Desde 2018 existe en Argentina una política pública que ha tenido resultados positivos para revertir una de las problemáticas sociales y de salud más complejas de abordar. Se llama Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y logró reducir la tasa en un 50% en cinco años. El Plan acaba de ser desmantelado por el gobierno en un contexto de achicamiento general del Estado. Para especialistas de distintos ámbitos, la decisión es un enorme retroceso.

En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años. Al año siguiente se lanzó el Plan. El presidente de entonces era Mauricio Macri. El Plan continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Las últimas estadísticas dan cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años. El Plan Enia logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.

Desde hace décadas, en casi todos los países del mundo se trabaja para que desciendan las tasas de embarazo en la adolescencia. Las razones son múltiples: van desde los enormes riesgos físicos que implica para cuerpos aún en desarrollo, hasta los problemas psíquicos que puede desencadenar, además de los determinantes económicos y laborales que provoca en las trayectorias de vida.

Argentina tiene una tasa de fecundidad adolescente de 25 cada 1000 en una región en la que la tasa de fecundidad adolescente es de 67 por 1000 adolescentes: Es decir, el Plan ENIA es un ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe.

“Si las provincias quieren…”

“En el marco de las auditorías que está llevando adelante el gobierno, en este caso en el Ministerio de Salud de la Nación… Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan Enia…“, anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Desde el área de prensa del Ministerio aseguraron a Clarín que el Plan seguirá pero sin dar más explicaciones: “Como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios. Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”.

“Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos“.

¿Quién estará a cargo del Plan? ¿Qué presupuesto será asignado? Preguntas que nadie responde. Dicen que dependerá de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero está acéfala. Esta Dirección a su vez depende de la Subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación, a cargo de Paula Singoni. Clarín pidió entrevistarla. Aún no respondió.

“El embarazo en la adolescencia es un hito central en la reproducción de la pobreza”

“El Plan Enia es un programa que se empezó a diseñar en 2016. Lo impulsamos desde el Cippec junto con el Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), y fue liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia). Se pensó porque era necesario articular las intervenciones que había distribuidas en distintas áreas del gobierno. La idea fue integrarlas para reforzar su impacto”, explica a Clarín Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

“Los métodos anticonceptivos no llegaban a los adolescentes, básicamente porque se daban en los hospitales y los adolescentes son una población sana, no van al hospital. Entonces se hicieron consejerías en las escuelas, donde sí están los adolescentes, y se fue a los barrios -detalla-. Al principio se implementó en doce provincias hasta que llegó a todo el país, y el embarazo adolescente cayó a la mitad“.

“El Plan Enia es una política efectiva porque no implicó costos adicionales sino articular políticas que ya existían. Hoy los niveles de pobreza son elevadísimos, hay una reproducción de pobreza entre generaciones, y el embarazo en la adolescencia es un hito central en la reproducción de la pobreza”, continúa Díaz Langou.

Y concluye: “Fue una de las mejores noticias que tuvimos en nuestro país en los últimos años, interrumpir el Plan es una mala noticia en este contexto porque va a amplificar las desigualdades y terminar con las posibilidades de miles de chicos por desinformación. Es un plan muy valioso y estamos a disposición para colaborar con el gobierno para que continúe con su implementación”.

“El desmantelamiento del Plan Enia significa abandonar a las adolescentes, retirar el apoyo que en los últimos cinco años se les dio para que tuvieran mejores oportunidades para completar sus estudios e ingresar al mercado de trabajo en mejor situación. También significa desmantelar una política pública ejemplar por su eficiencia, su buena relación costo-beneficio, ya que cada embarazo prevenido sólo cuesta 60 dólares, su transparencia y su enorme impacto en la reducción de la fecundidad adolescente a la mitad en un tiempo récord. Las niñas abusadas serán abandonadas también“, explica a Clarín Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES y ex coordinadora técnica del Plan.

