En 2018, la Anses había pedido dos informes, uno interno y otro externo, y los dos aconsejaron que los seguros los proporcione el propio organismo previsional porque era más barato que el precio de Nación Seguros.
El Gobierno anuló el contrato que la Anses mantenía con la empresa estatal Nación Seguros para darle seguros de vida a los beneficiarios de créditos del organismo previsional y volverán a darle esa cobertura a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así, el sistema volverá a funcionar como ocurría antes de que el ex presidente Alberto Fernández firmara un decreto que cambió el mecanismo y habilitó el ingreso al negocio de intermediarios como Héctor Martínez Sosa -esposo de su secretaria de toda la vida, María Cantero- y Pablo Torres García, vinculado a Sergio Massa.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. En la Resolución 42 de Anses, el organismo dispuso que “el último mes de pago de las primas a abonar a NACIÓN SEGUROS S.A. por las líneas de créditos de titulares de una prestación otorgada por ANSES, corresponde a las cuotas cobradas en la liquidación previsional del mes de febrero 2024”.
Eso implica que, desde este mes, los seguros de vida para quienes hayan tomado préstamos del programa “Créditos Anses”, serán proporcionados por el propio organismo previsional por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En los considerandos de la Resolución de Anses, además, se revela que en 2018, el organismo le había pedido un informe a sus especialistas y que estos aconsejaron que fuera la propia Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la que brindara los seguros de vida a los tomadores de los créditos. Eso cortó por primera vez, tres años después de la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, el contrato de la Anses con Nación Seguros.
En los considerandos de su Resolución 42 de esta semana la Anses cuenta con detalles ese episodio de 2018: “A través de la Resolución N° RESOL-2018 -4 -ANSES-DGPA#ANSES se aprobó el cambio de denominación del “PROGRAMA ARGENTA” a Programa “CRÉDITOS ANSES”. Que ante la dimensión que adquirió el Programa “CRÉDITOS ANSES”, este organismo consideró necesario analizar las condiciones de las líneas de créditos, a fin de evitar desfasajes que modifiquen sustancialmente la rentabilidad prevista para estos instrumentos de inversión. Que, en dicho contexto, resultó relevante merituar las pólizas de cobertura del seguro de vida sobre saldo deudor contratado con NACIÓN SEGUROS S.A desde el inicio del Programa. Que a tales fines se propició un relevamiento y análisis del riesgo de incobrabilidad por fallecimiento de deudores, por el cual se determinó la conveniencia de un esquema de autosuficiencia del riesgo de incobrabilidad por fallecimiento de los tomadores de créditos por parte del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD prescindiendo del esquema de Aseguradora al establecer un comparativo de cálculos del Valor Actual Neto desde el punto de vista de flujos, entre otros”
¿Qué quiere decir todo eso? Que, ya en 2018, los técnicos de la Anses detectaron que era más barato hacer los autoseguros que contratarlos con aseguradoras externas. Fuentes de la Anses le informaron a Clarín que, luego de ese primer informe, la Anses pidió un segundo informe a expertos ajenos al organismo y la conclusión fue la misma.
Eso da por tierra con el argumento de Alberto Fernández, que en el Decreto 823 del 1 de diciembre de 2021 dijo que tomaba esa medida, entre otras cosas, porque “resulta necesario racionalizar los gastos del Estado contribuyendo al mejor comportamiento de las cuentas fiscales”.
La investigación de Clarín
El 24 de febrero de este año, Clarín reveló que el contrato entre la Anses y Nación Seguros involucraba unos 20.000 millones de pesos y que habilitó el ingreso de intermediarios -o brokers, según la jerga del sector- que se llevaban comisiones de hasta 17% por un negocio en el que no cumplían ninguna función. Los dos intermediarios principales de esa operatoria fueron Martínez Sosa y Torres García.
