El caso pasó a la Justicia Federal ante la sospecha de que se trata de un caso de trata de personas.
La Justicia provincial sostiene que el chico fue secuestrado con “fines de explotación”.
En el undécimo día de búsqueda de Loan Danilo Peña (5) la investigación pasó este lunes a la Justicia Federal, ante las sospechas de un caso de trata de personas. Para los fiscales que investigaron hasta hoy, al chico lo secuestraron con fines de explotación y hubo “pruebas plantadas” durante la búsqueda.
Juan Carlos Castillo es el primer fiscal que tuvo el caso y quien durante más de una semana insistió con la hipótesis de que Loan se había perdido al ir a buscar naranjas a un campo. Guillermo Barry se le sumó sobre el final del día 8 de la investigación y el día 9 la Justicia correntina reconoció que a Loan también se lo podrían haber “llevado”.
Ahora Castillo y Barry emitieron un dictamen en el que dieron su versión de lo que pasó en base a las pruebas que reunieron y que llevaron a la detención de seis sospechosos. En base a esos argumentos, es que se declararon incompetentes ante el juez de Garantías Darío Alejandro Ortíz, que remitió la causa a la Justicia Federal. Luego, pasadas las 18, brindaron una conferencia de prensa en la que defendieron su actuación en el caso.
Lo que los fiscales correntinos le dejan a sus colegas federales quedó asentado en un documento de seis páginas al que accedió Clarín. “El día 13 de Junio del 2024 a eso (sic) de las 15 horas aproximadamente los imputados (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava captaron al menor Loan de 5 años de edad, lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación, la captación tuvo lugar en mediaciones (sic) de la casa Catalina Peña (abuela paterna de Loan) ubicado en Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio”.
En ese pasaje hay un cabo suelto. Después de once días de búsqueda la Justicia correntina afirma que Loan fue secuestrado con fines de explotación: ¿Quién lo vendió? ¿A quién? ¿Fue entregado en adopción ilegal? ¿Fue explotado sexualmente? Los argumentos de los fiscales correntinos para hablar de “trata de personas” y declararse incompetentes son una incógnita. De lo que no dejan dudas es que no saben a dónde se lo llevaron.
Los fiscales recordaron el almuerzo en el que estuvieron Loan, su papá José, su tía Laudelina Peña –pareja de Benítez, uno de los detenidos y a la que nunca citaron a declarar– y la abuela. “Para lograr el objetivo Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez (N. de R.: tío de Loan), Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi (la pareja amiga del tío)”.
Laudelina Peña de Benítez, tía de Loan y pareja de Antonio Benítez, uno de los detenidos.
“Ellos llevaron a cabo una manera consistente en sacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a una distancia de 600 metros del domicilio del menor (N. de R.: en realidad es la casa de su abuela), con excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual, los primeros no podrían cometer el delito”.
Y se refirieron sobre el accionar comisario Walter Maciel, detenido y echado de la Policía de Corrientes sospechado de desviar la investigación. “Alteró rastros y pruebas del hecho que descubrí, entorpeciendo de esta manera el curso de la investigación al sacar del barrio una zapatilla que luego se confirmó que era de Loan, simulando además que él mismo la había hallado, cuestión que existe evidencia que el calzado fue encontrado por Laudelina Peña, determinándose a posteriori por el informe de subdirector de defensa civil que la evidencia en cuestión había sido colocada intencionalmente para desviar la pesquisa, toda vez Loan no había estado en el lugar de la ubicación de la zapatilla”.
El ex comisario Walter Maciel, sospechado de desviar la investigación del caso Loan.
“Sabemos que nos plantaron la zapatilla en el lugar. Nosotros confiamos en lo que nos decían, pero después advertimos que el titular de la comisaría era el que autorizaba todo para desviar la investigación. Inmediatamente pedimos su detención”, dijo después Castillo en la conferencia de prensa.
Como publicó Clarín el domingo, los fiscales confirmaron las denuncias contra el comisario de apretar a los vecinos de 9 de Julio para que no fueran a las marchas por la aparición de Loan. “Maciel liberó numerosas citaciones a vecinos que participaron de marchas de protestas comunicándole que debía presentarse ante la UFIC de Goya, pese que este ministerio público no había ordenado la medida”.
Las imputaciones
En cuanto a los imputados, detallaron que el ex capitán de navío de la Armada Argentina Carlos Guido Pérez y su pareja, la funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava, están procesados como coautores materiales por el delito de “captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años”.
Juan Carlos Castillo, el primer fiscal que durante una semana insistió con la hipótesis del extravío. Foto: Fernando de la Orden / Enviado especial
Para el tío Bernardino Antonio Benítez y su pareja amiga Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, “configura el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la victima menor de 18 años” en carácter de participes primarios”.
Al ex comisario Walter Adrián Maciel lo imputan del delito de “encubrimiento por favorecimiento real calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor”.
En la foto del último almuerzo de Loan con su familia, Pérez aparece junto al padre junto a José, el padre del menor, y Caillava está al lado de Catalina, la abuela de Loan ubicada en la cabecera de la mesa.
“Nada está descartado sobre todas las personas que compartieron ese almuerzo con Loan”, advirtió Barry en la conferencia de prensa.
Las pruebas
“Un niño de esa edad que no conoce el campo hubiese pedido ayuda, gritado o regresado, ya que la dirección donde iba no solamente era en dirección a la casa de su abuela sino en dirección a un alambrado que impedía ir hacia la izquierda, encontrándose con un monte de frente”, sostuvo Barry al descartar la hipótesis del extravío.
Barry mencionó las dos reconstrucciones del hecho que hicieron con los imputados y también con los chicos que el jueves 13 de junio salieron a “buscar naranjas” con Loan. Los chicos marcaron el lugar por el que el nene supuestamente se fue y también conducía a lo de la abuela. Mientras que los acusados no pudieron marcar la dirección en la que se habría ido.
El fiscal Guillermo Barry se sumó al caso a una semana de la desaparición. Foto Fernando de la Orden / Enviado especial
“De la reconstrucción de los mayores tampoco podíamos teníamos la posibilidad de sostener la hipótesis de que se haya perdido, pero más aún, tenemos un resultado de un rastrillaje y no se lo encontró al menor, que fue buscado inmediatamente con las personas con las que estuvo”, agregó.
En la conferencia, Barry dijo que con esos indicios “se abandonó la hipótesis de la pérdida del niño” y se dio un giro hacia un rapto con fines de trata de personas.
La participación de los perros en la búsqueda de Loan fue fundamental para la Justicia correntina y la clave que condujo a la detención de Pérez y Caillava por los rastros olfativos del nene que marcaron en la camioneta y un auto de la pareja.
Loan está desaparecido hace once días y la Justicia correntina cree que lo secuestraron con fines de explotación.
“Pero la particularidad lo tiene, el rastrillaje de 25 binomios de perros, de distintos características, para detectar personas vivas, muertas y que no encontraron rastros que salgan de la zona entre el naranjal y la casa de la abuela”, dijo.
“También el informe al hallazgo de la zapatilla, alrededor de 3 kilómetros de la casa de la abuela, la cual también se trabajó con los perros y no marcan rastros que parta del lugar donde se encontró hacia ningún lado. Esa son algunas de las cosas que se tuvo en cuenta, además del resultado del informe de la prueba realizada en los vehículos de los imputados Pérez y Caillava, el cual fue positivo en ambos, la camioneta que estuvo en el lugar del hecho y el Ford Ka Rojo”, finalizó.
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
El fallo, emitido el lunes pasado, cierra una etapa judicial marcada por el dolor y el temor de la familia de la víctima, quienes consideraron la condena “un alivio”.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
Allí, Robledo atacó a puñaladas a su abuela dentro del domicilio donde residía, agredió a su prima menor de edad y escapó con dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La investigación estableció que el crimen no respondió a un robo planificado, sino a un episodio de violencia de género en el ámbito familiar.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
La zona en donde ocurrió todo
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
La acusación fue ratificada este martes, luego de que la fiscal de Investigaciones N° 1, Lucrecia Troia, solicitara la prisión preventiva del acusado, quien permanece bajo custodia desde el momento del hecho. Asimismo, subrayó que la investigación permitió dar con una serie de pruebas y testimonios que refuerzan la hipótesis de un femicidio.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
Entre los testimonios incorporados, destacó el de una amiga de Camila, quien relató ante la Justicia detalles del vínculo que mantuvo con el médico. En palabras de la fiscal, la testigo habría aportado elementos que “brindan un contexto que refuerza la hipótesis de violencia de género”. También la actual pareja de la víctima prestó declaración ante la Fiscalía y sumó información relevante para la causa.
El edificio desde donde cayó la joven
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo dela joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
El caso ocurrió el viernes 10 de octubre en un edificio de la calle San Martín al 300, en el barrio Camba Cuá de la capital correntina. La Justicia intenta esclarecer si la caída desde el sexto piso fue un accidente, un suicidio o un femicidio. No obstante, la hipótesis de femicidio cobró fuerza a partir de los mensajes y las conversaciones que evidenciarían que habría existido una relación conflictiva y violenta entre la joven y el principal sospechoso.
La ex pareja fue detenida en el lugar de los hechos y este martes se confirmó su imputación
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.
Por el hecho hay cinco internos sospechados captados, cuando ingresaban a la celda de la víctima, por las cámaras de seguridad del penal
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.