Preocupado por el blindaje al veto de Milei, Lisandro Catalán -segundo de Francos- recibió a Cristian Ritondo. Martín y “Lule” Menem afinaron la estrategia en la Casa Rosada. En caso de que el plan falle, advierten que la norma incumple la ley de Administración Financiera. Milei se mostró con Pettovello y Álvarez, que defienden una postura dura frente a los gremios y autoridades de las casas de altos estudios.
Pocas horas después de vetar la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se vio obligado a apurar las negociaciones con los bloques dialoguistas a partir del llamado urgente a sesionar el próximo miércoles que hicieron la UCR y Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica y partidos provinciales. Ante un escenario de escasez de respaldos en el Congreso, con la mayor parte de los partidos en contra, el oficialismo busca convencer a PRO de que respalde el rechazo del Presidente, o, al menos, que se ausente la mayor cantidad de legisladores de esa fuerza para facilitarle reunir los dos tercios de los presentes.
Después de que el veto del Presidente se oficializara, y luego de la masiva marcha federal de ayer, la mañana del jueves en la Casa Rosada empezó agitada. Según el vocero, Manuel Adorni, el tema que más preocupa al Gobierno ni siquiera se tocó en la reunión de Gabinete que encabezó Milei, a la cual faltó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo la secretaría de Educación y fue una de las protagonistas del conflicto.
La funcionaria, muy amiga del primer mandatario, no suele asistir a esos encuentros desde que creció su disputa interna con Santiago Caputo, que sí estuvo presente y, a diferencia de otras ocasiones, fue incluido en el listado oficial de participantes que distribuye la secretaría de Comunicación. Así que fue Milei quien se desplazó hasta Casa Patria para tomarse una foto con ella y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Una señal de respaldo a la funcionaria que mantuvo una postura dogmática, en línea con el Presidente, frente a los reclamos de los gremios y las autoridades universitarias.
A pesar del las muestras de enojo en redes y del ninguneo al tema de los votos en el Congreso, en otros despachos se trabajaba a destajo y contrareloj un plan para convencer a los socios y evitar que el Gobierno quede mal parado. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó temprano a Balcarce 50 para reunirse con su primo y asesor de Karina Milei, y sincronizar ideas de cara a la serie de reuniones que tiene previstas para la tarde con referentes de las otras fuerzas en el Congreso. Mientras que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, segundo de Guillermo Francos, recibió al jefe de la bancada de PRO, Cristian Ritondo (aunque en el entorno del anfitrión aseguraron que la reunión, de la que también participó el intendente de Junín y soldado de Ritondo, Pablo Petrecca, estaba prevista de antemano).
Después, ambos continuaron con reuniones y llamados a los legisladores desde la Casa Rosada y desde Diputados, respectivamente. Francos monitoreaba las conversaciones, pero sin participar directamente. Antes se había mantenido al margen del manejo del conflicto con los gremios universitarios y las autoridades de las casas de altos estudios y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Además de estos diálogos entre los dirigentes políticos del Gobierno, por ahora no hay en el horizonte una reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri, que podría ser definitoria para destrabar posiciones. El Presidente y el titular de PRO no se ven desde el asado que brindó el primer mandatario en Olivos para homenajear a los 87 “héroes” que defendieron el veto a la recomposición jubilatoria. Y apenas hablaron desde entonces.
Lisandro Catalán recibió a Cristian Ritondo. También participó el intendente de Junín, Pablo Petrecca
El partido de Macri, a través de interlocutores variados, viene advirtiendo desde la semana pasada que no está dispuesto a apoyar ciegamente al Gobierno. En Balcarce 50, sin embargo, están convencidos de que, como ocurrió casi siempre, terminarán acompañando, o bien contribuyendo, a través de las ausencias de varios de sus soldados, a que La Libertad Avanza logre que el porcentaje de votos necesario para blindar el proyecto.
“Lo único que puede hacer PRO es vetar esa ley”, dijo esta tarde, en esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, miembro del ala del partido que está en proceso de fusión de hecho con La Libertad Avanza. Tras participar en un acto sobre el control de fronteras en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja del palacio de gobierno, la ex candidata presidencial evitó dar nombres propios, pero opinó sobre el accionar de la bancada en general. “Hay una sola cosa que puede hacer el PRO: si votó en contra de una partida extrapresupuestaria que aumentaba el gasto generando inflación, lo único que puede hacer es vetar esa ley. De lo contrario, sería inconsistente que quienes votaron en contra no acepten que dicha ley debe ser vetada. Además, se está discutiendo el presupuesto nacional”, dijo en diálogo con periodistas acreditados, en referencia al veto al aumento para jubilaciones.
El Gobierno necesita dos tercios de los presentes, que en el caso de la votación del veto a la ley de recomposición jubilatoria representaban 87 votos. Esta vez, el oficialismo aspira a tener que reunir menos voluntades en un cuerpo que, esperan, quede diezmado por los faltazos de legisladores amarillos. Se muestran esperanzados de que pueden conseguir el número porque, nuevamente, descuentan que el PRO les jugará a favor. “No tienen forma de no acompañar, tienen que responderle a su electorado”, dicen. Sin embargo, reconocen las señales de dudas del otro lado, y admiten que están apretados.
Por el contrario, los aliados de PRO se levantan el precio y deslizan que, esta vez, el escenario del Gobierno es distinto en relación a anteriores votaciones de peso, porque la imagen y la confianza sobre el Presidente empezaron a bajar. Además, creen que la situación es aún más delicada que con las recomposición de haberes jubilatorios, porque la institución de la universidad pública es ampliamente respetada. En la Casa Rosada creen lo contrario: “Este tema es muy de microclima porteñocéntrico palermitano”, dijo un funcionario al tanto de las negociaciones.
Desde hace días que, por lo bajo, muy cerca del Presidente deslizan que no darán el brazo a torcer en caso de que el Congreso ratifique la ley de financiamiento para la educación superior que se aprobó hace dos semanas. “Hay más opciones después”, dijo un referente del círculo del primer mandatario al vislumbrar las presiones de PRO. Hoy, el vocero Adorni hizo pública esa mirada ante una consulta de un periodista en conferencia de prensa: “No lo descartamos”, sostuvo.
Antes, había explicado largamente por qué creía que la ley que prevé mecanismos para el otorgamiento de aumentos mes a mesa, sancionada por el Congreso, incumple la norma de Administración Financiera número 24.156 que, según citó, “en el artículo 26 exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. “O sea básicamente, la pregunta es de dónde se saca el dinero”, resumió Adorni frente a su micrófono en la sala de conferencias.
En PRO se niegan a abrazar a Milei en esta cruzada, pero tampoco le cierran la puerta: “No hay una postura clara. Se está discutiendo en el bloque y por eso no adelantamos posiciones personales”, dijeron en el entorno de Macri. Y pidieron esperar a la reunión de la bancada, prevista para el martes que viene. Todo idica que patearán hasta último momento una definición.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes