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Tras el fallo de la Justicia contra Irán, el Gobierno elevó el nivel de alerta antiterrorista y reforzó la seguridad de las instituciones más sensibles

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  • La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ordenó enfocarse en los aeropuertos y embajadas en primer lugar.

Tras el fallo de la Cámara Federal de Casación que dio por probada la participación de Irán en el atentado contra la sede de la AMIA de 1994 calificando el hecho como “crimen de lesa humanidad”, el Gobierno decidió elevar este viernes el alerta antiterrorista y reforzar la seguridad puntos sensibles del país: aeropuertos, instituciones religiosas y culturales de la colectividad judía y embajadas como la de Israel, Estados Unidos y las que así lo demanden.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y su secretario de Estado en el área, Vicente Ventura Barreiro, mantenían una reunión esta mañana después de decidir el refuerzo. Entre tanto, pese a que la Presidencia celebró el fallo de la Cámara, el Gobierno no da muestras de si tomará una decisión diplomática drástica como piden algunos sectores, en el sentido de que se rompan los vínculos bilaterales con al República Islámica de Irán. Es una decisión que se evalúa.

Uno de los mayores desafíos que tiene hoy el Gobierno es lo que hace a la inteligencia previa, que está muy averiada por el uso de la AFI durante años para fines políticos internos.

Clarín sabe que el Mossad -el servicio de inteligencia israelí- mudó su sede de Chile a la Argentina en estos meses y que gran parte del trabajo que se viene haciendo respecto a Irán tienen que ver con los estrechos vínculos de Bolivia con la República Islámica.

El fallo de la Justicia incluso está contextualizado también en la rispidez del mundo Occidental contra Irán en el sentido de que por ejemplo, tras el ataque de Israel en Damasco que terminó con la destrucción del consulado iraní y la muerte de varios jerarcas persas, entre ellos dos generales, se generó una alerta internacional ante los posibles ataques en el mundo a blancos estadounidenses y hebreos que puedan ser ocasionados por Irán o con la excusa de dicha “causa”.

Otro punto de análisis es la nueva política de Javier Milei pro Estados Unidos y pro Israel. El presidente quiere trasladar la embajada argentina en Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo Donald Trump en 2017. Un hecho que puede incrementar la amenaza terrorista en la Argentina.

La semana pasada, sobre el fin de las fiestas religiosas musulmanas conocida como Ramadán, hubo cierres de embajadas de Israel en determinados puntos. Y si bien hubo un rumor de que la sede en Buenos Aires también lo habían hecho, eso fue desmentido a Clarín. Sin embargo, la férrea seguridad que suele tener, este viernes se había amplificado.

Informes de la inteligencia estadounidense de este viernes daban cuenta de un inminente ataque de Irán sobre blancos dentro de Israel. Eso vuelve el panorama de la seguridad internacional más confuso al calor de la guerra del Estado hebreo en Gaza y sus ataques selectivos contra Hezbollah, la milicia chiita pro iraní, asentada en el Líbano.

Otro punto más sensible son las fronteras terrestres, por donde se han colado, desde Bolivia, distintos ciudadanos iraníes con pasaportes falsos.

Piden romper relaciones

A este viernes, ni la Cancillería de Argentina e Irán se habían pronunciado sobre un fallo que es judicial.

Un grupo de legisladores del PRO pidió al Ejecutivo de Milei romper relaciones con Teherán. En cambio en el Gobierno esperan la reacción persa.

“Irán es un Estado terrorista y el responsable de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, sentenció Casación. Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo Nacional romper de forma inmediata relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, pidió la diputada Sabrina Ajmechet, que acaba de ser nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara. La acompañaron Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias, Damian Arabia y Sivana Giudici, entre otros.

El Presidente los retuiteó pero no hizo pronunciamiento sobre una decisión que recaería en la Cancillería. Entre tanto desde Irán, donde no es día laborable, todavía tampoco hubo pronunciamientos.

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El peronismo se mostrará unido en Plaza de Mayo para respaldar a CFK y ratificar la denuncia de proscripción

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Tras la ejecución de la condena, marcharán todos los sectores de Unión por la Patria. Kicillof encabezará la columna del MDF. Unidad frente a la detención y el cumplimiento de la pena de la ex presidenta

Este miércoles, a partir de las 14, el peronismo, en todo su conjunto, marchará a la Plaza de Mayo para manifestarse en contra de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Habrá una manifestación masiva para respaldar la figura política de la ex presidenta y mostrar una fuerza política unida.

A la histórica plaza marcharán distintos sectores del espacio político, algunos de ellos alejados desde hace tiempo, como es el caso de la CGT, que ayer decidió convocar los gremios que la integran para sumarse a la manifestación y dejó en libertad de acción a cada uno de los sindicatos para que tomen las medidas que consideren necesarias en función de las actividades que representan.

Sergio Massa confirmará su presencia durante la mañana. En su esquema político trabajan el legislador Rubén “Turco” Eslaiman, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y Malena Galmarini para organizar la columna del Frente Renovador que se sumará a la marcha.

El kirchnerismo accionó un dispositivo de emergencia para organizar la movilización durante los últimos cinco días. Los referentes K, liderados por Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Mayra Mendoza, José Mayans y Teresa García se reunieron con gobernadores, diputados, senadores, referentes sindicales, intendentes, representantes de la juventud y líderes de los partidos que conforman Unión por la Patria (UP).

En todos esos sectores hubo una coincidencia: la necesidad de acompañar a la ex presidenta en forma pública, reforzar la idea de que existe una persecución política contra ella y que la causa no tiene el sustento necesario para condenarla, motivo por el cual existe un intento de proscripción.

Después de las múltiples reuniones de ayer en el PJ, el consejo nacional del partido, los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y los legisladores nacionales, resolvieron convertir la movilización a Comodoro Py en una marcha a la Plaza de Mayo, que será a las 14. Allí habrá un acto político central.

“Todos a Plaza de Mayo. Cristina no va a poder salir a saludar al balcón. Se ve que les molesta su sonrisa”, dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, al salir del departamento de la ex presidenta, luego de que el comisario Mario Ricci la notificara de las restricciones que iba a tener que cumplir durante el cumplimiento de su condena.

El PJ, con Máximo KirchnerEl PJ, con Máximo Kirchner a la cabeza, convocó a la manifestación en Plaza de Mayo para este miércoles

El kirchnerismo busca construir una nueva épica en torno a la figura de la ex vicepresidenta. Trabajan para moldear su liderazgo a este tiempo de detención y fortalecer su conducción, golpeada por las internas del peronismo en el último año. Axel Kicillof y Ricardo Quintela, dos de los gobernadores que se plantaron y discutieron sus decisiones, en esta oportunidad la acompañaron.

Hay dos instancias distintas. Una es la que tiene que ver con en esta etapa de respaldo a CFK. Es un momento donde el foco está puesto sobre el impacto político que generó la condena y su posterior detención. Ahí están casi todos alineados, salvo un grupo del peronismo disidente que no se sumó a la convocatoria ni hizo un respaldo público a la ex jefa de Estado. Una pata peronista que mantiene su resistencia fuerte a cualquier pedido o reclamo que provenga del kirchnerismo.

La otra es la que tiene que ver con el proceso electoral bonaerense y el armado del peronismo en el interior del país. Este jueves faltará un mes para que se cierren las listas en la provincia. La condena de CFK puso en pausa la negociación, que inevitablemente deberá retomarse durante el fin de semana o principios de la semana que viene. Y en ese instante volverán a aflorar las tensiones y la disputa de intereses.

Las discusiones volverán a surgir en el corto plazo. Cuando baje la espuma de la enorme conflictividad que hay por la causa de CFK, el peronismo se verá obligado a ingresar, nuevamente, en la negociación electoral. Y ahí empezará a verse el rol que va a ocupar Cristina en el armado electoral.

