Por la devaluación, el Gobierno redujo el nivel de envíos medido en dólares en comparación al kirchnerismo.
Si bien se hay menos beneficiarios que antes, ya se giró más de $ 1 billón en solo cuatro meses.
Pese a haber desarticulado buena parte de la estructura de planes sociales que funcionaba durante el gobierno de Alberto Fernández, el gasto en el área sigue siendo alto para la administración de Javier Milei. Si se contabilizan las transferencias enviadas a la Tarjeta Alimentar y al ex Potenciar Trabajo, solo en el transcurso del primer cuatrimestre se gastaron más de $ 1,02 billones.
Medidos a un dólar oficial promedio de $ 845, la cifra equivale a US$ 1.208 millones destinados a pagar planes sociales en el primer tercio de 2024, lejos de los números del kirchnerismo, pero una cifra representativa considerando que hubo una fuerte devaluación de peso apenas asumió Milei la Presidencia y que, incluso en cuentagotas, se redujeron la cantidad de beneficiarios que cobran esos planes.
Exactamente $ 1.020.820.000.000 se transfirieron hasta el 30 de abril de acuerdo a los datos consignados por el sitio oficial Presupuesto Abierto, dependiente del Ministerio de Economía. Es decir que entre los dos programas centrales del Ministerio de Capital Humano, uno dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y el otro de la Secretaría de Trabajo, ya se está superando el billón de pesos gastados en apenas 120 dias.
Ese nivel de erogaciones obliga a hacer una doble lectura. Por un lado, es un hecho que el Gobierno deberá reasignar fondos en ambas partidas por lo menos una vez antes de fin de año, ya que la previsión de gasto para todo el año era de $ 2 billones y ya se consumió la mitad de esos recursos. Por el otro, hay una evidente baja del gasto si se considera que el kirchnerismo, a esta altura del año pasado, había gastado unos US$ 2.000 millones en el pago de planes sociales, a un dólar oficial que promediaba los $ 200, y en pleno año electoral.
La devaluación de diciembre le resultó favorable en ese sentido a la Rosada, que como anticipó en marzo, gasta claramente menos recursos medidos en dólars que el gobierno que lo antecedió. Los US$ 1.208 millones actuales que se destinan tienen repercusión directa en esa decisión de sincerar el tipo de cambio, con el agregado de que el Gobierno viene administrando un presupuesto de prórroga durante 2024, de iguales características al de 2023 pero con un aumento significativo de la inflación de por medio.
Pablo de la Torre, scecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Foto: Maxi Failla.
Más fondos para la Tarjeta Alimentar y un programa dividido en dos
Desde lo estrictamente metodológico, hay un cambio que es notorio en el rumbo de la gestión. La decisión del ministerio que conduce Sandra Pettovello de darle mayor peso en la torta a Políticas Alimentarias, el programa mediante el cual se paga la Tarjeta Alimentar, en relación al ahora ex Potenciar Trabajo, que se dividió en dos nuevos programas: Volver al Trabajo, dependiente de esa secretaría, y Acompañamiento Social, que reporta a Niñez, Adolescencia y Familia.
Con el piquetero Emilio Pérsico como principal responsable del Potenciar Trabajo durante el gobierno anterior, a ese programa se le dio mucho mayor peso desde lo económico que a la Tarjeta Alimentar, que en ese entonces administraba La Cámpora. Pero ahora, a raíz de una decisión de Pettovello, esa relación cambió drásticamente y se advierte en el ritmo de las transferencias.
En los primeros cuatro meses del año, Políticas Alimentarias recibió $ 573.938 millones, el 65,5% del presupuesto original para todo 2024, que estaba proyectado en $ 875.640 millones. Sin embargo, el cambio de programas motivó que se le inyectaran más fondos a la tarjeta Alimentar, que impacta directamente en cuatro millones de personas y ahora cuenta con fondos por $ 927.018 millones.
A la inversa sucedió con el Potenciar Trabajo, que recortó alrededor de 100.000 beneficiarios entre las múltiples irregularidades que se detectaron en el pago de esos planes, pero que tuvo un cambio muy rotundo al dividirse en dos nuevas áreas, dentro de un mismo ministerio pero bajo órbitas diferentes de secretarías. De allí que tuviera un presupuesto inicial de $ 1,025 billones, que ahora se reparte en partes distintas.
A Niñez y Adolescencia, por Acompañamiento Social, le quedaron $ 572.545 millones para todo el año, de los cuales ya se gastaron $ 361.360 millones, o sea, el 63,11%. A Trabajo, con el plan Volver al Trabajo, le corresponden $ 521.942 millones, un poco más de la otra mitad del presupuesto original, que aparecen enmarcados dentro de la categoría Acciones de Empleo, que lleva devengados en cuatro meses $ 85.522 millones.
Es decir, el presupuesto total en planes sociales ahora se reparte en tres partes: Políticas Alimentarias, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. Los tres programas, a la fecha, son los que suman la friolera global de $ 1.020.820.000.000. Si se divide por día, son $ 8.506 millones cada 24 horas que el Estado gasta en planes.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.