Como resultado de la escalada de la inseguridad y luego de las amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció un nuevo protocolo para los presos de alto riesgo. La medida busca mayores medidas de seguridad en las cárceles, mayor descentralización en la vigilancia y la toma de decisiones sobre los presos, y disminuir el contacto que mantienen con el exterior.

El protocolo, según el Ministerio de Seguridad nacional, sigue lineamientos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y entró en vigencia el viernes pasado, cuando se comunicó en el Boletín Oficial. Está centrado en presos que tienen los recursos para fugarse, dirigen negocios o mandan a cometer delitos desde la cárcel, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos para alcanzar objetivos criminales

“En nuestras cárceles, hay personas que ocupan los eslabones jerárquicos superiores de organizaciones narcos y criminales, cuyas directrices luego cumplen otras personas desde el exterior, en la calle”, dijo Bullrich durante el anuncio en la cárcel de Ezeiza.

Este nuevo plan de acción, dijo la ministra en conferencia de prensa, busca “dar lucha a la inseguridad, el narcotráfico y las mafias”.

El director del Servicio Penitenciario Federal, Julián Curi, dice a Clarín: “Este protocolo está ya operativo en los penales de máxima seguridad federales de Ezeiza y de Marcos Paz, y sobre una población penitenciaria de 150 a 200 reclusos de alto riesgo: tipos que tienen capacidad operativa notoria. Narcos, piratas del asfalto, jefes de bandas de trata de personas”.

Al momento de la presentación del protocolo, más de un cuarto de los reclusos que se consideran de alto riesgo ya han sido notificados de su próximo confinamiento en Ezeiza, el primero en que el protocolo estará activo. Ocho pabellones de esta cárcel ya están en condiciones de recibir a estos reclusos.

El texto que comunica el protocolo especifica que los presos serán alojados en unidades unicelulares. ¿De qué se trata? “Pabellones dedicados puramente a este tipo de población, reclusos muy peligrosos, y en los que trabajará personal penitenciario entrenado para el contacto con éstos. Los trabajadores de estos pabellones lo harán sólo ahí, no rotarán hacia otros sectores con presos que cometieron delitos menores”. ¿Para quiénes están pensados estos pabellones? Curi los enumera: Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, Raúl “Dumbo” Rivera, los Cantero.

El protocolo intenta extremar los recaudos sin correrse de las garantías de derecho para con los presos. Seguirán teniendo comunicación, pero más acotada. Seguirán teniendo visitas, pero con mayores controles. Y, como es una decisión política, declara Curi, necesita el acompañamiento de la justicia para que haya cumplimiento efectivo del protocolo.

Qué cambia con el nuevo protocolo

El nuevo protocolo dispone que cualquier contacto con visitantes (sólo podrán serlo familiares directos y defensores legales) será mediante un locutorio, sin contacto físico. Todas las comunicaciones telefónicas serán mediante teléfonos públicos unidireccionales, por lo que los presos no podrán recibir llamadas desde el exterior, y también serán monitoreadas.

A su vez, toda petición de salida transitoria del recluso será evaluada en tres pasos: primero, por el profesional que trata al preso durante su reclusión; luego, por el director del área al que ese profesional responde; y, por último, por la dirección del penal.

También el protocolo prevé medidas respecto al personal y las instalaciones de las cárceles de máxima seguridad. En cuanto al personal penitenciario, hay tres aspectos para mencionar: la rotación constante de los trabajadores y la estipulación de turnos de trabajo menos extensos, así como también la exención de la necesidad de los trabajadores penitenciarios de identificarse con sus datos reales. Para esto último, se establecerán trabajos de encriptación de identidad y el uso de seudónimos.

Respecto de las instalaciones, se prevé la instalación de una mayor cantidad de cámaras de vigilancia en pasillos, talleres y espacios de visitas de las cárceles de máxima seguridad, con el objetivo de no dejar ningún punto ciego. Por otro lado, el protocolo insta a que se instalen cámaras térmicas, aparatos de rayos X y estándares de requisamiento de visitantes similares a los que hay en los aeropuertos.

