El comisario mayor José Luis Segovia está detenido por filtrar información, plantar pruebas truchas, encubrir ladrones, estafas y asociación ilícita.
El grupo delictivo se dedicaba a hacer entraderas en departamentos de la ciudad con inteligencia previa.
La pareja de ladrones ni siquiera tuvo que presionar a los dueños del departamento del edificio Mirador Cabo Corrientes para que les dijeran dónde guardaban el dinero. El entregador les había indicado hasta el lugar dónde lo ocultaban: un doble fondo en una mesa de luz. Y efectivamente ahí estaban los billetes, muchos más de los que los asaltantes habían ido a buscar: 228 mil dólares. También se llevaron alhajas, unos 400 mil pesos, un sable que decoraba la sala y las vidas de Antonio y María Ana, las víctimas, que andaban por los 80 años. Entre el desconsuelo y el covid murieron pocos días después.
En esos días, diciembre de 2020, el comisario mayor José Luis Segovia (46) era director de la DDI en Mar del Plata. Luego, en marzo de 2021 fue ascendido y hasta hace exactamente una semana, cuando fue detenido en su casa, fue jefe de la Departamental de la Policía Bonaerense en la Ciudad. Ahora está preso en una comisaría de Balcarce.
Los fiscales generales de Mar del Plata lo acusan de ser el líder de una organización mixta, integrada por policías de la Bonaerense y de la Federal, ex policías, arbolitos y un abogado penalista, y los integrantes de la que aquí se conoció como “La banda del millón”, delincuentes que se dedicaban a robar en departamentos. El nombre se lo pusieron porque en pocos golpes se hicieron de un botín de más de un millón de dólares.
La saga de delitos que le atribuyen comenzó con el robo al matrimonio de Cabo Corrientes y se extiende hasta estos días, ubicándolo en todas las situaciones fundamentalmente por testimonios –no hay escuchas ni filmaciones– al frente de “un esquema de recaudación ilegal y un aceitado sistema corrupción institucional, organizado jerárquicamente, que les brindaba y garantizaba –a delincuentes– protección e impunidad ante la Justicia Federal y provincial a cambio del pago periódico de sumas de dinero”.
Lo que dicen los fiscales Fabián Fernández Garello y Marcos Pagella, general y adjunto, es que Segovia, primero desde la DDI y luego desde la Departamental, filtraba información, plantaba pruebas falsas para desviar investigaciones y encubría a cambio de beneficios económicos. Que estaba al frente de una asociación ilícita.
Así, sostienen que un día después del robo de los 228 mil dólares, fue Segovia quien “plantó” la foto de un sospechoso, Mauricio Di Norcia, luego líder de “La banda del millón”, para encubrir a los verdaderos delincuentes, el ex policía federal Carlos Alejandro Juárez y a su pareja Julieta Palermo, a quienes se los ve en el registro de las cámaras de seguridad del edificio en la zona de ascensores.
Segovia está acusado de filtrar información, plantar pruebas truchas y encubrir delincuentes. Foto 0223
Luego la Justicia emitió órdenes de allanamiento contra Di Norcia, pero ninguno dio resultado. ¿La razón? De acuerdo a la hipótesis fiscal, la propia Policía filtró información al abogado del sospechoso para que cobrará sus “honorarios” por esa protección.
El abogado, penalista, es Lautaro Resúa, y desde la noche de este martes está detenido. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de eximición de prisión que había concedido el juez de Garantías, y se entregó en Tribunales.
La supuesta organización que encabezaría el comisario Segovia, además de Resúa, estaría integrada por los otros imputados, todos detenidos: el policía bonaerense Gastón Moraña, los ex agentes Javier González y Christian Holtkamp, el oficial de la Policía Federal Nicolás Rivademar, y Jorge Toletti, arbolito y dueño de un café en la zona caliente de las cuevas marplatenses.
