El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia. En otra causa, también revocó el monto fijado por el pago de una multa por retención de aportes.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia (REUTERS)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia. En otra causa, el máximo tribunal revocó un fallo en donde se disponía el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
Se trata de dos decisiones del máximo tribunal que ya venía enviado señales sobre los montos de las indemnizaciones y sus intereses en materia laboral.
El primero de los casos se inició cuando Jonatan Daniel Lacuadra demandó a Directv Argentina S.A., Santa Fe Celular S.R.L., Verónica Paula Boccuzzi y Carolina Giselle Andueza por diversos conceptos salariales e indemnizaciones originadas en un despido indirecto ocurrido el 11 de julio de 2013. En primera instancia se hizo lugar a su reclamo, se estableció que los codemandados debían responder de manera solidaria y se los condenó a pagar $ 687.735,12 en concepto de capital, e intereses de acuerdo a la tasa activa prevista en las actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).
La Sala X de dicha Cámara confirmó lo resuelto, pero ordenó que al monto de condena se le adicionaran los accesorios previstos en su acta 2783/2024. Esto implica imponer desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) sobre el capital de condena, más una tasa de interés pura del 6% anual, con una única capitalización -exclusivamente sobre esa tasa pura- a la fecha de notificación de la demanda.
Directv Argentina S.A. cuestionó la decisión con un recurso extraordinario, invocando la arbitrariedad de la sentencia. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que en su reciente precedente Oliva “descalificó por arbitrario el criterio asentado por la CNAT en su anterior acta 2764/2022 (utilización de tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda) porque carecía de respaldo en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y, además, arrojaba un resultado económico desproporcionado”.
En Oliva, el máximo tribunal había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses por aplicación del acta 2764/2022 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), consideró que ese criterio para el cómputo en una indemnización por despido no se encontraba previsto en la ley y provocó un incremento desproporcionado de la condena (del orden del 7.745,3%).
Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó el acta 2783/2024 en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”. Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco encuentra fundamento en las disposiciones del código citado y arroja resultados igualmente irrazonables”.
En función de la génesis, finalidad y forma de cálculo establecidas en las normas que lo implementaron, “resulta evidente que el CER en modo alguno es una tasa de interés ‘reglamentada por el BCRA’ como lo afirma la nueva acta de la cámara”, señaló la Corte.
El Palacio de Tribunales (NA)
La Corte ya había dicho que el artículo 768 del Código Civil y Comercial establece tres criterios para la determinación de la tasa del interés moratorio: lo que acuerden las partes, lo que dispongan las leyes especiales y “en subsidio, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. En tal sentido, el método de reajuste contemplado en el acta 2783/2024 “implica apartarse sin fundamento de las facultades acordadas a los jueces por el inciso c del artículo citado, ya que comporta la aplicación de un coeficiente para la actualización del capital y no de una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central”.
Asimismo, sobre las cifras involucradas en la causa, la Corte apuntó que el capital por el que se hizo lugar a la demanda fue fijado, a valores del 11 de julio de 2013, en $687.735,12, en tanto que, en la liquidación de la parte actora del 30 de mayo de 2024, aplicando las directivas del acta 2783/2024, el monto de la condena se elevó a $137.013.897,60, lo que representa un aumento del 19.822,48%, un “resultado manifiestamente desproporcionado, que excede cualquier parámetro de ponderación razonable sin el debido sustento legal”. Por ello, la Corte descalificó la sentencia apelada por arbitrariedad y ordenó que la causa vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
En otro fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
Aquí, un juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido de indemnización por despido y condenó a Muresco S.A. al pago de la multa por retención de aportes, prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó, en lo principal, esa sentencia. Así, por haber omitido aportes por un valor cercano a los $ 11.400, se impuso a la demandada una multa de $ 194.775.
Muresco S.A. planteó un recurso extraordinario en el que cuestionó lo resuelto por la Cámara (“vulnera los derechos de propiedad, igualdad y debido proceso”) y la constitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que viola la regla de razonabilidad, que no hay proporcionalidad entre la entidad del incumplimiento y el importe de la sanción y que no contempla la posibilidad de graduación o atenuación de la pena. El recurso fue rechazado, lo que motivó la presentación de un recurso de queja.
Sobre la arbitrariedad del fallo, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró inadmisible el planteo. Sin embargo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo cuestionado entendió que “la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal”. Ello, explicó, pues “por una deuda que ascendía a $ 11.406,21 se impuso una multa de $ 194.775″. Esto, contextualizó la Corte, equivale a 53 salarios mensuales de la actora, en un escenario en el que la relación laboral duró 20 meses, “desentendiéndose así el fallo de la realidad económica subyacente en la causa”.
