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Sociedad

El Gobierno les ofreció a las universidades un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento y hay acuerdo

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El incremento es el mismo que el Ministerio de Capital Humano había arreglado con la UBA. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declararon que la propuesta “comienza a atender” los reclamos del sector. Mañana hay otra reunión con los gremios por los salarios

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron este lunes con los rectores de las casas de estudio públicas.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió este lunes 27 de mayo a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales. En la reunión, el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. En tanto, mañana martes se retomará con los gremios universitarios la negociación salarial.

“Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado”, señaló el comité ejecutivo del CIN. Desde el organismo señalaron a Infobae “un cambio de actitud” de los funcionarios, quienes “intentaron abordar cada punto planteado”.

Los rectores y las autoridades del Gobierno también acordaron crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta. Además, analizaron el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, “las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”, y acordaron “darles prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas”, informó la Secretaría de Educación en un comunicado.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con salarios, becas estudiantiles y las partidas de Ciencia y Tecnología, otros de los puntos incluidos entre las demandas de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, en la que habían participado las universidades de todo el país.

El resultado fue muy positivo en tanto está garantizado el segundo cuatrimestre”, declararon desde la Secretaría de Educación.

Fuentes del CIN dijeron a Infobae que los funcionarios nacionales “se comprometieron a ir pagando las deudas” referidas a los programas con financiamiento específico, que abarcan desde la función salud (ya resuelto) hasta otros ítems como las escuelas formación profesional, recursos para ciencia y tecnología y categorizaciones de investigación. Con respecto a este último punto, se acordó culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR), iniciado el año pasado en todas las universidades del país.

“Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación”, dijeron desde el CIN.

“Seguiremos trabajando para resolver temas pendientes pero hoy se ha dado un paso importante que aporta previsibilidad y un escenario distinto”, expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

También formó parte de la agenda la cooperación del sistema universitario con el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por la Secretaría de Educación y los ministerios de educación provinciales.

Desde el Gobierno nacional mencionaron entre las prioridades “profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”. También enfatizaron la necesidad de garantizar “el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, el antisemitismo”, con la idea de “crear mecanismos internos en cada universidad”.

La UBA acordó primero

El pasado 15 de mayo la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios. La UBA había lanzado su propio petitorio “contra el recorte presupuestario”, que sumó más de 450.000 firmas, según un comunicado que difundió hoy la universidad.

Al conocerse el acuerdo entre el Gobierno nacional y la UBA, el CIN había denunciado que esa medida discriminaba al resto de las universidades nacionales: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”.

“No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, declararon entonces los rectores. Luego fueron convocados a la reunión de este lunes, en la que recibieron las mismas condiciones ofrecidas a la UBA.

En paralelo, diferentes sectores de la oposición firmaron la semana pasada cuatro dictámenes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados para actualizar por ley el presupuesto universitario.

La masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril dio un impulso clave a los reclamos de las universidades públicas.  (Mario Sar)La masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril dio un impulso clave a los reclamos de las universidades públicas. (Mario Sar)

Los salarios, en caída

Más allá del aumento en los gastos de funcionamiento, el atraso salarial de docentes y no docentes es uno de los principales reclamos pendientes desde la movilización del 23 de abril. En la reunión de hoy con los rectores, los funcionarios nacionales propusieron armar una “mesa de monitoreo de la situación salarial” que involucre a las autoridades universitarias además de los sindicatos.

La semana pasada el Gobierno nacional ofreció a los gremios universitarios un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN) rechazó una vez más la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28. La semana pasada, los docentes y no docentes universitarios adhirieron al paro nacional convocado por todos los gremios docentes del país.

Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada implica una pérdida del 42% del poder adquisitivo.

Sociedad

Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online

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Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional

Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.

Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.

Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Buenos Aires y Formosa siguenBuenos Aires y Formosa siguen exigiendo trámites presenciales para gestionar el carnet de conducir

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.

Incorporación progresiva

La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • Neuquén
  • Mendoza
  • Catamarca
  • Chaco
  • Salta
  • Jujuy
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Chubut
  • Corrientes
  • Misiones
  • La Rioja
  • Entre Ríos
  • San Luis
  • La Pampa
  • Tierra del Fuego
  • San Juan
  • Santa Cruz
  • Río Negro

Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.

Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cómo realizar el trámite

Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.

Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Córdoba compartió por primera vezCórdoba compartió por primera vez sus antecedentes viales con el sistema nacional y delegó funciones clave

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.

El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.

Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.

La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.

Limitaciones de alcance

Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.

En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.

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La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

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Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo

El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.

La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.

Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.

Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.

Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.

. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.

A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.

La investigación y las escuchas sobre toda la organización

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

– Nilda Arrieta: Sí ….

– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

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Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas

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Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento

Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.

Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.

La calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

El 8,7% de los trabajadoresEl 8,7% de los trabajadores son subocupados en CABA

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).

Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.

En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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