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El conflicto policial no cede en Misiones y el Gobierno denunció a 15 policías

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Presentó una denuncia en la Justicia para que se los investigue por sedición e intimidación pública, entre otros delitos.

Los efectivos mantienen el acampe por noveno día y celebraron el 25 de Mayo con un acto en el que el capellán de la Policía fue duro con las autoridades.

Policías, docentes y empleados de la salud realizaron este sábado un multitudinario acto para conmemorar el 25 de Mayo de 1810, y lo hicieron sin la presencia de autoridades. Después de una helada noche en el acampe de la avenida Uruguay, en Posadas, los empleados estatales le pusieron calor y color a la fiesta patria en la que volvieron a reclamar un trato digno por parte del Gobierno Provincial e insistieron con la reapertura del diálogo. En tanto, las autoridades provinciales realizaron una denuncia en la Justicia en la que apuntaron directamente a los líderes de la protesta.

Los policías y agentes penitenciarios iniciaron este sábado el noveno día de protesta frente a la base de operaciones del Comando Radioeléctrico I. El Gobierno decidió no mejorar la propuesta de 30 por ciento de aumento y una amnistía para todos los que se sumaron al acampe y parece apostar todas sus fichas al desgaste de los manifestantes y a doblegarlos con denuncias penales. A través de las redes sociales, el gobernador Hugo Passalacqua dio a conocer la grilla salarial con el incremento, que lleva el ingreso de un agente desde los $ 4420.00 a $ 525.000.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Pedro Duarte, desembarcó este viernes en el Juzgado de Instrucción 6 con la identidad de quince supuestos “cabecillas” de la protesta, para pedir que se los investigue por “sedición, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, interrupción de tránsito público, estafas y otras defraudaciones, malversación de caudales públicos y amenazas”. La denuncia fue presentada ante el fiscal René Casals y el juez Ricardo Balor, quien hace más de una semana autorizó al Gobierno a desalojar a los policías que acampan. La orden nunca se cumplió.

Entre los denunciados están los voceros de los policías y penitenciarios, los suboficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino. Los otros trece son agentes, suboficiales y oficiales en actividad.

Para el Gobierno, los “cabecillas de la protesta obligan a otros integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales a participar en la toma de unidades operativas”, señala la denuncia de Duarte, pese a que no existe ninguna dependencia policial tomada.

Los policías misioneros celebraron el 25 de mayo en el acampe. Foto Blas MartínezLos policías misioneros celebraron el 25 de mayo en el acampe. Foto Blas Martínez

El funcionario apeló a mensajes anónimos que circulan en las redes sociales, donde supuestamente se le advierte al Gobierno que “si no se llega a un acuerdo conciliatorio, los manifestantes tomarán distintos organismos públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Educación, la Cámara de Diputados, etc”, señala el escrito.

Este viernes los policías decidieron bajar sus pretensiones salariales como gesto para encausar el diálogo e intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al acampe. El Gobierno se mostró intransigente y se limitó a comunicarles que seguía en pie la última oferta: 30% y amnistía para todos.

El conflicto salarial de los policías ingresó en su noveno día y ya supera el acuartelamiento que protagonizaron en 2012. En esa oportunidad el arreglo llegó en la octava jornada con una fuerte recomposición salarial y el levantamiento de sanciones y causas penales.

El acto por el 25 de mayo. El capellán fue duro con el Gobierno. Foto Blas MartínezEl acto por el 25 de mayo. El capellán fue duro con el Gobierno. Foto Blas Martínez

A diferencia de lo que sucedió hace doce años, esta vez el Gobierno debe lidiar con varios frentes. Es que la mayoría de los docentes está de huelga desde hace más de un mes; y seguirán protestando porque consideran insuficiente que un maestro de grado cobre $ 400.000 por cargo. También el personal de Salud Pública acampa en los pasillos del Ministerio.

En el acto que se realizó esta mañana frente al Comando Radioeléctrico para conmemorar la gesta de Mayo, el capellán de la Policía, Marcos Szyszkowski, pidió “que podamos desde la unión que hace la fuerza, dejar de estar arrodillados ante quienes nos someten, nos amenazan, nos presionan y nos quitan el pan de la mesa”.

“Pidamos que nosotros acá también podamos liberarnos y aprender a vivir de la bienaventuranza que nos da la libertad, que la dignidad no se negocia, que es necesario que cada familia tenga un plato de comida digno”, dijo el religioso.

Szyszkowski pidió para que “sigamos apostando al diálogo como camino, que aprendamos a bajarnos del caballo y andemos de a pie, que dejemos de mirar a la gente desde arriba”. Y advirtió que “el pueblo ya no está arrodillado, ya no tiene miedo, el pueblo ya se levantó”. Y pidió “que Dios bendiga nuestra lucha justa”.

Por su parte, el suboficial Germán Palavecino dijo que reclaman “el trato digno que nos merecemos. Queremos vivir dignamente de nuestra profesión y no sólo sobrevivir”. El referente sostuvo que “hoy, como ese 25 de mayo, estamos de pie, pidiendo a nuestros gobernantes que nos escuchen”.

El policía retirado dijo que “apelamos a la razonabilidad y sensibilidad” del Gobierno para atender sus reclamos. Y le exigió “respeto, más respeto y dignidad para todos”.

Apenas finalizó el acto con un desfile de los policías que acampan, los referentes de la protesta se sumaron a una celebración similar que hicieron los docentes a una cuadra.

El jueves a la noche, los docentes marcharon a la Legislatura, donde voltearon el vallado e intentaron ingresar, pero fueron reprimidos por la Policía con gas pimienta. Los incidentes terminaron con al menos una decena de personas sofocadas y dos maestras que fueron llevadas al hospital con un posible cuadro de ACV en curso, dijeron los paramédicos.

Posadas. Corresponsal

AS

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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