En principio, la participación de los brokers como Martínez Sosa y Torres García no tenía ningún sentido formal, técnico ni legal porque el mismo Alberto Fernández había obligado con su decreto 823 de 2021 a que todos los organismos del Estado tomaran sus seguros con Nación Seguros.
En el caso de la Anses, por el contrario, ese decreto de Fernández habilitó el acceso de los brokers a un negocio que no tenían desde 2018, porque desde ese año la Anses gestionaba sus propios seguros con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El decreto 823 obligó a contratar con Nación Seguros y así nació el negocio que hasta ese momento estaba vedado.
En ese momento, Nación Seguros estaba manejada por un hombre del círculo íntimo de Fernández: Alberto Pagliano.
No es el único personaje de la historia amigo del ex presidente. Martínez Sosa está casado con María Cantero, la secretaria histórica de Fernández e incluso tiene registros de ingresos a la Quinta de Olivos cuando eso estaba prohibido por la cuarentena que intaló el ex presidente durante la pandemia del COVID.
Martínez Sosa auspiciante de un corredor de autos
Martínez Sosa era productor de seguros desde hace décadas, pero sus negocios se multiplicaron con la llegada de Fernández a la Presidencia de la Nación. Hombre de fortuna apreciable, se decidió a auspiciar al corredor Agustín Canapino, que hoy compite en la categoría Indy Car de Estados Unidos y que hasta hace poco tenía cosido en su traje antiflama el cartelón de “Martínez Sosa, asesores de seguros”.
Hoy, Canapino ya no muestra en su traje el auspicio de Martínez Sosa, pero sí tiene la leyenda “Visit Argentina”, un auspicio de la Secretaría de Turismo. Ese contrato fue ampliado el 2 de mayo pasado, cuando Massa -que era ministro de Economía- amplió el presupuesto de la Secretaría de Turismo de Matías Lammens para pagarle cuatro cuotas de US$ 93.750 a Canapino, según publicó La Nación.
Agustín Canapino y Héctor Martínez Sosa.
Unos meses más tarde, Canapino consiguió otro reconocimiento, esta vez simbólico. El 18 de septiembre de 2023, la Legislatura nombró al corredor como Personalidad Destacada de la Ciudad. El corredor se mostró rodeado por amigos muy cercanos a Alberto Fernández. En las fotos se lo ve a Canapino con Martínez Sosa, su auspiciante principal y amigo presidencial, y también con Claudio Ferreño, amigo de Alberto Fernández desde su juventud. En esa fecha, Ferreño era el jefe del bloque peronista de la Legislatura y es uno de los amigos más antiguos de Fernández en la política porteña. Las imágenes también muestran al impulsor formal del reconocimiento, Claudio Morresi, ex jugador de fútbol, ex Secretario de Deportes y otro de los amigos del ex Presidente.
El corredor Nicolás Canapino, de moño azul, en 2023 en la Legislatura Porteña. En el extremo derecho, de camisa azul, el legislador “albertista” y amigo de Alberto Fernández, Claudio Ferreño.
El avance de la Justicia
Luego de las revelaciones de Clarín y las denuncias en los tribunales, la Justicia comenzó a investigar el negociado, y en el expediente fue imputado el ex presidente Fernández.
En el marco de la investigación, este martes el juez federal Julián Ercolini volvió a allanar los domicilios de Pagliano (ex titular de Nación Seguros) y de los brokers Martínez Sosa y Pablo Andrés Torres García.
En el documento que pidió esos allanamientos, Ercolini escribe que “como parte del objeto de la presente investigación, se contempla la hipótesis de una organización delictiva en cuyo marco se habría detectado una presunta indebida intervención de intermediarios (tanto de personas físicas como jurídicas, entre los cuales se encuentran Héctor MARTÍNEZ SOSA y Pablo Andrés TORRES GARCÍA) en los convenios de seguros celebrados entre diversos organismos y entidades de la administración pública y la firma “NACIÓN SEGUROS SA” durante la gestión de PAGLIANO”.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.