La cartera a cargo de Mario Lugones ordenó un relevamiento sobre el personal del centro de pediatría de referencia nacional y designó, a través del Boletín Oficial, a las nuevas autoridades del Consejo de Administración
El conflicto en el Hospital de Pediatría Garrahan presenta un nuevo giro. Mientras los trabajadores solicitan un aumento salarial del 100% y el Gobierno Nacional oficializó ayer el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, a la par el Ministerio de Salud realizó un relevamiento sobre el personal que se desempeña en el centro sanitario y determinó que los “cargos jerárquicos”se incrementaron un 59% en los últimos 10 años: de los 349 que había en 2014 se pasó a los 556 actuales.
Como contrapartida, el “personal asistencial” -médicos y gente de enfermería- del Hospital Garrahan pasó de 3.284 en 2014 a un total de 4.296 en 2024. Esto es un incremento del 36%. La plata total del centro de salud de pediatría, que además es de referencia nacional, es de 6.648 personas.
Para los funcionarios de La Libertada Avanza, los sueldos de “entre tres y cuatro millones de pesos mensuales” que cobran por mes los que forman parte del personal jerarquizado pone en riesgo el aumento salarial; sólo en esas 556 personas se destinan unos dos mil millones de pesos mensuales, según los cálculos de la cartera a cargo de Lugones.
El Ministerio de Salud de la Nación designó a las nuevas autoridades del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan
Una fuente del Ministerio de Salud le dijo a Infobae: “La plata para el aumento al personal de salud del Garrahan está en su presupuesto, pero se queda en el aumento de cargos jerárquicos de la última década”. En ese sentido, apuntó: “Para el ejercicio 2025, el presupuesto del Ministerio de Salud asciende a $5,2 billones, de los cuales $3,2 billones corresponden a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), $0,6 billones a los organismos descentralizados y $1,3 billones a la administración central”. El mismo funcionario aclaró: “Sin considerar la ANDIS, el Ministerio de Salud y los organismos descentralizados incrementan su presupuesto en 2025 respecto de 2024 en un 23% aproximadamente”.
Para los colaboradores de Lugones, “esto significa que habrá continuidad presupuestaria y aumento de montos para los hospitales que dependen del Ministerio de Salud”.
En medio de estas disputas con el Gobierno, el Senado escuchará mañana testimonios de médicos de una de las instituciones pediátricas más reconocidas del país, quienes están en tensión con los funcionarios de La Libertad Avanza por una recomposición salarial.
No son las únicas novedades que involucran al hospital de pediatría. Ayer, a través de las resoluciones 4800/24 y 4787/2024 publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación designó a las nuevas autoridades del Consejo de Administración del centro de salud, que ya habían sido nombradas el 2 de octubre por el ministro Lugones.
El Hospital Laura Bonaparte, otro conflicto abierto. El Ministerio de Salud anunció su reestructuración (ATE)
La presidencia estará a cargo de Soraya Anis El Kik, quien estará acompañada por Roberto Agustín Dalmazzo y Jorge Menehem, como consejeros. Anis El Kik es médica pediatra especialista en administración hospitalaria y desempeña funciones en el hospital desde 1989. Por su parte, Dalmazzo es contador público y viene de ser director del hospital. Menehen es médico pediatra, neumonólogo, presidente de la Fundación Garrahan, y empezó a trabajar en el hospital en 1989.
A través de la normativa, también se dispuso que los representantes del Gobierno Nacional en el Hospital Garrahan sean tres, y no cuatro como sucedía anteriormente. La medida se tomó después de que ministro de Salud pidiera la renuncia de todos los integrantes del Consejo de Administración, tras la decisión de otorgar un bono de $500.000 al personal del hospital.
Fuentes cercanas a la cartera de Salud señalaron a Infobae que la decisión de otorgar el bono no fue consultada ni evaluada con el Gobierno, lo que generó malestar entre las autoridades, sobre todo teniendo en cuenta el elevado salario de los miembros del Consejo. “Cada integrante del Consejo percibe unos 5,5 millones de pesos mensuales, lo que generó incomodidad dentro del hospital y apuró la decisión de comunicar el bono sin haber realizado los procedimientos necesarios”.
Acto seguido, el ministro Lugones solicitó la renuncia de todos los miembros del Consejo y dispuso la devolución del bono correspondiente a los consejeros. No obstante, el bono al personal del hospital ya había sido depositado, y fue respetado en su totalidad, exceptuando a los integrantes del anterior Consejo de Administración.
El conflicto de intereses derivó en reclamos y medidas de fuerza. LaAsociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizó un cese de actividades el 8 y 9 de octubre “en demanda de un aumento salarial del 100% y un salario inicial de $1.400.000″. El pedido se extiende al Gobierno Nacional y al porteño que conduce Jorge Macri, ya que el hospital depende de un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% de gestión de la Ciudad de Buenos Aires.
“El tema de los hospitales es un tema que tenemos que clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga a su cargo hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias”, planteó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos Foto: Matías Arbotto
Ayer, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud aseguró que “ante las medidas de fuerza y protestas que están impulsando los médicos y trabajadores del Garrahan”, se informa que “el servicio de Emergencias sigue funcionando con la guardia de 24 horas y los pacientes que asisten al hospital son atendidos en el área de emergencia”.
La cartera de Salud también aclaró que “se realizan con normalidad las cirugías de las personas que ingresan por este servicio en estado de gravedad, como es habitual”, y agregó que “en las áreas de internación y terapias, todos los pacientes internados tienen asegurada la asistencia”.
El funcionario de La Libertad Avanza, en declaraciones a radio Mitre, opinó que “no tiene lógica que la Nación tenga un hospital acá y no lo tenga en otro lugar” y que “es un tema que tenemos que considerar”. Vale considerar que el 20% de los fondos del Garrahan provienen de la Ciudad de Buenos Aires.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.