“Este era un barrio parecido a un barrio privado. Tenías gente en la puerta. Esos ahora ya no están más, es libre para entrar”. El comentario lo aporta una vecina desde el patio frontal de su casa. Sentada en su reposera, mientras le pone pausa al mate, Mónica (27) empieza a describir el presente del Barrio Emerenciano, el lugar donde vive desde hace siete años.

Dice que nunca tuvo problemas con nadie, que nunca le pidieron militar el movimiento, que incluso le enseñaron un oficio con el que ahora se gana la vida. Es agradecida, sí, pero pide que por el crimen de Cecilia Strzyzowski paguen los que tengan que pagar. Lo único, que no se la agarren con la gente del barrio: “Nosotros no tuvimos la culpa”.

Mientras Resistencia se prepara para recordar el primer aniversario del femicidio que dio vuelta el mapa político de la provincia entre el silencio de la familia y del gobierno, el barrio que fue núcleo del poder piquetero de los Sena atraviesa su propio duelo de manera igual de silenciosa. Un duelo que tiene sus complejidades y le escapa a la lógica del blanco y negro.

Y es que ya no existe más en estas calles esa militancia a ultranza de los Sena (salvo por un grupo reducido y ruidoso), y los vecinos se debaten cómo salir adelante en un contexto de crisis generalizada que aquí se vuelve más profunda: ya no hay nadie más que reclame por ellos.

Construido sobre la toma de un viejo campo de tiro que era propiedad del Ejército, el Barrio Emerenciano es uno más de las decenas de loteos que se hicieron en los suburbios de Resistencia con la mano de obra de las organizaciones sociales. Cada movimiento piquetero tiene el suyo y se distinguen por los colores de las paredes. Hay uno azul, uno violeta. El rojo delimita el de los Sena.

El campo de tiro fue tomado por la agrupación de los Sena en 2008, con el proyecto de levantar una comunidad autosuficiente. En una primera instancia se habían asociado con la fundación Madres de Plaza de Mayo, comandada en aquel momento por Sergio Schoklender.

Sin embargo, Sena y Schoklender pudieron trabajar juntos apenas poco más de un mes. No solo nunca se pudieron poner de acuerdo, si no que se detestaron y amenazaron mutuamente. Eso derivó incluso en una causa judicial por trata de personas, cuando ex trabajadores que estuvieron en ese momento denunciaron a Sena, Acuña y al piquetero Quintín Gómez por las condiciones de trabajo “esclavistas” a las que los sometían.

Se trata de una causa que estuvo dormida durante más de una década y curiosamente volvió a moverse durante las semanas posteriores a la detención de los Sena. Hoy se debate si el delito ya prescribió o no.

En el barrio, para recibir una casa la organización pedía a cambio que los beneficiarios se comprometieran a trabajar para el movimiento ayudando a levantar todas las casas del resto. “Si vos querés tu tu techo, tenés que entender que el de al lado también lo quiere”, cuenta Claudio López, uno de los primeros vecinos en mudarse al barrio cuando era todo campo y espinillo para desmontar. Dice que él trabajó levantando dos manzanas antes de recibir su casa, ubicada casi en la entrada del barrio. Su ubicación es fenomenal, desde su reposera puede fichar todo lo que pasa.

López dice que desde la detención de los Sena el barrio cambió el movimiento. El comedor que solía recibir a los chicos quedó cerrado y abre apenas por el empuje de alguna vecina que cocina un locro. Cuenta además que quedó pendiente un plan para seguir las obras en el barrio y construir más casas, pero que ese proyecto quedó inconcluso porque “nadie aporta material”.

Remarca que es un agradecido a Emerenciano, a quien describe como “un buen tipo”. “No es como otros que se morfan la plata y se van. Era servicial“, lo elogia. Según cree, es inocente.

El pedido de libertad a Emerenciano es una constante dentro del barrio, donde los grandes murales con el nombre del líder le dejaron paso a pequeños graffitis que reclaman por su salida de la cárcel. Esbozan la teoría respecto a su inocencia en el crimen, cargando las tintas contra César y, en alguna medida, contra Marcela Acuña por ‘encubrir’ el femicidio.

Clarín recorrió el barrio para hablar con los vecinos y no hay una cifra consensuada sobre el nivel de apoyo al pedido de libertad de Sena. Algunos dicen que el barrio está 50 y 50, otros que es 60 en contra del piquetero, otros que 70 a favor. Todos coinciden en la necesidad de seguir adelante. Y en el reclamo para que no los dejen en el olvido.

Sin Emerenciano, el barrio se quedó sin conducción ni con una figura que vaya a protestar por ellos. Dicen que perdió la limpieza, la pintura o el color que tenía en otro momento, el cual era llevado a cabo por los propios miembros de la organización, muchas veces vecinos. “Antes trabajabas acá adentro. Ahora tenés que salir a buscar trabajo afuera”, grafica otro vecino identificado como J.

J. incluso aventura que nadie quiso agarrar la batuta y seguir el trabajo de Emerenciano y Marcela, una conducción férrea y verticalista, donde ellos dos eran la última palabra y bajaban a partir de algunas referentes. Una de ellas era Fabiana González, hoy acusada de encubridora en el femicidio. Otra, Alicia Pelizardi, quien fue partícipe del cruce con Patricia Bullrich cuando la hoy ministra de Seguridad fue a grabar un spot al barrio. Pelizardi sigue siendo una de las pocas leales a Sena, un núcleo que sigue existiendo pero perdió capacidad de movilización.

