El jefe del PRO avaló el rechazo a la ley de financiamiento universitario, pero volvió a marcar fuertes críticas a la gestión. ¿El destinatario? Santiago Caputo. La alusión elíptica a Sandra Pettovello. La frase que fastidió al Presidente. La conveniencia electoral.
En un nuevo capítulo de la relación de mutua conveniencia que los atraviesa desde el inicio de la gestión libertaria, Mauricio Macri definió en las últimas horas que el PRO acompañará al gobierno en el veto a la ley de financiamiento universitario de cara a la sesión especial convocada para este miércoles, y Javier Milei se aseguró con ese apoyo quedar muy cerca de evitar una derrota en el Congreso que, tras la multitudinaria movilización de la semana pasada, volvería a dejarlo, como en el triple traspié parlamentario del mes pasado, en una situación de extrema fragilidad política.
La decisión del PRO se conoció en la tarde de ayer, después del encuentro virtual que Macri encabezó desde el exterior -vuelve el fin de semana de un viaje programado- con un grupo de legisladores y colaboradores cercanos –Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Fernando de Andreis, entre otros-, con un comunicado que argumentó la posición partidaria bajo la “necesidad de sostener el equilibrio fiscal” y respetar “la Ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia”.
El texto, de todos modos, también abundó en críticas a la gestión del Gobierno en torno al conflicto universitario: “Habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado”. “Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”, subrayaron.
Macri entendió que, más allá de la batería de reproches que acumula sobre la gestión y las diferencias insalvables con el entorno presidencial, su bloque en Diputados tiene que sostener este miércoles la votación de hace algunas semanas en contra de la ley de financiamiento de las universidades públicas. “Ahora quieren voltear con el veto lo que votaron antes”, se escuchó en la reunión de ayer. Prevaleció, en ese sentido, la postura de Santilli, que pidió “coherencia”, como él mismo mantiene desde que Milei se hizo cargo del gobierno con sus constantes, y comentados, guiños al Ejecutivo.
El domingo, un rato antes de que el jefe del PRO posteara en sus redes un texto crítico del manejo de los fondos por parte de las autoridades de la UBA, interpretado como un apoyo al Gobierno, “El Colorado” se manifestó públicamente, sin consulta previa, a favor del veto. Le escribieron, en agradecimiento, desde Karina Milei y Santiago Caputo hasta Eduardo “Lule” Menem y Guillermo Francos.
Cristian Ritondo (Jaime Olivos)
El ex presidente revalidó ayer esa postura interna -Ritondo tendrá ahora el desafío de aglutinar a todos los legisladores en la reunión de bloque de hoy tras la decisión de algunos, como Álvaro González, todavía alineado con Horacio Rodríguez Larreta, de anticipar el voto en contra del veto- en medio de una creciente incertidumbre por parte del Gobierno por la relación con su principal aliado político, por la reiterada reprobación del ex mandatario a la gestión y un posible revés de ese sector que, de concretarse, hubiera significado un antes y un después en el vínculo.
“Mauricio está cada vez con menos paciencia por minuto”, transmitió ayer un colaborador bien cercano.
Algunos dirigentes del PRO, sin embargo, estaban ayer algo desconcertados por la posición partidaria.
El ex jefe de Estado no tenía, dicen, mayores alternativas. Es que, más allá de las notorias diferencias y el malhumor que acumula, y de que pretende reanimar a un partido que entró a terapia intensiva tras las elecciones del año pasado, sabe que buena parte de su electorado ya fue absorbido por La Libertad Avanza y es parte de la red de contención que sostiene al gobierno.
“Hay una cosa de conveniencia electoral también: preferimos quedar votando con el Gobierno y no con el tren fantasma”, sostuvo ayer un dirigente que participó del zoom, en alusión a la presencia de dirigentes como Sergio Massa, Pablo Moyano o Martín Lousteau en la movilización de la semana pasada. El mismo artilugio discursivo que la Casa Rosada.
Esa urgencia política que incomoda a buena parte del PRO, y a Macri en particular, por la obligación de tener que adherir de manera casi recurrente al posicionamiento de Milei es igual de proporcional a la necesidad del Ejecutivo de tener que acudir constantemente a su principal aliado para sostener la gobernabilidad.
Por esa razón, el jueves pasado, el Presidente le pidió a Santiago Caputo, su asesor estrella y más encumbrado interlocutor con el sistema, que se reuniera con Macri en unas oficinas cercanas a la Casa Rosada para explorar un acercamiento.
Fue después de que trascendiera el encuentro del ex mandatario en su casa de la zona norte del Gran Buenos Aires con el bloque de senadores del PRO. Y que se filtrara una frase de su autoría que, según su entorno, no salió de su boca: “Para que voy a seguir yendo a comer milanesas si no se cumple nada”.
