La ampliación del presupuesto para las casas de altos estudios está en el centro del debate en Diputados. Además, el oficialismo pretende transparentar y auditar los fondos públicos.
Las horas previas a la sesión solicitada por la oposición para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario son frenéticas. El Gobierno hace números y recluta futuros “héroes”, los busca en el PRO de Cristian Ritondo y en los representantes de los gobernadores provinciales. El Ejecutivo sabe que con ellos y algunas ausencias podría recuperar esperanzas para la reunión parlamentaria del próximo miércoles a las 11.
El asesor Santiago Caputo se reunió con el expresidente Mauricio Macri el jueves con un objetivo claro: adelantar los tiempos y conocer la postura del bloque amarillo.
El titular del PRO no solo se reunió con los senadores de su fuerza, a excepción de Tagliaferri quien ya anunció su apoyo a la ley, sino que consultó a casi todos sus representantes en la Cámara Baja. Tiene un amplio panorama, pero la estrategia del PRO es el silencio hasta este martes, cuando se reúna la bancada y tomen en conjunto una determinación. Incluso el propio Milei se comunicó con Macri el último fin de semana
Las consultas también incluyeron un llamado de Milei a Macri durante el fin de semana. El Presidente tiene particular interés en conocer si habrá otros diputados, además de Álvaro González, que rechacen el veto.
Encuentro con los dialoguistas
El Gobierno espera este lunes al mediodía recibir en la Casa Rosada a algunos de sus principales aliados parlamentarios. Llegarán, en principio, Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del PRO y se les podría sumar otro diputado como Alejandro Finocchiaro, especialista en Educación.
También estarán los diputados del MID, presidido por Oscar Zago, y de La Libertad Avanza, con Martín Menem y Gabriel Bornoroni a la cabeza. El legislador Eduardo Falcone del Movimiento desarrollista afirmó: “vamos a tocar el tema del financiamiento universitario”.
Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Silvia Lospennato se reunirán con el Gobierno este lunes en la Casa Rosada. (Foto: NA).
Además, agregó: “En diferentes reuniones le hemos planteado al Gobierno encontrar una solución política a esta situación porque se puede entrar a un conflicto y no se sabe cómo termina, puede haber un plan de lucha y creo que el Gobierno tiene herramientas como para aportar y evitar un conflicto”.
En la misma línea, el diputado aclaró: “El costo es importante, el 0,14% del PBI (según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC), pero no es un importe que no pueda ser conversado y negociado con los rectores. Es el momento de debatir muchas cosas, no solo los fondos presupuestarios, sino también sobre el perfil que debe tener la universidad y la rendición de gastos”.
En paralelo, se hablará del Presupuesto 2025. Para este martes, a las 14, está pautado el tratamiento en la comisión que encabeza José Luis Espert y tendrá como espadas defensoras de los números del Gobierno a los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman y de Finanzas, Pablo Quirno. Desde el oficialismo, buscarán acomodar los fondos para mejorar el presupuesto de las universidades nacionales a través de la redirección de partidas de diferentes organismos. Ante todo, queda en claro la premisa de déficit cero que marcó el jefe de Estado, Javier Milei, cuando se presentó ante el Congreso el pasado 15 de setiembre y entregó el proyecto de ley de la hoja de ruta económica del año próximo.
La sesión
La oposición debe lograr los dos tercios de los legisladores presentes para, primero, discutir el veto y luego votarlo. Es decir, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a al PRO, el MID y los bloques menores,buscarán los números suficientes para bloquear esa mayoría,como lo hicieron con los 87 diputados el pasado 11 de setiembre ante el rechazo a la ley de Movilidad jubilatoria.
En eso trabajan y, por eso, el incremento de llamados telefónicos con los gobernadores provinciales. Hay ocho diputados que conforman Innovación Federal y representan a las fuerzas de Salta, Río Negro y Misiones. También están los tres que responden al gobernador Gustavo Sáenz, que adelantaron el rechazo al veto. Los cuatro legisladores de Misiones y Agustín Domingo, de Río Negro, aún no se definieron.
Pero los contactos también alcanzan a los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres. Desde la jefatura de Gabinete también llamaron a San Juan, donde el mandatario local, Marcelo Orrego, tiene un bloque propio de dos diputadas, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, quienes en votaciones anteriores acompañaron al Gobierno.
El radicalismo de Rodrigo de Loredo se muestra confiado en sentar a la mayoría de sus integrantes. Saben que cinco de sus diputados, que acompañaron el veto a las jubilaciones, están divididos en cuanto a sus posturas. A Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, lo cuentan como votos a favor del veto.
Mientras que los casos de Pablo Cervi y Martín Arjol, los esperan en el recinto para acompañar al bloque o directamente que estén ausentes de la sesión. La misma postura de rechazar el veto ya adelantaron Encuentro Federal, la Coalición Cívica, UxP y el Frente de Izquierda.
Las distintas auditorías a las que deben someterse las universidades
El titular del PRO, Mauricio Macri, expresó que es “importante auditar los gastos de las universidades”. La sanción del Congreso estableció que las asignaciones presupuestarias deberán estar acordadas con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN). El cambio presupuestario implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Pero el debate gira, además, sobre el control de los fondos estatales. “Las universidades tienen tres auditorías concomitantes, es decir, mientras se utilizan los fondos presupuestados, y una auditoría post ejecución del presupuesto, la rendición de cuentas que realiza la AGN [la Auditoría General de la Nación]”, señaló Walter Ceballos, exdiputado nacional, e integrante del cuerpo de asesores de la Auditoría General.
Ceballó, además, detalló que por el artículo 7 de la ley de Administración Financiera, en lo referido a las transferencias del Estado Nacional, tienen competencia la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Auditoría General de la Nación para llevar adelante una auditoría. “Serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente”, dice la norma.
El titular del Pro, Mauricio Macri, expresó que es “importante auditar los gastos de las universidades”. (Foto: Leandro Heredia/TN)
Una segunda instancia de control es la realizada por las propias universidades que por la Ley de Educación Superior designan a un Auditor Interno, un funcionario avalado por el Consejo Superior de las Universidades que estará al frente de la UAI, Unidad de Auditoría Interna. Auditará cada partida, cada programa y cada transferencia del Estado.
El artículo 59 de la Ley de Educación Superior establece: “Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. En ese marco, corresponde a dichas instituciones: Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente; fijar su régimen salarial y de administración de personal; podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”.
Por el artículo 128 del Capítulo XII de la Ley de Presupuesto 2020 se mantiene la vigencia de los controles de la Sigen y expresa dentro del articulado de la norma: “Los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones será igualmente aplicable para las Universidades Nacionales”.
El tercer control de los fondos es por medio de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Donde se señala: “La evaluación institucional llevada adelante por la CONEAU se encuentra establecida en la Ley de Educación Superior y abarca tanto proyectos de creación de instituciones universitarias privadas, nacionales y provinciales como instituciones universitarias en funcionamiento”.
El exlegislador del radicalismo, Walter Ceballos indicó: “No es cierto que la Sigen y el Gobierno no tengan información sobre las universidades. Todos los meses la ejecución presupuestaria es enviada por las Universidades a la secretaría de políticas universitarias”.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes
