Sociedad
Obras sin terminar, lealtades, traiciones y promesas: cómo está el barrio Emerenciano a un año del caso Cecilia
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El antiguo centro neurálgico de grupo piquetero sigue adaptándose a la vida después de la detención de los Sena.
Mientras desde el gobierno prometen regularizar la situación de las propiedades, los vecinos están divididos.
El miedo a quedar “pegados” y las internas en la escuela emblema.
“Este era un barrio parecido a un barrio privado. Tenías gente en la puerta. Esos ahora ya no están más, es libre para entrar”. El comentario lo aporta una vecina desde el patio frontal de su casa. Sentada en su reposera, mientras le pone pausa al mate, Mónica (27) empieza a describir el presente del Barrio Emerenciano, el lugar donde vive desde hace siete años.
Dice que nunca tuvo problemas con nadie, que nunca le pidieron militar el movimiento, que incluso le enseñaron un oficio con el que ahora se gana la vida. Es agradecida, sí, pero pide que por el crimen de Cecilia Strzyzowski paguen los que tengan que pagar. Lo único, que no se la agarren con la gente del barrio: “Nosotros no tuvimos la culpa”.
Mientras Resistencia se prepara para recordar el primer aniversario del femicidio que dio vuelta el mapa político de la provincia entre el silencio de la familia y del gobierno, el barrio que fue núcleo del poder piquetero de los Sena atraviesa su propio duelo de manera igual de silenciosa. Un duelo que tiene sus complejidades y le escapa a la lógica del blanco y negro.
Y es que ya no existe más en estas calles esa militancia a ultranza de los Sena (salvo por un grupo reducido y ruidoso), y los vecinos se debaten cómo salir adelante en un contexto de crisis generalizada que aquí se vuelve más profunda: ya no hay nadie más que reclame por ellos.
Construido sobre la toma de un viejo campo de tiro que era propiedad del Ejército, el Barrio Emerenciano es uno más de las decenas de loteos que se hicieron en los suburbios de Resistencia con la mano de obra de las organizaciones sociales. Cada movimiento piquetero tiene el suyo y se distinguen por los colores de las paredes. Hay uno azul, uno violeta. El rojo delimita el de los Sena.

El campo de tiro fue tomado por la agrupación de los Sena en 2008, con el proyecto de levantar una comunidad autosuficiente. En una primera instancia se habían asociado con la fundación Madres de Plaza de Mayo, comandada en aquel momento por Sergio Schoklender.
Sin embargo, Sena y Schoklender pudieron trabajar juntos apenas poco más de un mes. No solo nunca se pudieron poner de acuerdo, si no que se detestaron y amenazaron mutuamente. Eso derivó incluso en una causa judicial por trata de personas, cuando ex trabajadores que estuvieron en ese momento denunciaron a Sena, Acuña y al piquetero Quintín Gómez por las condiciones de trabajo “esclavistas” a las que los sometían.
Se trata de una causa que estuvo dormida durante más de una década y curiosamente volvió a moverse durante las semanas posteriores a la detención de los Sena. Hoy se debate si el delito ya prescribió o no.
En el barrio, para recibir una casa la organización pedía a cambio que los beneficiarios se comprometieran a trabajar para el movimiento ayudando a levantar todas las casas del resto. “Si vos querés tu tu techo, tenés que entender que el de al lado también lo quiere”, cuenta Claudio López, uno de los primeros vecinos en mudarse al barrio cuando era todo campo y espinillo para desmontar. Dice que él trabajó levantando dos manzanas antes de recibir su casa, ubicada casi en la entrada del barrio. Su ubicación es fenomenal, desde su reposera puede fichar todo lo que pasa.

