La conducción cegetista rechazó este jueves participar de un diálogo tripartito para discutir una reforma profunda como pide el sector empresario y se quejó de la falta de respuestas del Gobierno.
Solo enviará a sus equipos técnicos a la reunión para reglamentar las modificaciones laborales que votó el Congreso.
Pese al malestar que generó que la decisión del Gobierno de reglamentar la reversión del impuesto a las Ganancias sin atender los reclamos sindicales, la CGT definió que por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra la gestión de Javier Milei en el afán de preservar la unidad entre los diferentes espacios de la entidad. Pero si resolvió endurecer su posición con el Ejecutivo ante la falta de respuestas a sus reclamos: así enviará solo a sus equipos técnicos (no a sus dirigentes) la semana próxima a la reunión convocada por el Ejecutivo por la reglamentación de los cambios en materia de trabajo incluidos en la Ley Bases, pero rechazó sumarse a un diálogo tripartito para discutir una reforma laboral más profunda, como alienta el sector empresario con un guiño de la Casa Rosada.
La posición cegetista fue convenida este jueves en la extensa reunión del consejo directivo que sesionó en la sede de Azopardo al 800 con la participación de dirigentes de los grupos más moderados de la entidad, encabezados por Héctor Daer y los denominados “independientes”, y de los sectores combativos, el frente que componen Pablo Moyano y los gremios K.
En ese marco, y pese a las diferencias entre quienes sostienen la necesidad de mantener el diálogo abierto con el Gobierno y aquellos que pugnan por endurecer la posición sindical, se acordó una estrategia conjunta que volvió a postergar la definición de medidas de fuerza, resolvió la convocatoria a un plenario de todas las regionales de la CGT y sumarse a la movilización convocada por las organizaciones sociales para el próximo 7 de agosto por la celebración de San Cayetano.
A la par, y en un mensaje de endurecimiento con la Casa Rosada, se fijó que serán los equipos técnicos de la central y no los miembros de la conducción sindical los que irán el próximo miércoles a la Secretaría de Trabajo a la reunión para debatir la letra chica de los cambios laborales establecidos por la Ley Bases. Pero los sindicalistas desestimaron cualquier posibilidad de negociar a partir de un marco tripartito una reforma laboral de alcance más amplio.
“El Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, reprochó Daer al término de las deliberaciones del consejo cegetista en alusión al planteo sindical para que el nuevo piso de Ganancias se actualice por la inflación acumulada el último semestre y el pedido para que el Gobierno deje sin efecto la apelación ante la Corte por el fallo judicial que frenó el capítulo laboral del megaDNU de Javier Milei. Y amplió sobre la misma idea: “No estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación tripartita“.
Las definiciones de la CGT tuvieron lugar un día después de que el Gobierno, a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, anunció la puesta en marcha de una mesa técnica destinada a analizar la reglamentación de los cambios de la normativa laboral incorporado en la Ley Bases, para lo cual está prevista una reunión el próximo miércoles, y la apertura de un espacio de diálogo tripartito que -en línea con el reclamo empresarial- avance en la discusión de una reforma laboral más amplia y con eje en el articulado del polémico DNU, actualmente frenado por la Justicia.
En cuanto al debate por la reglamentación del capítulo laboral de la ley votada por el Congreso, cada sector tiene sus propias urgencias. Los sindicalistas que visitaron a Cordero concentran su preocupación en dos artículos clave: por una parte el que define la creación de la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores autónomos a cargo, un punto que la CGT denunció que el Gobierno ya reglamentó sin atender sus reclamos. Y, por otro, el que establece la penalización de los bloqueos y tomas de empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, lo que habilita a los empleadores a despedir con causa a quienes participen de ese tipo de protestas. “Hay aspectos muy dañinos para los trabajadores que es necesario atenuar y resolver” en el decreto reglamentario, advierten en la central obrera.
A su vez, los directivos empresarios de G6 que visitaron el miércoles al funcionario, se pararon en la vereda de enfrente de la posición sindical y reclamaron acelerar la implementación de los cambios laborales de la Ley Bases. En particular, los que establecen la reformulación del sistema de multas laborales, o el que permite la adopción del denominado Fondo de Cese como alternativa al regimen indemnizatorio consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, sobre la controversia por la penalización de los bloqueos y tomas de establecimientos, los empresarios rechazan discutir con los gremios cualquier esquema que desnaturalice el sentido de la medida y flexibilice sus efectos concretos. “Es muy claro lo que votó el Congreso y queremos que se mantenga ese espíritu en la reglamentación”, señaló a Clarín el directivo de una de las cámaras del G6.
Una reforma laboral profunda
Un escenario mucho más complejo supone la pretensión empresaria -compartida en buena medida por el Gobierno- de impulsar el diálogo tripartito como instancia para negociar una reforma laboral más profunda que los cambios fijados por la Ley Bases.
La intención es poner en la mesa de discusión parte de los 42 artículos eliminados de la ley por presión de la CGT y la mayoría de las modificaciones laborales fijadas en el DNU 70/23 -por ahora frenadas por la Justicia a pedido de la CGT-, cuya redacción estuvo en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quién también podría sumarse a las negociaciones con empresarios y gremios en representación del Gobierno.
“Se fijará la agenda de forma tripartita. Una vez consensuada, esperamos debatir puntos de la reforma laboral que no fueron incluidos en la Ley Bases”, afirmó el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, a Clarin. En la misma línea se pronunció Mario Grinman, de la CAC, que indicó: “El DNU marcó una agenda que nunca se había hecho. La Argentina necesita que se creen fuentes de trabajo, el 50% está en la informalidad. Hay que adecuar los marcos” laborales, señaló.
El megadecreto contempla cambios en materia de relaciones individuales, colectivas y en la regulación de los conflictos colectivos de trabajo, abarcando la flexibilización de condiciones laborales, la reducción de las indemnizaciones y fija nuevas limitaciones al derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos, entre otras medidas fuertemente resistidas por los gremios.
Justamente por su profundidad la conducción CGT judicializó el decreto y ahora aguarda por un pronunciamiento definitivo la Corte Suprema.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.