Luego se supo que el asalto de Cabo Corrientes fue organizado desde esa misma zona, entre arbolitos y ex policías. De allí salió el dato que indicaba que los jubilados tenían miles de dólares en su departamento. Llegó a oídos –a través de Resúa– del joyero Svan Arslan, que tenía oficina en la Av. Corrientes y Libertad, en Buenos Aires, y éste reunió a Juárez, Palermo, Leonardo Scurzi y Rodrigo Soto –éstos dos últimos prófugos– para planificar el robo.
Caída la investigación contra Di Norcia, que se presentó luego en la Justicia y pidió a través de Resúa su eximición de prisión, la organización atribuida a Segovia fue por Juárez. Toletti, el policia de la DDI Javier Collova, y otros dos hombres, todos vestidos con ropa de Policía, lo secuestran de un hotel en Punta Mogotes y le piden 50 mil dólares para que la investigación en su contra quede en la nada.
Juárez no acepta la oferta de Toletti y sus amigos. Lo dejan en la calle en la otra punta de la ciudad y, ¿qué hace en ese momento el ex policía federal, el ladrón de los 228 mil dólares, que días después caería preso por una entradera en Buenos Aires? Algo insólito: llama al 911 para denunciar que lo habían secuestrado y extorsionado.
Entonces, Toletti y Holtkamp, que se presenta como un ex DDI, lo venden al fiscal del caso y le cuentan que el ladrón es Juárez. Lo que estos no sabían es que su número de teléfono había quedado registrado en aquella llamada, y que con eso quedaban todos vinculados. Di Norcia caería preso más adelante, cuando se prueba que junto a otros tres hombres robaban departamentos; en cuatro golpes –en una maniobra que incluía cierta inteligencia, duplicado de llaves, y otros movimientos– se alzaron con US$ 1.019.500 y $ 42.450.000.
Ahora sí, los allanamientos dieron resultado y fueron detenidos; venían de Qatar, de ver algunos partidos del Mundial de Fútbol. El abogado de tres de ellos era el mismo Resúa, que aparecerá luego en las maniobras que –según los fiscales– fueron “pergeñadas y dirigidas por el comisario Segovia, y participaron, al menos, el oficial Gastón Moraña, el ex oficial Javier Martín González, el oficial de la Policía Federal Nicolás Rivademar, Holtkamp y Javier Toletti,
“Centralizaron y controlaron la compraventa de moneda extranjera, pusieron en circulación billetes falsos y la explotación de juegos de azar no autorizados, exigiendo indebidamente el pago periódico de fuertes sumas de dinero en concepto de aranceles a cambio de silencio y protección”, sostiene el pedido de los allanamientos (7 en simultáneo hechos por Prefectura) y la media docena de detenciones que hizo el Ministerio Público, en un escrito de 156 páginas al que Clarín tuvo acceso.
Segovia se defendió, declaró que lo que hizo fue “patear el hormiguero”, que “poner en orden el caos siempre trae problemas” y que por su accionar contra el delito, meterse “con la mugre” de Luro e Independencia –esquina de indisimulables cuevas y arbolitos–, a tres cuadras de la Municipalidad y a una y media de la comisaría primera), “hay quienes han quedado dolidos”.
“Es una narración muy pintoresca, parece escrita por un novelista más que por un agente fiscal. Mezclan todos los sucesos, pero se olvidan de referirse a la prueba. Si Segovia hizo operativos para liberar la zona de arbolitos, ellos dicen que lo hizo para despejar el terreno y que laburen otros; del dicho del dicho del dicho llegan a la conclusión que desvió una investigación”, dijo a Clarín el abogado del comisario detenido, Martín Bernat.
Para el defensor, “es como si hubieran agarrado el imaginario social. El policía es tránsfuga y arregla, metieron declaraciones de dos o tres policías que Segovia echó, de dos delincuentes, e hicieron una narración. Sucede que para la detención se exige sospecha, ahora para la prisión preventiva se necesita de indicios vehementes, y la causa no los tiene”.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes