Se prevé un alza en la recaudación para 2025 del 54,4 % y un superávit comercial de USD 21.918 millones.
También subraya la decisión de quitar a las organizaciones sociales el manejo de los planes.
Además plantea mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que persigue su administración.
En medio de las turbulencias económicas y los altibajos del dólar, el Gobierno envió este miércoles al Congreso un informe previo del proyecto de Presupuesto 2025 en el que se destaca la decisión de Javier Milei de mantener el déficit cero y proyecta para este año una inflación del 139 % con un dólar a $ 1.016.
En el mensaje se deja constancia que las prioridades de la política presupuestaria para el próximo año estará centrada en 4 ejes: equilibrio fiscal, asistencia social sin intermediaciones, modernización y simplificación del Estado, equipamiento y modernización de las fuerzas de seguridad y defensa.
Según precisaron en el avance del presupuesto, para este año esperaban que la inflación cierre con un alza de 139,7%, pero los datos oficiales sobre el costo de vida publicados con posterioridad a la elaboración del proyecto sugieren que el Índice de Precios al Consumidor finalizará diciembre por debajo del 130% interanual.
En tanto, el Gobierno espera que el dólar finalice el año con una variación interanual de 58 % alcanzando un valor de $1.016, mientras que se proyecta para este año un superávit comercial de USD 21.918 millones, frente al déficit registrado en 2023, que fue de USD -9.215 millones.
En este contexto, el Gobierno prevé un alza en la recaudación para 2025 de 54,4% respecto de la proyectada para este año, reduciéndose 0,45 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023.
En otro orden, en el documento se estima una reducción de la presión tributaria, que pasará de 21,61% del PBI, registrada en 2024, a 21,16% para el próximo año. Sobre este punto también se deja planteado que el ingreso en concepto de IVA, que representa alrededor del 33,9% del total de la recaudación, aumentará un 62,5% respecto de este año.
Respecto del Impuesto a las Ganancias, que a partir de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal se reincorpora la cuarta categoría eliminada durante la gestión de Sergio Massa, el equipo económico proyecta para 2025 un alza en la recaudación de este gravamen de 47% respecto a este año anterior con una disminución en términos del PBI de 0,28 puntos porcentuales.
Otro dato que se destaca tiene que ver con el impuesto al cheque, que el Gobierno especula que registrará el próximo año una suba de 60,7 % con relación a 2024, mientras que confirma la eliminación del impuesto PAIS para diciembre de este año.
Asimismo se apunta en el informe de 59 páginas que se difundió en la Cámara de Diputados que la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario de $ 5.640.405,4 millones y un resultado financiero también positivo de $ 1.636.698,9 millones.
Diputados al momento de aprobar la Ley Bases. Foto Federico López Claro
Milei defiende el equilibrio fiscal para “el despegue definitivo”
El documento destaca que “adoptando medidas audaces” se pudo avanzar “de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal”, lo que permitió ir hacia “la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales”.
En el avance del Presupuesto 2025 enviado al Congreso, el Gobierno plantea que durante el próximo año buscará “mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos”.
Este documento fue enviado previo a a la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 que formalmente deberá enviar el ministro de Economía, Luis Caputo, antes del 15 de septiembre, fecha límite establecida en la Ley de Administración Financiera, para abrir el tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Gobierno mantendrá a las organizaciones sociales al margen del manejo de los planes
El informe también hace hincapié en la decisión del Gobierno de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en el manejo de los planes asistenciales y habla de “esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones”.
“Es prioridad de esta gestión continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad”, subraya el documento.
El ministro de Economía Luis Caputo, prepara el proyecto de Presupuesto para 2025. Foto: Emmanuel Fernández.
Lo que dejó claro en este avance es que el proyecto de Presupuesto que enviará el Gobierno planteará metas fiscales que se basan en el mantenimiento de las políticas que hasta aquí ya se aplicaron y que -según entienden en la Casa Rosada- permitirán dar “sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal”.
“El Gobierno Nacional continuará con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales, dotando de nuevas y mejores herramientas al sector privado y respetando los marcos de sostenibilidad de la deuda pública”, resalta, en tanto, en otro de los párrafos.
Tal como lo plasmó en el mega DNU 70/23 como en la recientemente aprobada Ley Bases, Milei también resaltó el proceso de “modernización y simplificación del Estado”. En este sentido, el Ejecutivo anuncia que trabaja en la búsqueda de “un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos”.
Y ratifica el espíritu de Milei de dar prioridad al sector empresario al destacar que la intención es ir hacia una administración pública centralizada “en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa”.
Para completar, el Gobierno ratificó su misión de modernización de las fuerzas de seguridad y de defensa.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.