A pesar de las tomas y los salarios docentes que siguen a la baja, el conflicto universitario giró hacia el lado que más le interesa al gobierno: el de las auditorías. Días atrás, el Ejecutivo autorizó a la SIGEN a hacer auditorías sobre las universidades nacionales, algo que estaba prohibido desde que en 2022 el entonces procurador Carlos Zannini había dictaminado que sería violatorio de la autonomía de las Casas de Altos Estudios, ya que la SIGEN audita a organismos gubernamentales. Para las universidades históricamente se destina como órgano la Auditoría General de la Nación (AGN) que la actual gestión desfinanció y aún no tiene su nómina de autoridades completa.
En ese marco, la UBA denunció una «intervención» del gobierno en las universidades, a través de la SIGEN, y aseguraron que irán a la Justicia para que sea ella quien decida qué ente debe auditarlas. Además, difundieron en su web todas las auditorías que les efectuaron.
«Por disposición unilateral, las universidades nacionales serán auditadas también por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que la SIGEN no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso», remarcó el rector Ricardo Gelpi.
«Esto no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorias. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto por lo que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que, desde allí se decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuadra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el poder judicial decida», acotó.
Además, anunciaron que realizarán una convocatoria nacional e internacional «para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la Universidad, a fin de seguir brindando información transparente a la ciudadanía».
Las auditorías a las universidades y la SIGEN
Matías Ruiz, secretario de Hacienda y Administración de la UBA, subrayó que hoy la Universidad de Buenos Aires ya es auditada por todos los organismos previstos por las leyes vigentes: «Y rinde cuentas de todos los fondos que recibe y ejecuta. Es uno de los entes más controlados y auditados del sector público».
«De ningún modo nos oponemos a las auditorías. De ningún modo. Todo lo contrario. Pero siempre dentro del marco de la ley», aclaró.
Y repasó las distintas auditorías que se les realizan a las universidades:
- Auditoría General de la Nación: Es el órgano de control externo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior, la Ley de Administración Financiera y la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. La AGN depende del Congreso. En el caso particular de la UBA, la AGN desarrolló actividades de auditoría durante los años 2021, 2022 y 2023.
«Por si quedase alguna duda de la voluntad de la UBA de continuar con las auditorías externas: el propio Rector de la Universidad solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir su Plan de Auditoría del próximo año», añadió.
Los informes de la AGN están publicados en la página web del organismo y, las auditorías que la AGN hizo en la UBA, pueden encontrarse en la página web de la Universidad.
- Poder Ejecutivo Nacional: de acuerdo con las normas vigentes, la Universidad le rinde cuenta todos los meses al Poder Ejecutivo. «Y le rinde cuentas del 100% de los fondos que ingresan y egresan. Esos informes, le llegan mensualmente al Subsecretario de Políticas Universitarias, área que depende actualmente del Ministerio de Capital Humano», remarcó Ruiz.
En esos informes, se detalla la ejecución de los gastos de funcionamiento (que son el 10% de los gastos totales de las universidades, el resto son salarios, justamente lo que más recortó el gobierno) utilizando los clasificadores del gasto establecidos en la Ley de Administración Financiera.
«Esta ejecución de gastos de funcionamiento que se remite al Ejecutivo está disponible a toda la comunidad en la página web de la UBA. También se remite al Poder Ejecutivo la ejecución de pagos de salarios, a máximo nivel de detalle, incluyendo la nómina completa persona por persona. Salario por salario –destacaron–. También se le informa al Poder Ejecutivo la aprobación de cada presupuesto anual que realiza el Consejo Superior de la Universidad y que también está disponible en la página web de la Universidad».
- Poder Legislativo: la UBA remite a la Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, sus Estados Contables con todos los cuadros de cierre informativos correspondientes, en dos ocasiones cada año: un cierre intermedio con fecha de corte 30/6 y un cierre anual con fecha de corte 31/12: «Ambos son consolidados por el Ministerio de Economía de la Nación e incluidos en la Cuenta de Inversión que es remitida para su rendición de cuentas al Congreso de la Nación».
Estos balances contables y cuadros de cierre anuales también están disponibles a la ciudadanía en general, publicados en la página web de la Universidad.
- Auditoría General de la Universidad, que tiene a su cargo el Control Interno en la Universidad («es exactamente la misma tarea que la SIGEN tiene para el Poder Ejecutivo»). Según informaron, la Auditoría de la Universidad ha realizado en los últimos 4 años 339 informes. Todos ellos disponibles en la página web de la UBA.
«Por último, es auditada y le rinde cuentas a toda la sociedad a través de la publicación, en la web institucional de los informes de su auditoría interna, pero también a través del desarrollo de sus políticas de transparencia y publicación de la información presupuestaria, financiera y contable», completaron.
«Es falso»
«Es falso que la Universidad de Buenos Aires no es auditada. Cuando alguien afirma, aunque lo repita mil veces, que la UBA no es auditada (o que no quiere ser auditada), lo que dice es lisa y llanamente falso. Quien afirma esto, lo hace con un objetivo diferente, o para confundir. Son auditadas y rinden cuentas en múltiples instancias. Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. Recibe la información presupuestaria, financiera y contable de la Universidad en tiempo y forma», explicó Ruiz.
«Queremos que las auditorías sean más. Pero siempre dentro del marco de la Constitución y de las leyes –continuó–. De continuar fortaleciendo la política de transparencia y, adicionalmente a la solicitud del Rector a la AGN de nuevas auditorías externas en 2025, esta Universidad ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que estudios profesionales e independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la Universidad. Lo hacemos con el fin de seguir brindando información indubitable a la ciudadanía respecto de la robustez del sistema de control interno que rige en la UBA y el cumplimiento de todas las normas y principios que rigen en la materia. Actualmente nos encontramos trabajando con especialistas y profesionales en el tema, diseñando las especificaciones técnicas de la convocatoria. Los resultados y conclusiones de esta convocatoria van a ser puestos en conocimiento de toda la comunidad a través de la página web de la Universidad».
En referencia a las auditorías internas, comentaron que en el caso de la UBA, su auditor interno es independiente de la administración universitaria. Al titular de la auditoría interna no lo elige el Rector. Es designado por el Consejo Superior, que es un órgano colegiado donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos: «En el caso del Poder Ejecutivo, al titular de su auditoría interna (la SIGEN) lo elige a dedo el propio presidente».
Ruiz agregó que «en el caso del Poder Ejecutivo, la realidad es que la transparencia es menor. La SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía. La SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. La actividad de la SIGEN no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos».
De los organismos más auditados
La UBA apunta que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad. Además, puso a disposición los últimos trabajos de control realizados por estos organismos, a los que se puede acceder en este link.
El secretario general, Juan Alfonsín, añadió: «La UBA sostiene que el Poder Ejecutivo y la SIGEN no tienen facultades legales para realizar el control interno de las universidades. Aún frente a ese convencimiento, la Universidad de Buenos Aires, el viernes pasado, inicio una acción declarativa de certeza para que la Justicia declare quién posee las facultades del control interno de las universidades y que declare inconstitucional cualquier intervención del Poder Ejecutivo y la SIGEN, en base a una norma inferior a la ley».
A su vez, solicitaron una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo y la SIGEN «se abstengan de realizar cualquier medida vinculada con intervenciones a esta universidad careciendo de competencia para ello».
Enfatizó que la SIGEN tiene competencia exclusiva para ejercer el control interno, sólo en las dependencias del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados y sus empresas y sociedades: «Las Universidades Nacionales no son organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo. La autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales implican la independencia absoluta del Poder Ejecutivo. Por eso el control interno no le corresponde y si quisiera ser el control externo, tampoco, porque se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación. Por el actual desconocimiento de la SIGEN y del PEN nos hemos visto obligados a recurrir a la Justicia, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley».
Para Milei, son «todos chorros»
En declaraciones radiales, Milei optó por seguir en su tónica de siempre: la confrontativa y el ataque. «Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace las paga», afirmó.
En esa línea, continuó: «Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina; se acabaron las castas».
Sobre la judicialización del conflicto entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno, acotó: «Parece que están mucho más sucios todavía».
Mientras tanto, en una asamblea interfacultades propusieron como fecha para la Tercera Marcha Federal Educativa el 12 de noviembre.
Además votaron el corte de todas las universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y una movilización para el viernes 1° de noviembre hacia el Obelisco.