En el medio aparece R., otro vecino que afirma que se está comenzando a construir algún tipo de organización barrial que comience una nueva etapa, más cercana al radicalismo, pero que por ahora está muy verde. Prefiere no contar más para evitar que alguno de los fieles que quedan lo vuelvan a amenazar.

Los habitantes del Emerenciano cuentan además que en las primeras dos semanas posteriores al caso Strzyzowski sufrieron un fuerte proceso de rechazo por parte de vecinos de la zona. Según denunciaron, les gritaban ‘asesinos’ y ‘mafiosos’ por la calle, o en algunos casos les tiraban piedras. Incluso debieron colgar un pasacalles sobre la troncal avenida San Martín para pedir a los comercios de la zona que no se la agarren con sus chicos. Hoy eso está más tranquilo. Ya pasó.

Los títulos

Al igual que muchos otros vecinos, Mónica no tiene título de propiedad, apenas el famoso RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat), un certificado de ocupación que se otorga a familias que habitan desde hace muchos años una tierra. El RUBH nació como una puerta de ingreso al proceso de ordenamiento y regularización de las parcelas, pero en concreto para la mayoría de los vecinos en barrios populares es el único papel al que acceden y que necesitan.

Es por eso que una de las discusiones alrededor del barrio fue el pedido para que puedan acceder al título de propiedad.

Según afirmaron fuentes del gobierno provincial a Clarín, desde el comienzo de la gestión de Leandro Zdero se hizo un trabajo para censar el barrio y empezar la regularización. En los primeros días de enero pasó una cuadrilla para censar la situación con la promesa de darles RUTH a quienes no lo tenían y cambiarlos por título de propiedad a quienes sí. Mónica fue una de las censadas, aunque dice que nunca más volvieron a contactarla.

“Hay un núcleo que sigue fiel a los Sena, pero otros que se rebelaron. No tienen el mismo poder que antes, está más liberado el barrio”, opinan fuentes del gobierno que trabajan en el proceso de regulación. “Las casas con papeles se fueron dando con este gobierno”, remarcan desde el Ejecutivo provincial.

El gobierno de Zdero hizo campaña con la promesa de limitar el poder de las organizaciones sociales piqueteras. Es que durante la gestión de Jorge Capitanich, las mismas habían crecido en cantidad y recursos. Según datos oficiales, hay unas 3.089 en toda la provincia. “Son más que las sociedades comerciales privadas registradas”, desliza una fuente con sorna.

Hacer una vivienda social a través de cooperativas le costaba a la provincia en noviembre de 2023 cerca de 5,4 millones de pesos. Eran casas AA, con dos habitaciones, cocina, comedor y baño. De ese dinero, a las organizaciones les quedaban limpios 3,7 millones que se repartían entre materiales (un 60%) y mano de obra de trabajadores, que usualmente eran siete.

Quien lo cuenta es el piquetero Ramón “Tito” López en el libro “La verdad es una mierda”, una crónica narrada por el periodista Ricardo Goya, cuñado de Emerenciano, donde argumenta la inocencia del matrimonio y analiza los hechos desde el lado de la familia.

Goya, quien prefirió no hablar con Clarín, desgrana en ese libro además las internas que se dieron puertas adentro de la organización cuando todo comenzó a desmoronarse. “Tiró al piso lealtades y extravió a varios más que literalmente perdieron el rumbo y nunca más lo volvieron a encontrar”, escribió.

Según relata, en las primeras semanas posteriores al caso también se generaron intentos por armar asociaciones vecinales que puedan mantener en funcionamiento al barrio, en las que aparecieron ex miembros del movimiento de los Sena. Pero todas ellas terminaron entre puteadas, trompadas y acusaciones de traición. Por ese motivo no se logró llegar a nada.

“La idea del socialismo acuñada románticamente por Marcela y en la iconografía del Che demostró ser una mierda. No había, nunca hubo, una adhesión ideológica, un compromiso verdadero por el socialismo”, reflexiona Goya en otro pasaje del texo.

Incluso denuncia que en los días posteriores se realizó una usurpación de más terrenos que fueron cedidos a la CGT, que los repartió entre afiliados de diferentes gremios.

Uno de los puntos más álgidos fue la Escuela Pública de Gestión Social (EPGS) N°2, conocida por el uso de guardapolvos rojos durante los años de poder de los Sena. Allí figuraban como empleados varios de los referentes del movimiento, César incluido. Con la caída, el gobierno de Capitanich dio la orden de intervenir para que se mantengan las clases. También se intervino la Fundación Saúl Acuña, que era la vía a través de la cual se canalizaban los fondos.

Según denuncia Goya, aquí se dieron una serie de “traiciones, acomodos y nuevas alianzas” entre quienes se despegaron de su pasado como miembros del movimiento para tratar de seguir teniendo el cargo dentro del colegio, y los nuevos funcionarios que se sumaron, en una rosca que se encuentra judicializada actualmente.

Resistencia. Enviado especial

AS