En el peronismo nadie tiene dudas que, desde su lugar de detención, la ex mandataria va a seguir influyendo en el armado electoral del peronismo. Una vez que pase la marcha y empiece a cumplir su condena, la reorganización del peronismo se reactivará y será con las elecciones como eje.

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Marcha a Plaza de Mayo por la condena a Cristina Kirchner, en vivo: la Policía controla los micros que llegan a CABA

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A partir de las 14 habrá un acto para apoyar a la ex presidenta, condenada en la causa de Vialidad. Ayer la Justicia determinó que cumpla con la prisión domiciliaria y que use tobillera

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por el caso “Vialidad” que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los argumentos, el tribunal señaló: “En este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”.

La expresidenta Cristina Fernández deLa expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su casa, en el barrio porteño de Constitución/REUTERS/Matías Baglietto

La resolución que lleva la firma de los tres jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso, además, las siguientes medidas:

– Imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:

a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.

b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

También, el tribunal dispuso encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la prisión domiciliaria y que informe a tribunales los resultados cada tres meses, luego de lo cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas.

Finalmente, se decidió ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio donde se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria.

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El Gobierno cerró una obra social por primera vez bajo la gestión Milei e intensifica los controles en entidades de la Salud

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La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó la Obra Social del Personal Aduanero tras detectar múltiples irregularidades, marcando la primera baja de una entidad desde el inicio de la actual administración nacional

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja la primera obra social desde que inició la administración nacional de Javier Milei. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), de la que se encontraron un sinfín de irregularidades a partir de las auditorías comenzadas por las autoridades sanitarias.

Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, “esta Obra Social no tuvo actividad desde su inscripción y, por lo tanto, no contaba con afiliados ni desarrolló ninguna prestación médico-asistencial”. Su falta de estructura era tal que no se le encuentran fotos en internet.

Una sede de la ObraUna sede de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OSPAIL)

El viernes pasado ocurrió el caso contrario. La SSS consignó que la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut había logrado revertir su situación, logrando resultados “exitosos” en su balance.

“Los Agentes del Seguro deben tener sus cuentas en orden y ofrecer prestaciones de calidad a sus afiliados. No hay lugar para entidades irregulares. Quienes no funcionen correctamente se liquidarán. El organismo está reordenando el sistema y continuará auditando a todos los Agentes del Seguro de Salud. El objetivo es que los actores del sistema compitan libremente y los beneficiarios puedan elegir en libertad cómo cuidar su salud.”, afirman.

Hacia el final de la semana pasada, el Gobierno nacional había declarado en situación de crisis a cuatro obras sociales, lo que las obliga a presentar planes de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos para sus afiliados.

El titular de la SuperintendenciaEl titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo

Esta decisión fue adoptada ante la compleja situación financiera que atraviesan la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A., quienes deberán ahora informar cómo prevén resolver el impacto sobre los servicios y la cobertura.

Las diferentes medidas apuntan a depurar al sistema de Agentes de Salud de los denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas obras sociales sindicales que solo se inscribían en el sistema de salud para recibir subsidios por existir o prestar supuestos servicios que, en rigor, tenían poco control, lo cual permitía que se falsearan registros para conseguir mayores transferencias de fondos.

El año pasado, la Superintendencia ajustó vía decreto el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Así, las obras sociales comenzaron a percibir el subsidio en función de su número real de afiliados, eliminando la compensación extra que favorecía a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.

De las 290 entidades, 201 resultaron perjudicadas, con una reducción conjunta de $3.483 millones. En contraste, las obras sociales con mayor cantidad de afiliados resultaron beneficiadas por el nuevo esquema.

La medida resultó una reducción de la caja para sindicatos de menor estructura. Esto es similar a lo que ocurrió con la eliminación de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina privada que resolvió la SSS en febrero de este año. Aunque hubo un enojo en público de parte de algunos sectores gremiales, las reacciones dispares, siendo que varios reconocían por lo bajo, ya que gremios más poderosos consideran que la resolución afecta principalmente a los “sellos de goma”.

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