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Mauricio Macri instó a Javier Milei a que le devuelva coparticipación a la Ciudad y el PRO salió en masa con el reclamo

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El ex presidente dijo que el Gobierno debe “cumplir con las (leyes) existentes” como son “los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”.

La Justicia ordenó a la Nación subir 1,4% a 2,95% el porcentaje de coparticipación que recibe el distrito porteño.

El expresidente Mauricio Macri instó a Javier Milei a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2022 que sube de 1,4% a 2,95% el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Y tras él, salió su partido, el PRO, en masa con el mismo reclamo.

Macri sostuvo que para “alcanzar” los cambios propuestos para la Argentina “hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema“.

“Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó en un mensaje publicado en su cuenta de X y se metió de lleno en el conflicto que acaba de ser reflotado por la administración de Jorge Macri.

“Todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”, reflexiona y agrega que por el “sacrificio” que hacen los argentinos requiere “de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige”.

Con el amparo vigente desde 2022, la directiva de la Corte Suprema ordena aumentar de 1,4% a 2,95% el porcentaje de fondos coparticipables que fluyen desde Casa Rosada a Uspallata de forma diaria. Este goteo diario y automático es fundamental para la gestión de la ciudad y las provincias. Ni el Gobierno actual ni su antecesor cumplieron con ello.

El renovado reclamo lleva detrás la interna del mismo PRO – con Mauricio Macri y Patricia Bullrich enfrentados y fracturados en la provincia de Buenos Aires – y un hastío de la ciudad por las idas y vueltas con la Nación para que cumpla el fallo.

El latiguillo “no hay plata” parece no convencer ya en Uspallata y piden una salida política al tema, que involucre no solo al ministro de Economía Luis Caputo, con quien ya hubo dos reuniones, sino también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el medio se cola el acto por el nuevo Pacto de Mayo que se firmará el próximo 9 de Julio en Tucumán y al que Jorge Macri piensa asistir, pero también contar ya en ese momento con un principio de solución al tema de la coparticipación.

Casi a la par, el presidente del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, informó que su bloque presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo transfiera los fondos correspondientes a la Ciudad. El texto lleva la firma de 22 diputados, entre los que no figuran el delfín de Patricia Bullrich, Damián Arabia, y el cada vez más cercano a Milei, Fernando Iglesias.

“La situación actual respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires necesita una solución urgente. La medida cautelar dictada por la Corte Suprema debe ser acatada para restablecer los fondos que fueron modificados unilateralmente por el anterior gobierno kirchnerista”, informó en línea con el mensaje de Macri.

El diputado, a quien Milei elogió por su trabajo para conseguir que la Ley Bases consiga sanción, dijo que “el cumplimiento de las decisiones judiciales” es “imprescindible para asegurar la estabilidad institucional“. “Tampoco dicha decisión afecta el presupuesto ni el objetivo de déficit cero, que compartimos desde el primer día”, añadió Ritondo.

Este martes, ya el jefe de Gabinete porteño Néstor Grindetti, había insistido con el reclamo a la Nación por el incumplimiento en el marco de su informe de gestión ante la Legislatura porteña. “La Ciudad recibió 0 pesos”, lanzó y renovó la tensión que mantienen ambas partes por el tema que ahora la gestión de Jorge Macri busca volver a poner en el centro de la relación.

Grindetti recordó que transcurrieron 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y que ya pasaron “seis meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo”.

Un conflicto que ya lleva cuatro años y que podría resolverse en breve

Clarín adelantó que la Corte Suprema prepara un duro revés para Milei que podría darse entre julio y agosto: lo obligará a devolverle a la Ciudad la coparticipación que le quitó el kirchnerismo y saldar la deuda acumulada desde la cautelar que hoy alcanza los $ 800.000 millones.

El conflicto por la coparticipación se remonta a septiembre de 2020. En Olivos, Alberto Fernández reunió a algunos dirigentes tanto de la oposición como del oficialismo. Argentina atravesaba la pandemia y en la puerta de la residencia oficial se amotinaban policía de la Bonaerense. Minutos antes de encabezar el acto el entonces Presidente le avisa al también entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que anunciaría un recorte en el coeficiente de coparticipación que se le envía a la Ciudad. El dinero se utilizaría para las fuerzas bonaerenses y la atención de sus reclamos.

Rodríguez Larreta acudió a la Corte Suprema, tribunal que resuelve los conflictos entre jurisdicciones. La decisión de los magistrados a favor de la Ciudad llegó en diciembre de 2022, pero Fernández jamás acató la medida.

Con un nuevo gobierno, Jorge Macri reanudó las negociaciones. Se reunió en enero y en abril con el ministro de Economía Luis Caputo, quien reconoció el fallo y que la Nación debe cumplirlo. Pero el jefe de Gobierno se volvió a Parque Patricios con el latiguillo “no hay plata”.

La administración de la Ciudad ha intentado en las últimas semanas volver a poner en la agenda la coparticipación ante la caída de ingresos producto de un desplome de la actividad económica que impacta en la recaudación tributaria (el 70% de estos fondos corresponden a Ingresos Brutos). A la par, Caputo trabaja en el desarme de las Lelics, otro instrumento al que la ciudad echaba mano para compensar la quita de coparticipación.

DS

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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