López dice que desde la detención de los Sena el barrio cambió el movimiento. El comedor que solía recibir a los chicos quedó cerrado y abre apenas por el empuje de alguna vecina que cocina un locro. Cuenta además que quedó pendiente un plan para seguir las obras en el barrio y construir más casas, pero que ese proyecto quedó inconcluso porque “nadie aporta material”.
Remarca que es un agradecido a Emerenciano, a quien describe como “un buen tipo”. “No es como otros que se morfan la plata y se van. Era servicial“, lo elogia. Según cree, es inocente.
El pedido de libertad a Emerenciano es una constante dentro del barrio, donde los grandes murales con el nombre del líder le dejaron paso a pequeños graffitis que reclaman por su salida de la cárcel. Esbozan la teoría respecto a su inocencia en el crimen, cargando las tintas contra César y, en alguna medida, contra Marcela Acuña por ‘encubrir’ el femicidio.
Clarín recorrió el barrio para hablar con los vecinos y no hay una cifra consensuada sobre el nivel de apoyo al pedido de libertad de Sena. Algunos dicen que el barrio está 50 y 50, otros que es 60 en contra del piquetero, otros que 70 a favor. Todos coinciden en la necesidad de seguir adelante. Y en el reclamo para que no los dejen en el olvido.

Sin Emerenciano, el barrio se quedó sin conducción ni con una figura que vaya a protestar por ellos. Dicen que perdió la limpieza, la pintura o el color que tenía en otro momento, el cual era llevado a cabo por los propios miembros de la organización, muchas veces vecinos. “Antes trabajabas acá adentro. Ahora tenés que salir a buscar trabajo afuera”, grafica otro vecino identificado como J.
J. incluso aventura que nadie quiso agarrar la batuta y seguir el trabajo de Emerenciano y Marcela, una conducción férrea y verticalista, donde ellos dos eran la última palabra y bajaban a partir de algunas referentes. Una de ellas era Fabiana González, hoy acusada de encubridora en el femicidio. Otra, Alicia Pelizardi, quien fue partícipe del cruce con Patricia Bullrich cuando la hoy ministra de Seguridad fue a grabar un spot al barrio. Pelizardi sigue siendo una de las pocas leales a Sena, un núcleo que sigue existiendo pero perdió capacidad de movilización.
En el medio aparece R., otro vecino que afirma que se está comenzando a construir algún tipo de organización barrial que comience una nueva etapa, más cercana al radicalismo, pero que por ahora está muy verde. Prefiere no contar más para evitar que alguno de los fieles que quedan lo vuelvan a amenazar.

Los habitantes del Emerenciano cuentan además que en las primeras dos semanas posteriores al caso Strzyzowski sufrieron un fuerte proceso de rechazo por parte de vecinos de la zona. Según denunciaron, les gritaban ‘asesinos’ y ‘mafiosos’ por la calle, o en algunos casos les tiraban piedras. Incluso debieron colgar un pasacalles sobre la troncal avenida San Martín para pedir a los comercios de la zona que no se la agarren con sus chicos. Hoy eso está más tranquilo. Ya pasó.
Los títulos
Al igual que muchos otros vecinos, Mónica no tiene título de propiedad, apenas el famoso RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat), un certificado de ocupación que se otorga a familias que habitan desde hace muchos años una tierra. El RUBH nació como una puerta de ingreso al proceso de ordenamiento y regularización de las parcelas, pero en concreto para la mayoría de los vecinos en barrios populares es el único papel al que acceden y que necesitan.
Es por eso que una de las discusiones alrededor del barrio fue el pedido para que puedan acceder al título de propiedad.
Según afirmaron fuentes del gobierno provincial a Clarín, desde el comienzo de la gestión de Leandro Zdero se hizo un trabajo para censar el barrio y empezar la regularización. En los primeros días de enero pasó una cuadrilla para censar la situación con la promesa de darles RUTH a quienes no lo tenían y cambiarlos por título de propiedad a quienes sí. Mónica fue una de las censadas, aunque dice que nunca más volvieron a contactarla.
“Hay un núcleo que sigue fiel a los Sena, pero otros que se rebelaron. No tienen el mismo poder que antes, está más liberado el barrio”, opinan fuentes del gobierno que trabajan en el proceso de regulación. “Las casas con papeles se fueron dando con este gobierno”, remarcan desde el Ejecutivo provincial.