Asimismo, el Tribunal coincidió en que la falta de proporcionalidad obedece a la “ausencia de previsión legal que posibilitase la graduación de la multa (…) circunstancia a la que se suma la inexistencia de todo tope”. De allí que declaró, “para el caso, la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la LCT”.
Dicho esto, advirtió que esta decisión “no puede implicar la impunidad de la disvaliosa conducta de la empleadora respecto de su dependiente” y “corresponde que se ajuste el importe de la sanción recurriendo a la prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”. Por ello, revocó la sentencia con el alcance señalado y ordenó la devolución de la causa para que se dicte una nueva resolución.
El gobernador bonaerense pidió que parte del acuerdo con el FMI sea destinado a la reconstrucción de la ciudad, pero en la Casa Rosada no contestarán. Hay dos proyectos en el Congreso para declarar la emergencia
Mientras buena parte de Bahía Blanca y sus alrededores se encuentra aún bajo el agua y crecen los pedidos de ayuda de los vecinos afectados, en la Casa Rosada adelantan que seguramente sujetarán eventuales erogaciones de la Nación a un pedido específico del distrito, en lugar de acompañar los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso con ese fin. Evitaron confrontar con Axel Kicillof, luego del picante pedido del gobernador bonaerense para que el Gobierno destine una parte del monto que envíe el FMI al país a reconstruir la ciudad costera.
“No vamos a entrar en una disputa, ni con Kicillof ni con nadie. Decretamos tres días de duelo nacional. Ya ni eso respetan”, dijo, ofuscado, un funcionario en Balcarce 50 que responde a Karina Milei, guardiana de la imagen del Presidente. En la sede del Gobierno donde avanzan con pies de plomo y aplican una estrategia de comunicación extremadamente cuidada en el caso de la tragedia de Bahía Blanca. “Es una opinión suya”, agregó otro, que se limitó a responder, por lo bajo, que el dinero que le va a dar el Fondo a la Nación “no tiene asignación”. “Va para pagar deuda y al Tesoro”, deslizó.
El oficialismo enmarcó los cuestionamientos de Kicillof en la interna del peronismo: “Axel y Cristina necesitan pelearse con Javier, hay una discusión entre ellos a ver quién le pega más. A nosotros no nos cambia nada”, dijo un asesor.
No sólo evitaron contestarle a Kicillof: las apariciones de los funcionarios en general se limitan a las redes sociales; Manuel Adorni no adelantó sus conferencias de prensa; y Javier Milei no dio una sola entrevista y suspendió su agenda pública. El cambio rotundo se produjo esta mañana, cuando el Presidente arribó a Bahía Blanca sin preanuncios: arribó temprano, evitó las fotos y se dirigió directamente al centro de monitoreo de la ciudad.
Con todo, anoche, poco después de la conferencia de prensa de Kicillof desde Bahía Blanca, en la Legislatura bonaerense uno de los alfiles de Santiago Caputo contraatacó. El titular de la bancada violeta, Agustín Romo, que frecuenta el despacho del asesor en la Casa de Gobierno y forma parte de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” informó que acababa de presentar un proyecto para exigirle a la gobernación que destine a Bahía el dinero que está previsto para las PASO locales, que se suspendieron a nivel nacional a instancias de un proyecto de ley de La Libertad Avanza. Fue una contrachicana clara, realizada indirectamente desde la cúpula libertaria.
La trágica inundación causó al menos 16 muertes (REUTERS)
Con todo, en la Nación dicen que se encuentran a la espera de que la Provincia oficialice la emergencia y haga un pedido formal de fondos, específico, para luego evaluar si las cantidades solicitadas son viables. Condicionarán la ayuda, como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a que haya “un plan” de la provincia y el municipio.
“Seguramente le estemos solicitando ayuda financiera al gobierno nacional”, dijo ayer al mediodía el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, cuando transcurría el quinto día desde la tragedia y el gobernador, Axel Kicillof, se disponía a brindar su conferencia de prensa junto al intendente, Federico Susbielles. Ninguno de los dijo el monto que le pedirá al Gobierno para empezar a reconstruir Bahía Blanca.
En medio de las chicanas, en la Nación dicen que siguen dispuestos a otorgar más fondos para la reconstrucción -si es que deciden hacerlo-, pero señalan que el método no está claro, y que evalúan mecanismos.
En principio contemplan dos vías. Por un lado, están los pedidos que presentaron en el Congreso casi todos los partidos el mismo viernes en ambas Cámaras.
