La UCR y el macrismo firmaron en disidencia. También apoyaron Hacemos y los federales.
El Gobierno aceptó las modificaciones del Senado e insistirá con el paquete fiscal de Diputados.
No consiguió los votos para las privatizaciones de Aerolíneas, Correo Argentino y los medios públicos.
Tras intensas negociaciones, el Gobierno obtuvo este martes el dictamen del plenario de Diputados para la Ley Bases al renunciar a su máxima de insistir con la media sanción original de la Cámara baja, aceptar las modificaciones del Senado y postergar las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos. Se tratará el jueves en una sesión especial convocada para el jueves a las 12.
Según lo acordado entre el Gobierno y la oposición dialoguista se redactó un único dictamen para la ley ómnibus que acepta las modificaciones aprobadas en el Senado, no solo con el recorte del paquete de privatizaciones sino también con los cambios dispuestos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los retoques en las facultades delegadas, entre otros cambios.
Mientras que en el caso del paquete fiscal, que tiene una importante vinculación con el objetivo de mantener el déficit 0, se tratará en un segundo turno con un despacho dividido en cuatro puntos: la reversión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, la insistencia a revisar los gastos tributario -punto que en la Cámara alta fue rechazado por los dos tercios- y la aceptación de todas las modificaciones realizadas al resto del proyecto de ley.
Para avanzar con el dictamen de la ley ómnibus, los libertarios contaron con 66 firmas de la oposición dialoguistas. Aunque tanto el PRO como un sector del radicalismo lo hicieron en disidencia, mientras que Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, e Innovación Federal dieron su respaldo sin condicionamientos.
El kirchnerismo, en tanto, no firmó ningún dictamen de comisión y durante el debate en comisión calificó la propuesta del Gobierno como un “mamarracho jurídico”. La socialista Mónica Fein no firmó el dictamen de mayoría al igual que el Frente de Izquierda. Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo de San Juan/ Orrego) estuvo ausente.
El Gobierno renunció a insistir con las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina porque no tenía los votos para aprobarlo en el recinto, ya que tanto un sector del radicalismo como Hacemos instaron a respetar lo aprobado en el Senado. Tampoco pudo retrotraer el capítulo previsional que fue bajado por el oficialismo en la Cámara alta sin ser sometido a votación en el recinto.
Pero en cambio tendría los apoyos para revertir el rechazo del Senado a la reversión del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Algo que fue cuestionado por el kirchnerismo, que según su interpretación del artículo 81 de la Constitución, disparará varios reclamos ante la justicia porque consideran que al caerse en el Senado quedaron sin la aprobación de una de las Cámaras.
El Gobierno renunció a un punto clave para asegurarse el apoyo de la oposición
En el comienzo de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmó la decisión de “aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”.
Mientras que Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, dijo que “esta ley es hija de enormes arbitrariedades”, al tiempo que planteó “falta de transparencia y opacidad en varios tramos”. “Es hija de oscuros arreglos en el Senado de la Nación, revoleando contratos en Yacyretá y Salto Grande”, deslizó el diputado.
La declaración de Martínez fue un tiro por elevación contra los senadores Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), quienes fueron fuertemente cuestionados por el kirchnerismo por presunto acuerdos para garantizar su respaldó a la Ley Bases.
Desde el PRO, el principal aliado del Gobierno en el Congreso, explicaron que firmaron en disidencia en rechazo a la decisión del oficialismo de renunciar a la privatización de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina. “Estamos en desacuerdo con que no se avance con las privatizaciones en la Argentina”, dijo la macrista Silvana Giudici, quien señaló que la línea aérea de bandera lleva acumulada una pérdida por “7500 millones de dólares que salieron de los bolsillos de los argentinos”.
Por su parte, desde la UCR, Karina Banfi, confirmó el acompañamiento parcial del bloque. Es que Martín Tetaz reclamó por las privatizaciones y Pablo Juliano volvió a rechazar las facultades delegadas otorgadas al presidente Javier Milei, a pesar de las modificaciones aplicadas en el Senado.
La Coalición Cívica también le hizo un guiño a las modificaciones del Senado. Juan Manuel López, jefe del bloque que responde a Elisa Carrió, dijo que lo propuesto en la Cámara alta tiene “algunos puntos más razonables que otros” aunque se quejó por la caída de las privatizaciones propuestas por el Gobierno.
Mientras que Nicolás Massot confirmó el apoyo del bloque Hacemos Coalición Federal a la Ley Bases aprobada en el Senado e insistir con el paquete fiscal de Diputados. “Se puede insistir en esta ley con el impuesto a las Ganancias y con el impuesto a los Bienes Personales, porque formaron parte del expediente que fue aprobado en general en el Senado, independientemente de que después a su turno en los respectivos capítulos y artículos no obtuvieron la mayoría para ser aprobados en particular”, explicó.
Reuniones contrarreloj para sumar apoyos
Previó al debate en comisión, José Rolandi, se reunió con los referentes de los bloques dialoguistas en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para hacer un poroteo con miras a la sesión del jueves.
Antes, un grupo de diputados dialoguistas se juntó con gobernadores no peronistas en el Consejo Federal de Inversiones para analizar el estado de la negociación de las leyes del Gobierno.
Otra jornada tensa se espera en Diputados por la Ley Bases. Foto Federico López Claro.
En medio de toda esta negociación, Milei volvió a cargar contra los diputados al insistir en calificarlos de “degenerados fiscales” y acusarlos de “golpistas” por querer romper el equilibrio fiscal. Esto tensó más la cuerda con los dialoguistas que piden que el Presidente termine con las acusaciones contra los legisladores.
Un senador dialoguista aseguró que no hubo un pacto para que se respeten los cambios
En medio del debate en Diputados, el senador Juan Carlos Romero (Cambia Federal-Salta) aseguró a Clarín que “no hubo ningún compromiso con el Gobierno para que se respeten los cambios en Diputados” rechazando así el pedido del radicalismo para se respeten las modificaciones realizadas en la Cámara alta.
“No se puede obligar al Gobierno para que los diputados estén condicionados en cumplir su labor de aprobar o desechar los cambios. En general, la creencia es que los diputados si consideran buenos los cambios los tomarán”, dijo el legislador.
La semana pasada, la bancada que comanda Eduardo Vischi emitió un comunicado reclamando a Diputados que “evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”. El mensaje chocaba contra los intereses del Gobierno que pretende que se recupere el capítulo de privatizaciones aprobado en la Cámara baja.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.