El gobierno de Zdero hizo campaña con la promesa de limitar el poder de las organizaciones sociales piqueteras. Es que durante la gestión de Jorge Capitanich, las mismas habían crecido en cantidad y recursos. Según datos oficiales, hay unas 3.089 en toda la provincia. “Son más que las sociedades comerciales privadas registradas”, desliza una fuente con sorna.
Hacer una vivienda social a través de cooperativas le costaba a la provincia en noviembre de 2023 cerca de 5,4 millones de pesos. Eran casas AA, con dos habitaciones, cocina, comedor y baño. De ese dinero, a las organizaciones les quedaban limpios 3,7 millones que se repartían entre materiales (un 60%) y mano de obra de trabajadores, que usualmente eran siete.
Quien lo cuenta es el piquetero Ramón “Tito” López en el libro “La verdad es una mierda”, una crónica narrada por el periodista Ricardo Goya, cuñado de Emerenciano, donde argumenta la inocencia del matrimonio y analiza los hechos desde el lado de la familia.
Goya, quien prefirió no hablar con Clarín, desgrana en ese libro además las internas que se dieron puertas adentro de la organización cuando todo comenzó a desmoronarse. “Tiró al piso lealtades y extravió a varios más que literalmente perdieron el rumbo y nunca más lo volvieron a encontrar”, escribió.

Según relata, en las primeras semanas posteriores al caso también se generaron intentos por armar asociaciones vecinales que puedan mantener en funcionamiento al barrio, en las que aparecieron ex miembros del movimiento de los Sena. Pero todas ellas terminaron entre puteadas, trompadas y acusaciones de traición. Por ese motivo no se logró llegar a nada.
“La idea del socialismo acuñada románticamente por Marcela y en la iconografía del Che demostró ser una mierda. No había, nunca hubo, una adhesión ideológica, un compromiso verdadero por el socialismo”, reflexiona Goya en otro pasaje del texo.
Incluso denuncia que en los días posteriores se realizó una usurpación de más terrenos que fueron cedidos a la CGT, que los repartió entre afiliados de diferentes gremios.
Uno de los puntos más álgidos fue la Escuela Pública de Gestión Social (EPGS) N°2, conocida por el uso de guardapolvos rojos durante los años de poder de los Sena. Allí figuraban como empleados varios de los referentes del movimiento, César incluido. Con la caída, el gobierno de Capitanich dio la orden de intervenir para que se mantengan las clases. También se intervino la Fundación Saúl Acuña, que era la vía a través de la cual se canalizaban los fondos.
Según denuncia Goya, aquí se dieron una serie de “traiciones, acomodos y nuevas alianzas” entre quienes se despegaron de su pasado como miembros del movimiento para tratar de seguir teniendo el cargo dentro del colegio, y los nuevos funcionarios que se sumaron, en una rosca que se encuentra judicializada actualmente.
Resistencia. Enviado especial
AS

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Sociedad
Once días atado, racismo y un dedo amputado: el brutal secuestro que reveló un nuevo perfil criminal en la Argentina
Publicado
15 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
Ariel Strajman tenía 27 años cuando fue raptado mientras entraba al garaje de su edificio en Villa Urquiza. Su caso marcó un cambio del mapa delictivo: bandas sin prontuario, de jóvenes de barrios acomodados con una crueldad metódica. A más de veinte años, su historia sigue siendo un espejo incómodo de la violencia de aquellos años. El encuentro a solas con él a la distancia
“Si a Maradona le cortaron las piernas en el Mundial de Estados Unidos, a mí me arrancaron el corazón, la mente, todo”, me confió en la única entrevista que dio Ariel Strajman, sentado en el living del departamento de su familia en Villa Urquiza, casi un par de años después de que una banda improvisada pero feroz lo secuestrara y le amputara el dedo meñique de su mano derecha para cobrar el rescate.
Estaba triste, pero firme y con mucha bronca acumulada: “Pedí pena de muerte y al cabecilla le dieron 22 años. ¿Qué diferencia, no? Estas cosas incentivan para irse del país. Después de saber el veredicto quedé arruinado. Me cortaron un dedo y me anunciaron que después venía la mano. Y que me despedazarían lentamente, mientras me llamaban ‘judío de mierda’ y se reían. Después me quemaron el pecho y los labios con encendedores y me colocaban jamón en la boca y me daban alcohol para emborracharme. Estaba atado de pies y manos, me dieron pastillas de Lexotanil para dormir. En el juicio aseguraron que no hicieron nada de eso. Y Adrián Sommaruga se solidarizó con mi familia en el debate oral. Ahí me paré y me fui a la mierda, para no armar un quilombo y terminar preso yo. Sentí que en ese fallo se me fue la vida y el futuro”.

