El ministro de Defensa explicó a Clarín que espera que el Congreso reforme la ley de Seguridad de Interior de Alfonsín para autorizar a que realicen esas tareas y no solo apoyo logístico.
El Gobierno anunció que mandará la semana que viene un proyecto al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991 y permitir que las Fuerzas Armadas “a partir de la declaración de actos terroristas queden habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y proporcionar seguridad a instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.
En forma paralela, el ministro de Defensa, Luis Petri, tiene redactado un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa que hizo la ex ministra de Nilda Garré en 2006 y prohibió a los militares actuar contra otra fuerza que no sea un Estado.
Para Petri, la “reforma Garré” y la propaganda de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta “han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas” en los últimos años por un “sesgo ideológico”.
Petri aclaró que si el congreso modifica esa ley de Seguridad sancionada por el ex presidente Raúl Alfonsín, la calificación de “acto terrorista” la va a decidir un Comité de Crisis.
Para el Gobierno, por ejemplo, asesinar a un civil como sucedió en Rosario para crear terror es un “acto de terrorismo como dice el artículo 41° en el Código Penal”. Es decir, se trata de enfrentar el “narcoterrorismo”.
Al explicar en detalle las modificaciones propuestas, Petri sostuvo que el accionar de las Fuerzas Armadas se dará “en un supuesto muy particular que es el terrorismo” y que “está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población”.
Además, la actuación de militares en esas tareas policiales “va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera”, agregó.
“Las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”, dijo Petri en declaraciones telefónicas a Clarín.
En una entrevista con TN le preguntaron a la vicepresidenta si estaba de acuerdo sobre el tema y fue tajante. “No. Porque la función de las FFAA no es combatir a civiles. Creo que quedó claro con el tema de los ’70. El narco es un civil para el Derecho”, dijo.
Explicó que si la Argentina hubiera recibido un ataque de Hamas como el perpetrado contra Israel el 7 de octubre pasado, “las fuerzas armadas argentinas no habrían podido actuar” porque el grupo terrorista no es un estado.
Para Petri, la mayoría de los países “cambiaron su doctrina militar tras los ataques contra las Torres Gemelas del 2001” por parte del grupo terrorista Al Qaeda de Bin Laden.
Por ejemplo, el Comité de Crisis de Rosario está presidido por la ministra de Seguridad y copresidido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, e integrado por comandantes de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
El ministro explicó que “lo que se busca es capacitar y dotar a las Fuerzas Armadas con recursos y armamento específico, para intervenir a nivel federal bajo un marco legal en situaciones relacionadas con el narcoterrorismo”. Si el congreso reforma la ley de Seguridad, Petri necesitará por lo menos seis meses para entrenar un batallón “de no más de 2 mil efectivos” para intervenir en ese tipo de situaciones extraordinarias, como las que sufre Rosario. No va a abarcar a los 86 mil efectivos que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional es para modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059. Este artículo dice textualmente: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.
Petri dijo que esa ley no prohíbe en forma explícita la participación de las FF.AA. Entonces, se la modificará para que lo autorice y así “darle todo el respaldo legal a los militares para actuar”. Y tampoco lo prohíbe la Constitución.
Sin embargo, subrayó, en la actualidad las fuerzas armadas están autorizadas a actuar en un caso de conmoción interna cuando el gobierno declare el Estado de Sitio. Pero, paradójicamente, no están preparadas para ello. Esta situación, las convierte en un instrumento “ineficaz” para estos casos límites, a menos de que se las entrene y se las arme para ello.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei los militares en actividad han advertido en comentarios off the record que carecen de garantías legales como, por ejemplo, para portar armas en la vía pública. Además, hasta ahora ningún alto oficial fue consultado sobre el proyecto de ley que se mandará al Congreso.
Desde 1991 hasta ahora, los militares solo daban apoyo logístico a los policías en la lucha contra el el narcotráfico y así lo hicieron durante los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri en los llamados Operativos Fortín I y Fortín II y Escudo Norte, entre otros.
“Sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada, interagencial y que involucre a los tres poderes del Estado. Es imprescindible realizar investigaciones criminales complejas de inteligencia criminal, endurecer las penas y, también, realizar el patrullaje y las investigaciones patrimoniales para extinguir el dominio de las organizaciones criminales y quitarles el poder de fuego”, expresó Petri.
El objetivo es que las Fuerzas Armadas “no solo brinden apoyo logístico, sino que puedan actuar en operaciones terrestres, navales, aeroespaciales y ciberespaciales, sumando así sus capacidades para proteger a los argentinos”, agregó.
En cuanto a la reforma del decreto 727/2006 de la ex ministra Garré, Petri pretende ampliar las amenazas que las FF.AA. pueden repeler y además, autorizar un despliegue hacia las fronteras donde los militares puedan hacer tareas de control portando armas y sin necesidad de llevar a policías en sus patrullajes.
El artículo 1º de ese decreto dice textualmente “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior”. “Se entenderá como “agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, agregó al decreto de Garré.
Otro artículo que se buscará reforma de ese decreto es el 3° que dice que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior”.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.