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Sociedad

Cambios en el Empleo Público: nuevo sistema de ingreso con evaluación, reorganización del personal y desvinculaciones

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El Poder Ejecutivo dio a conocer los cambios en las normas para ingresar a trabajar al Estado. Entre otros puntos, se destaca la introducción de una prueba general de “conocimientos y competencias”

El gobierno nacional publicó nuevas modificaciones en el sistema de empleo público

A través del decreto 695/2024, el Gobierno argentino estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal. Este decreto, publicado durante la madrugada en el Boletín Oficial, reglamenta el Título II de la normativa vigente.

El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.

El decreto 695/2024, del Boletín Oficial, cuenta con la firma del presidente Javier MileiEl decreto 695/2024, del Boletín Oficial, cuenta con la firma del presidente Javier Milei

El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esta medida busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.

Desde su llegada al poder, la gestión libertaria ha iniciado un proceso de reorganización de la planta del Estado. Esto ha incluido la no renovación de cientos de contratos y la disponibilidad de aquellos que integran la planta permanente. Para gestionar esta reestructuración, se ha creado el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.

El decreto establece una escala para asignar el período de disponibilidad del personal afectado:

  • Hasta 15 años de antigüedad: 6 meses.
  • Más de 15 años y hasta 30 años de antigüedad: 9 meses.
  • Más de 30 años de antigüedad: 12 meses.

Durante este período, el personal percibirá un importe mensual equivalente a su retribución escalafonaria, “con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”. Para el cálculo de la indemnización, se considerarán las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y “se computarán los servicios no simultáneos prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no generó derecho a indemnización”. Los empleados con sumarios en curso no podrán cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.

Asimismo, los empleados de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán pasar a disponibilidad. Aquellos próximos a jubilarse —dentro de un período máximo de 12 meses— serán reubicados transitoriamente hasta que se resuelva su situación.

En cuanto a las reubicaciones y movilidades, el decreto dispone que la afectación definitiva de un agente a otra dependencia será considerada como traslado, condicionada a la existencia de una vacante financiada. Además, se podrán disponer permutas a solicitud de agentes de igual situación escalafonaria, siempre que no afecten la necesidad del servicio.

Por su parte, el Gobierno ha establecido un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones. Las infracciones contempladas incluyen llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias y condenas judiciales, entre otras. Esta normativa busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales y mantener la eficiencia del servicio público.

Con la implementación de nuevas evaluaciones, la reorganización del personal y la introducción de un régimen de contrataciones más flexible, el Gobierno busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública.

La explicación de Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió en las redes sociales su análisis de las modificaciones del empleo público, que dio a conocer el gobierno nacional, a través del Boletín Oficial, la cual definió como “anti-ñoquis”.

“Se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado”, escribió, en principio, el funcionario nacional.

La publicación de Federico Sturzenegger sobre las modificaciones en el empleo públicoLa publicación de Federico Sturzenegger sobre las modificaciones en el empleo público

Y explicó: “Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo”.

“Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación, quien obtenga una nota superior a la de corte”, agregó Sturzenegger.

Y aprovechó para separar la actual conducción del Estado de la gestión anterior. “De esta manera, se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de “minar” al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana”, sostuvo.

El decreto

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Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online

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Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional

Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.

Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.

Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Buenos Aires y Formosa siguenBuenos Aires y Formosa siguen exigiendo trámites presenciales para gestionar el carnet de conducir

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.

Incorporación progresiva

La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • Neuquén
  • Mendoza
  • Catamarca
  • Chaco
  • Salta
  • Jujuy
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Chubut
  • Corrientes
  • Misiones
  • La Rioja
  • Entre Ríos
  • San Luis
  • La Pampa
  • Tierra del Fuego
  • San Juan
  • Santa Cruz
  • Río Negro

Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.

Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cómo realizar el trámite

Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.

Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Córdoba compartió por primera vezCórdoba compartió por primera vez sus antecedentes viales con el sistema nacional y delegó funciones clave

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.

El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.

Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.

La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.

Limitaciones de alcance

Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.

En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.

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La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

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Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo

El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.

La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.

Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.

Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.

Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.

. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.

A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.

La investigación y las escuchas sobre toda la organización

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

– Nilda Arrieta: Sí ….

– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

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Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas

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Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento

Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.

Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.

La calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

El 8,7% de los trabajadoresEl 8,7% de los trabajadores son subocupados en CABA

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).

Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.

En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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