Las frases no fueron en caliente, sino en una charla en la que intentó poner en palabras el hueco que dejó aquel rapto que lo convirtió, sin quererlo, en símbolo de una época de violencia social contenida. Su historia, como la de tantos otros secuestros exprés de comienzos de los 2000, mezcló juventud, impunidad y un nivel de planificación que asombró incluso a los investigadores más experimentados, más allá de los errores garrafales que los delincuentes cometieron.
Ocurrió el 16 de octubre de ese año. Strajman, de 27 años, empresario, hijo de joyero, llegaba a su departamento. Fue interceptado por un grupo armado que lo subió a un auto y lo trasladó hasta una casa cercana ubicada en la calle Holmberg, que luego se comprobó era de la familia Sommaruga, de donde provenían la mayoría de los componentes de la banda. A patadas y empujones le hicieron bajar una escalera resbalando en cada peldaño hasta un sótano donde lo ataron tan fuerte que apenas podía respirar.
Lo encadenaron de pies y manos. Después lo llevaron a otra vivienda en el Complejo La Josefina, en la esquina de Tulipanes y Las Glicinas en la ciudad de Pilar, lugar donde lo mantuvieron encerrado y lograron cobrar un primer rescate, algo así como mil dólares, seiscientos pesos y alhajas. Y como les salió bien intentaron pedir más dinero.

Durante los días siguientes, lo golpearon, lo humillaron y, para demostrarle a su familia que hablaban en serio, le cortaron el dedo meñique de la mano derecha. Esa imagen dentro de una bolsa la recibió su familia exigiendo un rescate de 30 mil dólares, y luego recorrió oficinas policiales, redacciones y despachos judiciales. Era el símbolo de una crueldad que ya no tenía fronteras de clase. “Esto que vas a sufrir no se compara ni con el Holocausto”, lo torturaban.
Las llamadas eran constantes, con tono burlón y precisión militar. Algunos trabajaban como patovicas en boliches de la zona norte, otros estudiaban carreras universitarias. Su presunto líder, Pablo Sommaruga, había sido custodio en locales nocturnos y mantenía contactos con el ambiente del fisicoculturismo. Los investigadores descubrieron que no se trataba de una banda común: no había delincuentes históricos, sino una mezcla de soberbia y amateurismo que, en conjunto, resultó devastadora.
El secuestro duró once días. Ariel fue liberado tras el pago de un rescate parcial y un operativo encubierto de la Policía Federal. Llegó al hospital deshidratado, con el cuerpo lleno de hematomas y la mano. “No sé cómo voy a volver a dormir”, reflexionó mirando al piso. Los médicos le explicaron que el dedo no se podía reimplantar, tampoco la vida anterior.
La investigación fue un rompecabezas. Los secuestradores habían dejado rastros en los teléfonos, en las cabinas y hasta en los billetes del rescate. Cayeron uno a uno. Cuando se conocieron sus identidades, la sorpresa fue general: jóvenes de entre 25 y 35 años, sin antecedentes, con buen aspecto y vínculos sociales. Los medios los bautizaron como “La banda de los patovicas”, aunque en el expediente figuran como una “asociación ilícita dedicada al secuestro extorsivo”.
Venían cometiendo delitos en la zona aledaña de Saavedra y Villa Urquiza. Pero la sensación de impunidad con que se movían los llevó a cometer errores, algunos garrafales, como utilizar el mismo teléfono para hacer las llamadas para pedir las sumas de los rescates, por lo que rápidamente se identificó el número de un celular, a través del cual se obtuvieron los datos del titular de la línea.

