En la Casa Rosada denuncian un intento de desestabilización contra un oficialismo en minoría legislativa, y apelarán a las inconsistencias entre las fuerzas que impulsan la reforma. Buscarán plantarse con ayuda de PRO tras el inicio del debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero en la fuerza que conduce Macri dicen que no tienen una posición tomada
El Gobierno está siguiendo desde la semana pasada, de reojo, el plan iniciado por la oposición dura para modificar la ley de DNU que complicaría la gobernabilidad de Javier Milei. Si se aprobara, la iniciativa les restaría a los libertarios herramientas para administrar mientras son minoría en el Congreso, y los funcionarios del ala política del Presidente, encabezados por Guillermo Francos, con intervención del asesor Santiago Caputo y ayuda del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, empezaron poner en práctica un plan para socavar el plan de los partidos más distantes.
Los sondeos del oficialismo empezaron el martes previo a la marcha universitaria, cuando el foco principal de la agenda estaba puesto en los fondos para la educación superior. Desde el día 1 el intento de Unión por la Patria y Encuentro Federal de avanzar con alguno de los 16 proyectos que están presentados genera incomodidad en el Gobierno, sobre todo porque los obliga a hacer frente a una embestida que no estaba en sus planes, en paralelo al debate que más les importa, por la aprobación del Presupuesto 2025.
“Llama la atención que estén yendo en contra de una ley de Cristina Kirchner”, chicanearon en el Palacio de Gobierno. Se refirieron a la sesión de 2006, cuando la entonces senadora por el oficialismo durante la presidencia de Néstor Kirchner contribuyó a sancionar la ley 26.122 que reguló el tratamiento de los DNU en el Congreso.
En ese momento, la norma estableció el proceso de revisión de los decretos por parte de una Comisión Bicameral, con el argumento de que facilitaba la gobernabilidad en situaciones críticas. Ahora, la fuerza de la ex presidenta iría en contra de un mecanismo que impulsó su principal líder (que, por otro lado, no se expidió aún al respecto), para que sólo sea necesario que una de las cámaras rechace un decreto del Ejecutivo.
Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados
Un funcionario del Gobierno despotricaba contra el kirchnerismo ayer por la tarde, poco antes del inicio del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada de PRO Silvia Lospennato, que se vieron obligados a apurar una reunión a instancias de los opositores. La estrategia del Gobierno apunta a evitar un dictamen el 30 de octubre, cuando vence el plazo que logró establecer la oposición. Para eso necesitarían lograr que no firme la mitad de los diputados que conforman las dos comisiones mencionadas.
En caso contrario, advirtieron cerca de Milei, avanzarán sin dudarlo con un tercer veto. “Estamos de acuerdo con el tema de fondo. Pero no con el momento”, sostuvo un alto funcionario.
En este escenario, los libertarios quedaron nuevamente obligados a una tarea que los irrita: negociar con los aliados del PRO. Como es habitual, en el ala proclive a una fusión con el oficialismo, que responde a Patricia Bullrich, deslizaron ayer en reunión de bloque que el partido debería dificultar el debate a la oposición y favorecer a Milei. Incluso hablaron de “demorar” la discusión lo más posible, o de “bloquearla”. “No hay ningún tipo de chance de que el PRO vote a favor de una medida que sería muy destructiva para el Gobierno”, dijeron en el sector bullrichista.
Miguel Ángel Pichetto y Javier Milei
Sin embargo, en el ala mayoritaria, que responde al liderazgo de Mauricio Macri, acotaron que “el PRO aún no definió una postura”. Se repite, así, la historia de las conversaciones previas a los vetos por los fondos para jubilaciones y universidades, donde los amarillos dilataron su posicionamiento a la espera de que el Gobierno esuchara y respondiera sus reclamos. “Van y vienen”, dijeron referentes violetas al tanto de las conversaciones, por ahora informales, con los macristas.
En La Libertad Avanza perciben un intento desestabilizador de parte de los diputados más distantes. “Al único gobierno al cual le boletean un DNU, le vienen a restringir el uso de los DNU. Todos los ‘republicanos’ fueron oficialistas y nunca lo quisieron modificar. Ahora les parece oportuno”, ironizó un diputado nacional de las huestes de Milei en referencia al rechazo del DNU 70 en el Senado. “Son muy reglamentaristas cuando les conviene. Están jugando con fuego fuerte. Un ejecutivo debil no es bueno. Ni en nuestro gobierno ni en ningún otro”, dijeron.
Por lo pronto, ayer la Cámara de Diputados empezó a evaluar los distintos proyectos para reformar la ley que regula la sanción de los DNU. Son tantos como 16, y por ahora, los opositores no están alineados por completo para conseguir los dos tercios necesarios para avanzar. Incluso, como adelantó Infobae, en Unión por la Patria, el bloque que tendrá que aportar la mayoría de las firmas para que prospere alguno de los dictamenes posibles.
Por lo pronto, los aliados del PRO más cercanos, en esa reunión informativa, dejaron entrever una estrategia para ayudar a la Casa Rosada. Por caso, la diputada Silvana Giudici deslizó que, al ser un tema “demasiado profundo, es algo que no se puede abordar en tres sesiones”. Del otro lado, los impulsores del proyecto aseguran que una demora sería contraria al reglamento. En el Gobierno siguen el tema con preocupación, y advierten que no dejarán que prospere, incluso si llegara al recinto y se aprobara.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes