La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores en Ezeiza. Tal como informó El Destape, señaló que la ministra le pidió “cuidar” al SPF y remarcó su relación con el fiscal Mola. Las consultas por su abogado y el rol de intermediario que cumplió el letrado defensor del ex policía Luis Chocobar.
La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que, tal como informó El Destape, mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho el 15 de agosto tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores. “Me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era muy allegada a ella”, señaló Arrieta en una presentación que realizó en el marco de la causa.
En un escrito en el que Arrieta y su abogado Yamil Castro Bianchi contestaron el pedido de desestimación de su denuncia penal que realizó el fiscal Sergio Mola, la diputada dedicó un apartado a su encuentro con Patricia Bullrich. Allí, como había reconstruido este medio, la ministra resaltó su relación con el fiscal Mola. También señaló al abogado Fernando Soto, defensor del ex policía Luis Chocobar y funcionario de la cartera de Seguridad, como quien la invitó al encuentro.
“Vengo por la presente también a los fines de poner en vuestro conocimiento un suceso que tuvo lugar con posterioridad a mí ratificación de denuncia, y previo al dictamen del Fiscal Mola. Con fecha 15 de agosto pasado fui invitada a concurrir al Ministerio de Seguridad, por parte del abogado Fernando Oscar SOTO a quien siempre reconocí como mano derecha de la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich. Esta reunión se realizó en el despacho de la Ministro y tuvo por finalidad hablar sobre mi denuncia”, aseguró Arrieta en el escrito que presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
La reunión quedó registrada en el Registro Único de Audiencias pero allí solo se informó que el motivo del encuentro fue por “Asunto Legislativos” y que estuvieron presentes Bullrich, Arrieta y el Secretario de Articulación Federal de la ministra, Néstor Majul.Según informó la diputada este martes a la Justicia, en el encuentro también se encontraban presentes su hermano Martín Arrieta y el mentado abogado Soto, quien es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Arrieta relató que “la reunión duró aproximadamente una hora y media” y que “tocamos varios temas relacionados con mi denuncia”. Precisó que Bullrich le “expresó que lo que había hecho el Servicio Penitenciario no era delito debido a que los diputados y los jueces no debemos ser revisados para ingresar al establecimiento carcelario”. Se trata de lo que la ministra repite públicamente. “Sin perjuicio de ello, y algo contradictorio con lo anterior, me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era gente muy allegada a ella y que podía dar fe de Martínez, el titular del Servicio Penitenciario, que no andaba en nada raro”, añadió la diputada. La referencia es a Fernando Martínez, director del SPF.
Según Arrieta, Bullrich también le “hizo saber que le preocupaba quién era el juez de la denuncia (Kreplak) pero no así el Fiscal (Mola) con quien dijo tener buena relación y vínculo”. Mola fue nombrado Fiscal General Adjunto por Mauricio Macri en diciembre de 2018 y la fotografía de su jura del 15 de febrero de 2019 muestra en primera fila a la entonces ministra de Seguridad –etapa macrista- Patricia Bullrich.
La reunión entre Bullrich y Arrieta ocurrió seis días antes de que el fiscal planteara la desestimación de la denuncia penal de la diputada y pidiera circunscribir la investigación únicamente al rol que pudo haber tenido el SPF. Tras la contestación de la querella, el juez Kreplak elevó la controversia en torno al pedido de desestimación al fiscal federal ante la Cámara de La Plata para que ratifique o deje sin efecto el dictamen de Mola.
De acuerdo al relato de la legisladora nacional, durante el encuentro del 15 de agosto, la ministra se solidarizó con su situación. Recordemos: la diputada fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza junto a compañeros de bancada el 11 de julio pasado y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal el 6 de agosto en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. Arrieta dijo que no sabía con quiénes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la visita. “Al interiorizarse de los pormenores de mi denuncia, del engaño mencionado, me refirió que todo había sido ‘muy mal manejado’. Que ella me brindaba su apoyo”, expresó Arrieta en su escrito. Si bien no lo dice, el mal manejo estaría adjudicado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Por último, Arrieta aseguró que fue consultada por quién era su abogado.
En su escrito, la diputada destacó “la dureza con la que se dirige a mi persona” el fiscal Mola en su dictamen desestimatorio y “su vínculo con la ministro” Bullrich por lo que consideró que perdió objetividad para seguir en el caso. Estos argumentos se suman a la recusación que presentara el 21 de agosto pasado. El juez Ernesto Kreplak, como informó este medio, rechazó apartar a Mola. El rechazo se produjo dos horas antes de la carga del nuevo escrito de la diputada en la causa.
Bullrich tiene un especial interés en este caso. El SPF está bajo su órbita. Y según se desprende de la denuncia de Arrieta hubo complicidad por parte de las autoridades del SPF en alguna de las visitas que los libertarios realizaron a represores (porque fueron más de una). En uno de los chats difundidos, el diputado libertario Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”. Los diputados, por ejemplo, no fueron revisados al ingresar el 11 de julio al penal de Ezeiza. Incluso entraron con celulares y se tomaron fotografías.
Un chat de los libertarios compromete directamente a la ministra de Seguridad en toda esta trama. Según se desprende de la denuncia de Arrieta, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Por ejemplo, hubo otro encuentro en Campos de Mayo, donde también hay represores detenidos.
Este lunes, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio. Y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación”, manifestó.
En contra de la desestimación
Arrieta dio detalles de su encuentro con la ministra en una contestación al pedido de desestimación que hizo Mola sobre su denuncia penal. En el mismo documento pidió que el juez Kreplak reasuma el mando de la investigación o ser tenida por querellante autónoma si no hay impulso fiscal.
La diputada junto a su abogado realizaron una síntesis de la denuncia que presentó el 6 de agosto pasado, lo que contextualiza el pedido de Bullrich de cuidar al SPF.
Centralmente, Arrieta –que abandonó el bloque de diputados de LLA- sostuvo que denunció “el posible Incumplimiento de los funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal”, “la posible Malversación de caudales públicos ante la falta de claridad sobre la utilización de los bienes del estado con fines ajenos a los autorizados”; y “las presiones que he recibido previo a mi denuncia, posterior a esta, y las que recibió mi abogado”.
Arrieta consideró que el dictamen de Mola “resulta prematuro frente a la situación denunciada, con el agravante que la construcción del relato del acusador se aparta del relato y los elementos aportados, como también, que se incluyen subjetividades contra mi persona que afectan mi honorabilidad”. Entre otras cosas, Mola dijo que la denuncia de Arrieta “está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista”, es decir, de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, el 11 de julio pasado. Y que “para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.
“Resulta falso el postulado del fiscal”, respondió Arrieta. Y añadió: “Lo que el Sr. Fiscal llama despegarse no es ni más ni menos que buscar transparencia ya que hasta el día de hoy desconozco si se trató de una comitiva oficial organizada por integrante/s de la cámara de diputados o bien se realizó un uso particular de bienes del estado que incluyen movilización de personal (chofer) y costos tales como combustible o peajes. Insisto en remarcar que a mí siempre se me informó que el viaje era en carácter oficial, pero la falta de claridad y transparencia ante mis consultas, me llevaron a la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades el suceso”. Luego interpeló a Kreplak: “Sr. Juez, si estoy diciendo: se usaron fondos públicos para un fin privado, ¿no debe investigarse?”.
En una línea similar, la diputada continuó con su línea argumentativa: “No ha sido tenido en cuenta el escrito en el que planteo las hipótesis delictivas a investigar y las medidas a sugerir”. “En lo que a los hechos desestimados por el Sr. Fiscal, propuse, por ejemplo: ‘Se oficie a la presidencia de la Honorable Cámara de diputados de la Nación para que se sirva de informar, únicamente en relación al 11 de julio de 2024: Flota de vehículos vigentes, personal idóneo a la fecha mencionada y las variaciones hasta recibir el oficio, autorizaciones realizadas para viajes en la fecha, toda otra novedad obtenida con motivo de esa fecha’”. En el escrito de recusación, había sumado: “si el día 11 de Julio de 2024, se utilizaron fondos públicos en forma indebida para una visita de diputados y terceras personas al Complejo penitenciario de Ezeiza” y “si ha existido la unión de personas con la finalidad de atentar contra el orden constitucional”. “Existe por lo tanto una hipótesis delictiva, y una serie de medidas tendientes a corroborar la existencia del hecho, por lo que, su desestimación a priori preocupa a esta parte”, sentenció Arrieta.
En otro apartado de su presentación, Arrieta resaltó que “no se ha cumplido con lo normado por el ritual para el trámite de desestimación de denuncia”, esto eso que “la fiscalía ha omitido darle la oportunidad a esta parte de recurrir ante su superior la decisión arribada”. Ante este cuadro, Kreplak decidió elevar la controversia al la fiscalía federal ante la Cámara de La Plata que subroga Diego Iglesias.
Atenta a que el fiscal ante la Cámara podría ratificar lo sostenido por Mola, Arrieta adelantó que “esta querella continuará en solitario”, algo que deberá ser avalado por el magistrado del caso.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
