Milei descalifica, de mala manera, cualquier opinión o consejo que encierre algún matiz a su manera de visualizar la realidad económica.
Iría a contramano de las sugerencias que se le fueron arrimando desde diferentes ámbitos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó la imperiosa necesidad de ampliar la sustentación política.
Quizás el Gobierno tenga más cerca de lo que supone alguna de las explicaciones que lo han estacionado en esta repentina coyuntura crítica. Distanciado del sosiego que había imaginado después que Diputados, por segunda vez, convalidó la Ley Bases y el paquete fiscal. Valdría detenerse en una frase del documento difundido en las últimas horas por el PRO, con las firmas de Mauricio Macri y de la diputada y titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal. “Hay más interrogantes que certezas”, señaló aquel texto tras realizar un balance, en general favorable, del primer semestre de Javier Milei.
Ese documento no representa, ni remotamente, una causa del alterado presente económico y financiero. Describe, sin embargo, una impresión extendida en círculos sociales y del establishment. El Gobierno tuvo dos grandes logros en un lapso corto con el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Ambos consumados con fórceps. El último factor ayuda a entender la elevada expectativa social que mantiene el Presidente a pesar de las secuelas recesivas. La administración libertaria habría quedado cautivada por el arribo rápido de aquellas metas. Milei se ocupa, cada tanto, de concederle un sentido épico. La cuestión consiste ahora en cómo seguir sin que implique un riesgo para la fidelidad de la base social que viene acompañando al Gobierno.
El Presidente y su equipo económico parecen haberse replegado en esta contingencia compleja. Milei descalifica, de mala manera, cualquier opinión o consejo que encierre algún matiz a su manera de visualizar la realidad económica. El problema no serían únicamente los economistas heterodoxos o aquellos de las entrañas kirchneristas. Embistió en las horas recientes contra Ricardo López Murphy, contra su ex amigo Carlos Rodríguez, del CEMA. También contra Domingo Cavallo, Roberto Cachanosky, Miguel Angel Broda y Carlos Melconian.
Aquella conducta libertaria iría a contramano de las sugerencias que se le fueron arrimando desde diferentes ámbitos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó y elogió tantas veces los objetivos económicos alcanzados por el Gobierno como la imperiosa necesidad de ampliar la sustentación política y gobernabilidad del plan que está en marcha.
Esa tarea asoma aún pendiente. El Gobierno consiguió luego de una ardua negociación en Diputados y el Senado –que cargó sobre sus espaldas Guillermo Francos, el jefe de Gabinete– aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal. Cosechó votos cruzados en todos los casos, incluidos los de provincias peronistas. La tarea pareció concluir en el momento en que quedó consumada la victoria.
El paréntesis permitió reabrir un foco de pleito potencial. El Senado comenzará a analizar en comisión la fórmula de compensación jubilatoria que tuvo media sanción en Diputados. Se trata de un 8% adicional que el Gobierno soslayó cuando armó el esquema de remuneraciones a los jubilados. Milei anunció hace tiempo que esos fondos adicionales afectarían el equilibrio fiscal. Amenazó con vetar el proyecto, si resulta sancionado en la Cámara Alta. Nada que tranquilice el clima político mientras la economía atraviesa un tiempo de ebullición.
Tampoco el oficialismo libertario tuvo en cuenta aquel asunto de los haberes previsionales para hallarle una salida que evite las confrontaciones. Victoria Villarruel, titular del Senado, ensayó maniobras dilatorias, pero no pudo eludir el llamado a las comisiones. El kirchnerismo, con sus 33 senadores, busca una revancha luego de la humillación que sufrió cuando con aquella mayoría y una provocación callejera no logró tumbar la Ley Bases y el paquete fiscal.
Milei tampoco pareció emitir señales oportunas. Hace rato que desechó la posibilidad de estimular la formación de una coalición parlamentaria como la que repetidamente mencionó Miguel Angel Pichetto, el titular de Hacemos Coalición Federal. No pareció convincente, tampoco, su alusión a que en el futuro (tal vez en el próximo año electoral) pueda existir una fusión con el PRO. El ensamble, así planteado, podría significar una absorción. Cuya cabeza indiscutida, si las cosas continúan como hasta ahora, sería La Libertad Avanza. No es la idea que ronda la cabeza de Mauricio Macri.
El ex presidente y sus hombres de mayor influencia imaginarían el posible nacimiento de una coalición. Como aquella que catapultó al ingeniero al poder en 2015. Claro que con actores distintos. Esas visiones encontradas ayudan a explicar el malestar que causó en la Casa Rosada la difusión de la declaración del PRO. Ninguna corroboración del disgusto sonó más elocuente que la manifestación del portavoz Manuel Adorni: “Ni la leímos”, salió del paso.
Vidal ha sido quien en forma pública más ha sostenido que el PRO no debe resignar su identidad. Al margen de representar, a juicio suyo, una voluntad de cambio similar a la que expresa La Libertad Avanza, que la llevó a triunfar en las elecciones 2023. Aquella hipotética convergencia entre los partidos ahora aliados se vería afectada por otros conflictos. Donde influye el reseteo de las autoridades partidarias que en las próximas horas realizará el PRO.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, cesó la semana pasada a su segundo, Vicente Ventura Barreiro. No se trató de un despido común: lo acusó de corrupción, lo denunció en la SIGEN. El organismo formalizó una presentación en la Justicia Penal. Por casualidad, en el juzgado que comanda Ariel Lijo, uno de los dos candidatos de Milei para incorporarse a la Corte Suprema. Al desplazado ex funcionario se lo responsabiliza de haber querido influir en una licitación para el suministro de alimentos en el Servicio Penitenciario Federal.
Ventura Barreiro fue una pieza clave de Cristian Ritondo, cuando el diputado ofició como ministro de Seguridad de Buenos Aires, en épocas de la gobernación de Vidal. Algo más: tenía vínculo directo con la mandataria provincial. La diputada estaría sorprendida por los cargos que Bullrich formuló contra el ex funcionario. ¿Fue acaso un simple presente de la ministra de Seguridad en vísperas del plenario macrista que la dejaría a un costado?
La onda expansiva de esas fricciones llega también hasta la orilla del Gobierno. En ese universo, con excepción de Francos, la sensibilidad política suele resultar un insumo escaso. Milei celebró con imprudencia la sanción de la Ley Bases y habló del inicio de una segunda fase del plan. Nadie sabía bien de que se trataba: Luis Caputo, el titular de Economía, y Santiago Bausili, jefe del Banco Central, salieron a darle un dudoso contenido. Comunicaron una incierta tercera fase a fin de ponerle fin a la vigencia del cepo. El asesor presidencial, el economista Fausto Spotorno, evaluó que toda esa escenografía había representado un gran error.
Nadie debiera asombrarse demasiado, entonces, que “el gobierno del mercado” resulte en estas horas apaleado por el propio mercado.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.