De esa forma sencilla la policía llegó a la casa de la calle Holmberg donde al principio tuvieron a Strajman. Atendió María Esther Gottig, esposa de Alberto Juan Sommaruga, propietarios de la vivienda y reconoció que el teléfono le pertenecía. Pero la embarró más aún cuando intentó aclarar y mencionó que su hijo lo utilizaba para “trabajar”. Terminó detenida junto a su marido y sus hijos, Adrián y Pablo, y el resto de los sospechosos, uno de ellos llamado Diego Sibio –hijo solo de Gottig- y otros que no pertenecían a la familia.
La policía ordenó cuidadosos allanamientos. Uno fue clave para llegar a la vivienda de Pilar y poder liberar a Ariel Strajman. En otros pudieron secuestrar dos pistolas calibre nueve milímetros, otra 11.25, un revólver Magnum 357, un 32 con numeración adulterada y una ametralladora Mini Uzi automática de fabricación israelí.
Todos fueron imputados desde el comienzo por los delitos de “secuestro extorsivo, asociación ilícita, tormentos, con el agravante de odio racial, lesiones gravísimas, uso de documento de identidad falsificado y tenencia ilegal de armas de guerra”. María Esther Gottig fue alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza y los hombres en el penal de Villa Devoto. Dos años más tarde, la última semana de setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 1 que por entonces estaba integrado por Mario Gustavo Costa, Martín Federico y Jorge Gettas dictó sentencia: 22 años de prisión para Adrián Sommaruga; 16 para su hermano Pablo; 14 para Osvaldo Keroa; seis para María Esther Gottig; cinco para Alberto Sommaruga y Diego Sibio; y tres para Nicolás Barlaro.
Durante el juicio, el contraste entre la víctima y los acusados fue brutal. Ariel, de traje oscuro y voz temblorosa, describía las noches sin luz, los insultos, el dolor. Del otro lado, los imputados se mostraban serenos, casi altivos. En sus declaraciones, ninguno mostró arrepentimiento real.
La justicia los calificó como una organización “que actuó con extrema frialdad y desprecio por la vida humana”. El caso fue emblemático porque marcó un cambio en el mapa criminal argentino. Ya no eran bandas marginales las que secuestraban, sino grupos con educación, contactos y ambición económica. Los investigadores compararon su estructura y su método con aquellos secuestros familiares de los ochenta que habían conmocionado a la sociedad, aunque esta vez sin la solemnidad de un clan ni la mística de un apellido como el de los Puccio, por ejemplo. Era el reflejo de un tiempo en el que todo parecía posible, incluso lo impensado.
Para Ariel las noches seguían siendo un campo minado. En 2020, el apellido Sommaruga volvió a escena: Pablo, con la condena ya cumplida por el secuestro de Strajman, vivió un acto de agresión mientras gozaba de salidas transitorias de la Unidad 14 de Esquel en una causa por portación de armas. Sucedió en las inmediaciones del barrio Vepam cuando vecinos lo increparon y lo golpearon.
En ámbitos judiciales los fiscales aún recuerdan la causa como una de las más complejas de la década. No por su extensión, sino por su impacto emocional. “Ariel fue un testigo de excepción —dijo uno de ellos años después—. No solo narró su cautiverio, también nos obligó a mirar de frente una forma nueva de criminalidad”. El secuestro de Strajman se convirtió en un espejo difícil de mirar donde podía verse el sadismo más cruel.
Él mismo aceptó que no busca revancha, sino olvido. “No odio, pero no quiero ni recordarles la cara”. Y aunque los nombres de sus captores ya forman parte de un archivo judicial, el trauma persiste en él como una sombra imposible de soslayar.
Sociedad
Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados
Publicado
17 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
El grupo de jóvenes de Bell Ville difundió el video a través de la cuenta de Instagram de la promoción. Allí, uno de ellos aparece con un vestido estampado roto y el cuerpo pintado con manchas rojas
Un grupo de estudiantes del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, protagonizó un repudiable hecho durante su viaje de egresados, cuando uno de ellos fue grabado usando un disfraz en el que simulaba ser una víctima de abuso sexual. El video, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram de la promoción, se viralizó y provocó un fuerte rechazo social por trivializar el tema.
Según informó el medio local El Doce, la rápida difusión del video motivó pedidos de sanción y un fuerte repudio por parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
En el mensaje, los alumnos reconocieron: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas”.

