Trabajo demora la homologación de los acuerdos del sector privado si las subas superan el techo fijado por Caputo de 14% en marzo y 9% en abril.
“Los que tienen techo son los salarios”. La queja de Andrés Rodríguez, el líder del gremio de estatales de UPCN, desde el escenario del encuentro organizado este martes por Amcham resumió el malestar mayor que en la última semana ganó a la cúpula de la CGT en su enfrentamiento abierto con el gobierno de Javier Milei. Ni la insistente presión oficial por la reforma laboral ni la inminente designación de un hombre de Techint y de la UIA al frente de la Secretaría de Trabajo explican la bronca sindical. El principal encono tiene una razón excluyente y con efectos directos en el corto plazo: la decisión de la administración libertaria de no homologar los acuerdos paritarios cerrados en el sector privado, una situación que ya pone en jaque el pago de los aumentos salariales convenidos en negociaciones entre empresas y gremios.
La luz de alarma se encendió un par de semanas atrás con la decisión del ahora despedido secretario de Trabajo, Omar Yasin, de demorar la homologación por parte de las autoridades laborales, un mecanismo obligatorio para la vigencia de las subas salariales consensuadas en paritarias, del acuerdo firmado por Hugo y Pablo Moyano en representación del sindicato de Camioneros con las cámaras empresarias de la actividad.
Desde lo formal los funcionarios argumentaron que un sector de la representación empresaria había rechazado algunos puntos del convenio. Pero cerca del propio Yasin justificaron la no homologación de la paritaria en una decisión explícita del ministro de Economía, Luis Caputo. “La orden de Caputo es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril”, explicaron voceros de Trabajo ante la consulta de Clarín.
Los Moyano habían acordado con las cámaras un incremento de 25% para marzo y otro 20% para abril y ya anunciaron conflictos en las distintas ramas del transporte de cargas si las empresas no pagan en término el aumento pactado.
El caso de Camioneros no fue el único. Otra decena de actividades que convinieron sus aumentos paritarios a partir de marzo con subas por encima del tope de Caputo corrieron la misma suerte de la no homologación. En el listado figuran actividades como carga y descarga, que pactó una mejora para marzo de 17% más cláusula gatillo por inflación, los trabajadores gráficos que firmaron para este mes un aumento de 20% y los encargados de edificio que acordaron desde febrero una suba de 45%. “Hay algunos acuerdos que no se van a homologar nunca“, aseguraron en Trabajo en referencia directa al incremento negociado por el Suterh, el gremio de Víctor Santamaría.
Pero la novedad de la última semana que terminó de crispar los nervios en la CGT fue la determinación de las autoridades laborales de no validar tampoco los convenios firmados entre enero y principios de febrero, previo a la comunicación informal del techo impuesto por Caputo. “No se homologa nada, salvo el sector público. Esto va a generar problemas”, advirtió un referente de la primera línea de la CGT.
“Los únicos que tienen techo son los salarios”, denunciaron Daer y Rodríguez en la cumbre de Amcham.
El sindicato de Comercio, el más numeroso que representa a más de 1,2 millón de trabajadores, es uno de los afectados: Trabajo no aprobó el acuerdo de febrero, que fijó un incremento salarial de 17,6%. “Prometen paritarias libres que luego no las homologan, insólito. La mayoría de las empresas igual paga el aumento como un ítem a cuenta, pero en el interior hay comercios que decidieron no pagar hasta que no este homologado. Lo mismo le está pasando a todos”, advirtieron cerca de Armando Cavalieri, el titular del gremio mercantil.
Tampoco Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra, consiguió que las autoridades laborales validaran el último entendimiento que selló con los representantes de la Cámara de la Construcción (Camarco) y que estableció un aumento de 14% para febrero en medio de la fuerte crisis que atraviesa la actividad, con más del 50 mil puestos de trabajo directos perdidos por el parate de la obra pública.
La situación se replica con los convenios paritarios de la industria de la alimentación, las fábricas textiles, los bancarios, la producción molinera, el sector del vidrio, del plástico, los acuerdos de la UOM con el sector siderúrgico y metalúrgico, pasteleros, gastronómicos, entre otros. Llamativamente el sector aceitero, que firmó su acuerdo a principios de enero con una suba de 41% para el primer bimestre y retomará sus discusiones en las próximas semanas para negociar un nuevo aumento, tampoco logró que le aprueben su entendimiento. “Hay una decisión política de licuar los salarios por eso no homologan nada”, acusan desde el gremio que conduce Daniel Yofra.
Tampoco se homologó el acuerdo mercantil que negoció Armando Cavalieri.
Entre los sindicatos sostienen que por ley existe un plazo máximo de 30 días para que las autoridades laborales convaliden los convenios, tras lo cual rige una especie de homologación tácita, lo que ya ocurrió con el caso del acuerdo de encargados de edificio de Santamaría. Pero también advierten que en muchas empresas se amparan en la no validación de Trabajo para no pagar los aumentos consensuados y obligan a los gremios a reclamar ante la Justicia para que se abonen las subas pactadas, con las demoras habituales de los tribunales.
En la opinión de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, además de un “claro ataque a la negociación colectiva”, detrás de la decisión del Gobierno de no aprobar los acuerdo “hay un aval implícito para que los empleadores no paguen hasta que esté la homologación y así financiarse a costa del salario de los trabajadores”.
Otro de los afectados por la situación es el co-titular de la CGT Héctor Daer, que tras un paro general en el sector asistencial, acordó un incremento de 45,6% en dos tramos acumulativos para los trabajadores de Sanidad. Sin embargo, diversas clínicas y centros médicos del interior optaron por no abonar el aumento a la espera de que sea homologado, denunciaron desde el gremio.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.