La Libertad Avanza blindó sus alianzas y tentó a radicales, a los que puso en crisis, para salvar el veto presidencial. En el horizonte, la posibilidad del costo político a pagar.
Ochenta y siete diputados nacionales votaron en contra de una actualización de los salarios de los jubilados, con el acompañamiento al veto del presidente Javier Milei al proyecto que había contado con media sanción en la Cámara baja y el Senado. Con represión en las inmediaciones a manifestantes, jubilados y niños, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró afianzar sus sociedades políticas y meter baza en la oposición para llegar a blindar el veto de Milei. El presidente de la motosierra cree que encontró la fórmula para sortear la inferioridad numérica legislativa. Sin embargo, también es posible que se metió con un tema que puede costarle muy caro a futuro.
Cómo se votó
Los votos de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz, el Movimiento Popular Neuquino y la mayoría del radicalismo no alcanzaron para bajar el veto. Solo cosecharon 153 votos. El oficialismo necesitaba que no haya tres tercios para rechazar el veto. Con 87 le alcanzaron. Además de los aliados del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Producción y Trabajo, Buenos Aires Libre y Creo, se le sumaron cinco radicales.
En la votación se registraron ocho abstenciones: Lourdes Arrieta y siete diputados de la bancada de Innovación Federal. Además, hubo nueve ausencias: Ricardo López Murphy y Francisco Morchio (Encuentro Federal), Héctor Baldassi, Ana Clara Romero y Roberto Stefani (PRO), Gerardo Cipolini, Roxana Reyes (UCR), Pamela Caletti (Innovación Federal) y Ana Fabiana Aubone (Unión por la Patria).
La fractura a cielo abierto de la UCR
Los cinco radicales que fueron a la Casa Rosada para oficializar el acompañamiento al veto y que obtuvieron cargos antes de la sesión, como Pedro Galimberti, estuvieron en el eje de la sesión. El diputado del FIT Nicolás del Caño tildó de “vergüenza” que el entrerriano haya asumido como titular de la represa de Salto Grande.
“No quieren que le vaya bien al gobierno”, lanzó Mariano Campero, uno de los radicales que fueron a la Rosada a oficializar su voto por el veto. Mientras decía esto, toreaba a los diputados de Unión por la Patria que lo insultaban. Florencia Carignano desde su banca le hacía con sus dedos pulgar e índice el gesto de dinero.
“Crearon un candidato a gobernador, es insólito”, protestó en los pasillos una voz de la oposición dura, a raíz de que la trascendencia del cambio de postura, en términos de “degerado fiscal” a “héroe”, le dio una publicidad al diputado de Tucumán, hasta esta semana, un desconocido.
“El proyecto para actualizar las jubilaciones es nuestro, no del oficialismo”, se quejaron en la UCR con el cambio de parecer de Campero y los otros cuatro. El resto del bloque radical coincidió en el rechazo al veto: los sectores de Facundo Manes, de Evolución y de los conducidos por el jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo. “Difícil chamba es la que tengo”, se consoló el cordobés en el recinto.
Hubo dos excepciones, Cipolini y Reyes que se ausentaron. La santacruceña antes dijo que iba a abstenerse. Voces del bloque coincidían en el diagnóstico: eterna antikirchnerista, no sabe cómo pararse para ser oposición al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que finalizó con esa hegemonía.
Estrategias y efectos a futuro
Al inicio, cuando apenas había iniciado la sesión, la diputada nacional del PRO Silvana Guidici pidió que se cierre la lista de oradores, en un vuelto por la sesión en la que se rechazó el DNU de la SIDE. Tras los pedidos de bloques como la CC, se acordó un tiempo para los oradores divididos por cada una de las bancadas.
La UCR esperaba apelar a la insistencia parcial en algunos artículos, pero para esto se necesitaba una colaboración del PRO, su socio en el extinto Juntos por el Cambio, que cumplió como aliado de sus actuales aliados. “Por lo menos aprendan de la educación que siempre tuvieron los radicales, ya que no tienen conducta partidaria”, le lanzó el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, al bloque del partido centenario.