Ese día, cuando el agua aún no había bajado, un grupo transversal de diputados, con representantes de Unión por la Patria, PRO y la UCR, avanzaron con una demanda al Gobierno para que declare la emergencia y cree un fondo, aunque sin especificar cifras. En el Senado hicieron lo propio los kirchneristas Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, y el radical Maximiliano Abad, también en conjunto, aunque sin firmas de la tropa amarilla y con un número claro: 20 mil millones de pesos.
Kicillof pidió en conferencia de prensa que el Gobierno destine parte de la plata del acuerdo con el FMI para reconstruir Bahía Blanca
Hasta ahora, la Nación le otorgó 10 mil millones de pesos a la ciudad costera, casi de inmediato. Primero lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Después, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó que la transferencia se había realizado. El jefe comunal, Federico Susbielles, agradeció la ayuda, pero señaló en conferencia de prensa, el domingo pasado, que no sería suficiente y habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos. En principio, deslizó que estaba hablando con La Plata para definir financiamiento internacional y un programa puntual.
La solicitud para declarar la emergencia en la Cámara baja podría tratarse hoy, si es que prospera la polémica sesión especial que pidió la oposición para tratar los pedidos de investigación legislativa por el caso Libra, que complica sobremanera al Gobierno. Por lo pronto, esta tarde, el oficialismo aceptó incluir el tema, pero podría no haber quórum (de hecho, el Gobierno hace lo posible para evitar que se sesione).
El bloque libertario en Diputados aún no definió qué hará en este caso particular, y espera instrucciones de Balcarce 50. “Teniendo en cuanta los antecedentes de los incendios en la pampa y Córdoba, si llega a haber quorum la lógica indicaría que podríamos acompañar”, dijeron en la bancada mileista.
El intendente Federico Susbielles habló de un mínimo de 400 mil millones de pesos para recuperar la ciudad
Pero remarcaron que la decisión no está tomada. Y en la Casa Rosada, donde se toman las decisiones, deslizaron, a priori, que se inclinan por el mecanismo de la declaración de la emergencia en la Provincia de Buenos Aires -que aún no se tramitó-. “Esos fondos van a ser discrecionales, no van a tener que explicar para qué van específicamente. Pero tiene más sentido ir por esa vía”, dijeron en Balcarce 50.
El Gobierno mira con mejor predisposición la vía de un pedido de fondos de parte de Kicillof, y aseguraron que aún esperan que su administración y la Legislatura bonaerense oficialicen la emergencia. Pero en el entorno de Milei mostraron reticencia con respecto a los proyectos que se presentaron en el Congreso, con extremo cuidado de no generar polémicas en torno al delicado caso de Bahía.
Comunicación cuidada
A pesar de los cuidados más arriba mencionados, los libertarios salen a contestar los tuiteros estrella que responden a Santiago Caputo, pero sus voces no son oficiales y, por lo tanto, se mantienen en el terreno de las redes.
Preocupados por no pisar el palito, los funcionarios tampoco confrontaron Cristina Kirchner, que le dedicó al Presidente uno de sus mensajes que empiezan con “Che, Milei”, en Twitter. “No nos suma en nada”, deslizaron. La bajada desde la cúpula es no hacer ruido político con la tragedia.
Adorni decidió no adelantar, como en otras ocasiones, la conferencia de prensa que hace dos semanas decidió fijar los miércoles (antes se hacía los días martes y jueves, varía según el momento del año). En cambio, la sostuvo para hoy, cuando pasaron seis días desde que se inundó Bahía Blanca. “¿Por qué la adelantaríamos? ¿En qué ayudaría a los bahienses?”, dijeron en la Casa Rosada. Creen que es suficiente con la serie de tuits que publican casi hora a hora Patricia Bullrich y Luis Petri desde el lugar; y el resto de los ministerios, como Capital Humano, e inclusive ARCA (ex AFIP) e YPF.
Hay dos proyectos presentados en el Congreso para declarar la emergencia en Bahía Blanca
En la misma Milei no sólo eligió quedarse en Olivos el fin de semana y durante los primeros días hábiles post-tormenta. También evitó las entrevistas. Además, se cuidó de frenar todas las actividades públicas que tenía previstas, dicen en su círculo, para seguir con la mayor atención posible el operativo de contención en la zona. En ese contexto suspendió sus viajes a Mendoza y a Chile, y aún no confirmó si irá a ExpoAgro el viernes, como tenía previsto.
La novedad se produjo esta mañana, cuando el jefe de Estado llegó a Bahía Blanca tras un viaje que se mantuvo bajo estricta reserva. Lo acompañó una comitiva reducida integrada por Karina Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich.