“No hay comunicación oficial sobre qué se piensa hacer para seguir resolviendo el problema del embarazo no intencional en la adolescencia que reproduce el ciclo Inter generacional de la pobreza. Pero sin recursos humanos no hay plan Enia. Y eso es lo que ha sucedido con la baja de los contratos de los agentes del Plan. La visión sobre el problema está clara”, concluye Ramos.

“El Plan Enia es una política pública fundamental para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Desde sus inicios en 2017, ha logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente cerca del 50%, convirtiéndose en referencia en América Latina. Su continuidad es imprescindible para sostener esta tendencia y lograr impactar en regiones en donde la tasa de embarazos no intencionales aún es alta. Contar con insumos y sobre todo con recursos humanos especializados es esencial para la implementación de acciones en territorios”, dice a Clarín Mariana Isasi, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Preocupación en el Congreso

“En los resultados de la auditoría del Ministerio de Salud se hace referencia a unos contratos de ‘consultorías’ para el programa ENIA, entiendo que refiere a los contratos de menos de 200.000 pesos cada uno que recibían psicólogos/as , médicos/as, enfermeros/as, docentes en todo el país que trabajaban en este programa”, dice a Clarín Pablo Yedlin, médico y al frente de la Comisión de Salud de la cámara de Diputados. .

“La decisión inconsulta del Ministerio de que sean las provincias las que paguen estas contrataciones es otro error. Ajustar en la Nación, transfiriendo responsabilidades a las provincias requiere de transferencia de recursos, justamente todo lo contrario a lo que hace este gobierno. Si la idea es una ‘Nación’ chica, los impuestos recaudados en las provincias y luego coparticipados deberían ser distribuidos en forma diferente, no 50/50 siino 70/30 en favor de las provincias”, asegura Yedlin.

“No hay nada irregular en esas contrataciones, simplemente es la vocación de ajuste Es un programa costo/efectivo, es decir, gastar en el ENIA ahorra embarazos no deseados adolescentes, con todo el costo social, familiar y económico que esos embarazos generan”, concluye el diputado.

“Desmantelar el Plan Enia va en sintonía con la decisión de ir hacia atrás con los derechos conquistados en los últimos años. El Plan tiene básicamente una instancia de prevención. Quitan leyes, planes y programas que vuelven a poner a la maternidad como destino y obligación, y desanda todo lo hecho por el activismo, que puso en jaque muchos de los mandatos para que podamos constituir una sociedad más igualitaria. Ven que la tasa de natalidad se reproduce y quieren que esa tasa crezca a costa de los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Es otra vez volver a la mujer-madre“, asegura a Clarín la diputada Mónica Macha.

La diputada Carla Carrizo, junto a otros nueve legisladores, presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe a la cámara “sobre la continuidad y vigencia del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) a raíz de las denuncias de la no renovación de contratos de más de 700 profesionales encargados de su implementación que pone en riesgo la vigencia de dicha política pública modelo llevada a cabo desde el Estado Nacional”.

El Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado mediante la Resolución 1/2007 del Ministerio de Salud -que ha tenido como función crear un espacio de diálogo y cooperación entre las autoridades de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, las asociaciones científicas y profesionales, del sector educativo y de organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática-, también expresó su “preocupación y rechazo a la decisión… hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación a mantener su compromiso con el desarrollo del Plan ENIA. Esto deberá incluir el seguimiento, control y adquisición de insumos necesarios para garantizar el éxito del programa y asegurar el personal capacitado y las condiciones materiales para implementar los dispositivos del Plan”.

“Las adolescentes de la Argentina merecen un mejor trato. El Estado debe honrar su compromiso de garantizar sus derechos humanos y promover condiciones que permitan su pleno desarrollo -continúa el documento-. Este Consejo Asesor reafirma su compromiso de articular con el Estado Nacional para encontrar las mejores respuestas a los problemas de salud sexual y reproductiva en el país, por ello rechazamos las medidas que se han adoptado respecto del Plan Enia y reafirmamos nuestro compromiso con dicha política, exitosa y necesaria”.