La Justicia federal argentina autorizó la extradición a España de Gerardo Guccione y Gonzalo Loza, miembros de una poderosa banda narco ya condenada en Argentina.
Los acusan de mover 1.400 kilos de cocaína boliviana entre Asturias y Granada.
Ambos piden ser juzgados en Argentina, pero Guccione argumentó que las relaciones diplomáticas con España estaban interrumpidas.
A mi entender, las relaciones diplomáticas con el Reino de España se encuentran interrumpidas, lo que afecta directamente el trámite del proceso de extradición”. Este fue uno de los argumentos que usó Gerardo Guccione (52) para oponerse a su extradición desde Argentina a España, donde se lo acusa de mover una tonelada y media de cocaína.
Para Guccione, el cruce de insultos entre el presidente Javier Milei y su par español Pedro Sánchez, quien en mayo retiró a su embajadora de nuestro país, juega a favor de sus pretensiones: no afrontar la causa que se le inició en España o, en último caso, ser juzgado en Argentina, sin necesidad de viajar.
Guccione era una de las personas de mayor confianza del narco salteño Erwin Loza (46). Con él fue detenido en el año 2018 y condenado a siete años de prisión por tráfico de estupefacientes, en diciembre de 2021, por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal.
En el mismo proceso judicial en Argentina recibió una pena de seis años Gonzalo Loza (29), sobrino de Erwin e hijo de José, quien murió de cáncer en España. Todos formaban parte de un poderoso clan. Manejaban tanta droga que, en 2019, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola les trabó un embargo récord: 7.400 millones de pesos.
Loza y Guccione fueron presos en 2018 y salieron en libertad condicional escalonadamente. El primero, en octubre de 2022, y el segundo, en junio de 2023. Pero casi no disfrutaron del aire libre porque el 10 de octubre de 2023 llegó la circular roja de Interpol solicitando su captura con fines de extradición por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
El Reino de España los requería para ser juzgados nada menos que por estar detrás de dos embarques de cocaína, uno de 260 kilos, en septiembre de 2017, y otro de 1.209 kilos, en noviembre del mismo año.
Gerardo César Guccione fue detenido con fines de extradición por pedido de España.
Entonces Guccione y Loza volvieron a la cárcel y comenzó otro proceso, el de extradición. Este juicio dio un paso importante el pasado 18 de junio cuando el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli concedió las extradiciones. Sin embargo, todo está empezando y los dos acusados están tratando por todos los medios de no viajar a España.
“Es lógico que no me quiera ir a España “, declaró Guccione ante Mirabelli y pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria, ya que está alojado en una cárcel federal. “Yo quiero estar cerca de mi familia, no quiero ir a otro continente. Mer gustaría ser juzgado en mi país”, declaró a su turno Loza, también preso.
Aunque Mirabelli, en su valoración, no hizo puntual referencia al estado actual de relaciones diplomáticas con España, en la parte resolutiva de su fallo sí supeditó a la decisión del Poder Ejecutivo que Loza y Guccione sean extraditados.
Gonzalo Loza Junior, miembro del clan Loza, fue condenado en Argentina a seis años de prisión. Ahora lo quiere España.
La cuestión a partir de ahora se debatirá por dos vías. Por un lado, los abogados defensores, Alberto Gozzi y David Hamwee, apelarán la decisión de Mirabelli. Y al tratarse de un juicio de extradición, deberán hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Recién cuando el trámite judicial esté terminado, se dará intervención a Cancillería para que resuelva si habilita la extradición. El Poder Ejecutivo puede decidir si los envía a España o decide que el juicio se desarrolle en la Argentina con jueces y fiscales argentinos, pero con el expediente instruido en España..
El clan Loza
Los Loza cayeron a fines de 2018, acusados liderar una banda de narcotráfico internacional que exportaba grandes cantidades de droga a Europa, en especial a España. Contra ellos declaró como arrepentido el narco financista Diego Guastini (45), quien un año después, en octubre de 2019, fue asesinado por un sicario en Quilmes.
Sin embargo, en el juicio oral que se desarrolló en 2021 sólo se juzgó a parte de los miembros del clan por el dinero obtenido en ese negocio. La suma, estimada en unos 15 millones de euros, habría sido invertida en la compra de hoteles, edificios de cocheras, casas y autos.
Erwin Loza fue condenado a 10 años de prisión en Argentina por lavar millones de euros del narcotráfico.
En el debate, el principal acusado fue Erwin Loza, que terminó con una condena a 10 años de prisión. Su hermano Gonzalo también estaba acusado, pero murió de cáncer en España en 2019. Al juicio sí llegaron presos sus hijos Alan y Gonzalo Junior, que es el que ahora pelea por no ser extraditado.