Esa frase causó un notorio fastidio personal en el propio Milei, que hace semanas no habla con el ex presidente, después de una seguidilla de comidas a solas en Olivos. Según colaboradores del PRO, Macri dijo: “Al final voy y nunca pasa nada”.
Sandra Pettovello, Javier Milei y Alejandro Álvarez, a cargo de la política universitaria
Caputo, según confiaron, le trasladó ese malestar en una reunión a solas que desde la cúpula del PRO calificaron simplemente como “normal”. Es que las diferencias entre el consultor y el ex presidente no son personales, pero son, a esta altura, prácticamente insalvables.
Las alusiones en el comunicado de ayer del PRO a la “gestión profesional y eficiente” de la que, según el macrismo, carece el gobierno, estuvieron dirigidas, en buena medida, al colaborador presidencial, al que Macri sindica como uno de los principales responsables del management de la administración del Ejecutivo y el cerebro de cualquier tipo de entendimiento, en términos de gestión, entre LLA y ese sector.
“Mauricio está lamentando que se esté desaprovechando una oportunidad histórica, o que no se aprovecha lo suficiente: se está generando un costo social totalmente innecesario a los argentinos. Con un poco más de gestión el ajuste, que era inevitable, sería mucho más suave”, describió anoche un asesor del jefe del PRO.
En ese contexto, el apoyo del macrismo al veto presidencial se explica mayoritariamente en clave electoral. Dijeron, además, que no querían dejarle al Congreso la “potestad” de “fijar la paritaria universitaria”. El dilema, ahora, es cómo seguir hacia adelante, una vez que este tema pase el trámite parlamentario. Los gobernadores del PRO presionan, en paralelo, por obras y promesas indefinidas en torno al presupuesto 2025.
El comunicado de este lunes introduce, en simultáneo, una novedad: Macri se mete por primera vez, aunque sin menciones puntuales, en la interna palaciega que arrastran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Caputo.
Así lo reflejaron desde el PRO, en alusión a los pasajes del comunicado partidario en los que se resalta la el trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la no “constitución de la comisión mixta revisora de cuentas” que define el plan de auditorías del organismo, en este caso para las universidades. En las últimas horas, Pettovello exploró alternativas para intentar avanzar con ese análisis contable de las casas de estudios.
El ex presidente mantiene un canal fluido de diálogo con la ministra, que conoce a la perfección las diferencias abismales que separan al consultor del jefe del PRO. Macri y Pettovello se vieron por primera vez hace varios meses, en unas oficinas neutrales en el centro porteño, una reunión que organizó Matías Kelly, un asesor premium de la funcionaria que trabajó para Cambiemos en Desarrollo Social.
Anoche, cerca del ex jefe de Estado analizaban además la decisión de acompañar el veto de Milei como otro acto de “buena voluntad” por parte del PRO, y había quienes aventuraban que podía llegar a ser uno de los últimos. “Más allá del acompañamiento, el texto visibiliza los problemas graves que tienen en todos los frentes”, abundaron.
En un fragmento, por caso, se marcó la demora en la conformación de “las autoridades” de la AGN en relación a los representantes de la Cámara baja que esperan desde hace meses para terminar de completar la auditoría.
En el caso del PRO, quien espera por esa definición es Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo que es muy cercano al ex presidente: Macri se involucró personalmente en la negociación.
Mauricio Macri y Diego Santilli
Diez meses después de asumido Milei, el Gobierno y el sector liderado por el ex presidente no terminan de congeniar en torno a una alianza de cara al 2025, frente a una elección crucial para el proyecto libertario. Karina Milei y Santiago Caputo ya trabajan en el armado del próximo año. En materia financiera y electoral. Para tratar de tener, de una buena vez, autonomía partidaria y política, y no tener que depender, en especial, del PRO.
Macri conoce a la perfección ese objetivo. Sabe que ambos quieren la extinción del PRO, o que en todo caso se transforme en una marca subsidiaria de La Libertad Avanza. Y que se acabe la hegemonía en la Ciudad, el bastión simbólico, político y financiero que hoy defiende su primo Jorge. Mientras tanto, en el gobierno necesitan sí o sí del ex mandatario, para estirar la gobernabilidad en el Parlamento. Como buen jugador de bridge, el ex presidente aún no muestra todas sus cartas. Se le agota la paciencia. Pero también cree que no es momento de jugar a todo o nada.
Ayer a última hora, diputados del PRO liderados por Ritondo se reunieron en el Congreso con representantes del oficialismo, encabezados por Martín Menem, Lisandro Catalán, José Rolandi y Carlos Torrendell. Pidieron una recomposición salarial para los docentes universitarios y, anoche, esperaban una respuesta por parte del gobierno. Desde Capital Humano se informó, en tanto, que aumentarían en 6,8% los sueldos -5,8% mas del 1% previsto para este mes-, más allá del rechazo docente.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.