El jefe del bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, lamentó que se rechazara un proyecto que destinara un ínfimo “0,4%” del Producto Bruto Interno. Voz en cuello, José Luís Espert de LLA afirmó que “cuesta diez mil millones de dólares”.
El triunfo de LLA en Diputados hizo que pasara desapercibido el desmarque de la ex integrante del bloque oficialista, Lourdes Arrieta.Si bien amagó con votar en contra del veto, la arrepentida del tour de genocidas se abstuvo. En la tarde del martes, se rumoreó un intento de una jugada para que los diputados de Unión por la Patria de Catamarca voten a favor del veto, vía negociación con el gobernador Raúl Jalil. No es la primera vez que el oficialismo lo intenta. Desde el peronismo se consolaron con haber sostenido los 98 votos en contra de Milei.
“Esto va a ser así de ahora en más”, comentaba un oficialista, sobre la estrategia de fortalecer alianzas y pinchar en bloques ajenos. Lo cierto es que los mileistas podrían haber encontrado el método infalible para bajar proyectos incómodos post veto presidencial. “Hay que ver cómo se constituyeron los votos y si van a volver a poder repetir lo que hicieron para esta sesión”, especularon voces opositoras con años de trayectoria en Pasos Perdidos.
En los pasillos se especulaba con el costo político de perjudicar a los jubilados, que, consideran, a la larga termina impactando. Pichetto en su alocución recordó la drástica caída en la imagen de Macri entre el triunfo de las legislativas de 2017 y la reforma jubilatoria, que tuvo también un Congreso rodeado de represión a las protestas.
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó la Obra Social del Personal Aduanero tras detectar múltiples irregularidades, marcando la primera baja de una entidad desde el inicio de la actual administración nacional
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja la primera obra social desde que inició la administración nacional de Javier Milei. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), de la que se encontraron un sinfín de irregularidades a partir de las auditorías comenzadas por las autoridades sanitarias.
Esta decisión se publicó este martes en el Boletín Oficial, donde se dio de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), el marco donde se inscriben a las Obras Sociales Nacionales y a otros Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, encuadrándolos en la normativa vigente.
Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, “esta Obra Social no tuvo actividad desde su inscripción y, por lo tanto, no contaba con afiliados ni desarrolló ninguna prestación médico-asistencial”. Su falta de estructura era tal que no se le encuentran fotos en internet.
También a través de la Resolución 1022/2025 de la SSS, la gestión libertaria declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma. Esto implica que esta entidad tiene un plazo determinado donde deberá revertir la situación crítica en la que se encuentra a través de un plan de contingencia. De no hacerlo, será liquidada, que es lo que finalmente sucedió con el caso de la OSPAD.
Una sede de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OSPAIL)
El viernes pasado ocurrió el caso contrario. La SSS consignó que la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut había logrado revertir su situación, logrando resultados “exitosos” en su balance.
En lo que va de la gestión de Gabriel Oriolo, la Superintendencia intervino 8 obras sociales y se declararon en crisis otras 11. La liquidación de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina es la primera de este tipo de operaciones que realiza esta administración.
“Los Agentes del Seguro deben tener sus cuentas en orden y ofrecer prestaciones de calidad a sus afiliados. No hay lugar para entidades irregulares. Quienes no funcionen correctamente se liquidarán. El organismo está reordenando el sistema y continuará auditando a todos los Agentes del Seguro de Salud. El objetivo es que los actores del sistema compitan libremente y los beneficiarios puedan elegir en libertad cómo cuidar su salud.”, afirman.
Hacia el final de la semana pasada, el Gobierno nacional había declarado en situación de crisis a cuatro obras sociales, lo que las obliga a presentar planes de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos para sus afiliados.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo
Esta decisión fue adoptada ante la compleja situación financiera que atraviesan la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A., quienes deberán ahora informar cómo prevén resolver el impacto sobre los servicios y la cobertura.
