, se incorporarán controles de pesaje dinámico y se actualizarán los sistemas de control estáticos, lo que permitirá una fiscalización más eficiente. Estos controles no solo protegen la infraestructura, sino que también contribuyen a reducir los gastos de mantenimiento a largo plazo, evitando el desgaste desproporcionado de las rutas.
Además, se implementarán métodos de pago dinámicos, promoviendo el uso de vías TelePASE y sistemas de pago sin detención o free-flow. “Este sistema facilitará el flujo vehicular y reducirá la congestión, mejorando la experiencia de los conductores y minimizando el tiempo de espera en los peajes. El free-flow se incorporará de forma progresiva en los tramos de mayor tránsito”, sostuvieron.
Control estatal y auditoría de las concesiones
El rol de Vialidad Nacional será clave en la supervisión de las concesiones, ya que el organismo actuará como ente de control y se encargará de auditar el estado de las rutas y de verificar que las empresas concesionarias cumplan con los objetivos de calidad y mantenimiento. A través de inspecciones regulares, se medirán parámetros como el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales para la seguridad y transitabilidad. Este sistema de control garantizará que los usuarios reciban un servicio de calidad, a la vez que permitirá la intervención estatal en caso de incumplimientos.
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
El objetivo cada vez más explícito del Gobierno es mostrar el éxito alcanzado en la lucha contra la inflación. Y sobre todo transmitir que el ajuste fiscal y el control del gasto público finalmente tienen su premio.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
Aún con todo lo positivo, el dato de mayo tuvo algunas señales amarillas. Por un lado, la fuerte desaceleración en alimentos se explicó por fuertes caídas de precios en frutas y verduras, algo que difícilmente se repita hacia adelante. Por otra parte, la inflación núcleo -que excluye productos regulados y estacionales- se mantuvo bastante más arriba, arrojando un 2,2%.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Con estos datos, la pregunta razonable es si semejante caída de la inflación es sostenible en los próximos cuatro meses, es decir en la previa electoral.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
Se trata de una planta cuya principal actividad es la producción de líquidos derivados del gas natural —etano, propano, butano y gasolina natural— con una capacidad anual superior a 1.050.000 toneladas. “Además, allí, se realiza el fraccionamiento y envío de estos líquidos por ductos hacia la Planta Galván, también de tgs, donde se almacenan antes de su despacho al mercado local y regional”, explicaron desde la empresa cuyo 51% pertenece en partes iguales a Pampa Energía y a un grupo de inversores liderado por la familia Sielecki.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
“A pesar de la magnitud del evento climático y del hecho de que el complejo alberga dos plantas compresoras esenciales para el sistema de transporte de gas natural, TGS nunca interrumpió la provisión del servicio. Gracias a una rápida respuesta operativa y a la implementación de maniobras extraordinarias, la compañía logró mantener la continuidad del suministro con los más altos estándares de seguridad, garantizando así el abastecimiento de gas natural en todo momento”, cerró el comunicado de TGS.
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
El presidente del organismo, Roberto Silva, indicó que esta medida se enmarca en una política general de remoción de trabas al funcionamiento del mercado de capitales. Según el comunicado oficial, la CNV buscó avanzar con la normalización de operaciones y acompañar la estrategia general del Ejecutivo nacional, que prioriza el financiamiento en moneda extranjera sin intervención directa del Banco Central.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
El Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.