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Venezolanos en la Argentina piden que Milei se endurezca más con el chavismo

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  • Reclaman que se vuelva a pronunciar en una investigación por crímenes de lesa humanidad en La Haya

La comunidad de venezolanos en el exilio argentino presiona para que el gobierno de Javier Milei sea más duro con el chavismo.

Entre tanto, la decisión oficial es la de no designar embajador a Caracas hasta evaluar lo que ocurra cuando haya elecciones en el país caribeño. La orden es enviar un encargado de negocios, que sería el diplomático Andrés Mangiarotti.

La Cancillería estudia con cautela cómo endurecer el discurso frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Para el caso, la distancia y un comunicado sobre la proscripción electoral de la opositora y favorita en Venezuela, María Corina Machado, fueron hasta ahora las expresiones manifiestas.

Pero en los últimos meses el régimen de Maduro volvió a mostrar su rostro más represivo con la ruptura del diálogo con los partidos de la oposición que se había iniciado en Barbados. Además, el régimen abrió una ola de detenciones de pedidos de cárcel para activistas dentro y fuera del país caribeño. Eso movilizó nuevamente a la diáspora venezolana en la Argentina.

Recientemente, Elisa Trotta Gamus, reconocida a nivel diplomático por el gobierno de Mauricio Macri como embajadora del ahora apagado líder Juan Guaidó -título que le retiró Alberto Fernández al llegar al poder-, estuvo reunida a principios de mes con la cúpula de la Cancillería y le hizo una serie de pedidos.

Estuvo con la canciller Diana Mondino, con el vicecanciller Leopoldo Sahores, y con el Secretario de Asuntos Americanos Mariano Vergara, y les solicitó que la Argentina vuelva a pronunciarse en una causa por crímenes de lesa humanidad contra Maduro ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La canciller Diana Mondino y la activista venezolana de derechos humanos, Elisa Trotta GamusLa canciller Diana Mondino y la activista venezolana de derechos humanos, Elisa Trotta Gamus

En concreto, solicitó que Argentina vuelva a respaldar un pedido de investigación que presentaron en 2018 seis gobiernos americanos  Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. Entonces aquí gobernaba Mauricio Macri. Y la denuncia argentina fue desestimada por Alberto Fernández al llegar al poder por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.

Venezolanos que viven en el país y optaron por no dar su identidad al ser consultados por este diario consideran que al respaldar la investigación que lleva adelante el fiscal de la CPI, Karim Khan, la el gobierno de Milei estaría enviando un “poderoso mensaje en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, volviendo a levantar las banderas que fueron manchadas por el kirchnerismo con su alianza con estos regímenes autoritarios”.

Según se informó, Trotta también le pidió a Mondino que ayude “a presionar junto al resto de la comunidad internacional para que se cumpla el acuerdo de Barbados y que haya elecciones realmente libres y transparentes en Venezuela, así como la inmediata liberación de más de 300 presos políticos constantemente torturados”.

Y al mismo tiempo, también otros consultados entienden que la embajador de Maduro en la Argentina está en una posición incómoda en este país si se tiene en cuenta que su segundo, el ahora ex primer secretario de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Jesús Jara Díaz, acaba de ser nombrado “persona non grata” por el gobierno argentino.

Fue después de que este diplomático chavista fuera retenido en Ezeiza cuando intentaba tomar fotos del avión de Emtrasur Cargo que fue entregado a las autoridades el domingo pasado.

Ello generó una ola de furiosas críticas por parte del régimen de Maduro, que varias veces insultó a Milei, y recibió sus respectivas respuestas. Milei siempre consideró a Maduro un “dictador”.

Con todo, el Gobierno va con cautela en cada decisión. Entre otras cuestiones porque busca no repetir errores como los que cometió la región en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, cuando se acompañaron las presiones y el aislamiento del chavismo que emprendió el fracasado Grupo de Lima. A través de éste, junto al gobierno de Donald Trump y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se apoyó el surgimiento de un gobierno paralelo al de Maduro en Venezuela, cuyo fracaso fortaleció a la dictadura.

Si bien la presencia del vicecanciller Sahores este lunes y martes en La Haya confundió a diplomáticos en Holanda que pensaron que era por la denuncia contra Maduro -viajó por actividades con el Instituto Ana Frank- el Gobierno no la descarta pero aclara: sería un pronunciamiento porque si bien el ex presidente Fernández dijo haberse retirado, al presentarse la denuncia con los testimonios de torturados y detenidos que viven en la Argentina ya son parte y entonces no hay tal retiro en lo técnico y jurídico. Concretamente, Argentina se retiró del Grupo de Lima en 2021 y en ese mismo año retiró la denuncia ante la CPI, algo que procesalmente no tiene sentido, porque una denuncia penal sigue su curso.

Entre tanto, hasta ahora, la dirección de derechos humanos, que ahora está en manos de Christian Machuca -ex funcionario en la sede de organismos internacionales en Ginebra- promovió la vuelta de la Argentina al llamado “Core Group de Venezuela”.

Este es clave porque llevó a la Argentina a formar parte de la resolución sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2018 y 2019. Entonces la embajada en Ginebra estaba en manos del ex vicecanciller Carlos Foradori, que ahora será enviado a la misma misión en reemplazo del embajador del kirchnerismo Federico Villegas Beltrán.

En 2020 Argentina se retiró de Core Group. Y fue una cachetada al resto de los países y a las organizaciones venezolanas que sufrían y siguen sufriendo el acoso del gobierno de Maduro.

Pedido por una activista

En la Justicia argentina también avanza una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. La abrió el año pasado el fiscal federal Carlos Stornelli tras las denuncias presentadas por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Clooney, basados en el principio de jurisdicción universal que establece que los países pueden procesar graves delitos contra la humanidad independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

Este miércoles, a través del abogado Tomás Farini Duggan, el FADER acudió a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia e incluir el caso más reciente, de la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue arrestada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija.

Además de San Miguel, también fueron detenidos e incomunicados cinco de sus familiares. El régimen acusa a la activista de delitos de traición a la patria, conspiración terrorismo y asociación para delinquir y ordenó su reclusión en la sede del SEBIN El Helicoide, el mayor centro de torturas que existe en Caracas.

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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