El tercer hermano Loza, Valdemar (58), fue detenido en otro proceso de drogas y condenado en 2019 por un Tribunal Federal de Salta a 15 años de prisión por el intento de contrabando de más de una tonelada de cocaína.
Los dos principales imputados volverán al Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro para el final del proceso o en caso de que sus abogados consideren necesaria su presencia
El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los principales acusados por la muerte de Diego Maradona, no seguirán asistiendo al resto de las audiencias del juicio a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus abogados, quienes adelantaron que sus defendidos no volverán al Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Isidro hasta el día de los alegatos o hasta que alguno de ellos decida declarar.
El motivo principal por el que se ausentarán será para “retomar la rutina”.Según explicaron sus defensores, este proceso judicial es largo y los imputados no pueden desatender sus responsabilidades diarias: ambos siguen atendiendo pacientes y no van a pausar sus agendas hasta mitad de año, cuando se estima que finalizará el juicio.
Su decisión está en el marco de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas al comienzo de este jueves.
No obstante, sí deben estar presentes para los lineamientos finales y la lectura del veredicto, que definirá si son o no culpables de la muerte el Diez.
Luque en el banquillo de los acusados
Luque, a quien desde la primera audiencia se lo vio incómodo en el banquillo de los acusados, ni siquiera esperó a que terminara la segunda audiencia para irse: aprovechó este jueves un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y se fue. Lo mismo hizo la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.
La psiquiatra Cosachov, por su parte, se quedó hasta el final. No obstante, su abogado Vadim Mischanchuk dijo a Infobae que ella no volverá a asistir al palacio de la calle Ituzaingó, excepto que él considere necesaria su presencia ante algún testigo o que decida que va a declarar.
La psiquiatra Agustina Cosachov
Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y solo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.
Solo dos confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno fue el clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó a Infobae que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.
El otro es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.
Quienes serán los primeros testigos
Al comienzo de la que será la tercera jornada del juicio está previsto que sean citados a declarar los primeros tres testigos que, a diferencia de lo que se esperaba, no será ninguno de los familiares de Diego Maradona.
Según adelantaron los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, este martes estarán ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro el oficial de policía Lucas Farías, y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza.
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina
Para la Fiscalía, sus testimonios son claves: se trata de las primeras personas que ingresaron a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, después de la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre de 2020.
En este sentido, se considera que su relato acerca de cómo se encontraron al Diez aquella mañana es más puro en comparación al que aportará el resto, cuya versión pudo haber estado empapada de comentarios ajenos.
Farías, Borge y Mendoza son los primeros de los más de 100 testigos previstos para declarar en el juicio.
No obstante, antes de finalizar la audiencia de este jueves, todas las partes acordaron trabajar durante este cuarto intermedio para reducir la lista de testigos. “Esperamos que queden entre 80 y 90″, dijo a Infobae una fuente con conocimiento de la causa.
A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal
A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.
Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.
A.J -ex empleado de una empresa de limpieza- fue denunciado el año pasado por su víctima, que hoy tiene 19 años. En su relato, la joven relató los ataques que sufrió a lo largo de los años y contó que siempre fueron bajo amenazas: su padrastro, supuestamente, aseguraba que los mataría a ella y a sus hermanos si es que hablaba.
La víctima también trazó un mapa de los lugares donde fue abusada. A.J, si es que es culpable, no solo la atacó en la casa que compartían, cuando la madre no se encontraba: además la llevaba a un terraplén del tren Belgrano Norte cercano a su domicilio, donde la abusaba entre las piedras y las plantas. Era en plena vía pública, entre la calle Melo y la avenida Mitre.
Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.
El albergue de Constitución donde, según la víctima, ocurrieron los abusos (Google View)
La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.
Entre los operativos, allanaron la casa de la madre del hombre en Florida Oeste, sin resultado positivo.
Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.
La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”,acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.
El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.
Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.
El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.
Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal
Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.
Despertó a la mañana siguiente, aturdido, con su casa revuelta. Faltaban varios objetos de valor. También, faltaba su auto. Luego, formuló la denuncia ante la Policía Bonaerense.
La Unidad N°59 de Merlo, donde Garrido se encuentra detenida (foto: SPB)
El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.
Hoy, según información policial, la presunta viuda negra continúa detenida en la Unidad N°59, el penal de Merlo del Servicio Penitenciario Bonaerense. La PFA la separó de sus funciones y la colocó en estado de situación pasiva. Según sus registros comerciales, cobró sus aportes, al menos, hasta el mes pasado.
El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal
A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.
Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.
Juliana J., presunta viuda negra, presa y procesada
Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.
Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.
Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.