Sociedad
La detención de Mathov por la represión del 2001: ¿Una advertencia de la Corte a Milei y Bullrich?
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9 meses atráson
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Los jueces supremos, que no tienen plazo para expedirse sobre los casos que le llegan, dejaron firme la sentencia contra el exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, seis días después de la represión del gobierno a jubilados y a una nena de 10 años en las inmediaciones del Congreso.
Con un pulso político que el gobierno de Javier Mieli no debiera pasar por alto, el último martes la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena del exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y del exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El jueves Mathov quedó detenido. Fue como consecuencia directa de lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa que abordó la responsabilidad política y de los jefes de las fuerzas de seguridad que comandaron aquel operativo de la muerte, preludio de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. La cortesanos, que no tienen plazo para expedirse sobre los casos que le llegan, decidieron dejar firme la sentencia contra Mathov y Santos seis días después de la represión a jubilados y hasta a una nena de 10 años en las inmediaciones del Congreso. El mensaje parece claro.
“Esta decisión de la Corte sienta un precedente único para Argentina y América Latina en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar”, destacó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado. “En democracia, los derechos a reunirse y manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades de esas fuerzas”, se enfatizó desde el organismo de Derechos Humanos que fue un gran impulsor de la causa por las muertes del 2001.
El 17 de septiembre pasado, los ministros supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti –Carlos Rosenkrantz está excusado en el expediente por su vínculo con Mathov de cuando militaba en la UCR- decidieron desempolvar la causa por la responsabilidad política y policial de la represión de diciembre de 2001 y dejaron firme la condena contra Mathov y Santos. Ambos habían sido condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 (TOF 6) en mayo de 2016. Mathov a la pena de 4 años y 3 meses de prisión. Santos, a la de 3 años y 6 meses. Se los consideró responsables del homicidio culposo de 3 personas y de 25 casos de lesiones en el centro porteño. Mathov fue detenido el jueves. Santos estaba en el exterior y se espera que retorne al país el lunes.
Los supremos tenían el expediente hacía dos años, luego de que Casación concediera los recursos extraordinarios a las defensas. Decidieron fallar seis días después de la represión que desató el gobierno de Milei mientras el oficialismo lograba en el Congreso que se sostuviera el veto al aumento de las jubilaciones. Entre los manifestantes estaban los propios jubilados que eran perjudicados por el veto del Presidente. El ataque violento y desproporcionado de la Policía incluyó aquel 11 de septiembre la agresión con gas “pimienta” a una niña de 10 años y una operación mediática para encubrir el rol de la policía en ese ataque. Esa represión, como la que se produjo el 12 de junio cuando se aprobó en el Senado la Ley Bases, provocó una multiplicidad de denuncias en Comodoro Py.
Al día siguiente del fallo cortesano, la jueza del TOF 6 Adriana Palliotti ordenó ejecutar la sentencia y el exsecretario de Seguridad de la Alianza fue detenido el jueves. “En atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, escribió Palliotti el miércoles. A Santos, quien estaba en el exterior, lo intimó para que en tres días regresara a la Argentina y se pusiera a Derecho. El exjefe de la Federal respondió que volverá.
A la par de estas condenas, en esta misma causa también hubo grandes ausencias en el banquillo de los acusados como fue la del expresidente Fernando De la Rúa, quien declaró como testigo en el juicio luego de un fallo cortesano que lo benefició. Esa decisión suprema llevó a los querellantes a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar justicia. En medio del proceso, el exmandatario falleció. A pesar de ello, la querella celebró lo resuelto por la Corte el último martes.
En diálogo con El Destape, el abogado Rodrigo Borda, que querelló en la causa, afirmó: “Es un fallo muy importante a pesar del tiempo transcurrido. No deja de ser reconfortante que se reconozca el legítimo derecho a protestar en un contexto de crisis económica y política, que la policía no puede reprimir una protesta legitima y que cuando esa represión ocurre son responsables penalmente los policías que llevan a cabo el acto represivo y también el personal jerárquico de las fuerzas de seguridad y los funcionarios políticos que la ordenan”.
Por supuesto que un fallo que llega 23 años después de los hechos tiene sus bemoles. “La investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos. De esta manera, no fue posible dar un mensaje contundente sobre lo que implicó la declaración del estado de sitio y la habilitación a la policía para reprimir descarnadamente el estallido social que irrumpió ante la crisis. La falta de investigación judicial de la gran cantidad de detenciones ilegales que se sucedieron durante esas jornadas también impidió la determinación de responsabilidades penales por esos hechos. El poder judicial tampoco avanzó en la identificación e investigación de quienes dispararon con balas de plomo directamente contra quienes se manifestaban”, precisó el CELS en el mismo comunicado en el que destacó el precedente que sentó la Corte el martes pasado.
“En 2011, diez años después de aquella represión, el gobierno dictó una resolución que limitaba el uso de la fuerza con el objetivo de evitar situaciones como las que ocurrieron el 19 y 20 de diciembre. Sin embargo, aquella resolución fue derogada por el protocolo antiprotestas que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, días después de asumir en diciembre de 2023”, concluyó el CELS en su comunicado.
En este contexto, lo resuelto por la Corte puede interpretarse como una advertencia política. Hay ciertos límites que no deben ni pueden volver a cruzarse.
El Papa y la Justicia en alerta por la represión
Al día siguiente del fallo de la Corte sobre la represión del 2001, el fiscal Franco Picardi firmó un dictamen para avanzar con una causa que reúne las distintas denuncias contra Patricia Bullrcih y las fuerzas de seguridad por la represión del 12 de junio, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a declarar a una veintena de testigos y víctimas. También requirió a los ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad información sobre quienes estuvieron al frente de los operativos de ese día.
En lo que puede interpretarse como una respuesta al Papa, el ministerio de Seguridad emitió un comunicado el mismo viernes que tituló: “Bullrich junto a Pettovello avanzan en fijar estándares para la formación de las fuerzas policiales en todo el país”. Justamente, las dos ministras que referenció de forma implícita Francisco (la que es la responsable política de la represión y la que lo es de la justicia social a través del ministerio de Capital Humano, que retacea la entrega de comida). Y junto a los encargados de ejecutar la represión: los policías.
Si bien el fallo de la Corte refiere a la represión que se desató hace 23 años tiene plena vigencia. El gobierno no debiera hacerse el distraído.
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Sociedad
Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online
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2 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional
Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.
Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.
Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.
Incorporación progresiva
La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.
Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Cómo realizar el trámite
Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.
Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.
El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.
Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.
La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.
Limitaciones de alcance
Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.
En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.
Sociedad
La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada
Publicado
2 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo
El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.
Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.
. Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.
. Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.
. Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.
. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.
A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.
La investigación y las escuchas sobre toda la organización
Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.
Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.
El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.
– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.
– Nilda Arrieta: Sí ….
– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.
-NA: ¿Qué es hotel nada más?
-NL: Hotel y aéreo
-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?
-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…
-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?
-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..
Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.
Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.
Sociedad
Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas
Publicado
3 días atráson
12 junio, 2025Por
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Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento
Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.
Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.
La calidad del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).
Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.
En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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