Consultado acerca de si habrá inhibidores de señales en los pabellones dedicados a estos reclusos, el Servicio Penitenciario Federal declara que no, porque es una tecnología vetusta y que no garantiza la no comunicación, y que, en vez de inhabilitación, prefiere ir por la trazabilidad de las comunicaciones, si es que existen violaciones: saber quién usa un celular, quién viola la regla.

La opinión de los expertos

Gabriel Ganón es abogado especializado en derecho penal, en justicia criminal y en la prevención multiagencial del delito. Además, fue Defensor General de la provincia de Santa Fe, que tiene uno de los mayores índices de criminalidad del país y de la región.

“Lo mejor hubiera sido destinar el financiamiento a construir una prisión destinada a presos de alto riesgo, y no intentar reacondicionar otras cárceles. Si no se hiciera, el esfuerzo resultaría insuficiente porque los que verdaderamente son de alto riesgo tienen aparatos de inteligencia capaces de burlar el protocolo”, comenta Ganón a Clarín.

¿Cuál sería la diferencia entre la adecuación actual que propone el protocolo y la construcción de nuevas cárceles destinadas a presos de alto riesgo? “Por un lado, la estructura de monitoreo que se ejerce sobre los presos, que debe ser de circuito cerrado y sin ningún punto ciego: eso incluye monitoreo constante sobre las mismas celdas, y un control férreo de las comunicaciones”, asevera.

El contraejemplo, según Ganón, lo representan los casos como el Comando Vermelho, una banda narcocriminal brasileña que sigue operando desde el interior de las cárceles. Todo lo que Bullrich quiere evitar, y también la sociedad. Pero para Ganón, la cuestión no termina allí.

Otro aspecto que estima importante es tener claro quiénes son los presos de alto riesgo: son los capos de las organizaciones, no otros integrantes de menor monta. Según Ganón, en ocasiones, se rotula a todos por igual y eso no es conveniente, sino contraproducente.

“Pensémoslo operativamente: la mejor forma es invertir en prisiones de máxima seguridad, como ocurre en Estados Unidos. Hay que crear penales especiales con vigilancia de los presos y de los propios penitenciarios, las 24 horas. Además, si haces esto solamente con los capos, evitás acciones de habeas corpus por la vigilancia permanente en sus celdas. No existiría demasiada legitimidad para que reclamen violaciones a los derechos humanos”, culmina.

Esteban Rodríguez Alzueta es el director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (LESyC) sobre Violencias Urbanas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Para él, hay un cóctel que nubla la correcta concepción de lo que es un preso de alto riesgo: están los violentos y están los que tienen capacidades operativas, cosas distintas.

“A las cárceles las ganaron los transas y los narcos, que tienen capacidad operativa, pero no necesariamente ejercen la violencia a la que asistimos. La violencia de estos pibes barderos que entran por algunos años a la cárcel es un mero instrumento para esos narcos”, explica Rodríguez Alzueta

“Acá está el gran problema: tenemos un sistema penal que lejos de resolver los problemas los agrava desde el momento que le sube el precio al delito”, agrega. Ahora bien, para él, sobre estos grises es donde más hay que profundizar. Nunca alcanzarán las medidas que se tomen contra la inseguridad. En los países donde se adoptan continuamente nuevas medidas de máxima seguridad, no se ha logrado detener la expansión de las economías ilegales ni el crimen organizado.

Por esto último, concuerda con Ganón acerca de que una mejor solución sería construir cárceles de extrema seguridad, más que acondicionar las existentes: “Este protocolo retoma el documento de Naciones Unidas y habla de alojamiento unicelulares adaptados a estándares internacionales, y la verdad es que los establecimientos del sistema penitenciario de nuestro país no tienen ese tipo de infraestructura”.

MG