En sus palabras, los estudiantes afirmaron: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.
El texto de este segundo comunicado profundizó en la reflexión sobre el contexto social y la responsabilidad individual, al señalar: “La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.
Por último, solicitaron la intervención de las autoridades escolares para que se tomen medidas concretas. “Pedimos que se revisen y sancionen a los responsables, nos despegamos de ellos y abrazamos a nuestra escuela y docentes que nos están conteniendo en tan tremenda situación”, concluyeron.
Esta no es la primera vez en el año que un grupo de alumnos de una escuela que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche queda envuelto en un hecho polémico. A finales de septiembre, unos estudiantes de una escuela de Canning fueron filmados mientras realizaban cánticos antisemitas.
“Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro y que se puede escuchar en el video que se viralizó en las últimas horas. En las imágenes difundidas, se puede ver cómo un hombre, que sería el encargado del grupo, se sumó a los cánticos que generaron rechazo en las redes sociales.
De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning.
En ese marco, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.
“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.
Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.
En sus redes sociales, la escuela destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.
Sociedad
Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba
Publicado
17 horas atráson
16 octubre, 2025Por
Admin
La compañía investiga, junto al fabricante CFM y a otras aerolíneas de la región, el origen del desperfecto en uno de los motores del Boeing 737-800 que debió aterrizar en Ezeiza de emergencia
Aerolíneas Argentinas anunció este jueves la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aeronaves Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras la falla registrada en el vuelo AR1526 que partió ayer desde Aeroparque con destino a Córdoba. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, informaron.
Como informó este medio, el vuelo AR1526 presentó una falla técnica en uno de sus motores poco después de iniciar el despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló la línea aérea.

La compañía informó que el mantenimiento de todos sus motores “tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por los fabricantes”. Sin embargo, reconoció que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”.
También pidió la evaluación de otras aerolíneas de la región que operan con la misma motorización y “tuvieron sucesos similares”. Además, notificó a las autoridades regulatorias locales, con las que trabaja “para fijar un criterio de resolución”.
“Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia”, subrayó la empresa. “El foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró el texto oficial.
El incidente del miércoles afectó a más de 160 pasajeros del vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que habían despegado ayer por la mañana del Aeroparque Jorge Newbery, en CABA, con destino a la ciudad de Córdoba. Allí, un motor del avión sufrió una falla y debió modificar su ruta inicial hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

Como consecuencia del hecho, la terminal aérea metropolitana permaneció cerrada durante algunas horas, hasta que, pasadas las 11.30, reabrió sus puertas y reanudó sus actividades habituales. No obstante, algunos vuelos programados para esta jornada registraron demoras y reprogramaciones menores.
Fuentes de la aerolínea señalaron que “el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”. Tras la inspección de pista, el fabricante fue informado sobre la incidencia con el objetivo de determinar el origen de la falla.
El Boeing 737-800 fue liberado luego de que los operarios completaron las tareas de revisión y limpieza en la pista. La empresa precisó que la medida preventiva no implica la cancelación de rutas, pero sí “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas”.
Aerolíneas indicó que continúa en contacto con el equipo técnico del fabricante CFM y con las autoridades aeronáuticas locales e internacionales “para definir los pasos a seguir antes de reincorporar las aeronaves al servicio”.


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