En solo cinco meses se fueron 14 funcionarios con cargos medios y altos.
La ministra, de todos modos, cuenta con un fuerte apoyo presidencial.
La reciente salida de la subsecretaría de Trabajo, Liliana Archimbal, se sumó a la ola de deserciones del plantel de funcionarios de Capital Humano. Desde la asunción de Sandra Pettovello van 14.Si bien la “amiga del Presidente” se encuentra blindada ante el eventual recambio ministerial que prohijaba el postergado “Pacto de Mayo”, su actuación al frente del superministerio gatilla críticas internas y de aliados cercanos al proyecto libertario que desde el 10 de diciembre conduce la Casa Rosada.
En la previa a la masiva marcha universitaria del 23 de abril pasado, había renunciado el número 2 del ministerio, Maximiliano Kezceli, en los papeles director de asuntos legales pero que tenía influencia en distintas áreas. Pero en el despido de la funcionaria de la cartera laboral influyó la propia Pettovello. Se trataba de una técnica de carrera que había sido promovida tras el desembarco del ex Techint Julio Cordero al frente de la Secretaría.
La medida la habría tomado la egresada de la tecnicatura de la Universidad Austral por la filtración del pasado sindical del vocero presidencial, Manuel Adorni, que integró la lista del frustrado sindicato de deliverys. “Es una muestra más de la caza de brujas que hay en el ministerio. Siempre se busca un chivo expiatorio para la no gestión”, remarca una fuente vinculada a la cartera laboral.
En los hechos, la salida de Archimbal representó la tercera consecutiva en la cartera laboral en poco más de cinco meses de administración. Ocupaba el segundo cargo en importancia del área, tras los desplazamientos de Horacio Pitrau y Mariana Hortal Sueldo, dos referentes cercanos al ex ministro de Trabajo macrista Jorge Triaca, que acompañaron la breve gestión de Omar Yasín, uno de los chivos expiatorios del escándalo por el aumento de sueldos a los altos funcionarios de febrero pasado. Hacía dos semanas, en tanto, había renunciado el subsecretario de Empleo, Luis Palomino.
Crecen las críticas internas
Las críticas internas y de los aliados del PRO contra Pettovello vienen acumulándose. Uno de los más recurrentes cuestionamientos refiere a las demoras en las designaciones y una avanzada de denuncias judiciales que, más allá de intentar esclarecer políticas poco transparentes de gestiones anteriores, buscaría enmascarar la falta de gestión.
Se perciben demoras en la capacitación y formación de los beneficiarios de planes tras la división del Potenciar Trabajo y resultó notoria la falta de previsión del conflicto con las universidades. También se cuestiona internamente el “fuerte carácter” de la funcionaria y la falta de “muñeca política” para sortear las recurrentes crisis en la gestión.
En un sector del oficialismo tratan de exculpar a Pettovello aduciendo que el superministerio sufre la escasez de recursos por decisión del ministro Luis “Toto” Caputo -alias “chanchito de yeso-” y por los roces con el vilipendiado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuya continuidad en el puesto fue puesta en duda en las últimas horas.
Es que detrás de la idea de Milei de firmar un Pacto de Mayo con los gobernadores, estaba la posibilidad de “relanzar” el gabinete. Si bien ese acuerdo quedó postergado por las demoras en la sanción de la ley Bases y el capítulo fiscal, ganan fuerza las versiones sobre eventuales cambios en el equipo de gobierno, una recomendación que el asesor Santiago Caputo le habría dado al jefe de Estado.
Avalada por el Presidente
Pero Pettovello se encuentra al margen de cualquier especulación. Cuenta con el aval de su amigo presidente, quien incluso dispuso que tenga oficinas en Olivos a las que visita cada vez con menos asiduidad producto de las fricciones registradas en Capital Humano.
En el superministerio aducen que, tras las últimas deserciones, quedó más ordenado Niñez y Familia. Su titular, Pablo de la Torre, había presentado al menos dos veces la renuncia a la ministra pero luego aceptó continuar y en las últimas semanas logró incorporar dirigentes de su confianza.
En Educación sigue Carlos Torrendell, un especialista en el área que debió afrontar la asonada de los decanos por los recortes presupuestarios. Finalmente en los últimos días el Gobierno aceptó girar recursos a las casas de altos estudios.
Uno de los responsables de la comunicación ministerial, Fernando Szereszevsky, también fue blanco en las últimas horas del “fuego amigo”. Es que un dirigente bonaerense alertó sobre el vínculo del exmanager de Charly García con el Mercado Central, donde llegó a ser “gerente” durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Ahora, la calificada fuente consultada, lo vincula con el titular del organismo emplazado en Tapiales, Fabián Miguelez. “A Miguelez lo denunciaron cuando estaba en el gobierno de Macri pero ahora le calza la misma acusación que le hacen a (Emilio) Pérsico, que atendía los dos lados del mostrador, porque supo tener una empresa que comercializaba frutas y verduras”, recordó.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.