Las actuaciones judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y otros grupos. Se iniciaron por denuncias realizadas en la línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad. Las graves maniobras que se investigan

Dirigentes y militantes piqueteros son investigados por la Justicia Federal acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejó firme un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas a varios acusados por el delito de extorsión. De acuerdo con las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”.

Para el tribunal, “reviste particular importancia lograr el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo”.

La semana pasada los piqueteros fueron a la Quinta de Olivos y se activó el protocolo anti piquetes

Según informó el Ministerio de Seguridad esta mañana, el tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada unidad de certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Al respecto, se informó que fueron secuestrados “millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia”.

Tras los operativos, la Justicia también logró captar “los chats de apriete” de las personas que realizaron las denuncias en el 134, las cuales las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp y donde quedaron las explicitadas las maniobras de extorsión para concurrir a las marchas.

“Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente”, se indicó en un comunicado. Y agregaron pruebas que revelan que la gente que no podía ir a una marcha tenía que acreditarlo mediante certificados médicos.

El Gobierno, desde el inicio de la gestión, puso en marcha una política de fuerte confrontación con las organizaciones sociales que venían intermediando en la distribución y gestión de la ayuda social. Esa disputa se cristalizó en un protocolo que redactó el Ministerio de Seguridad para evitar los cortes de tránsito y en un cambio en la forma de gestionar los planes, que instrumentó el Ministerio de Capital Humano, sin la participación de piqueteros.

Las organizaciones sociales vienen realizando manifestaciones callejeras de manera periódica, sin que lograran, hasta ahora, cambios en la política que activó la administración nacional.