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El Gobierno da marcha atrás, vuelve a cerrar los dos edificios de la exTélam y se reactiva el conflicto con los trabajadores

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El interventor de los medios públicos dispensó de ir a trabajar a todos los empleados de la exTélam hasta fin de mes.

Duraron solo dos días abiertos los dos edificios donde iban a funcionar la agencia de publicidad APESA y la web digital RTA Noticias.

Fuentes oficiales dijeron que reabrieron los retiros voluntarios y planean desvincular a otros 200 empleados.

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de lanzar una agencia de noticias dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA) y resolvió cerrar nuevamente los dos edificios de la exTélam y dispensar de ir a trabajar a los 450 empleados hasta fin de mes.

La decisión la tomó el interventor de los medios públicos, Eduardo González, al día siguiente de reabrir los edificios porteños de la exTélam, que habían sido rebautizados por la gestión oficial como Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima (APESA) y RTA Noticias.

El interventor González firmó este jueves una nota dirigida a los directivos de la exTélam, “en función de las medidas que viene llevando a cabo el Gobierno nacional, a fin de que tengan a bien comunicar a todo el personal que se dispone la dispensa de prestación de débito laboral con goce haberes hasta el día 31 de julio inclusive”.

Es que de los 780 empleados que tenía la exTélam, hubo 370 que firmaron el retiro voluntario, pero el Gobierno insiste en que hay 200 a los que va a citar para que acepten los retiros voluntarios, ya que de lo contrario pretende desvincularlos en los próximos dos meses.

La medida sorprendió a los 480 empleados de la exTélam, que este miércoles y jueves concurrieron a sus lugares de trabajo, porque vencía la dispensa que tenían desde marzo pasado y estaban contentos de reintegrarse a sus lugares de trabajo.

“Es insólito que ayer fuimos a firmar el traspaso de la exTélam a RTA Noticias, con un montón de promesas sobre los contenidos que íbamos a generar… y ahora vuelven a cerrar los edificios y nos dicen otra vez que ya no vayamos a trabajar ahí”, protestó uno de los periodistas que firmó su transferencia a la nueva unidad de negocios de RTA, la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública.

Es que luego de firmar el viernes pasado un acta de compromiso con los gremios, el Gobierno levantó las vallas que impedían el ingreso a los edificios donde funcionaba la exTélam. Los periodistas lo hicieron en el edificio de avenida Belgrano 347, donde trabajaban antes; mientras que los del área publicitaria volvieron a Bolivar 531, para hacer lo mismo que hacían antes, en la nueva Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima (APESA), que se encargará de distribuir, controlar y pagar la publicidad oficial del gobierno nacional.

“APESA va a ser el canal por medio del cual los medios van a poder canalizar la pauta del Estado. Mientras que unos 100 periodistas de Télam van a generar contenido para la TV Pública y Radio Nacional”, dijo el miércoles una fuente oficial a Clarín. Y añadió: “Telam tenía en la cablera entre 1.400 y 1.500 proveedores que se suscribían para acceder a la información. Ahora ya no vamos a tener una cablera, pero se les va a ofrecer a esos proveedores para que mediante una suscripción adquieran esa información, a través del portal de RTA Noticias”.

El modelo para RTA Noticias era similar al del diario El País, de España, que permite leer el título y un primer párrafo de la información, pero si uno quiere leer toda la nota tiene que suscribirse. En el caso de las fotos, RTA Noticias le iba poner una marca de agua, para que los medios que quisieran utilizarla tuvieran que suscribirse para poder publicarlas. “El plan es que genere ingresos y sea autosustentable”, planteó este miércoles una fuente oficial.

Sin embargo, cuando se difundió esa información, el Gobierno tuvo una serie de frenéticas reuniones y resolvió dar marcha atrás.

“Luego del exitoso cierre de la agencia propagandística del kirchnerismo, la administración del presidente Milei evalúa despedir al resto de los periodistas que no aceptaron los retiros voluntarios”, dijo este jueves una fuente oficial. Y agregó que habían decidido volver a cerrar los dos edificios de Bolivar y avenida Belgrano, a los que el fin de semana les habían levantado las vallas.

“Por el momento, el destino de los periodistas no está resuelto pero no estamos dispuestos a montar un área de noticias donde en vez de información sin sesgos haya editorialización con tintes progresistas“, señalaron las fuentes oficiales.

“A pesar del acampe diario y los fallidos intentos de amparo, en tan solo cinco meses se logró con éxito la desvinculación de 370 empleados y se estima que de confirmarse el despido del residual periodístico, serían alrededor de 200 más, cumpliendo con éxito otra promesa de campaña realizada por el presidente Javier Milei“, concluyeron las fuentes oficiales.

Del cierre, a la dispensa laboral

El Presidente Milei anunció el cierre de la agencia Télam el viernes 1 de marzo, cuando dio el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

“Vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, dijo el Presidente ese viernes por la noche en el Congreso.

Tres días después la agencia dejó de funcionar, se dio de baja su sitio web, las dos sedes porteñas de la agencia amanecieron valladas, y sus empleados fueron “dispensados” de ir a trabajar.

Desde entonces, hubo un Plan de Retiros Voluntarios, que tuvo la adhesión de 370 empleados, la mitad de la plantilla laboral. Además, habían intimado a todos los empleados de Télam a devolver las notebooks, cámaras fotográficas, filmadoras, drones y otros dispositivos que les fueron asignados para realizar sus tareas periodísticas.

Diego Chaher, entonces interventor de Télam, le había solicitado a fines de mayo a la Secretaría de Trabajo que le dé “trámite prioritario y urgente” al pedido de aplicar el Procedimiento Preventivo de Crisis, para “habilitar en forma inmediata” los despidos del resto del personal.

Pero el gobierno demoró esa medida, en simultáneo con el reemplazo de Nicolás Posee por Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, junto con el ascenso de Chaher como secretario de Empresas del Estado, en reemplazo de Mauricio González Botto; y de Eduardo González, de coordinador general de RTA, a interventor de todos los medios públicos. Mientras la negociación con los bloques “dialoguistas” de la oposición en el Senado, por la Ley Bases, forzó el retiro de la TV Pública y Radio Nacional de las empresas a ser privatizadas por el gobierno, medida que fue luego ratificada por la Cámara de Diputados.

A diferencia de los “inminentes despidos” en Télam que anunciaba antes el gobierno, durante el último mes se profundizó el canal de diálogo con los empleados y los gremios para reabrir el área publicitaria y reconvertir la agencia de noticias con los que no aceptaron el retiro voluntario.

De hecho, este miércoles el Gobierno anunció la reconversión de la exTélam en dos áreas separadas: la Agencia de Publicidad del Estado (APESA) y RTA Noticias, con menos de la mitad de los empleados, que planeaban realizar actividades similares y en los mismos lugares donde trabajaban antes, pero con un modelo de negocio “autosustentable”, más a tono con la convergencia y las tendencias internacionales, según aseguraban las fuentes oficiales.

Pero luego de difundirse esa información, todo cambió abruptamente y el jueves por la tarde el interventor anunció una nueva dispensa laboral, para que los empleados no vayan a trabajar hasta fin de mes, con el cierre de los edificios de la exTélam.

Habrá que ver como siguen APESA y RTA Noticias. Pero quedó claro que la situación es imprevisible, ya que el Gobierno dio marcha atrás con su proyecto para la exTélam en poco más de 24 horas, sin demasiadas explicaciones.

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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