Politica
La Corte Suprema ordenó dar marcha atrás con dos fallos que fijaban fuertes indemnizaciones en demandas laborales
El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia. En otra causa, también revocó el monto fijado por el pago de una multa por retención de aportes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia. En otra causa, el máximo tribunal revocó un fallo en donde se disponía el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
El primero de los casos se inició cuando Jonatan Daniel Lacuadra demandó a Directv Argentina S.A., Santa Fe Celular S.R.L., Verónica Paula Boccuzzi y Carolina Giselle Andueza por diversos conceptos salariales e indemnizaciones originadas en un despido indirecto ocurrido el 11 de julio de 2013. En primera instancia se hizo lugar a su reclamo, se estableció que los codemandados debían responder de manera solidaria y se los condenó a pagar $ 687.735,12 en concepto de capital, e intereses de acuerdo a la tasa activa prevista en las actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).
Directv Argentina S.A. cuestionó la decisión con un recurso extraordinario, invocando la arbitrariedad de la sentencia. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja.
En Oliva, el máximo tribunal había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses por aplicación del acta 2764/2022 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), consideró que ese criterio para el cómputo en una indemnización por despido no se encontraba previsto en la ley y provocó un incremento desproporcionado de la condena (del orden del 7.745,3%).
Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó el acta 2783/2024 en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”. Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco encuentra fundamento en las disposiciones del código citado y arroja resultados igualmente irrazonables”.
En función de la génesis, finalidad y forma de cálculo establecidas en las normas que lo implementaron, “resulta evidente que el CER en modo alguno es una tasa de interés ‘reglamentada por el BCRA’ como lo afirma la nueva acta de la cámara”, señaló la Corte.
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El Palacio de Tribunales (NA)La Corte ya había dicho que el artículo 768 del Código Civil y Comercial establece tres criterios para la determinación de la tasa del interés moratorio: lo que acuerden las partes, lo que dispongan las leyes especiales y “en subsidio, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. En tal sentido, el método de reajuste contemplado en el acta 2783/2024 “implica apartarse sin fundamento de las facultades acordadas a los jueces por el inciso c del artículo citado, ya que comporta la aplicación de un coeficiente para la actualización del capital y no de una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central”.
Asimismo, sobre las cifras involucradas en la causa, la Corte apuntó que el capital por el que se hizo lugar a la demanda fue fijado, a valores del 11 de julio de 2013, en $687.735,12, en tanto que, en la liquidación de la parte actora del 30 de mayo de 2024, aplicando las directivas del acta 2783/2024, el monto de la condena se elevó a $137.013.897,60, lo que representa un aumento del 19.822,48%, un “resultado manifiestamente desproporcionado, que excede cualquier parámetro de ponderación razonable sin el debido sustento legal”. Por ello, la Corte descalificó la sentencia apelada por arbitrariedad y ordenó que la causa vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
En otro fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
Aquí, un juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido de indemnización por despido y condenó a Muresco S.A. al pago de la multa por retención de aportes, prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó, en lo principal, esa sentencia. Así, por haber omitido aportes por un valor cercano a los $ 11.400, se impuso a la demandada una multa de $ 194.775.
Muresco S.A. planteó un recurso extraordinario en el que cuestionó lo resuelto por la Cámara (“vulnera los derechos de propiedad, igualdad y debido proceso”) y la constitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que viola la regla de razonabilidad, que no hay proporcionalidad entre la entidad del incumplimiento y el importe de la sanción y que no contempla la posibilidad de graduación o atenuación de la pena. El recurso fue rechazado, lo que motivó la presentación de un recurso de queja.
Sobre la arbitrariedad del fallo, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró inadmisible el planteo. Sin embargo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo cuestionado entendió que “la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal”. Ello, explicó, pues “por una deuda que ascendía a $ 11.406,21 se impuso una multa de $ 194.775″. Esto, contextualizó la Corte, equivale a 53 salarios mensuales de la actora, en un escenario en el que la relación laboral duró 20 meses, “desentendiéndose así el fallo de la realidad económica subyacente en la causa”.
Asimismo, el Tribunal coincidió en que la falta de proporcionalidad obedece a la “ausencia de previsión legal que posibilitase la graduación de la multa (…) circunstancia a la que se suma la inexistencia de todo tope”. De allí que declaró, “para el caso, la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la LCT”.
Dicho esto, advirtió que esta decisión “no puede implicar la impunidad de la disvaliosa conducta de la empleadora respecto de su dependiente” y “corresponde que se ajuste el importe de la sanción recurriendo a la prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”. Por ello, revocó la sentencia con el alcance señalado y ordenó la devolución de la causa para que se dicte una nueva resolución.
Fuente: infobae
Politica
La negociación por el endeudamiento bonaerense hizo resurgir la desconfianza entre Kicillof y La Cámpora
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
Politica
Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
(REUTERS)
Politica
Diputados: en la previa de la sesión preparatoria, LLA está cerca de arrebatarle la primera minoría al PJ
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.
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