Las diferentes medidas apuntan a depurar al sistema de Agentes de Salud de los denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas obras sociales sindicales que solo se inscribían en el sistema de salud para recibir subsidios por existir o prestar supuestos servicios que, en rigor, tenían poco control, lo cual permitía que se falsearan registros para conseguir mayores transferencias de fondos.
El año pasado, la Superintendencia ajustó vía decreto el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Así, las obras sociales comenzaron a percibir el subsidio en función de su número real de afiliados, eliminando la compensación extra que favorecía a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
De las 290 entidades, 201 resultaron perjudicadas, con una reducción conjunta de $3.483 millones. En contraste, las obras sociales con mayor cantidad de afiliados resultaron beneficiadas por el nuevo esquema.
La medida resultó una reducción de la caja para sindicatos de menor estructura. Esto es similar a lo que ocurrió con la eliminación de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina privada que resolvió la SSS en febrero de este año. Aunque hubo un enojo en público de parte de algunos sectores gremiales, las reacciones dispares, siendo que varios reconocían por lo bajo, ya que gremios más poderosos consideran que la resolución afecta principalmente a los “sellos de goma”.
Presentaron esta mañana su dictamen. “No se advierten las razones humanitarias que la justifican”, sostuvieron. Le plantearon al Tribunal Oral que en caso que se la otorgue sea con una tobillera electrónica y pusieron en duda el departamento de la calle San José
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y que así la condena de seis años de prisión por el caso Vialidad la debe cumplir en una unidad de las fuerzas de seguridad.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, señalaron los fiscales en su dictamen de 10 páginas la que accedió Infobae. Y agregaron: “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Con el dictamen presentado, el Tribunal Oral Federal 2 que ahora quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la ex presidenta. La expectativa es que lo haga hoy. “La idea es no dilatar su resolución”, sostuvo una fuente consultada.
Los fiscales Luciani y Mola
En su dictamen, los fiscales consideraron que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela.
Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron los fiscales.
Sobre el motivo de la edad, los fiscales señalaron un caso reciente de un ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: el secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por la tragedia de Once y Jaime quedó detenido. El ex funcionario pidió en marzo pasado la prisión domiciliaria porque cumplió 70 años y el juez Jorge Gorini -el mismo que debe intervenir en el caso de Cristina Kirchner- se la rechazó.
Los fiscales también sostuvieron que el informe socio ambiental que se le hizo a la ex presidenta concluyó que estaba bien de saud. Así, entendieron que no hay ningún motivo para que la ex presidenta cumpla la condena en la casa de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.
La opinión de la Fiscalía es no vinculante, por lo que el Tribunal Oral igual podría otorgarle la prisión domiciliaria. Ante esa posibilidad, Luciani y Mola expresaron que el arresto domiciliario “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”.
“En especial, se deberán establecer pautas series y concretas para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y la seguridad de la peticionante”, agregaron.
Los fiscales hicieron hincapié en que el domicilio de la calle San José 1.111 genera “dudas” como el mejor lugar para cumplir la domiciliaria. Hicieron referencia a la ubicación del edificio y las manifestaciones de los últimos días de los militantes.
También rechazaron el pedido de la ex presidenta de no usar tobillera electrónica. Los fiscales señalaron que ese uso es obligatorio por ley. Además, Luciani y Mola se negaron a que la custodia actual de la Policía Federal que tiene Cristina Kichner sea la que controle su prisión domiciliaria.
Los fiscales explicaron que para esa función hay agentes penitenciarios especializados que son los que deben llevarla a cabo.
Ambos mandatarios conversaron nuevamente después de que el argentino volviera de su gira. La charla telefónica se dio ayer por la tarde. El israelí le informó cómo fue la operación bélica de los últimos días
El presidente Javier Milei volvió a conversar por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego de la visita que el argentino mantuvo en ese país la semana pasada.
La comunicación se dio ayer en las primeras horas de la tarde y fue una charla que fortaleció la amplísima sintonía entre ambas administraciones. Indicador de aquello fue que Milei le expresó todo su apoyo de cara a la ofensiva que el Primer Ministro israelí desplegó contra Irán en los últimos días.
