Afirma que estas apuestas están creciendo “de modo exponencial”.
Demanda el aumento de las restricciones al acceso de los menores.
En una enérgica declaración, la Iglesia advirtió que el juego on line está creciendo “de manera exponencial” en todo el país, especialmente entre los jóvenes, y con ello incrementando la adicción al juego, por lo que consideró que “nunca se debió permitir” y le pidió al Estado en sus distintos niveles, entre otras demandas, que aumenten las restricciones para el acceso de menores a esos sitios y cuanto menos se restrinja la publicidad, incluso en los clubes de fútbol.
“En nuestras ciudades, pueblos y comunidades rurales, vemos que esta adicción se va incrementando. Advertimos que es una realidad que no discrimina ni clase social ni regiones geográficas. Hay muchos motivos que nos llevan a preocuparnos porque estamos viendo el daño social que se está ocasionando”, dicen en una declaración los equipos de Pastoral Social de todas las diócesis del país.
El pronunciamiento comienza diciendo que “los equipos de la Pastoral Social de distintas provincias del país queremos expresar nuestra profunda preocupación por lo que está pasando con las denominadas ‘apuestas on line’ y, en particular, por el riesgo de promover “la ludopatía en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos”.
“Coincidimos en que se está naturalizando una conducta muy nociva para todas las personas, para la vida en comunidad y, sobre todo, para adolescentes y niños y sus familias”, dicen en la declaración que se produce en paralelo con la preocupación que vienen expresando otras instituciones de la sociedad civil y expertos.
Constatan que “en nuestras ciudades, pueblos y comunidades rurales esta adicción se va incrementando. Advertimos que es una realidad que no discrimina ni clase social ni regiones geográficas. Hay muchos motivos que nos llevan a preocuparnos porque estamos viendo el daño social que se está ocasionando”.
“En el contexto socioeconómico que vivimos desde hace décadas, nos preocupa profundamente cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y del esfuerzo, además de lo gravoso que resulta fomentar una conducta que genera adicción”, señalan.
Lamentan que “la legalización de juegos ‘on line’ logró dos cosas: aumentar la riqueza de quienes manejan el negocio y, paralelamente, aumentar la cantidad de apostadores en general y de adictos ludópatas o potenciales ludópatas. Nunca se debió permitir”.
“En nuestras provincias observamos cómo esta actividad crece de manera exponencial entre los más jóvenes que son especialmente vulnerables ante el estímulo del juego”, subrayan.
En ese sentido, señalan que “la preocupación de docentes y padres ha trascendido públicamente a través de testimonios en distintos medios de comunicación de todo el país, con casos dramáticos y, algunos de ellos, trágicos”.
No obstante, dicen que ven “con esperanza que en diversas regiones no solo hay preocupación sino, también, acciones de prevención, educación y restricciones. En algunos estados provinciales y municipales –puntualizan- se van tomando medidas concretas”.
Celebran que “muchos medios de comunicación no dejan de hablar de esta problemática” y también que “hay ‘influencers’ y comunicadores que cuentan que fueron tentados con mucho dinero para promocionar sitios de apuestas y decidieron resignar dinero y no exponer su trayectoria y su fama por una causa que, por donde se la mire, es insana para las personas”.
“Sabemos –apuntan- que la problemática se está tratando en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, y que también hay proyectos provinciales y municipales. Esto es positivo –dicen- porque no hay duda de que este flagelo es una pandemia que va creciendo de manera exponencial”.
Le piden a las autoridades que “en cada distrito o jurisdicción regulan las apuestas ‘online’ y los juegos de azar, que tomen medidas inmediatas -en algunos casos se vienen implementando, acotan- para impedir el acceso de menores de edad a los sitios que se han legalizado”.
Tambén solicitan que “se restrinja todo tipo de publicidad sobre este negocio; que no se otorguen nuevas licencias de juego ‘on line’; que no se renueven las que están vigentes; y que se denuncien los sitios ilegales para que sean bloqueados de inmediato”.
Demandan, además, a “las y los miembros de las legislaturas provinciales y al Honorable Congreso de la Nación que sancionen normas o actualicen las vigentes en el sentido de lo señalado” que incluyan “campañas preventivas sobre el consumo problemático del juego” y la “prohibición de la publicidad”.
Igualmente, que se aumenten “las restricciones de acceso de menores mediante filtros e identificación biométrica” y se disponga el “bloqueo de sitios de juego en establecimientos educativos”-
Además, que se impida “medios de pago asociados a cuentas en las que se depositen los pagos de planes y programas sociales”, se bloqueen los dominios de internet de sitios ilegales; se cierren cuentas bancarias que se han utilizado para realizar apuestas ilegales y se impidan las “transferencias de divisas al exterior a cuentas de propietarios de sitios de juego ilegal”.
Piden un “aumento de las penas previstas en el Código Penal para quienes permitan el acceso a la actividad de juego de azar a menores” “un plan de acción para atender a las víctimas de la ludopatía por juegos y apuestas ‘online’, especialmente jóvenes y niños. Hoy –lamentan- no tienen dónde ir, y se incrementaron las consultas a psicólogos”.
También solicitan que se prohíba a “las entidades de bien público como son los clubes deportivos a que difundan publicidad de apuestas `online’, porque, como se ha demostrado, la ludopatía y los negocios en torno de los juegos de azar y las apuestas atentan contra la salud de las personas y contra el espíritu deportivo y la sana competencia como ha quedado expuesto en muchos casos de sobornos que han trascendido”.
“Nos preocupa, además, que se vinculen las apuestas ‘on line’ con el deporte, especialmente con el fútbol”, sostienen. Agregan que “todos sabemos que en la patria de los ´campeones del mundo’ el fútbol, por ser el deporte más popular, tiene un fuerte arraigo cultural y afectivo en cada rincón del país. Es penoso que desde ámbitos del deporte se promocione algo que va en contra de la salud”.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.