Hasta ahora la encargada de poner la cara había sido la ministra de Seguridad, que dio innumerables entrevistas, por teléfono y en el piso de los principales canales de TV, casi todos los días posteriores al desastre. No fue el caso de Petri, que a pesar de estar al frente de buena parte del operativo, apenas habló en estos días. Hay ciertos rumores de que no fue autorizado para que “poner la cara” luego del malestar que crecía con él en cierto sector del Gobierno hasta la semana pasada.
Las autoridades nacionales criticaron al ex presidente, pero separaron las críticas de un eventual respaldo al acuerdo con el FMI y otras iniciativas. Este miércoles, el oficialismo enfrenta una votación clave en Diputados
Nuevamente, declaraciones públicas del ex presidente Mauricio Macri generaron repercusiones negativas en la Casa Rosada, donde los funcionarios dejaron ver su malestar con el líder del PRO, pero evitaron responderle abiertamente, en medio de las expectativas de alianza electoral con final todavía incierto.
Esta vez, el ex mandatario nacional habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que su sucesor Javier Milei firmó para hacer efectivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego envió al Congreso para su tratamiento.
Al participar de la Exporural que se realiza en un predio del partido bonaerense de San Nicolás, el referente de la “oposición dialoguista” consideró que la decisión del Gobierno de haber utilizado ese instrumento para acelerar las negociaciones con el organismo de crédito, evidencia “la debilidad institucional en la que estamos”.
Macri cuestionó al Gobierno durante su visita a Expoagro (Expoagro2025/ NA)
“No ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante eso. Creo que habría que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”, opinó Macri.
En Balcarce 50 estos dichos cayeron muy mal y en el entorno de Milei remarcaron que el ex jefe de Estado “no entiende el proceso jurídico en la Argentina” y aseguraron que no habla en nombre del PRO.
En este sentido, las autoridades nacionales aseguraron que un DNU, si es aprobado por alguna de las Cámaras, “es jurídicamente lo mismo que una ley”, por lo que cuestionaron que el dirigente responda “de cosas que no entiende”.
Efectivamente, como no se trata de un proyecto, sino de un Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto el Senado como Diputados debe rechazarlo para que deje de estar en vigencia. Caso contrario, si alguno de los dos recintos lo aprueba, es automáticamente avalado.
Este miércoles, tan solo un día después de las declaraciones de Macri, el oficialismo enfrentará una importante votación en el Congreso, en la que necesitará de la ayuda del PRO.
El bloque de Democracia para siempre, que encabeza Facundo Manes, solicitó una sesión para tratar un conjunto de resoluciones que proponen la creación de una Comisión Investigadora del caso $Libra y la convocatoria a dar explicaciones de varios de los integrantes del Gabinete, incluido el propio Presidente.
El oficialismo enfrenta una dura batalla en la Cámara de Diputados este miércoles (EFE/ Cámara De Diputados De Argentina)
La bancada amarilla, comandada por Cristian Ritondo, se reunió este martes por la tarde para definir la postura que va a tener de cara a ese debate, pero no se habló en ningún momento sobre el acuerdo con el FMI ni las palabras del líder del partido.
A pesar de las tensiones existentes, el PRO tenía previsto sostener su posición de apoyar al Gobierno y votar en contra de todas las medidas vinculadas con la presunta estafa con la criptomoneda, al considerar que se trata de un tema que tiene que estudiar la Justicia.
Por el otro lado, esta fuerza política también tiene una importante influencia en la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, que es la encargada de dictaminar sobre los DNUs que firma el Poder Ejecutivo.
Si bien este cuerpo está presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, tiene como vice a un referente del macrismo, el diputado Diego Santilli, que asumió en remplazo de su compañero de banca Hernán Lombardi.
En las últimas horas, Lombardi renunció a su cargo como legislador para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido convocado para ese puesto por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Santilli quedó como vicepresidente de a Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo (Jaime Olivos)
El lugar en la mencionada Comisión, entonces, quedó en manos de Santilli, un dirigente que se ha mostrado cercano a Milei y que incluso se especuló con la posibilidad de que se sume a La Libertad Avanza.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, “El Colo” estaría dispuesto a respaldar el Decreto del Presidente, incluso después de las críticas que hizo Macri.
Las palabras de quien es el titular del PRO no modificaron el pensamiento del diputado, que cree que el Gobierno cumplió con su promesa de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso, así lo haya hecho mediante un DNU.
Para Santilli, además, es importante que el Poder Ejecutivo cuente con este nuevo programa con el Fondo para “poder sanear el Banco Central y terminar de una vez con el flagelo de la inflación”, y considera que las dos Cámaras “tienen que acompañar”.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
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El Palacio de Tribunales (NA)