En tanto, Netanyahu le agradeció la visita de cuatro días que Milei mantuvo en su país, con paradas clave las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv; para luego comentarle los detalles de la Operación León Ascendente que las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron el viernes pasado y que abatió a más de 20 comandantes iraníes.
Nueva muestra de sintonía entre Argentina e Israel
Pese a haber llegado en las últimas horas del sábado, Milei mantuvo predisposición para continuar los diálogos con Netanyahu. Ambos habían acordado hablar el domingo, pero debieron reprogramarlo por la ola de misiles que el Régimen iraní había lanzado contra Israel, todo en respuesta al operativo de Netanyahu.
Ese día, Milei encargó la publicación de un comunicado a través de la cuenta de la Oficina del Presidente (@OPRArgentina), la cual considera como su canal institucional como mandatario para sentar posiciones de Estado.
“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil, y repudia la reciente designación de Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica”, comunicó.
El viaje de Milei a Israel estuvo colmado de gestos simbólicos, acuerdos políticos y reconocimientos internacionales, que reforzaron el perfil internacional del presidente argentino y su vínculo con el Estado israelí.
Uno de los momentos cumbre fue la disertación del argentino en el Knéset -la sede del Poder Legislativo de Israel- y su propuesta de mudar la Embajada de Argentina hacia la ciudad de Jerusalén en 2026. Durante su última jornada en aquel país, los dos jefes de Estado firmaron el Memorando por la Democracia y la Libertad, un documento que profundiza la alianza estratégica entre Argentina e Israel y promueve la cooperación bilateral frente al terrorismo internacional y el antisemitismo.
Tras la firma del acuerdo, se anunció la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. El anuncio estuvo sucedido por la visita de Milei y Netanyahu al Muro de los Lamentos, siendo la segunda ocasión en la que el primer ministro israelí reza con un mandatario latinoamericano, siendo la primera vez con Jair Bolsonaro de Brasil. Ni siquiera Donald Trump, quien trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, compartió ese momento.
Netanyahu en el foco mediático global
La conversación entre Milei y Netanyahu no se da ante cualquier panorama. El israelí está en el centro de las coberturas internacionales luego de la ofensiva contra la estructura de mando de las fuerzas armadas iraníes y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), la cual fue respondida por Teherán con ataques centrados mayormente a Tel Aviv.
El recrudecimiento del conflicto tuvo un inmediato involucramiento de Estados Unidos, que desplegó cerca de 30 aviones cisterna estadounidenses para facilitar los eventuales ataques aéreos de Israel sobre objetivos estratégicos en Irán. Aquello configura una nueva fase en el conflicto, a la vez que la administración de Donald Trump opta por abrir un canal de diálogo indirecto con el régimen de Ali Khameneipara acordar un cese del fuego, en un contexto donde la ofensiva israelí busca desmantelar la capacidad militar y nuclear iraní.
Judíos ultraortodoxos observan un lugar impactado tras el ataque con misiles de Irán contra Israel, en Bnei Brak, Israel. 16 de junio de 2025. REUTERS/Miro Maman
El canal diplomático, facilitado por Qatar y Omán, permitió que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, establecieran contacto con el canciller iraní Abbas Araghchi.
El objetivo es concretar una reunión exploratoria en alguno de estos países durante la semana, en un intento por frenar la escalada bélica. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue notificado de la iniciativa diplomática de Trump, pero expresó su escepticismo, considerando que este proceso solo otorga tiempo a Irán para reorganizarse frente a la ofensiva israelí, que, según sus palabras, está “demoliendo su sistema militar y devastando su iniciativa atómica”.
Los ataques aéreos israelíes dejaron gravemente dañada la principal planta de enriquecimiento de uranio del país en Natanz. Esta mañana, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, confirmó que Irán posee material nuclear suficiente para fabricar entre seis y ocho armas nucleares, aunque aclaró que esto “no quiere decir que tengan hoy un arma nuclear”.