El gobernador bonaerense aseguró que la definición de realizar la obra en Río Negro responde a una orden del presidente. En La Plata sugieren que “no se pondrá un ladrillo” en la provincia patagónica y que ahora “empieza a correr el reloj” para el jefe de Estado
Entre el fastidio, lo previsible y la resignación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sentó este miércoles por la mañana en el Salón Dorado de la gobernación para explicar la posición oficial de su gobierno ante la decisión de YPF de instalar la planta de licuefacción de gas natural en Punta Colorada, Río Negro, en desmedro de la opción de Ingeniero White, en Bahía Blanca.
Como había adelantado Infobae, el gobernador argumentó que la resolución del tema respondió meramente a un factor político que estuvo determinado por el presidente Javier Milei. El capítulo GNL puso, nuevamente, al mandatario provincial en confrontación directa con el presidente, forjando una discusión que tallará indefectiblemente en los objetivos electorales de mediano y largo plazo.
“Nosotros tenemos un puerto funcionando, hay que hacer un puerto nuevo donde no lo hay; yo creo que hasta el 2027, 2028 no va a haber un solo ladrillo; espero equivocarme”, planteó Kicillof en uno los pasajes de la conferencia que brindó este miércoles. La línea que ahora trazará discursivamente el gobernador está puesta en qué es lo que se va a hacer en Sierras Bajas. “Ahora el reloj empieza a correr para Milei, es él quien va a tener que dar explicaciones”, planteaban en la gobernación bonaerense una vez concluida la conferencia de prensa de Kicillof.
En La Plata sostienen la hipótesis de que la decisión está intervenida por dos factores: el desfinanciamiento al territorio bonaerense y la cuestión electoral venidera. Reconocen que la oposición dirá que la decisión del gobernador de no hacer una adhesión explícita al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) hizo mudar la inversión a Río Negro. Kicillof insistió este miércoles que la decisión de YPF no tiene nada que ver con el RIGI .
Ayer por la noche, el presidente de YPF, Horacio Marín y Kicillof hablaron por teléfono. Según pudo reconstruir Infobae, la conversación no fue para nada armoniosa. “Espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, dijo Kicillof sobre el intercambio con el titular de la petrolera argentina al que caracterizó -junto al directorio de YPF- como funcionario del Gobierno. En un comunicado oficial que lleva el sello de YPF y Patronas se explican cuestiones técnicas del por qué de la decisión y se explicita que “la provincia de Río Negro ofreció las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto”.
A Kicillof lo escoltaron la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis y de Producción, Augusto Costa. Además del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. A diferencia de otras ocasiones similares -como por ejemplo la conferencia de prensa que realizó Kicillof cuando anunció que Buenos Aires iría a la Justicia por el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FoFoFi)- esta vez no hubo intendentes ni demás dirigentes del peronismo. En gobernación aclararon que no hubo convocatoria formal y que todo se dio de manera intempestiva: la decisión de YPF y el llamado a la conferencia de prensa.
A la presencia de ministros también se le sumaron en las primera filas de los presentes, la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; y el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli.
Tras la conferencia, algunos diputados nacionales, intendentes y ministros provinciales se manifestaron a través de sus redes sociales. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, expresó que “la decisión de marginar a la provincia de Buenos Aires de la construcción de la Planta de GNL es el fiel reflejo de la mirada política del Gobierno, una visión sesgada y cortoplacista que prioriza enconos personales por sobre el desarrollo y bienestar de la comunidad”. Otermín oscila entre los jefes comunales del PJ y la sintonía con La Cámpora y su líder, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, planteó que “Milei decidió profundizar su castigo al pueblo bonaerense. Por un capricho ideológico del Presidente, nuestra Provincia se ve privada de una inversión en la que se viene trabajando hace 10 años”, y que “tenemos un sólo compromiso y es con el mismo pueblo al que todos los días defendemos de las agresiones del Gobierno nacional”.
En el mes de agosto, Milei encabezará un acto político en territorio provincial. Una de las posibles locaciones puede ser la capital bonaerense. El encuentro tendrá un alto tinte proselitista en sangre. El presidente estará acompañado por el diputado nacional, José Luis Espert, como escolta estelar junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El diputado se perfila para encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Milei y José Luis Espert (Franco Fafasuli)
Este miércoles, Kicillof habló sobre eso: “Milei no solo perdió las tres elecciones sino que no ganó un solo municipio en la provincia de Buenos Aires. Leía que quiere venir a hacer un acto; evidentemente están en campaña y la campaña de Milei es perjudicar y hacer daño a la provincia de Buenos Aires, para ver si así lo votan; pero justamente lo que está haciendo Milei es deteriorando más una situación que va en caída libre por su programa económico”.
En la gobernación bonaerense ponen sobre la mesa que en las elecciones del año pasado, lo que fue Unión por la Patria se impuso en las Primarias, las elecciones generales y el balotaje. Sin embargo, no alcanzó.De esta manera, la resolución por la ubicación en la planta de GNL forma parte otro punto de inflexión de la tumultuosa relación entre el presidente y el gobernador bonaerense, adelantando una contienda electoral que los tendrá como protagonistas.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.