Afectaría a aquellas líneas que no cancelen en las próximas horas los salarios ni los aguinaldos.
En un comunicado se había confirmado la medida de fuerza, pero lo relativizaron luego.
El Gobierno nacional respondió con promesa de sanciones para las empresas que no den servicio.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con que este viernes llevará a cabo un paro parcial de colectivos por sueldos y aguinaldos adeudados. En un comunicado oficial, el gremio denunció la “falta de pagos” y dio por confirmada la “abstención de tareas” que afectaría a las líneas que mantienen los impagos con los choferes. Pero luego, desde la cúpula del sindicato relativizaron ese texto y dejaron en veremos el anuncio de la medida de fuerza.
En ese comunicado, que surgió de la UTA hacia la prensa y al instante fue rectificado por el mismo sindicato, se deslizaron cuestionamientos al gobierno de Javier Milei. El gremio de Roberto Fernández le pedía que aumente los subsidios a las empresas. El Gobierno nacional respondió con promesa de sanciones para las empresas que no den servicios.
La confirmación del paro y su vuelta atrás a la instancia de advertencia previa sucedió en la tarde de este jueves, luego de que se llevara a cabo una reunión en la Secretaría de Trabajo por las paritarias que fijan los sueldos de junio y julio. No hubo acuerdo.
“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informa a la comunidad y a los usuarios del transporte público de pasajeros que, debido a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA, se ha decidido llevar a cabo una abstención de tareas en dichas empresas”, indicó el comunicado del gremio que publicó y desdijo a la tarde y, después de horas de rumores sobre una medida de fuerza, la incertidumbre se mantuvo.
En su declaración, señaló al Gobierno como responsable de la situación.
“Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cual impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma”, añadió la UTA.
Tras “lamentar profundamente” las consecuencias que sufrirán los usuarios, volvió a dirigirse a la Casa Rosada y al Palacio de Hacienda. “Esperamos que el gobierno nacional realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en conjunto de los trabajadores”.
El pronunciamiento oficial de la UTA confirmaba lo que venía circulando desde más temprano: que este viernes habría un “recorte” en el servicio de colectivos. “Si la empresa no paga, el chofer no sale”, dijeron fuentes del sector por aquellas horas. Con la confirmación, el gremio se expresó en la misma sintonía, con el servicio afectado en aquellas empresas que no paguen a tiempo los sueldos adeudados. Pero luego, por alguna razón, optaron por desdecirse.
Roberto Fernández, de la UTA. Foto Diego Waldmann, archivo
La fecha tope para el pago de los salarios es este viernes, para cuando la UTA esperaba haber alcanzado un acuerdo con los empresarios, en la sede de Trabajo. Sin embargo, llega al viernes sin acuerdo.
Los reclamos de la UTA al Gobierno nacional, además, señalan uno de los pedidos de las empresas, con los subsidios en la mira, una situación que choca con el mandato de ajuste de Milei y Caputo.
La negociación paritaria aún no resuelta corre para los salarios de junio y julio. Este viernes es el límite para el pago de sueldos y aguinaldos que habían sido pactados a finales del mes de mayo. En ese momento, la UTA había comunicado que el salario básico de un colectivero en mayo sería de $737.000, al que se sumarían otros $101.160 en concepto de viáticos y también una suma no remunerativa de $250.000. Así, la cifra que desde el gremio estipulaban como final para el quinto mes del año era $1.088.160.
La misma cifra no remunerativa debía también replicarse en los salarios de junio y julio. El gremio que conduce Roberto Fernández había explicado que, en el caso del sueldo de junio, el salario básico conformado se elevará a $1.000.000, a lo que se sumaría un adicional por viáticos de $137.256 y otra suma de $250.000, por lo que un chofer debió cobrar $1.387.256 en el mes de junio.
Misma situación es la que tiene fecha límite este viernes 5 de julio. El básico inicial para este mes asciende a $1.060.000, y a ello hay que añadir la suma de $250.000 y el adicional por viáticos de $145.488, lo que ascendería el salario a los $1.455.488.
