Además designó como abogada a la ex defensora de César Milani.
Después de varias semanas desde que inició la investigación, donde se le atribuyó una doble imputación por presuntos hechos de corrupción, el ex presidente Alberto Fernández designó abogada y su primera presentación ante la justicia federal, fue recusar al magistrado que lleva el caso, Julián Ercolini. Pidió que deje de intervenir en el expediente donde se investigan 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA (tras una Decreto presidencial) con la participación de intermediarios, brokers entre ellos un amigo del ex mandatario.
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
Pese a las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal le adjudicó bajo el grado de sospecha, más una inhibición general de bienes junto al levantamiento del secreto fiscal y bancario, Alberto Fernández no se había presentado en el expediente hasta este miércoles, cuando decidió recusar al juez Ercolini.
Argumentando ser víctima de una persecución por parte del magistrado, negando cualquier elemento jurídico que sustente las imputaciones penal, designó como abogada a Mariana Barbitta quien a su vez defiende al ex general César Milani en otro expediente judicial.
Sostuvo en un escrito de más de 80 páginas, que Alberto Fernández teme la parcialidad del juez Ercolini en la instrucción del caso y por eso entiende que debe ser recusado.
“Invito a la excusación, y subsidiariamente promuevo formal recusación, respecto de la intervención como Magistrado del Dr. Julián D. Ercolini”, inicia el escrito de la abogada de Alberto Fernández, al que accedió Clarín.
Una de las primeras aclaraciones formuladas es que si bien la recusación expone referencias “personales”, no se cuestionan aspectos “en forma personal” al juez del caso a quien “conozco desde hace literalmente décadas, sino que, exclusivamente, este planteo versa sobre las razones que con toda fuerza y evidencia imponen su apartamiento del trámite de estas actuaciones para asegurar el debido proceso legal”, sostiene Alberto Fernández.
En este sentido el escrito refiere la necesidad de “garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por Magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda”.
Uno de los puntos expuestos por el ex presidente, es que él se considera amigo del juez Ercolini, algo que no había expresado en ninguna otra expresión pública. “Durante años, y al menos desde mi perspectiva -y de lo que cualquier tercera persona podría considerar- hemos mantenido una extensa y muy cercana relación de amistad, estrecha”.
Después señaló que cuando fue presidente de la Nación ha tenido diferencias con el magistrado a punto tal de que hizo una cadena nacional para informar que iba a denunciarlo por el viaje a Lago Escondido, investigación en la que se desechó la comisión de delitos y se terminó cerrando.
En otro tramo de su escrito, Fernández dijo que su temor es porque ” -sin justificación alguna- “penalmente” perseguido por uno de los Magistrados cuya conducta requerí que fuese investigada, en el marco de un verdadero escándalo público”.
En esta etapa de la pesquisa, se encuentran bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto. Fue esa normativa la que impuso al Estado Nacional la contratación exclusiva de Nación Seguros SA y ésta a su vez, habilitó la participación de intermediarios.
Es decir: se investiga si la maniobra inicial que impulsó la investigación penal se cometió durante toda la presidencia de Alberto Fernández. El ex presidente nada dijo al respecto.
Durante toda la gestión de Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras, se abonaron un total de 3.213.341.098 pesos. Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos.
El detalle que consignó Nación Seguros en un documento que está incorporado a la causa, muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios frente a otros.
Aunque los brokers involucrados son 25, sólo cinco de ellos cobraron 2.782.170.946 pesos sobre los 3.453.302.777 erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
Investigación patrimonial
Junto con el expediente principal que instruye el juez Ercolini, se inició otra investigación de carácter patrimonial y que se encuentra delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. La misma se abrió cuando se ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, su amigo broker Héctor Martínez Sosa, la esposa de Martínez Sosa y secretaria privada de Fernández, María Cantero, y un extenso listado de intermediarios.
Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones abonadas por parte del Estado responden a los valores de mercado, y por otro lado si las contrataciones se realizaron a través de procesos irregulares, como licitaciones direccionadas. Entre los reproches legales al ex Presidente, la justicia le atribuye haber vedado la posibilidad de que se hayan llevado a cabo procesos transparentes con la real competencia.
En la causa patrimonial también se incluyen dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin. Como contó Clarín, las mismas están bajo investigación bajo la sospecha de que podrían haber sido utilizadas para canaliza las comisiones que pagó el Estado.
Todo es parte del expediente que tiene a cargo el fiscal Rívolo. Para profundizar el entrecruzamiento de información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario es que se pidió la intervención de la PROCELAC a cargo del fiscal Diego Velasco. “a fin de determinar posibles maniobras de lavado de activos”, indicó en su momento Rívolo.
De esta manera el frente judicial de Alberto Fernández incluye una causa patrimonial y el expediente principal abocado a desentrañar la presunta maniobra delictiva en torno a los contratos firmados con Nación Seguros, organismos del Estado y la intermediación de brokers.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.