Lo determinó el Presidente en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este martes.
La medida estableció que el uso de ese monto sea secreto.
“Es mucha plata para lo que queda del año. Milei se está armando su propio Blockbuster“, ironizó un viejo conocedor de los pasillos de la SIDE sobre el destino de la sorpresiva asignación de cien mil millones de pesos de gastos reservados al organismo de inteligencia que, a su entender, servirían para “rearmar las bases” y comprar equipos de software para las cuatro agencias creadas en la reestructuración de una entidad que es conducida por Sergio Neiffert bajo la atenta mirada del asesor Santiago Caputo.
A través del decreto 656/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno adicionó unos 100 millones de dólares, según el cálculo de la oposición, al presupuesto general 2024, que serán destinados “al fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”. Se trata de “fondos reservados” derivados de una ampliación en el Presupuesto 2024, se informó.
La decisión -dice el texto- se sustenta en la “necesidad de asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”, es decir, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional; y la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, creada como ente de control de los anteriores.
Según explicó una fuente oficial, “el presupuesto 2024 establecía los gastos de la SIDE en unos 36 millones de dólares: 30 millones para sueldos, 3 millones para gastos y 3 millones en fondos reservados”. Con la decisión de Milei, esos fondos se triplican.
En el Gobierno defienden la decisión: “Un banco de primera línea argentino invierte en ciberseguridad 50 millones de dólares”. Y agregó: “Con el DNU sele asignan unos 100 millones de dólares a la SIDE para poder darle capacidad operativa y poder proteger, no sólo al Estado, sino principalmente la vida diaria de los argentinos. Como la infraestructura crítica: bases de datos, tendidos eléctricos, conexiones de redes”.
La semana pasada, el Gobierno había decidido disolver la Agencia Federal de Inteligencia y volver a un esquema previo que reivindica la SIDE, la anterior Secretaría de Inteligencia del Estado. La decisión entró en vigencia con la publicación de los Decretos 614 y 615/2024 en el BO.
La estructura del remozado organismo se dividió en cuatro departamentos: sólo Asuntos Internos se encuentra acéfala. Unacalificada fuente oficial consultada dijoque “ya está elegido el titular, pero estamos viendo si se aprueban los papeles”. Al parecer, se trataría de un funcionario con trayectoria en la Justicia.
El cambio organizacional, según el argumento oficial, se debió a que la AFI -nomenclatura que el kirchnerismo le puso a la casa de los espías tras el crimen del fiscal Alberto Nisman– fue “utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”. Al respecto, el Presidente señaló que “la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”.
Alberto Fernández había cortado los fondos reservados
El uso de fondos reservados en la SIDE había sido eliminado por el gobierno de Alberto Fernández y fue repuesto por esta gestión. De hecho, el ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, recordó a Clarín que durante la anterior administración “le sacamos fondos reservados a la AFI para destinarlos a la lucha contra el COVID” y calificó a la actual medida “como una vuelta al pasado, algo muy peligroso para la sociedad. Ese fondo #no tiene control de nadie”, según su mirada, al consignar que no observa que estén destinados “profesionalizar” a los agentes que reporten en el organismo.
En la misma sintonía, Vilma Ibarra, ex secretaria de Legal y Técnica, consideró que con el mencionado decreto “la libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia”. Aunque no lo digan a viva voz, en un sector de la oposición hay temor que esos recursos se utilicen para espionaje interno a políticos y dirigentes de otros sectores.
Pero para la fuente de inteligencia consultada, tamaña cantidad de recursos tendría dos objetivos clave: rearmar las bases de la ex AFI en el interior y en la Provincia de Buenos Aires y adquirir equipos informáticos y las denominada “valijas” -que sirven para interceptar conversaciones telefónicas a distancia- como forma de robustecer una estructura de inteligencia que acompañe un “proyecto de poder“. Al respecto, opinó que “pueden volver las pre-causas, que nacen de una pinchadura telefónica sin una orden judicial, motivadas solo por indicios o por negocios. Es algo que ya vivimos”.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni no explicó para que se usará el dinero reasignado a la SIDE y se excusó en el carácter “reservado” del mismo y en que será la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia del Congreso la que se abocará a ese contralor. “Va a ser la única que tenga las facultades para revisar los gastos reservados. “Es un tema del Poder Legislativo, pero entiendo que va a haber que conformarla lo antes posible”, apuntó.
Justamente la definición de la conducción de ese cuerpo se encuentra demorada por la puja entre la Casa Rosada -Caputo presiona por el peronista entrerriano Gustavo Kueider– y la oposición, que promueve para ese cargo al macrista misionero Martín Göerling.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.