La UTA no llamó al paro, pero los choferes de colectivo están en alerta. Foto Juano Tesone
Sin embargo, también trascendió que algunas empresas no han depositado aún el aguinaldo, por lo que el reclamo se une al de los trabajadores que reclaman la totalidad de pagos de los aumentos salariales pactados con la Secretaría de Trabajo, además de la negociación paritaria abierta y sin resolución para los sueldos de los próximos meses.
Fuerte respuesta del Gobierno nacional: dijo que sancionará a las empresas en las que haya paro
Horas después de que circulara el comunicado, luego relativizado desde la misma UTA, la Secretaría de Transporte sacó una respuesta al gremio: aseguró que ya transfirió “las compensaciones” y advirtió que impondrá sanciones a las empresas que no presten servicio.
“La Secretaria de Transporte informa que los pagos de los salarios son obligaciones de los empresarios con sus empleados. No obstante, cabe destacar, que no hay una fecha de pago obligatoria de fondos a las empresas. A pesar de ello, desde Transporte se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible”, dijo la Secretaría.
Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación. Foto Federico Lopez Claro
Remarcaron que las compensaciones ya fueron enviadas “al banco y está próximo a acreditarse en las cuentas de las empresas en las próximas horas”.
Por último, lanzó la fuerte advertencia. “Las empresas que no presten servicios serán sancionadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y se les realizará las deducciones correspondientes a las compensaciones del mes”, concluyó la cartera que encabeza Franco Mogetta.
Empresarios apuntan a un sistema de colectivos en crisis
La medida de fuerza anterior de choferes de colectivos fue en junio, aunque se trató de un paro parcial muy localizado: sólo afectó a siete líneas. Anteriormente la UTA se había plegado al paro general del 9 de mayo, aunque más de 40 líneas siguieron prestando servicio. Y en abril sí se había concretado un paro de colectivos fuerte. Ocurrió el 11 de ese mes, en medio de denuncias de impagos y de negociaciones paritarias.
Esa vez, Mogetta calificó de “extorsivo” la medida de fuerza de la UTA. “Nosotros no podemos despedir trabajadores, pero podemos despedir empresas”, deslizó por entonces el secretario de Transporte.
Desde las cámaras empresarias vienen advirtiendo por un sistema de transporte en tensión. El reclamo recae en el pedido de adecuación de las tarifas, una medida que el Gobierno dilata para evitar el impacto en la inflación.
Como contrapartida, las empresas reclaman, entonces, mayores subsidios, pero desde Nación no desean ampliar la base de subsidios ya que, de hacerlo, trastocaría su estrategia de “déficit cero”.
En diálogo con Clarín, fuentes empresarias habían insinuado que, a falta de ajuste por precios, comenzaría un ajuste por cantidades. En el sector advierten que si no hay una nueva estructura de costos que reconozca correctamente los precios de los salarios, el combustible (gasoil) y los insumos, las empresas dueñas de los colectivos empezarían a bajar más notoriamente las frecuencias. Incluso, interpretan que los funcionarios, sin decírselo abiertamente, los empujan a tomar decisiones duras.
Según los cálculos de ese momento, estimaban que saldrían a la calle solamente 15.000 colectivos, de los 18.500 que componen el parque, y que se producirían unos 10.000 despidos, para reducir en un 20% la dotación de personal hasta 40.000 choferes.
A mediados de junio, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) -la cámara en la que pesa el grupo Metropol, el segundo más importante del AMBA detrás de DOTA-, dijo que en mayo el pasaje de colectivo en la Ciudad y el conurbano debía costar $1.250 en su tarifa mínima, mientras que el pasajero abonó $270. A su vez, la asociación estimó en casi 250 mil millones de pesos el costo de mantenimiento mensual del sistema de colectivos en el AMBA, de los que la Secretaría de Transporte sólo reconocería 194.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.